La Sanidad postergada

Hace un año los balcones se llenaban de aplausos, el apoyo de la población a la Sanidad Pública parecía incuestionable y los gobiernos, el central y los autonómicos, no paraban de hacer loas a la Sanidad Pública y de dejar patente su compromiso para potenciarla y reforzarla de manera que pudiera salir de la pandemia con más medios y más preparada para afrontar posibles nuevas crisis sanitarias.

Un año después parece que las tornas han cambiado y mucho, por supuesto nadie sale a la palestra diciendo que hay que desmantelar nuestro sistema sanitario público, pero los hechos parecen demostrar que el compromiso con la Sanidad Pública ha quedado francamente debilitado.

Así parece deducirse del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno en la UE y de la Propuesta España 2050 hecha pública por el Gobierno. En el primero llama la atención que la inversión que se destina al componente sanitario es claramente insuficiente, 1.069 millones de euros que suponen según el propio Informe el 1,54% sobre el total del Plan (considerando solo 70.000 millones €, aunque el propio Gobierno ha publicitado 140.000 millones €, con lo que solo serían el 0,77% del total). La cifra es llamativa por dos motivos, el primero es que si se considera que la crisis sanitaria ha sido, aparte de la causante de una situación de salud que ha producido, directa o indirectamente, más de 100.000 muertes, más de 3,5 millones de casos y de centenares de miles de hospitalizados, y es la causa principal de la crisis económica que vive el país, no se entiende cómo se le destina una cantidad irrelevante del esfuerzo inversor, con lo que obviamente no podrá realizar las transformaciones que necesita la Sanidad Pública; y el segundo es la notable diferencia con su tratamiento en otros países de la UE, por ejemplo Italia, que ha sufrido la pandemia de manera bastante similar a nuestro país (en casos, muertes por habitante, etc) destina a Sanidad el 7,5% del Plan de Reconstrucción (17.800 millones sobre 248.000 millones €), es decir 4,87 o 9,74 veces más que España según los cálculos que se hagan, lo que indica que la baja financiación destinada a Sanidad en nuestro caso no es una imposición de la UE sino una decisión del Gobierno de nuestro país, una mala decisión, que va en la senda continuada de mantenimiento de la infrafinanciación sanitaria. Nos hace falta un poco menos de declaraciones grandilocuentes sobre la importancia y el compromiso con la Sanidad Pública, y un poco más de hechos e inversiones reales.

La siguiente cuestión llamativa es que las cinco reformas que se plantean (fortalecimiento de la Atención Primaria; reforma del sistema de Salud Pública; consolidación de la cohesión, la equidad y la universalidad; refuerzo de las capacidades profesionales y reducción de la temporalidad; y reforma de la regulación de medicamentos y mejora de su acceso), temas con los que no se puede estar más de acuerdo, tienen una financiación cero, es decir no se les destina ni un euro, y aunque en el texto explicativo de las mismas se dice que se utilizarán fondos del Gobierno, de las comunidades y algunos fondos específicos de la UE, no se establece cuantificación alguna de los mismos, ni compromiso económico concreto, con lo que entra dentro de lo probable que se queden en una declaración de buenas intenciones con escaso efecto práctico sobre el sistema sanitario.

Este mismo documento señala una serie de inversiones, en este caso con un presupuesto asignado (Plan de inversión en equipos de alta tecnología; Acciones para reforzar la prevención y promoción de la salud, que incluye lucha contra el tabaquismo, prevención del consumo de alcohol, promoción hábitos de vida saludable, reducción del consumo de antibióticos, prevención y tratamiento de adicciones, prevención y promoción de salud mental y prevención del cáncer de cerviz; Aumento de capacidades de respuesta ante las crisis sanitarias; Formación de profesionales y compartir conocimientos; Plan de racionalización del consumo farmacéutico; y Data Lake sanitario). Todos ellos contemplan una inversión escasa, unos programas ambiciosos sin asignación presupuestaria suficiente, y unos presupuestos por debajo de los necesarios para alcanzar los objetivos planteados. Por supuesto cualquier inversión en la Sanidad Pública es bienvenida, pero parece claro que se está desaprovechando una ocasión probablemente única.

La Propuesta España 2050 es igualmente decepcionante, una serie de propuestas genéricas poco concretas y un único indicador sanitario, alcanzar el 7% del PIB en gasto sanitario público, ¡en 2030!, cuando el acuerdo de gobierno señalaba alcanzar ese objetivo en esta legislatura.

En resumen, dos documentos decepcionantes que no ofrecen soluciones concretas a los graves problemas de nuestro sistema sanitario y que se mueven en el terreno de lo inconcreto y de la enumeración de buenos propósitos con pocos compromisos tangibles. Parece que hemos aprendido poco de la grave situación sanitaria que ha vivido este país y que todavía no está resuelta. El Gobierno debería reflexionar, dialogar más con las organizaciones del sector, y después rectificar y  aumentar de manera significativa las inversiones en el sistema sanitario público.

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Marciano Sánchez Bayle es portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la sanidad Pública