La gestora de la Ciudad de la Justicia de Madrid ingresará 268 millones por explotar el parking o la guardería

Año 2026. Dieciocho edificios de entre tres y nueve alturas se alzan a apenas un kilómetro del Hospital de Emergencias Isabel Zendal. Es la nueva Ciudad de la Justicia, el proyecto puesto en marcha por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. La inmensa parcela concentra todas las sedes judiciales de la capital. Cuenta con un enorme aparcamiento público, bajos comerciales y varias cafeterías a las que acudir si los productos que ofrecen las máquinas de vending no resultan convincentes. Hay, incluso, un centro deportivo y una guardería privada. Todo es propiedad de la concesionaria, la firma que se encargó de la construcción de la infraestructura judicial. E ingresa por ello 6,7 millones anuales. Unos 268 millones durante las cuatro décadas que durará el contrato.

La colaboración público-privada es una de las señas de identidad de la Comunidad de Madrid. Durante las últimas décadas, los diferentes ejecutivos conservadores se han esforzado por asentar en la región un modelo de concesiones vinculado al levantamiento de grandes infraestructuras. Fue el sello de los siete hospitales que Esperanza Aguirre puso en marcha durante su segundo mandato, del metro ligero oeste que conecta tres de los grandes bastiones conservadores en la región –Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Aravaca– o de la M-45. Una fórmula que ha traído numerosos quebraderos de cabeza. La administración regional, por ejemplo, ya asume que pagará por la carretera 2.000 millones. Y eso que iba a costar 300.

El Gobierno de Ayuso, no obstante, está convencido de que esta es la fórmula adecuada para levantar la Ciudad de la Justicia, el proyecto estrella de Aguirre que acabó salpicado por la corrupción y que ahora recupera el Ejecutivo conservador. Y lo es, según sostienen en el estudio de viabilidad de la obra, por varias razones: porque el "riesgo operacional" se "transfiere al concesionario", porque el "impacto sobre la estabilidad financiera" de la región es "poco apreciable" al ser una empresa privada la que asume el enorme desembolso, porque "la contratación y gestión del personal" no tiene que "seguir los procedimientos encorsetados de la administración pública"...

El Ejecutivo regional espera que la primera piedra se coloque en 2023. Y que la infraestructura pueda estar lista tres años más tarde. La empresa que se haga con el jugoso contrato, que todavía no ha salido a concurso, deberá asumir el coste de la construcción de la infraestructura, así como su funcionamiento y mantenimiento. A cambio, la administración regional abonará un canon anual, que se comenzará situando en los 50 millones de euros. Y, además, podrá explotar durante las cuatro décadas que durará el acuerdo las instalaciones y los servicios adicionales que se contemplan en el proyecto.

El estudio de viabilidad, hecho público el pasado lunes, contempla varias vías de ingresos para la concesionaria. El más importante es el que tiene que ver con la gestión del aparcamiento: se prevé que por este concepto pueda embolsarse 142,88 millones de euros durante toda la duración de la explotación. La estimación de estas cantidades se ha hecho sobre la previsión de una rotación anual de 729.079 vehículos y 4.609 abonos anuales. Son cifras que vienen determinadas, exponen desde el Ejecutivo regional, por la "prevista afluencia de visitantes". "Previendo, incluso, el caso más desfavorable para estimar unos ingresos mínimos de explotación y asegurar la viabilidad de la misma", señalan.

Casi 54 millones de euros se calcula que la adjudicataria pueda ingresar por diferentes actividades económicas en las instalaciones. En este sentido, el proyecto incluye dos cafeterías. Pero también un centro deportivo y una escuela infantil privada. El primero ocupará una extensión de 4.500 metros cuadrados y se estima que alrededor de 5.200 personas pasen por sus clases de zumba o ciclo indoor –los abonos mensuales oscilarán entre los 25 y los 131 euros–. El centro educativo, por su parte, ocupará un espacio de 2.090 metros cuadrados y contará con 126 plazas. Se calcula que el precio de la matrícula ascienda a 100 euros, más una cuota mensual de 300 o 350 euros en función de si la plaza incluye o no comedor.

A esto se suma el alquiler de espacios a terceros. En concreto, más de 10.000 metros cuadrados que podrán ser alquilados para la prestación de diferentes servicios, desde estancos hasta farmacias. Por este concepto, la Comunidad de Madrid calcula que la concesionaria podrá embolsarse durante las próximas cuatro décadas 50,2 millones. Algo menos de la mitad, 21 millones, se calcula que podrá meter en sus cuentas la empresa que se haga con el contrato a través de la gestión de las máquinas expendedoras que se colocarán por las instalaciones judiciales.

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En total, el Ejecutivo de Ayuso calcula que la adjudicataria percibirá por la explotación de todos estos servicios 268 millones de euros. Sin embargo, lo cierto es que esta cifra representa una mínima parte del dinero que recibirá la firma. El estudio de viabilidad sitúa la estimación de ingresos a lo largo de toda la concesión en los 2.373,3 millones de euros. Y el grueso, 2.105,3 millones, procede del canon abonado por la Comunidad de Madrid. Una cantidad que comienza en los 49,35 millones pero que, según los cálculos de la administración regional, irá variando con el paso del tiempo. Así, por ejemplo, el informe estima que la tarifa justo en la mitad de la concesión estará en los 56,72 millones de euros. Y el último pago ascenderá a 69,2 millones.

Habrá que ver, no obstante, si estas cifras son realistas. Y si la empresa que se haga con el proyecto no trata de modificar el canon. No sería la primera vez que ocurre. En mayo de 2011, tres años después de su inauguración, las constructoras de los siete hospitales semiprivatizados ya estaban exigiendo al Ejecutivo de Esperanza Aguirre un incremento de la tarifa anual de 9,2 millones de euros. Y friendo a la administración a recursos contencioso-administrativos. Litigios que siguen siendo habituales en la actualidad.

La concesionaria de la Ciudad de la Justicia, no obstante, tendrá que afrontar también un desembolso importante. Por un lado, deberá hacerse cargo de la construcción del proyecto, que le costará –ejecución de la obra, equipamiento inicial, reinversiones y otros gastos– 561,9 millones de euros. Por otro, tendrá que afrontar los gastos de personal, de explotación o de tributos, que se estima que le obligarán a poner sobre la mesa 804,53 millones durante todo el tiempo que dure la licitación. En total, la Comunidad de Madrid calcula que el beneficio de la concesionaria por el jugoso contrato puede superar los 230 millones.