El Parlamento europeo se plantea rescatar de la quiebra con dinero público el fondo de pensiones voluntario de sus diputados

"No odiamos Europa, odiamos la UE", proclamó Nigel Farage, líder ultraderechista inglés y artífice del Brexit, en su último discurso ante el Parlamento Europeo en 2020. Poco después abandonaba la institución que le había empleado durante décadas. Sin embargo, su lucha política por separar al Reino Unido de la UE no se extiende a sus beneficios personales como eurodiputado. Farage se afilió a un plan privado de pensiones voluntario, creado para los parlamentarios europeos en 1989 y financiado principalmente por los contribuyentes de la UE. Cuando se jubile dentro de seis años, la pensión común como eurodiputado de 6.900 euros al mes, podría casi doblarse gracias a lo que cobrará de la pensión complementaria.

La ultraderechista francesa Marine Le Pen, aliada de Farage y contraria a la UE, también está en el fondo. Lo mismo ocurre con otros altos cargos de la UE, como el alto representante para la Política Exterior de la UE, el español Josep Borrell; el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, y la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira. Todos ellos se negaron a hablar sobre este asunto con Investigate Europe, consorcio periodístico europeo que tiene como socio en España a infoLibre.

Ese fondo de pensiones tiene un problema: se encamina hacia una quiebra irreversible. Y la Mesa del Parlamento Europeo está barajando una opción que podría generar un importante escándalo en la opinión pública: rescatarlo total o parcialmente con el Presupuesto del Parlamento, es decir, con el dinero de los contribuyentes. La factura podría ascender a un máximo de 313 millones.

Cuando infoLibre desveló en 2014 que parlamentarios españoles participaban en ese fondo, que está gestionado desde Luxemburgo por una sicav, se generó una importante polémica que obligó a dimitir a Willy Meyer, entonces eurodiputado de Izquierda Unida (IU). Las sicav (sociedades de inversión de capital variable) están en Luxemburgo casi exentas de tributación.

Según las fuentes consultadas por Investigate Europe, 21 eurodiputados actuales son beneficiarios del fondo de pensiones voluntario. Investigate Europe se puso en contacto con los 21 parlamentarios, pero sólo uno de ellos respondió a las preguntas.

Las cifras oficiales presentadas por el fondo al Registro Mercantil de Luxemburgo dan fe de 660 miembros [puedes consultar aquí la lista íntegra]. Pero en una nota de abril del secretario general del Parlamento Europeo, consultada por IE, la cifra que consta es de 914. Y fuentes conocedoras de la situación del fondo indican que la cifra más actual en 908.

El Parlamento Europeo se negó a facilitar los 908 nombres, alegando una cuestión de confidencialidad de datos personales. 

“Una forma de robo”

El fondo de pensiones voluntario se creó en 1991 como una sociedad privada de derecho luxemburgués, con la intención de nivelar las pensiones de todos los eurodiputados, algunos de los cuales tenían entonces escasos derechos de pensión ordinaria en virtud de las normativas de sus respectivos Estados. Cuando en 2009 se estableció una pensión común para todos los eurodiputados, el fondo voluntario se cerró a nuevos miembros.

Aunque las intenciones fueran buenas, el fondo privado de pensiones fue desde el principio financieramente insostenible.

"Con una fuerza casi delictiva, se creó un sistema que estaba condenado al fracaso desde el principio", afirma Daniel Freund, eurodiputado alemán de Los Verdes en la comisión de control presupuestario.

Ingeborg Gräßle, conservadora alemana y ex presidenta de la misma comisión, tiene una opinión similar: "Estos pagos de pensiones del fondo extra son una forma de robo realmente escandalosa".

La probable quiebra llega en el peor momento posible para el Parlamento Europeo. Desde el pasado diciembre está inmerso en un gran escándalo de corrupción, en el que se sospecha que Marruecos y Qatar sobornaron a eurodiputados para influir en las decisiones de la UE. La reputación del Parlamento está gravemente dañada, justo un año antes de que se celebren las próximas elecciones europeas.

¿Rescate o no?

El pasado 17 de abril, la Mesa del Parlamento europeo, compuesta por 20 diputados de alto rango, celebró una primera ronda de debate sobre cómo cubrir el déficit del fondo, calculado "entre 308 y 313 millones de euros". Según una nota de la reunión, hay tres opciones.

La primera supondría que el Parlamento Europeo se hiciera cargo de todas las obligaciones del fondo de pensiones, un rescate en toda regla con dinero público. La segunda implicaría que los pensionistas fueran los más perjudicados, repartiendo los activos existentes entre los partícipes en un pago único y final. La tercera opción, que la Mesa ha decidido examinar más a fondo, supondría un recorte en el pago de las pensiones, probablemente combinado con un rescate menor.

