La acusación popular eleva hasta un máximo de diez años la petición de cárcel para el juez estrella de Vox
El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha elevado un escrito al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, en el que reclama hasta nueve años de prisión susceptibles de ser incrementados a diez en caso de no pagar una petición de multa que roza los diez millones de euros, para el exdiputado autonómico de Vox y expresidente del partido en Andalucía, Francisco Serrano, procesado por un posible delito de fraude de subvenciones y otro presunto delito de estafa, con relación a un préstamo estatal de casi 2,5 millones de euros, como desveló infoLibre.
En su escrito, Rubén Sánchez, como acusación popular en esta causa, atribuye a los tres acusados, que son Francisco Serrano, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros, un presunto delito de fraude en subvenciones en concurso con otro delito continuado de falsedad en documento público, reclamando cuatro años de cárcel para cada uno de ellos, según informa Europa Press.
Alternativamente, en caso de no ser apreciado ese delito, les achaca un posible delito de estafa en concurso con un supuesto delito continuado de falsedad en documento público, solicitando en ese caso cuatro años y medio de prisión para cada uno de los acusados.
Del mismo modo, reclama para cada uno de ellos una multa de casi diez millones de euros, con "un año de arresto sustitutorio en caso de impago".
También achaca a cada uno de los tres acusados un presunto delito continuado de apropiación indebida, por el que reclama otros cuatro años más de prisión para cada uno de ellos.
Finalmente, aprecia un presunto delito contable cometido por Francisco Serrano, para el que pide seis meses más de prisión por este aspecto; y un supuesto delito contable continuado en el caso de Pelegrín, para el que solicita siete meses adicionales de prisión.
En materia de responsabilidad civil, pide que de manera conjunta, los tres acusados indemnicen a la Hacienda Pública con casi 2,49 millones de euros por la cuantía del préstamo objeto de los hechos.
El auto de continuación de las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado detalla que en 2016, Francisco Serrano, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros "se concertaron con el propósito de obtener, sin tener la debida solvencia, un préstamo Reindus (del Ministerio de Industria), cuyo importe de 2.489.000 euros se ha destinado para fines distintos de la construcción de una fábrica de pellets en la localidad de Niebla", que era el objeto de los fondos solicitados.
Aparentar "imagen de solvencia"
El auto precisa que conscientes de "la importancia que tiene ofrecer ante el Ministerio de Industria una imagen de solvencia" para captar sus préstamos, Serrano a través de su sociedad Serrano Abogados y Pelegrín constituyeron la empresa Biowood Niebla con una aportación de fondos propios de 7.000 euros y una "maquinaría que nunca fue comprada ni poseída por los socios, por lo que la declaración no era ajustada a la verdad".
Según el auto, el Ministerio de Industria les concedió un préstamo por importe de 2.489.000 euros "con el compromiso de que de Biowood Niebla invierta, además, 1.027.125 euros, pesando "la falta de ajuste a la realidad de la situación financiera y patrimonial de la empresa", tras "aparentar una solvencia financiera que no tenía y lograr la concesión del préstamo de forma indebida".
Una vez cobrado el préstamo, según la instrucción del caso, comenzaron las "disposiciones" del dinero "para fines no comprendidos" en el proyecto subvencionado, destinando unos 200.000 euros a "un cliente de Serrano Abogados que estaba necesitado de financiación y a quién Biowood decidió hacer un préstamo con los fondos" estatales recibidos.
Dinero del préstamo para "pagar deudas de las empresas"
Serrano, Pelegrín y Ballesteros, según el auto, "se reunieron en distintas ocasiones con Manuel Gavira Gomez (el citado cliente de Serrano Abogados) y tenían conocimiento de que el dinero se iba a destinar a pagar deudas de las empresas del prestatario".
Otros 1,3 millones de euros habrían sido destinados a la "constitución de un fondo de inversión", mientras además "se formalizaron préstamos a empresas de Francisco Serrano como XYZ Comunicaciones, Serrano Abogados y Serralba, con 24.180 euros; y Biowwod "avaló a XYZ frente a Ibercaja en un préstamo que, al no ser devuelto, es pagado por Biowood con el importe del préstamo Reindus".
El auto señala además un préstamo de 30.000 euros a Serrano Abogados, que según un perito "se corresponde con el pago de los gastos de mantenimiento de la sede común de Serrano Abogados y Biowood Niebla al 50%, pero ni dichos gastos son financiables con el préstamo Reindus, ni los gastos de Biowood Niebla, sin actividad ni personal, son comparables a los del despacho de abogados".
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El juez instructor Juan Gutiérrez Casillas señala igualmente "una serie de reconocimientos de deudas por Serralba a Francisco Serrano "que son pagadas con cargo a Reindus, pagos de pólizas de crédito y un acuerdo de exoneración de responsabilidad por la gestión del préstamo Reindus".
"Ante los requerimientos realizados por el Ministerio de Industria, se ha simulado la continuación del proyecto, aportando continua documentación procedente de Woodsims, sin que la fabricación, instalación y puesta en funcionamiento se haya ni tan siquiera comenzado cuando su ejecución dura entre siete meses y un año. A fecha de 30/8/2022, consta ejecutada obra de acuerdo con el proyecto por importe de 512.229,51 euros nave y 142.621,52 euros oficinas, es decir, 654.851 euros, cuando el importe máximo del préstamo destinado a edificación era de 544.316 euros. No se ha comprado e instalado nada del presupuesto para aparatos y equipos de producción", resume el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado.
"En consecuencia, de los 2.489.000 euros abonados por el Ministerio de Industria para la instalación de fabrica de pellets de acuerdo con las partidas autorizadas, sólo es acorde con el proyecto la cifra de 544.316 euros", remata el juez instructor, que aprecia "indicios racionales de un delito de fraude de subvenciones y un delito de estafa", atribuidos a Francisco Serrano, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros.
