Las comunidades autónomas dan los primeros pasos para la supresión de los aforamientos

El Congreso de los Diputados dio esta semana el primer paso para la supresión de los aforamientos en la Región de Murcia poniendo en marcha la tramitación de la reforma de su Estatuto de Autonomía. Salió adelante por una amplia mayoría: 319 votos y 19 abstenciones. Es sólo el primer paso. Murcia sigue la estela de Canarias, primera comunidad que eliminó los aforamientos –ocurrió a finales de 2018–. Otras dos regiones, Baleares y Cantabria, Baleares y Cantabriaestán a la espera de que la Cámara Baja integre en su orden del día reformas con el mismo fin. Y el Parlamento andaluz inició los trámites en esta dirección hace casi un año.

Los aforados son personas con "fuero". Un término que alude a la "competencia jurisdiccional especial que corresponde a ciertas personas por razón de su cargo". En el caso de los políticos implica que sean juzgados por un tribunal distinto al que le correspondería a un ciudadano normal. Pasan, pues, de los tribunales ordinarios a los superiores.

Sobre esta figura siempre ha habido debate: desde quienes han considerado que el aforamiento es un privilegio a quienes han defendido que no es más que una garantía. El debate ha sido más intenso en los últimos años, cuando han saltado a luz pública escándalos de corrupción que han salpicado a políticos en activo.

La reforma que no pudo ser por la convocatoria electoral

Las comunidades autónomas suponen la avanzadilla de una recurrente promesa electoral de los partidos políticos a nivel nacional y que, hasta la fecha, no ha pasado del papel.

En agosto de 2014, con el PP gobernando con mayoría absoluta, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, propuso pasar de 17.621 a 22 aforados en España. Pero no hizo nada. A medida que transcurrieron los años y que los conservadores empezaban a acumular escándalos de corrupción, el PP fue siendo más reacio a dar el paso argumentando que al fin y al cabo no suponían ningún privilegio y, después, que no había base ni consenso para la reforma constitucional que un paso con estos precisa. Dio igual que Mariano Rajoy se comprometiera a ello con Albert Rivera en su acuerdo de investidura.

El 18 de enero de 2019, el Consejo de Ministros, con Pedro Sánchez como presidente, acordó remitir a las Cortes Generales el proyecto de reforma de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, relativos a los aforamientos de los diputados, senadores y miembros del Gobierno "en el ejercicio de las funciones propias de su cargo", pero la convocatoria de elecciones para el 28 de abril provocó que decayese la iniciativa.

Ahora, con un Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, el bloque de "regeneración democrática y transparencia" del documento Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España, recoge el compromiso: "Reformaremos la Constitución para limitar los aforamientos políticos, limitándolos al ejercicio de la función por parte del cargo público". Se trataría, en esencia, de recuperar la iniciativa de hace ahora ya más de un año.

Los modelos autonómicos

En el caso de la reforma del Estatuto de Murcia, que llegó esta semana al Congreso, la idea es que afecte a los parlamentarios de la Cámara regional y a los miembros del Gobierno autonómico. Desde la Asamblea defienden que la iniciativa pretende responder a las demandas sociales de transparencia en democracia suprimiendo la figura del aforamiento especial. Así, los afectados seguirán protegidos en el ámbito de su libertad de expresión parlamentaria y política, pero no estarán excluidos de la jurisdicción ordinaria por aquellos asuntos que, fuera de su desempeño parlamentario, les impliquen de forma directa en cualquier procedimiento judicial sea cual sea el ámbito.

Ahora la propuesta de reforma continuará su tramitación como ley orgánica, con la apertura del plazo de enmiendas que serán estudiadas en ponencia. El informe que elabore la ponencia será remitido a la Comisión Constitucional de la Cámara Baja, que debatirá y votará las enmiendas para emitir un dictamen que se elevará al Pleno. Si obtiene la mayoría absoluta de los apoyos de los parlamentarios [176], será remitida al Senado para que oponga su veto o introduzca enmiendas. En ambos casos deberá volver al Pleno del Congreso.

Baleares y Cantabria están en lista de espera para que el Pleno del Congreso dé el mismo trámite que ha dado al texto murciano.

