¡Vergüenza! El escándalo de las residencias

El director de investigación de infoLibre, Manuel Rico, publica ¡Vergüenza! (Planeta)¡Vergüenza!, un libro sobre las residencias de mayores, convertidas en la zona cero de la epidemia con casi 30.000 fallecidos por covid desde que se inició la crisis sanitaria. La obra se divide en tres bloques. En el primero se analizan las causas que originaron la catástrofe en los geriátricos. En el segundo se estudia quién está haciendo negocio con el cuidado de los mayores y cómo hemos llegado al actual modelo residencial, privatizado de forma casi íntegra y con las principales empresas en manos de fondos de inversión y multinacionales. En el tercero se señalan las principales responsabilidades de una Administración muchas veces ausente a la hora de proteger a los ancianos. Un capítulo final apunta 33 propuestas para combatir el actual escándalo de las residencias.

El libro sale a la venta este próximo miércoles, 17 de marzo. A continuación, prepublicamos un extracto del capítulo 10, dedicado al papel de la Iglesia católica en el mundo de las residencias. 

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La Iglesia católica es el principal operador de residencias de mayores en España, con una diferencia considerable sobre cualquier empresa mercantil. Este hecho, sin embargo, muy rara vez es tenido en cuenta cuando se habla del sector geriátrico. Hay básicamente dos razones para ello. La fundamental es que la Iglesia trabaja con marcas diferentes. Los grandes grupos privados dedican importantes esfuerzos y dinero al reconocimiento de marca. Y cuando una compañía adquiere a otra de la competencia, una de las primeras cosas que suele hacer es poner su nombre a los centros que pasan a estar bajo su dominio. De hecho, los inversores interpretan el reconocimiento de marca como un síntoma de la madurez de un mercado. DomusVi, Orpea o Ballesol eran nombres que, ya antes de la pandemia, empezaban a sonar a los ciudadanos. Con la Iglesia ocurre todo lo contrario: hay decenas de congregaciones religiosas y fundaciones controladas por las diócesis, cada una con su propia identidad jurídica, que son dueñas de residencias.

Esta multiplicidad de marcas entronca directamente con la segunda razón que dificulta conocer con exactitud la dimensión del negocio geriátrico dela Iglesia: los problemas para obtener información. Cualquiera de los principales grupos mercantiles se esfuerza por tener una web lo más actualizada posible, donde presume del número de residencias que gestiona, para mostrar así su fortaleza y también como reclamo para captar usuarios. En el caso de las congregaciones religiosas esto no es así, no hay un lugar donde consultar esos datos. La dificultad para rastrear información sobre propiedad o gestión de geriátricos de la Iglesia se multiplica con las fundaciones, puesto que hay que mirar cada patronato concreto para saber por quién está controlado. En España hay en torno a 500 residencias que son propiedad de una fundación. No todas son religiosas, pero sí muchas. […]

Iglesia y multinacionales: negocios a medias

En un informe de septiembre de 2020 sobre el tercer sector residencial, la publicación especializada Alimarket cifraba en 1.222 los centros propiedad de asociaciones, mutualidades, fundaciones, congregaciones religiosas y otros organismos sin ánimo de lucro, que sumaban en conjunto 91.314 plazas (cerca del 25 por ciento de las autorizadas en toda España). Un 43,5 por ciento de esas camas son propiedad de entidades religiosas, según Alimarket, lo que en cifras absolutas equivaldría a cerca de 40.000 plazas (10,6 por ciento del total).

Es importante recordar en este punto la diferencia entre titularidad y gestión. Si analizamos el número de centros propiedad de la Iglesia, se mantiene estable durante los últimos años. Es cierto que las congregaciones de monjas están vendiendo residencias que ya no pueden atender, pero esta caída se compensa con el ímpetu promotor de obispados y otras entidades de la Iglesia. A finales de 2020 había cinco obispados con proyectos en marcha para abrir nuevas residencias en sus diócesis —Burgos, Huelva, San Sebastián, Santiago y Tenerife—, que permitirán explotar 528 camas y cuya apertura está prevista en todos los casos antes de que acabe 2021. Para contextualizar esta cifra basta decir que solo dos grupos mercantiles, Vitalia Home y Clece, tenían en marcha un plan de expansión más agresivo.

Asunto diferente es la gestión. En ninguno de esos cinco geriátricos se encargará de ella el obispado respectivo. En Huelva y Tenerife la llevará Clece, filial de la ACS de Florentino Pérez, y en Burgos lo hará Ballesol. Por tanto, vemos aquí una clara simbiosis entre la Iglesia y las grandes empresas del sector, que se reparten así la tarta de ingresos. En el siguiente capítulo analizaremos precisamente el negocio del ladrillo geriátrico, que se basa en lo que en la jerga inversora se denomina un acuerdo opco/propco, donde hay una compañía operadora («opco», de operating company) y otra propietaria del inmueble («propco», de property company). En Santiago la explotación correrá a cargo de una fundación controlada por la Iglesia (San Rosendo) y en San Sebastián aún se desconocía el nombre de la entidad gestora.

