La compraventa de votos revela un agujero en la ley electoral que pone el foco en los municipios más pequeños

Técnicamente no es un pucherazo, porque no se altera el resultado de las elecciones falseando el recuento, pero el resultado que se busca es el mismo: cambiar la voluntad de los electores. El escándalo de la compra de voto por correo que, de momento, afecta a las elecciones en Melilla y Mojácar (Almería) y salpica al PSOE, al PP y al partido local Coalición por Melilla ha hecho visible en la recta final de las elecciones del 28M que el procedimiento electoral en España tiene un grave agujero. La credibilidad del proceso, al menos en las circunscripciones más pequeñas y más disputadas, está en entredicho y sirve ya de munición a formaciones interesadas en cuestionar la limpieza de las elecciones. 

El PP se ha apresurado a exigir responsabilidades al PSOE, que no ha tardado en expulsar a los implicados. Pero en el momento de redactar esta información los de Feijóo no se habían dado por aludidos ante las informaciones que también señalan a su partido.

¿Qué ha pasado? Los promotores del fraude lo habrían intentado por dos procedimientos. El primero consistió en robar la documentación electoral a los carteros antes de que llegara a las manos de quienes habían pedido votar por correo. Ocurrió en Melilla hasta en cinco ocasiones, lo que ha obligado a escoltar a los funcionarios de correos, pero ha resultado ser completamente inútil porque las autoridades han anulado las solicitudes de voto robadas y ya nunca llegarán a las urnas. 

El segundo es más complejo. Consiste en pagar a un número suficiente de personas, normalmente habitantes de barrios marginales con bajo poder adquisitivo que no tienen por costumbre acudir a las urnas, para que pidan el voto por correo y entreguen a los promotores del tongo electoral su documentación. Los compradores del voto seleccionarían a continuación la papeleta deseada y consumarían el fraude llevándola a Correos. Se ignora cuántos votos se han tramitado por esta vía.

El agujero que facilita esta práctica está en la fase de entrega del voto en Correos, porque es el único paso de los tres previstos en el que no se pide el DNI. Quien quiere votar por correo tiene que identificarse cuando lo solicita y cuando recibe las papeletas, pero no cuando entrega el sobre con el voto en una oficina de Correos. Y es ahí donde los compradores de votos entran, entre el segundo y el tercer paso.

Una vez que el votante acepta vender su voto, el procedimiento es sencillo. Recibe de la Oficina del Censo Electoral las papeletas, un sobre para cada proceso (en este caso municipales y autonómicas allí donde se celebran), el certificado de inscripción en el censo, un sobre con la información de la mesa electoral y una hoja explicativa. A continuación, se lo entrega al comprador a cambio de dinero —erntre 50 y 200 euros, según los investigadores— para que este lleve a Correos la papeleta fraudulenta.

Una práctica ilegal

Vender el voto no es una práctica legal en España, algo que no sabe todo el mundo. La Ley Electoral castiga “con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses a quienes, por medio de recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas, soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector, o le induzcan a la abstención”.

Este sistema para tratar de alterar el resultado electoral comprando voto por correo no es viable en circunscripciones grandes, pero sí en pequeños municipios o en aquellos en los que la participación es baja, porque con unos miles de votos se puede cambiar el sentido de una elección. A veces bastan unos pocos centenares de sufragios. Pero cuanto más grande es una circunscripción, más electores hay que convencer para consumar el fraude y, por tanto, mayor es el riesgo de que la trampa salga a la luz. Y más caro resulta consumar el fraude.

En total, en toda España, en estas elecciones se han solicitado 1.077.082 votos por correo (3.027 desde el extranjero). Las mayores cifras corresponden a Madrid (186.087), Sevilla (55.254), Barcelona (59.095) y València (48.650). La Oficina del Censo Electoral no ha facilitado todavía datos acerca de los votos solicitados a través de los consulados.

No es esta la primera vez que se ven ensombrecidos determinados aspectos del sistema de votación. Cuando estaba en vigor el sistema de voto rogado, antes de que fuese eliminado y de la reciente reforma que lo ha recuperado, en Galicia era bien conocido cómo llegaban a las urnas votos de personas fallecidas que seguían inscritas en el censo de residentes ausentes. Y contaban como papeletas válidas. También es relativamente frecuente la práctica de ofrecer autobuses a electores de zonas rurales, en su mayor parte de avanzada edad, a los que se les entrega una sola papeleta para que la depositen en las urnas.

La solución al fraude detectado en Melilla y Mojácar es tan sencilla como imposible de implementar a estas alturas del proceso electoral: reformar el sistema para que también se exija el DNI en el momento de entregar el voto en las oficinas de Correos. 

Dificultar la compra

¿Impedirá eso, si llega a incluirse como norma, que alguien venda su derecho a elegir al mejor postor? No, pero hará más difícil la compra, y por tanto el delito, porque el promotor del fraude tendrá más complicado asegurarse de que la papeleta que llega a Correos es la que a él le interesa. Y si no puede comprar suficientes papeletas, el fraude pierde su principal incentivo, que es modificar el resultado de la elección.

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Hasta este miércoles, Correos había validado 2.572 votos por correo en Melilla para las elecciones del 28M, lo que representa el 22% de las 11.707 solicitudes tramitadas. En cuanto se tuvo noticia del fraude, las autoridades ordenaron la obligación de presentar el DNI para entregar el voto en las oficinas de Correos, pero quedaba por saber qué pasaba con los que ya se habían tramitado. Finalmente, la Junta Electoral Central (JEC) acordó aceptar alrededor de 700 votos por correo que se emitieron antes de la obligación de identificarse con el DNI para poder votar porque no se puede saber cuáles fueron objeto de compraventa y cuáles no.

La trama desarticulada por la Guardia Civil en Mojácar (Almería) con siete detenidos, dos de ellos candidatos del PSOE, trataba de captar votos por correo entre ciudadanos de origen latinoamericano, según fuentes de la investigación. Entre los siete detenidos y tres investigados en esta operación hay seis personas de nacionalidad española, entre ellos el número dos y cinco de la lista del PSOE, que han sido inmediatamente expulsados del partido. También hay ciudadanos nacidos en Paraguay, Colombia y Ecuador.

En Melilla se han practicado hasta el momento diez detenciones por delito electoral y pertenencia a organización criminal y el presidente de la ciudad autónoma, Eduardo de Castro, ha cesado a su consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, Mohamed Ahmed Al-Lal, del CPM, uno de los arrestados por su presunta implicación en la trama.