En la proposición de ley de la reforma que afecta a Baleares se recuerda que tanto "en el texto constitucional como en el actual Estatuto de Autonomía, se regula la figura jurídica del aforamiento". Es, añaden, "una prerrogativa que hoy es percibida por una amplia mayoría de la sociedad como un privilegio que distorsiona el principio superior de igualdad de todos los ciudadanos ante la Justicia". "En este sentido, se considera que, de acuerdo con el ámbito competencial de la comunidad autónoma de las Illes Balears, ni los diputados ni las diputadas, ni el presidente ni la presidenta, ni los miembros del Gobierno de las Illes Balears deben continuar ajenos a la jurisdicción ordinaria en todos aquellos asuntos que los impliquen en un procedimiento judicial de cualquier ámbito jurisdiccional, tanto penal como civil".

Por su parte, en la de Cantabria se califica de "necesario" que los parlamentarios dispongan de "garantías funcionales y prerrogativas vinculadas al ejercicio de su función —como la inviolabilidad— para que se garantice el libre y correcto ejercicio de su labor representativa, así como la correcta conformación de la voluntad popular en el seno de la institución parlamentaria". "Pero no lo es menos que la sociedad actual, con un Poder Judicial independiente, nada tiene que ver con la de los siglos XVIII y XIX, en la que unos privilegios procesales garantizaban la labor de los parlamentarios, frente al poder del juez o de los gobernantes, y ello hoy carece de sentido", completan.

Como en el caso de Baleares, en Cantabria los afectados serían los diputados y diputadas del Parlamento autonómico, el presidente y los consejeros del Gobierno regional.

Cs intenta hacer bandera a la espera de que Sánchez recupere la iniciativa

Ciudadanos ha intentado desde su llegada a la política nacional hacer bandera de la regeneración y la transparencia. Y la supresión de los aforamientos es una de sus propuestas clásicas.

En el registro del Congreso de los Diputados descansa una pregunta por escrito al titular de Justicia en la que cuestiona al Ejecutivo si "considera oportuno impulsar una propuesta de reforma de la Constitución para suprimir los aforamientos políticos regulados por el 71.3 y el 102.1 de la Constitución". La firman los diputados Edmundo Val y José María Espejo-Saavedra.

Son los mismos artículos cuya reforma llevó Sánchez al Consejo de Ministros hace ahora poco más de un año.

En la exposición de motivos, el partido naranja defiende que España es uno de los pocos países que mantiene "el privilegio" del aforamiento para sus diputados nacionales y autonómicos. Cifran en 2.300 los casos de aforamiento político, aumentan el número a los 10.000 si se incluyen otros campos como el judicial o fiscal y aseguran que "la cifra podría alcanzar la friolera de los 200.000" si se incluye a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Consideran en Cs que el aforamiento supone una "quiebra del principio de igualdad" y "una alteración de las reglas ordinarias del artículo 24.2 de la Constitución". "Implica un privilegio para los cargos políticos, en tanto que a estos se les aplica una jurisdicción diferente de aquella que se aplica al resto de ciudadanos".

Considerando que esta herramienta "aleja a los políticos de los ciudadanos a los que representan" y "sugiere una desconfianza implícita a los jueces de instrucción ordinarios, en Cs concluyen que "resulta necesaria su eliminación".

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La configuración de la Cámara Baja complica, no obstante, que esta iniciativa de reforma constitucional pueda llegar a buen puerto de forma sencilla. A día de hoy, las relaciones entre el PP -89 escaños- y el Gobierno de coalición dibujan un panorama gris en todo lo que tiene que ver con reformas constitucionales. La situación en Cataluña tampoco ayuda. Y Pablo Casado ha insistido recientemente en que el PP es "el único partido" que rechaza reformar la Constitución.

En noviembre de 2018, Podemos aseguraba que mantenía su determinación de forzar un referéndum si el Gobierno quería llevar a cabo esa reforma limitada para los aforamientos, previamente avalada por el Consejo de Estado. También demandaba que la reforma afectase a los miembros de la Casa del Rey.

La posibilidad de que el partido morado aprovechase para plantear una consulta fue algo que siempre frenó al PP de Rajoy a la hora de plantear reformas constitucionales.