El colectivo LGTBI, gitanos, migrantes y personas con discapacidad crean un frente contra los delitos de odio
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) propone a los principales actores sociales y políticos del Estado, así como a los medios de comunicación, un pacto social y político frente a los discursos de odio que estigmatizan y señalan a los grupos vulnerables. Este viernes han tenido una reunión FELGTBI+ y otras asociaciones para sentar las bases de este acuerdo.
Margarita Guerrero, vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España, afirma que luchar contra el odio es un reto común. "Estamos en la necesidad de crear un frente para combatir los delitos de odio que atentan contra los derechos humanos", declara, añadiendo que este debe aglutinar "a la sociedad civil, a la administración pública a políticos y a medios de comunicación". A estos últimos, precisamente, han hecho un llamamiento especial a la "responsabilidad" que tienen a la hora de "divulgar o no mensajes de odio". "Queremos que este pacto social se convierta en un pacto de Estado y fortalecer la democracia en base a los derechos humanos", concluye Guerrero.
Aunque los participantes en la reunión también han pedido que "se aceleren" tanto la ley trans y LGTBI como la de igualdad de trato y no discriminación "para combatir la lacra del odio", la presidenta de FELGTBI+, Uge Sangil, ha explicado que el objetivo principal era crear una mesa operativa conjunta para elaborar un documento de base social contra los delitos de odio y la discriminación.
Tienen como propósito reunirse cada seis meses y tener el documento definido para la próxima reunión. Tras esto, el objetivo es crear una mesa promotora para seguir captando asociaciones, que aún creen que "faltan" muchas. "No debemos dormirnos ante el auge de odio en las calles y también en las instituciones", ha declarado Sangil.
"Es por esto que estimamos importante esta unión, ya que afecta a toda la sociedad. Pretendemos aglutinar a colectivos de gitanos, migrantes, personas sin hogar, con discapacidad, gente de fe religiosa diferente a la imperante en España y del resto de la sociedad", declara.
En la reunión han estado presentes la fundación Triángulo, ONCE, el Comité Español de representantes de personas con discapacidad (CERMI), la Fundación Secretariado Gitano, Red ACOGE, la coordinadora estatal de VIH y sida (CESIDA), Hogar Sí, LGTBI+, CCOO, UGT, el Consejo de la Juventud de España, la dirección general de diversidad sexual, la dirección general de Igualdad de Trato y diversidad étnico racial —dependientes del Ministerio de Igualdad—, la oficina de delitos odio del Ministerio del Interior, equo, Más País, Ciudadanos, Unidas Podemos y PSOE.
Consulta pública sobre la ley contra el racismo
Por otro lado, la directora general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, Rita Bosaho, ha afirmado que apoyarán todas las iniciativas que se pongan en marcha para luchar contra los discursos de odio y ha indicado que "en breve" se pondrá en marcha la consulta pública de la Ley contra el Racismo, "para que todas las organizaciones y sociedad puedan hacer sus aportaciones".
Por su parte, los sindicatos UTG y CCOO han advertido de la situación "dramática" de discriminación que sufren las personas LGTBI y otros colectivos vulnerables en el ámbito del empleo.
La adjunta a la Secretaría Confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, Diana García, ha agradecido la iniciativa de este pacto social y ha manifestado su "preocupación" por la "normalización del discurso de odio" que "constituye una agresión directa".
Para el responsable confederal del área LGTBI de UGT, Toño Abad, "en el ámbito del empleo se vive una situación dramática", tanto las personas LGTBI como aquellas que sufren algún tipo de discriminación por otros motivos. En concreto, sobre las personas LGTBI, ha precisado que el 80% de las personas que han consultado tienen miedo a revelar su orientación sexual en el empleo y un 40% de personas trans reconocen haber sido rechazadas en una entrevista de trabajo.
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También ha intervenido el vicepresidente de la fundación Triángulo, Raúl González, quien ha destacado la importancia de este "impulso coordinado" desde las organizaciones sociales para combatir la aporofobia, el racismo, la xenofobia y la lgtbifobia; y Oliver Marcos, de CESIDA, quien ha subrayado que ya es necesario acabar con "40 años de discriminación, de delitos de odio, de insultos y de muchísimas barreras" a las personas con VIH.
Igualmente, Santiago Sanz, de Red Acoge, que trabaja con el colectivo de personas migrantes, ha destacado que este pacto es "una oportunidad brutal de luchar de manera coordinada" contra el odio y espera "que se traduzca en el impulso de iniciativas legislativas" y en "la lucha contra la impunidad que tienen los emisores de discursos de odio", algo que les "desgarra".
También ha insistido en la necesidad de ese impulso legislativo la directora del departamento de Igualdad y Lucha contra la Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano, Cristina de la Serna, quien ha mostrado su deseo de que este pacto social "inspire a las fuerzas políticas" en cuanto a la "capacidad de consenso".