Si el rescate se pagara con cargo al presupuesto de la UE, la carga recaería en los contribuyentes de toda Europa. Suponiendo un rescate máximo de 313 millones de euros, esto afectaría a los contribuyentes alemanes con aproximadamente 74 millones de euros y a los españoles con 28 millones, aplicando la parte de las contribuciones estatales al presupuesto comunitario de 2023.

Un posible rescate se sumaría al dinero público ya aportado al fondo privado. Por cada euro que aportan los eurodiputados a título individual, el Parlamento paga dos euros de su presupuesto. Entre 1991 y 2009, la contribución del Parlamento sumó unos 118 millones de euros, según una fuente conocedora de los datos. El Defensor del Pueblo Europeo inició a principios de este año una investigación sobre la negativa del Parlamento a confirmar y publicar las cifras.

De hecho, incluso las contribuciones individuales de los eurodiputados al fondo pueden ser cuestionadas. Hasta 2008, se deducían automáticamente de la dieta general del eurodiputado, que es una cantidad mensual a tanto alzado que se supone cubre los gastos de oficina del eurodiputado, no un salario.

Condiciones extremadamente generosas

Los pagos del fondo no son nada despreciables. La pensión media pagada por el fondo complementario en 2022 fue de 2.206 euros al mes, pero puede ser mucho mayor. Los cálculos de Investigate Europe muestran que los eurodiputados que cotizaron a dicho fondo durante el periodo máximo de 19 años recibirían en 2022 una pensión adicional de 6.800 euros al mes. Combinada con su pensión general de jubilación, de 6.900 euros al mes, supone 13.700 euros mensuales, muy por encima de su salario como parlamentarios.

Normalmente, los europeos reciben en concepto de pensión entre el 60% y el 70%, antes de impuestos.

Los eurodiputados sólo tenían que contribuir al fondo durante cinco años, y más tarde únicamente dos, para recibir una pensión extra de por vida. Los derechos adquiridos eran tan elevados que el total de las cotizaciones de un eurodiputado durante una legislatura se devolvería en cuatro años tras su jubilación. Como la mayoría de los antiguos diputados cobraban una pensión del fondo durante un periodo más largo, el déficit aumentaba de forma natural convirtiendo el fondo en insostenible a largo plazo.

Durante al menos veinte años, el fondo de pensiones voluntarias ha registrado lo que se denomina déficit actuarial, lo que significa que los desembolsos futuros de pensiones estimados han sido superiores a los activos estimados del fondo.

En 2004, la Mesa decidió triplicar las contribuciones al fondo, que de nuevo se pagaron en dos tercios con cargo al Presupuesto de la UE. Esto debería haber resuelto los problemas financieros a largo plazo, afirma una fuente familiarizada con la gestión del fondo.

Sin embargo, desde 2009, los nuevos diputados ya no pudieron adherirse al fondo y estas contribuciones más elevadas sólo se pagaron hasta julio de 2009. Al mismo tiempo, el Parlamento Europeo decidió que los derechos de los pensionistas debían "mantenerse íntegramente" en el futuro.

"La decisión de detener las cotizaciones pero mantener íntegramente los derechos originales fue irresponsable y el déficit era inevitable", comenta la fuente de Investigate Europe que tiene conocimiento interno de la evolución de los fondos.

Hacer la vista gorda

La posible quiebra del fondo de pensiones no debería ser una sorpresa. Bart Staes, exdiputado belga que durante veinte años fue miembro de la comisión de control presupuestario, afirma que los riesgos se conocían desde el principio.

"Creo que fue en 2003, cuando era ponente de la aprobación de la gestión presupuestaria, cuando descubrí los problemas del fondo", explica. "Así que empezamos a plantear preguntas, al secretario general, a la Mesa, y votamos una resolución, varias veces en realidad, en la que decíamos que los contribuyentes no debían ser responsables del déficit. Años después, vimos cómo el déficit era cada vez mayor".

Una coalición multipartidista de eurodiputados de la comisión, entre ellos Bart Staes de Los Verdes y la conservadora Ingeborg Gräßle, criticó cómo se gestionaba el fondo.

"No hubo política partidista en esto, todos creíamos que era inaceptable y que, en última instancia, los contribuyentes no debían pagar por ello. Conseguimos que el Pleno se diera cuenta de los problemas. Pero nunca conseguimos que la dirección del Parlamento nos escuchara", critica Staes.

