La Ley de Memoria Democrática encalla en el CGPJ ante la división entre conservadores y progresistas

El informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el anteproyecto de ley de Memoria Democrática ha encallado definitivamente. Los dos ponentes designados para elaborarlo, uno conservador y el otro progresista, no se han puesto de acuerdo sobre cuál debe ser la valoración que haga el organismo sobre una de las más importantes normas que el Gobierno de coalición quiere enviar a las Cortes Generales en los próximos meses para su tramitación y aprobación definitiva. La solución que ha tomado el presidente de la institución, Carlos Lesmes, ha sido proponer este jueves a la Comisión Permanente que sean elegidos dos nuevos ponentes para hacer un nuevo intento.

Según ha podido saber infoLibre, los vocales Álvaro Cuesta, elegido a propuesta del PSOE, y José Antonio Ballestero, de la lista del PP, han mantenido en las últimas semanas varias reuniones, algunas de ellas con Lesmes presente, para intentar desatascar el informe, después de que el gabinete técnico del CGPJ hiciera un primer borrador con las apreciaciones técnicas que podrían incorporarse para mejorar el articulado del Ejecutivo y así dotarlo de mayor seguridad jurídica. Sin embargo, las posturas han estado muy enfrentadas y no ha habido posibilidad de alcanzar un texto de consenso.

Al borrador del gabinete técnico, Cuesta introdujo algunas matizaciones, pero en general se mostró de acuerdo con el texto para elevarlo al Pleno del Consejo. Sus propuestas pasan por, por ejemplo, mejorar la definición de la parte referida a la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo para que la ley no choque con derechos fundamentales como la libertad de expresión. 

Sin embargo, en el caso de Ballestero, su postura ha sido totalmente contraria al borrador y, por tanto, también a las propuestas del otro ponente. En general, su posición es bastante "crítica" tanto con el texto de los servicios jurídicos como con el anteproyecto de ley de Memoria Democrática en sí, ya que considera que vulnera derechos fundamentales y es antidemocrática, según han explicado las fuentes consultadas.

Otras fuentes del organismo apuntaron que Lesmes se había comprometido con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a tener el informe listo antes de mediados de mayo, pero esta posibilidad ya es del todo imposible. En lugar de que cada ponente presente su propio borrador de informe al Pleno del CGPJ, Lesmes ha optado por plantear la situación este jueves a la Comisión Permanente para que ésta designe a otros dos vocales y así retomar los trabajos donde Cuesta y Ballestero los han dejado. Ya no se encargaría, por tanto, un nuevo texto al gabinete técnico, ya que empezarían a trabajar con el que ya está hecho, si bien será necesario solicitar una nueva prórroga al Gobierno.

El Consejo pedirá un mes más

Tal y como ha podido saber este periódico, para este anteproyecto de ley, que entró en el Consejo a finales de febrero, ya se han pedido varias prórrogas al Ejecutivo y el presidente del órgano de gobierno de los jueces va a proponer que se requiera un mes más, tiempo en el que espera que los trabajos se desatasquen. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha de aceptar la ampliación del plazo que le plantee el CGPJ, pero también podría no hacerlo y seguir adelante con la tramitación del anteproyecto. Los informes de los órganos consultivos a los anteproyectos de ley no son vinculantes.

La ley de bebés robados encalla en el Congreso casi un año después de su primer debate

Ver más

El del Consejo Fiscal fue aprobado el pasado 30 de abril por la mínima: seis votos contra cinco. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, votó la última desempatando la votación que evidenció los apoyos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y el rechazo de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria de la Carrera y de corte más conservador. Los vocales de este colectivo expresaron sus reticencias a la norma por las "indefiniciones" que, a su juicio, generan una inseguridad jurídica evidente que habría que modificar.

Como su predecesora, la Ley de Memoria Histórica que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, la norma que está llamada a sustituirla no estará exenta de polémica, pues es mucho más ambiciosa. Tal y como ya contó infoLibre, la ley pretende, entre otras cosas, hacer una auditoría de los bienes expoliados en la Guerra Civil y la dictadura, recoge la ilegitimidad de los tribunales políticos franquistas y la nulidad de sus resoluciones por causa ideológica, prevé que el Estado incoe de oficio la apertura de fosas y acuda a la justicia con los “indicios” de delito creando una Fiscalía especial, plantea revocar títulos nobiliarios y medallas policiales contrarios a la democracia, considera “causa de extinción” de una fundación la apología del franquismo e introduce la memoria en los institutos.

El departamento que dirige la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, ha sido el encargado de redactar el anteproyecto. Según manifestó el pasado mes de diciembre la propia Calvo, uno de sus principales objetivos para este año es la aprobación definitiva de la Ley de Memoria Democrática, la cual, según dijo, "aborda todos los compromisos adquiridos por el Gobierno en este ámbito, que pasan por consolidar una política de Estado que transmita la tradición y la cultura democrática en nuestro país, honrando a quienes lucharon por la libertad y aboliendo las manifestaciones de exaltación o justificación de la dictadura".