"No sé si mi madre murió sola": arranca la comisión que investiga las muertes en residencias de Madrid

Los encargados de seguir los protocolos en las residencias de mayores durante el principio de la pandemia se dedicaban a "jugar con los familiares de manera antinatural y antihumana". Así de contundente ha declarado esta mañana una de los familiares de las 7.291 víctimas en residencias de la Comunidad de Madrid en la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid. María Jesús Valero ha relatado cronológicamente los días infernales que sufrieron su familia y ella cuando Alfonso Valero, su padre, falleció por un "fallo cardiorrespiratorio, posible covid". Alfonso fue uno de los 42 residentes que murió en la Residencia de mayores de Usera después de que le administraran cuidados paliativos en el centro. A sus familiares no les dejaron verlo durante 18 angustiosos días.

Emocionada, María Jesús ha denunciado que se sintieron como unos "apestados" cuando les prohibieron la entrada a las instalaciones "sin posibilidad de despedirse de sus familiares". Enviaron numerosas solicitudes a los directivos del centro para recibir información de lo que estaba pasando y también para pedir un aumento del personal y test PCR para los enfermos. Pero las respuestas fueron "nulas". Hasta el 16 de marzo cuando, desde la residencia, les aseguraron que no había ningún contagio y que las auxiliares de enfermería no se ponían las mascarillas porque "asustaban a los residentes". Una afirmación que se ha repetido entre los testimonios que se han oído en la comisión.

Fue el 20 de marzo cuando recibieron la noticia de la primera muerte de un residente y una de las trabajadoras, dos días después tuvieron que ser los propios familiares los que, según ha detallado con la voz entrecortada María Jesús, contactaron con la UME para que fueran a desinfectar las instalaciones. Ese mismo día le comunicaron a través de una videollamada que su padre estaba muy grave, que estaba "agónico". Durante la llamada solo podía pensar en la frase que repetía su padre: "No me quiero morir por la noche sin ver a mis hijas por la mañana". Tampoco podía entender "por qué no le derivaban al hospital siendo una persona enferma". El 26 de marzo Alfonso Valero falleció y, según ha declarado su hija, "la omisión de auxilio fue una de las causas de su fallecimiento".

Para finalizar ha querido agradecer tanto a las trabajadoras del centro porque eran sus "ojos y oídos", como a la posibilidad de declarar ante el Tribunal Constitucional, algo que consiguió tras interponer una querella y un recurso cuando se archivó el caso. Además ha reprochado que durante esos primeros meses de pandemia apenas recibieron información sobre sus familiares y que cuando la recibieron se la trasladaron de manera cruel.

"Desinformación y mentiras"

Rosana Castillo e Isabel Hernández también han relatado las condiciones deplorables en las que se encontraban sus madres en la Residencia Monthermoso, un centro privado con plazas concertadas por la Comunidad de Madrid. Ambas han destacado la falta de información y las mentiras que se vertieron por parte de la directora del centro. Para empezar, Isabel Hernández ha relatado cómo le comunicaron la muerte de su madre, Isabel. Era una mujer de 85 años, totalmente dependiente y con un deterioro cognitivo vascular severo que murió el 20 de marzo de 2020. Tres días antes le ofrecieron llevar a su madre a casa, o dejarla allí. Pero, ha contado Isabel, su vivienda "no estaba preparada para la silla de ruedas" y no podía dejarla con su padre. Fue entonces cuando los contagios empezaron a aumentar y consideró oportuno pedir el traslado a otro centro. En ese momento, se interrumpió la comunicación con el centro, "todas las noticias las conocía por los medios de comunicación", ha afirmado.

El 20 de marzo le informaron de que su madre tenía muchas dificultades para respirar. Querían trasladarla al hospital pero el protocolo (conocido como el Protocolo de la Vergüenza) se lo impedía. "10 minutos después nos dijeron que había fallecido", ha expuesto. Muy emocionada ha contado que pasaron el duelo "sin poder hacer nada" ya que no podían ir ni al tanatorio ni al cementerio. El 10 de junio recibieron una notificación de la Comunidad de Madrid en la que les trasladaban sus condolencias, aunque se justificaban diciendo que "cumplían los protocolos". Su causa, como la de otros muchos afectados, fue sobreseída al estar inmersos en una pandemia.

Rosana Castillo ha leído el informe que la doctora Zamora, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, envió a sus superiores el 16 de marzo bajo el título "Informe tras la visita a la residencia con 16 fallecidos en 72 horas". Cifras que la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, negó. Aunque días después, y tras salir en los medios de comunicación, terminó admitiendo. La madre de Rosana falleció el 22 de marzo y, ha admitido con lágrimas en los ojos que su mayor incertidumbre ha sido "si estaba sola o si estaba acompañada".

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En esta comisión también han tenido la oportunidad de alzar su voz trabajadoras de varias residencias de la Comunidad de Madrid. Entre ellas Nandi Gutiérrez, TCAE de la Gran Residencia de Carabanchel, y que fue suspendida de empleo y sueldo. Además, fue trasladada a otro centro por denunciar ante los medios la actuación en las residencias. "Fuera eran los Protocolos de la Vergüenza, pero por dentro eran una vergüenza de protocolos". Ha denunciado que les prohibieron ponerse la mascarilla "porque no querían alarmar a los residentes", que solo podían cambiarse la mascarilla FFP2 a la semana y que los guantes no estaban homologados. Recuerda "muy poca desinfección y muy poca limpieza", además de una gran sobrecarga de trabajo por las bajas del personal. Además, nadie quería ir a trabajar allí por las malas condiciones que tenían. Por denunciar todo esto fue expedientada.

Tras el juicio tuvo que ser readmitida y el centro tuvo que devolverle el sueldo que le correspondía por los meses de suspensión. Hoy ha agradecido el apoyo que ha recibido por parte de una de sus compañeras, Elvira García, que también ha estado testificando esta mañana, así como a las dos asociaciones que han constituido la comisión: Mares de Residencias y Verdad y Justicia.

Elvira, compañera de trabajo de Nandi, también ha denunciado la "falta de información y de formación" por parte de la Comunidad de Madrid y la residencia. Y ha relatado cómo hasta el 6 de abril de 2020 no llegó el ejército para hacer pruebas a los residentes y a las trabajadoras. Ese mismo día, ha contado, descubrieron cómo ponerse y quitarse un EPI (equipo de protección individual) gracias a un vídeo casero que les mandó un miembro de la UME. "Según la dirección y los médicos no era necesario tomar medidas en los módulos que no eran de aislamiento", ha confesado. Nunca olvidará, ha relatado muy apenada, el "terror en la mirada" de los residentes.