IU demanda a España ante Estrasburgo por la investigación sobre las irregularidades del emérito
Las numerosas irregularidades del rey emérito llegan a Estrasburgo. Izquierda Unida ha presentado una demanda, a la que ha tenido acceso infoLibre, contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la investigación que las autoridades judiciales nacionales han hecho del caso durante los últimos años. El partido político considera que a lo largo del procedimiento llevado a cabo en suelo español se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y a que su causa sea oída equitativamente, cuestiones incluidas en el artículo sexto y decimotercero del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Asimismo, exigen una "satisfacción equitativa en concepto de daños y perjuicios", consistentes en las cuotas procesales y que por el momento cifran en 24.000 euros, "con independencia de que dichos emolumentos, daños y perjuicios, se justifiquen en el momento oportuno".
Izquierda Unida, junto al PCE y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, interpuso a finales de 2018 una querella criminal contra el rey emérito, Juan Carlos de Borbón, por sus oscuros negocios. Por entonces, la iniciativa judicial se sostenía sobre la reunión que la examante del monarca había mantenido con el empresario Juan Villalonga y con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, un encuentro que fue grabado de forma subrepticia por el policía. La querella se amplió tras la primera ola de la pandemia a la luz de las nuevas informaciones. Era diciembre de 2020 y se pretendía que, además del presunto cobro de comisiones por la intermediación en la adjudicación del AVE a La Meca, se investigasen también las cuentas suizas vinculadas a fundaciones, el uso de fondos de un empresario mexicano y la existencia de un trust en Jersey.
La formación puso sobre la mesa hasta trece delitos diferentes. Sin embargo, el Supremo puso freno a la ofensiva judicial de IU. Cuatro meses después de que se registrase la querella inicial, el Alto Tribunal decretó el archivo de la causa. "El hecho de archivar la querella interpuesta sin practicar ningún medio de prueba de los propuestos no traslucía más que el deseo del tribunal de evitar molestias a al rey emérito", señala el partido. Interpusieron un recurso de súplica. Fue archivado. Igual que se dio carpetazo a las actuaciones iniciadas tras la ampliación de la primera querella. "Argumentando que lo que pretendían los querellantes era una investigación prospectiva, porque la Sala, en definitiva, no apreciaba indicio alguno de criminalidad en los hechos puestos en su conocimiento, en términos despectivos hacia los querellantes", recoge IU.
La Fiscalía eleva hasta 56 millones lo que defraudó el rey emérito
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A la vista de la "hostilidad" con la que se acogía la querella, formularon incidente de recusación de los magistrados. De nuevo, archivo. Con todas las vías agotadas, abrieron el camino en el Constitucional. "La sección ha examinado el recurso presentado y ha acordado no admitirlo a trámite por no apreciar en el mismo especial transcendencia constitucional", fue la respuesta. Cuatro meses después, llegó el carpetazo definitivo. A través de dos decretos, la Fiscalía cerraba las tres líneas de investigación que tenía abiertas alrededor del emérito. Y lo hacía a pesar de haber constatado numerosas irregularidades. En solo cinco años, quedaba acreditado que el emérito defraudó hasta 56 millones. Cuatro de esos ejercicios ya estaban prescritos a efectos de delito fiscal. En el quinto, Anticorrupción se agarró a la inviolabilidad del monarca.
"[El Ministerio Público] es un operador jurídico que está sujeto a la dependencia de sus superiores y, en consecuencia, tiene el deber de seguir los criterios e instrucciones que marca la superioridad. En definitiva, es un cuerpo jerarquizado (...). A este respecto, es importante recordar que la cúspide de la Fiscalía está ocupada por el Fiscal General del Estado, que es nombrado por el ministro de Justicia (es decir, por el Gobierno)", recuerda IU en Estrasburgo, al tiempo que señala que los argumentos que se esgrimen en el decreto de archivo "son absolutamente cuestionables, por faltos de imparcialidad, cuando no falsos y torticeros".
La formación política entiende que ni las actuaciones del Supremo ni tampoco la "investigación" de la Fiscalía dan "satisfacción a los demandantes, ni a la acción popular que han tratado de ejercitar". Por eso, acuden ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al entender que durante todo el proceso se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y a que su causa sea oída equitativamente.