El exdiputado belga sostiene que hubo una ligera presión por parte de la administración del Parlamento sobre los nuevos eurodiputados para que se unieran al fondo. Cree que algunos se sumaron sin pensarlo bien y que otros simplemente fueron codiciosos: "Ya tienen unos buenos ingresos y una buena pensión, que es mayor que la que tiene el ciudadano medio", recalca Staes.

Cuando se conoció el déficit y el fondo recibió críticas públicas, algunos eurodiputados lo abandonaron.

En varias ocasiones, los eurodiputados han manifestado su rechazo formal a utilizar el presupuesto del Parlamento Europeo para rescatar el fondo. Desde 2011, en una resolución adoptada en sesión plenaria, la Eurocámara "considera que este déficit no debe pagarse con el dinero de los contribuyentes, sino con el del propio Fondo". Esta posición fue reiterada en resoluciones adoptadas por el pleno en múltiples ocasiones, la última en 2016.

Conflicto de intereses

Cuando se creó el fondo de pensiones privado voluntario, no estaba claro desde el principio quién asumía el riesgo de sus inversiones: ¿los contribuyentes de la UE o los propios partícipes? El Tribunal de Cuentas Europeo y la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento presionaron repetidamente a la Mesa para que definiera el pasivo en caso de déficit futuro.

No fue hasta 2009 cuando la Mesa decidió que el Parlamento Europeo garantizaría de hecho los futuros pagos "una vez agotado el [dinero del] fondo de pensiones".

Entre los 20 miembros de la Mesa que participaron en la votación, 15 eran o habían sido en algún momento beneficiarios del fondo. Nadie se abstuvo por conflicto de intereses, según el acta de aquella reunión.

Sólo un miembro de la Mesa se opuso: el eurodiputado liberal holandés Jan Mulder, que no era beneficiario. Mulder también era miembro de la comisión de control presupuestario y, junto con Ingeborg Gräßle y Bart Staes, formaba el trío de principales críticos con el fondo.

Las próximas decisiones sobre cómo resolver definitivamente el déficit del fondo antes de su quiebra serán tomadas de nuevo por la Mesa. Entre los 20 miembros, tres siguen siendo beneficiarios del fondo, según una lista interna de 2022: Dimitrios Papadimoulis, eurodiputado de la izquierda radical griega; Roberts Zile, eurodiputado nacional-conservador letón, y Othmar Karas, conservador austriaco. Zile y Karas, que declinaron hacer comentarios, también forman parte del consejo de administración del fondo privado de pensiones.

El eurodiputado verde Daniel Freund considera inaceptable esta situación. Los tres eurodiputados están "en un enorme conflicto de intereses, cuando ayudan a decidir si el fondo recibirá aún más dinero de los impuestos", denuncia. "La decencia exigiría que abandonaran este fondo inmediatamente".

En cuanto a Papadimoulis, al ser preguntado por los periodistas, anunció su intención de abandonar el fondo: "A la luz de las decisiones que debe tomar sobre este asunto la Mesa del Parlamento europeo, quiero dejar absolutamente claro que no haré uso de los derechos de jubilación que me otorga este fondo".

La cuestión urgente para la Mesa es determinar si el Parlamento Europeo está legalmente obligado a cumplir las promesas hechas a los exdiputados. Así lo sostienen las propias normas del Parlamento. Pero la jurisprudencia reciente de la UE mantiene lo contrario.

La Mesa ya ha modificado en dos ocasiones las condiciones del fondo de pensiones para aumentar su sostenibilidad. En 2009, la edad de jubilación se elevó de 60 a 63 años y se cerró la opción de jubilación anticipada. Nueve años después, la edad de jubilación se elevó de nuevo a 65 años y se introdujo una tasa del 5% sobre las pensiones.

Un número indeterminado de eurodiputados mantiene un fondo de pensiones en Luxemburgo con una sicav

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Ambas decisiones fueron recurridas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por algunos de sus beneficiarios. En ambas ocasiones, los demandantes perdieron. La Mesa podía, y puede, modificar las condiciones de pago de esas pensiones complementarias, según el Tribunal de la UE.

En los próximos meses, la Mesa tendrá que decidir si utiliza o no más dinero de los contribuyentes para rescatar las pensiones de lujo de los Farage, Le Pen, Borrell y compañía. Si decide no hacerlo, lo más probable es que un recorte de las pensiones lleve de nuevo el asunto al Tribunal de la UE.

España es el segundo país con más beneficiados por el fondo de pensiones gestionado desde Luxemburgo. De los 660 miembros identificados, 98 son españoles. Sólo Reino Unido, precisamente el país del Brexit, que ya no forma parte de la UE, cuyos diputados adquirieron el derecho antes de la salida, supera a España en número: 140. Por detrás quedan países como Francia (91), Italia (77) y Alemania (15).