François Bayrou, un primer ministro de Francia con la moralidad en los calcetines

Si hay un ámbito político en el que el nuevo primer ministro nombrado por Emmanuel Macron ha demostrado que estar en el centro significa poder encarnar todo y su contrario es el de la moralización de la vida pública. Antaño paladín de la lucha contra los abusos de poder y del endurecimiento de las medidas contra las faltas ejemplaridad, François Bayrou ha realizado recientemente una serie de polémicas declaraciones en defensa de los implicados en asuntos político-financieros.

Antes de convertirse en jefe de Gobierno, François Bayrou fue el primer ministro de Justicia de Emmanuel Macron en 2017, cargo del que se vio obligado a dimitir al cabo de un mes por las sospechas judiciales que le apuntaban en la malversación de fondos públicos de su partido, el MoDem (Movimiento Demócrata). El efímero Guardián de los Sellos –el término histórico para referirse al ministro de Justicia– también se distinguió por presionar a Radio France para quejarse de una investigación de periodistas de la casa sobre las finanzas del MoDem, que aún no había salido al aire.

Acusado primero y luego remitido su caso a un tribunal penal, fue absuelto en febrero, al contrario que su partido y varios antiguos dirigentes, que fueron condenados. Sin embargo, como la Fiscalía de París recurrió la sentencia, el primer ministro tomará posesión de su cargo en Matignon mientras sigue bajo la amenaza de un nuevo juicio, cuya fecha aún se desconoce.

En ruptura con su imagen de Sr. Moral Pública, François Bayrou ha adoptado, desde sus propios encontronazos con la justicia, posiciones que pueden haber ofendido a una parte de la opinión pública y a muchos de sus antiguos partidarios.

El año pasado, por ejemplo, al día siguiente de que el alcalde de Toulon, Hubert Falco, fuera condenado por malversación de fondos públicos, el nuevo primer ministro defendió al político sancionado, que se vio obligado a renunciar a sus mandatos como consecuencia de la ejecución provisional de la pena de inelegibilidad que le impusieron los jueces. "No se trata de un crimen contra la humanidad", declaró François Bayrou, cuya elección de palabras es digna de mención.

Invocando un "gran principio de derecho", afirmó que "debe haber proporcionalidad entre la pena y la falta" y que el fallo que condenó a Hubert Falco equivalía a una "muerte civil", lo que es "terrible".

François Bayrou adoptó una postura similar hace un mes, tras la acusación de la Fiscalía de París contra Marine Le Pen en el caso de la malversación de fondos del Parlamento Europeo por parte de Reagrupamiento Nacional. Una vez más, consideró que la ejecución provisional de la pena de inelegibilidad exigida por los fiscales –a pesar de que esta medida estaba prevista por la ley y aprobada por el Parlamento– "sería un problema".

"En una democracia, debemos poder recurrir todas las decisiones", dijo, aunque tal decisión (que se anunciará el 31 de marzo) no impediría en modo alguno que Marine Le Pen recurriera. Sin embargo, el alcalde de Pau consideró que impedir a Marine Le Pen presentarse de aquí a las elecciones presidenciales llevaría a algunos ciudadanos a "considerar que hay algo que distorsiona la vida democrática", a pesar de que la prohibición de ejercer una profesión es una medida penal que se aplica cada año a todo tipo de profesiones.

Semejante actitud parece aparcar indefinidamente las batallas de François Bayrou contra los abusos del sistema sarkozysta, al que dedicó un libro de acusaciones, Abus de pouvoir (Plon), y sus promesas de transparencia en 2017 tras el asunto Fillon.

¿Un juicio en 2025?

Un primer ministro en ejercicio obligado a pasar varios días ante un tribunal para ser juzgado: éste es el destino sin precedentes que teóricamente le espera a François Bayrou. El nuevo inquilino del Hôtel de Matignon debe comparecer de nuevo ante un tribunal por el caso de los asistentes del MoDem en el Parlamento Europeo. Este caso es bastante similar al de Reagrupamiento Nacional y Marine Le Pen, aunque el MoDem y su antiguo líder están acusados de menos malversación de fondos públicos.

Al final de unos debates que a veces le han metido en problemas, en octubre y noviembre de 2023, François Bayrou fue finalmente absuelto por el Tribunal Penal de París el 5 de febrero.

Sí, el MoDem se benefició ilegalmente de fondos europeos para pagar a algunos de sus empleados haciéndolos pasar por asistentes parlamentarios. Sí, los eurodiputados y tesoreros del partido estaban al corriente de la trama... pero no necesariamente el líder del partido, François Bayrou, dictaminó el 11º Tribunal Penal de París.

Cinco antiguos eurodiputados del MoDem, dos antiguos tesoreros (Michel Mercier y Jean-Jacques Jégou) y el antiguo director administrativo y financiero (Alexandre Nardella) fueron condenados, al igual que la UDF y el MoDem como personas jurídicas. 

El 8 de febrero, la Fiscalía presentó un recurso contra la absolución del antiguo dirigente centrista. "La Fiscalía de París impugna estas absoluciones y considera que los hechos caracterizan las infracciones imputadas y que se han reunido las pruebas de las mismas contra todos los acusados", declaró en un comunicado.

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Como los condenados también han recurrido, habrá que celebrar un nuevo juicio contra los dirigentes del MoDem ante el Tribunal de Apelación de París. Interrogada por Mediapart el 13 de diciembre, la Fiscalía indicó que aún no se había fijado fecha para este juicio. Teniendo en cuenta los retrasos habituales del Tribunal de Apelación, podría celebrarse en algún momento de 2025.

Sólo que nada obliga al fiscal del tribunal de apelación, que dirige la instrucción, a darse prisa. "Podemos imaginar que no se encontrará fecha para este juicio en 2025, o incluso antes de las elecciones presidenciales", sonríe uno de los abogados implicados en el caso. La decisión corresponderá a la fiscal general Marie-Suzanne Le Quéau, nombrada en octubre de 2023. Es una "mujer de convicciones, con reputación de independencia y fuerza de carácter", dijo el primer presidente del Tribunal de Apelación, Jacques Boulard, en su discurso de toma de posesión de Marie-Suzanne Le Quéau.

¿Querrá la magistrada ejercer plenamente sus prerrogativas o retrasar el juicio para no desestabilizar al Gobierno? Este espinoso asunto vuelve a plantear la cuestión de los vínculos entre la fiscalía francesa y el Ejecutivo.