La primera víctima política del IPC: un buen gestor que no corrigió a tiempo los errores de cálculo del INE

La primera víctima política del IPC desbocado ha sido el mensajero: el presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Juan Manuel Rodríguez Poo, presentó este lunes su dimisión “por motivos personales”, pero su renuncia se produce después de meses de debate sobre la fiabilidad de los datos de inflación y PIB que elabora el organismo. Un IPC en niveles desconocidos desde hace 40 años que excluye los recibos de luz del mercado libre y un crecimiento económico que, tal como lo mide la Contabilidad Nacional, no refleja las boyantes cifras de empleo y de recaudación fiscal, suscitaron las críticas de algunos ministros y han terminado por llevarse por delante al responsable de esos cálculos, que fue nombrado por este mismo Gobierno en 2018.

“Ver cómo se cesa al director del INE porque el Gobierno no está de acuerdo con las estadísticas oficiales en materia de crecimiento económico y de inflación es, sin duda alguna, un error que afecta a la credibilidad, la fiabilidad y la reputación del reino de España”, reaccionó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la dimisión de Rodríguez Poo. También la Asociación de Estadísticos Superiores del Estado (AESE) ha censurado el “ataque a la independencia” del INE que supone el cese de su presidente porque algunas estadísticas relevantes, dice, no estén “en sintonía con las previsiones del Gobierno”. “No puedo entrar en por qué o cómo es la dimisión del presidente del INE, pero en cualquier caso sí reclamo y defiendo la independencia del organismo. Creo que es fundamental, es un organismo de mucho prestigio, siempre lo ha sido”, ha terciado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. El Ejecutivo, por su parte, ha enmarcado la renuncia del catedrático de Econometría en una reforma para “reforzar y modernizar el sistema estadístico nacional”, con la aprobación de un nuevo estatuto para el INE y la modificación de la Ley de la Función Estadística Pública. El actual estatuto data de 2001 y la ley, de 1989.

Lo que el Ejecutivo no detalla es que esa modificación de la norma se incluyó casi de tapadillo como una disposición final en la Ley General de Comunicación Audiovisual, que fue aprobada en el Senado el pasado día 21. Esa actualización de la Ley de la Función Estadística Pública debería haber incluido el acceso del INE a los registros tributarios, uno de los objetivos de Juan Manuel Rodríguez Poo, así como establecer en seis años el mandato de los presidentes del organismo, homologándole con el resto de sus pares europeos y poniéndole a salvo de los cambios de gobierno –como ya ocurre con el gobernador del Banco de España o el presidente de la AIReF, por ejemplo–. Sin embargo, según explican a infoLibre fuentes estadísticas, ambas cuestiones, impulsadas por el ya expresidente del INE, se “cayeron” del proyecto final por el rechazo de los ministerios de Hacienda –la primera– y de Economía –la segunda–. En la ley recién aprobada, no se modifican los límites de acceso a los datos tributarios ya existentes.

Precisamente una de las críticas que se han hecho a los cálculos del INE se refiere al uso de encuestas, en lugar de datos reales. Ahora el Gobierno quiere incorporar “nuevas fuentes de información” para mejorar la calidad de las estadísticas del INE y habla de “registros administrativos” y “big data”. Cuando a principios de este año Caixabank publicó un par de estudios sobre la subida del recibo de la luz en 2021 y concluyó que el INE había sobreestimado en casi un punto el IPC de ese año por haber excluido de la medición los precios del mercado libre, el organismo no sólo defendió su metodología, sino que, además, aseguró que le había sido imposible conseguir la información sobre esos precios de las principales empresas eléctricas, pese a haber mantenido “diversas reuniones” con ellas. La vicepresidenta Nadia Calviño también reprendió a las compañías del sector por su renuencia a entregar los datos. Aun así, el INE insistía en que su índice es “absolutamente correcto” y “goza de todas las garantías nacionales e internacionales de precisión y fiabilidad”.

Una buena gestión, con errores

Las mismas fuentes defienden la gestión llevada a cabo por Juan Manuel Rodríguez Poo, que es catedrático de Econometría. Alaban que haya creado una tercera dirección general en el INE, de Planificación Estadística y Procesos, y que haya conseguido recursos adicionales para un organismo que ha perdido más de 1.000 trabajadores en la última década. Los estadísticos están muy solicitados en el sector privado, donde se pagan sueldos más elevados, y los que trabajan en el sector público prefieren la Agencia Tributaria o la AIReF, donde las retribuciones son también mejores que el INE. Después de años sin oposiciones, por las políticas de recorte del gasto público impuestas por la crisis, a las primeras que se convocaron para estadísticos casi no acudían candidatos, aseguran las fuentes.