Más allá de los obispados, al menos otras dos congregaciones tenían proyectos residenciales muy avanzados: las Esclavas del Corazón de Jesús promovían un geriátrico en Barcelona, con 100 camas, y los Padres Carmelitas otro en Madrid, con 130 plazas. La apertura de ambos estaba prevista para 2021. El primero lo gestionará Sanitas y el segundo DomusVi.

Esta alianza entre la Iglesia y las grandes multinacionales del sector residencial se ha ido intensificando durante los últimos años. Quien más lejos ha llevado los negocios compartidos con el clero es Florentino Pérez. Además de los dos geriátricos pactados con los obispados de Huelva y Tenerife, Clece ha firmado recientemente otros cuatro acuerdos con entidades religiosas: en mayo de 2019 compró el inmueble del antiguo convento de los Padres Pasionistas en Corella (Navarra); dos meses después firmó un contrato con las Hermanitas de los Ancianos Desamparados para arrendarles durante 25 años la residencia del Hospital de la Piedad en Benavente (Zamora), previa modificación por vía de urgencia del Plan General de Ordenación Urbana de la localidad; a finales de aquel año abrió un centro en un edificio propiedad del arzobispado de Burgos conocido en la ciudad como el Teresiano, y en febrero de 2020 selló con los Padres Agustinos de Valladolid el alquiler del geriátrico Santa Mónica, instalado en uno de los pabellones del convento de dicha orden.

Florentino Pérez, en todo caso, no es el único que cierra negocios con la Iglesia. DomusVi adquirió a las Hermanitas de los Pobres, en el verano de 2018, la residencia Juana Jugán en Vitoria. Y en las mismas fechas La Saleta Care —entonces del grupo belga Armonea, ahora de Colisée— se hizo con la gestión del centro Virgen del Remedio, propiedad del obispado de Orihuela-Alicante.

En definitiva, entre el verano de 2018 y el de 2020, se cerraron al menos 11 acuerdos entre entidades de la Iglesia y alguno de los ocho principales operadores del sector residencial en España: seis con Clece, dos con DomusVi, uno con Ballesol, uno con Sanitas y uno con La Saleta Care (Colisée). En esa cifra se incluyen las operaciones ya perfeccionadas y los siete centros que está previsto que abran antes de que finalice 2021.

Sigue la charla entre Daniel Basteiro y Manuel Rico sobre el escándalo de las residencias

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Si se amplía un poco el foco, más allá de las ocho grandes empresas, se multiplican las transacciones. Una de las últimas se produjo en septiembre de 2020, cuando las Hermanitas de los Pobres vendieron un edificio en Cáceres al grupo Ciudad Jardín, hegemónico en Extremadura y situado entre los 20 principales de España. La compraventa del inmueble se pactó en 12 millones de euros y la empresa pensaba invertir otros tres para transformar la residencia de 110 plazas en una de 250. […]

En resumen, a la hora de analizar cómo está evolucionando el papel de la Iglesia en el sector geriátrico, la conclusión más ajustada a la realidad es la siguiente: mantiene sus posiciones en lo que respecta a la propiedad de residencias y plazas y retrocede lentamente en la gestión, porque los centros que dejan las órdenes religiosas estaban gestionados por ellas, mientras que los de nueva apertura suelen estar explotados por terceros. Ahora bien, en absoluto se puede identificar esa caída en el número de residencias gestionadas por la Iglesia con un descenso parejo en los ingresos. Al revés: las ganancias que obtendrán los obispados y congregaciones por sus contratos mercantiles con Clece, Ballesol, Domusvi o Sanitas son con seguridad más cuantiosas que los beneficios que obtenían las Hermanitas de los Ancianos Desamparados o cualquier otra congregación en los geriátricos que han dejado de gestionar en los últimos años. Y ello por no hablar de que esas operaciones suponen transformar inmuebles escasamente productivos desde el punto de vista económico en activos generadores de importantes ingresos, mediante la venta o los alquileres a largo plazo. Inmuebles que, por cierto, las congregaciones religiosas consiguieron en la mayoría de los casos mediante donaciones o herencias. Son bienes obtenidos a título gratuito que ahora les generan pingües beneficios.

Esa conclusión tiene un corolario: la concentración en el sector no solo se incrementa con las grandes operaciones de fusiones y adquisiciones, sino que también contribuyen a ella los acuerdos entre Iglesia y multinacionales, aunque sea de forma más modesta si miramos las cifras absolutas. Estamos ante una tendencia que es muy probable además que se intensifique en los próximos años, dado que la Iglesia tiene un gigantesco patrimonio inmobiliario, susceptible de explotar con residencias o con otros negocios.