Al mismo tiempo, reconocen que Rodríguez Poo ha cometido errores, principalmente no haber sido lo bastante “ágil” para corregir los desacoples en los cálculos del IPC y el PIB. Le achacan un exceso de lentitud y de rigor para adaptar los cálculos a una situación de emergencia como fue la pandemia, que produjo cambios “abruptos y extraordinarios”.

“No creo que haya errores deliberados [en los cálculos del INE], lo que vemos es un desacople entre el PIB y las cifras de empleo a las que no encontramos explicación, pero que puede tener muchas causas”, apunta José Ignacio Conde Ruiz, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Según precisa, la pandemia está detrás de esos datos anómalos, que aún no se atreve a atribuir a, por ejemplo, la economía sumergida, que no se contabiliza en el PIB.

Además, según las fuentes estadísticas consultadas, el INE hace una interpretación “demasiado estricta” del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), y contabiliza “a un ritmo más lento que el resto de la UE” la construcción de inmuebles. El INE estaba en proceso de cambiar este criterio, pero no iba a hacerlo hasta septiembre, por lo que “pecó de inflexible”, resaltan. Tampoco ha modificado los índices de variación estacional en el PIB que se utilizan para suavizar ciertos datos y que estos dos últimos años de vuelco brusco en la economía han pesado de más. Es otro cambio que estaba en marcha antes de la renuncia de Rodríguez Poo, pero que no se ha hecho realidad aún. España ha superado los 20 millones de ocupados, contados como cotizantes a la Seguridad Social, la mayor cifra de su historia y superando, por tanto, los datos de antes de la pandemia. También registra récords de recaudación fiscal sin haber subido los impuestos. Sin embargo, esos números no se reflejan en la contabilidad nacional y el crecimiento del PIB. El INE acaba de revisar a la baja –del 0,3% al 0,2%– el crecimiento de la economía española en el primer trimestre.

Desprestigio

Juan Rodríguez Poo presenta su dimisión como presidente del INE

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En lo que coinciden las fuentes consultadas, la oposición y los estadísticos es en el daño que el cese de su presidente puede infligir a la reputación del INE. Es la primera vez que el máximo responsable de este organismo, con patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión, tal y como reza su estatuto, es destituido sin que medie un cambio de gobierno. Además, subrayan las fuentes estadísticas, saltándose el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas. De acuerdo con su punto 1.8, las razones por las que se puede poner fin a su cargo “no pueden ser razones que comprometan la independencia profesional o científica”. Y ésa es precisamente la imagen que puede darse ahora con la salida de Rodríguez Poo. Su sustituto, según se ha publicado, será el ex secretario de Estado de Seguridad Social Israel Arroyo, que dimitió la semana pasada y es miembro del Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas. La crisis de reputación puede tener incluso proyección internacional, teniendo en cuenta que el expresidente del INE también era desde el pasado enero el presidente del Partnership Group del Sistema Estadístico Europeo, que atiende con estadísticas las decisiones del Consejo de la UE.

Otras controversias

Conde-Ruiz dice que, como economista, su misión es interpretar los datos, y que no los pone en duda. Otros economistas, preguntados por infoLibre, sí creen que en el cálculo del IPC faltan los precios de la vivienda en propiedad, que por el contrario se incluyen en el deflactor del consumo privado de la Contabilidad Nacional. O también el coste del dinero. Al mismo tiempo recuerdan la divergencia entre la cifra de ocupados que proporciona la EPA y los datos de afiliación a la Seguridad Social: unos 400.000 trabajadores que pueden situarse en la economía sumergida.

Habría que recordar igualmente que las controversias sobre los datos no son nuevas. En 2002 saltó el cambio de la definición de parado en la EPA: de bastar con estar registrado en una oficina de desempleo a exigirse, además, la búsqueda activa de empleo. Entonces el enfrentamiento fue con los sindicatos. Once años después, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, criticó la cifra de parados de la EPA descalificándola como una mera encuesta “que no es la realidad". En 2013, en lo peor de la crisis financiera, España rozaba los seis millones de desempleados y Rosell creía que el dato estaba hinchado. Consideraba más fiable y “solvente” la cifra de parados registrados en las oficinas del SEPE, que era un millón inferior. Sin embargo, Eurostat utiliza la EPA, y no el paro registrado, para medir el paro en toda la UE. Los sindicatos le afearon entonces no sólo que negara la existencia de millones de parados, sino también que creara una “fuerte inestabilidad y desprestigio” sobre el INE.