Anna protegió a su hija de los soldados rusos y ahora es acusada por Ucrania de colaborar con el enemigo
Los primeros soldados rusos llegaron poco después de la caída de Bucha, dando caza a las últimas tropas ucranianas que quedaban. Aquí vive Anna, una viuda, con su madre y su hija adolescente.
"Aquí no hay hombres", les dijo a los soldados en ruso. Prohibió a su madre que hablara con ellos. Temía que su acento, marcado por su dialecto del oeste de Ucrania, llamara la atención de los soldados, que podrían confundirla con una banderivka (admiradores de Stepan Bandera, controvertido nacionalista histórico ucraniano, ndt). Así es como los rusos se refieren peyorativamente a sus enemigos o supuestos enemigos nacionalistas ucranianos.
Anna les mostró el certificado de defunción de su padre, que atestigua su lugar de nacimiento en el Lejano Oriente ruso. "Eso es lo que nos salvó", explicó. Se mostró muy acogedora. Tenía en mente el consejo de uno de sus vecinos. "Será peor si no les dejas entrar", le dijo la anciana.
Al principio, el hecho de que fueran tres mujeres solas no parecía ser un problema, pues algunas vecinas escondían a miembros varones de sus familias en los sótanos, una situación que ella consideraba mucho más peligrosa. En los primeros días de la ocupación, Anna y su hija, Maria, se aventuraron por la ciudad para recibir ayuda humanitaria en el hospital y recoger helados derretidos de las tiendas abandonadas. En las calles, se encontraban cadáveres de hombres mutilados.
La actitud amistosa de Anna pareció apaciguar al primer grupo de "orcos", como muchos ucranianos llaman a los rusos. Tras registrar su casa, les dieron a Anna y a su hija vendas blancas para que se las ataran a los brazos, señal de que habían sido "filtradas" y no suponían ninguna amenaza para los ocupantes.
Fue al aparecer el segundo grupo de soldados de repente en su jardín, cuando Anna se dio cuenta de que las mujeres solas en la ciudad fantasma ocupada se enfrentarían a otro tipo de riesgo. El jefe, un hombre alto de unos veinte años, la golpeó en la sien con la culata de su pistola y le exigió una felación. También amenazó con violar a María, que entonces tenía 13 años.
Para protegerla, Anna se plegó a las amenazas, según cuenta. Eso desencadenó una serie de acontecimientos que culminaron en que su propio gobierno la investigara por colaborar con los ocupantes rusos, a pesar de que el mismo gobierno acabó reconociéndola como víctima de violencia sexual en tiempos de guerra.
The Intercept se reunió con Anna y Maria este verano en su casa de Bucha, la primera ciudad que se convirtió en símbolo de los horrores de la invasión del ejército ruso. Hablaron durante horas, apasionadamente, repitiendo historias que ya habían sido contadas a otros, pero, en mi opinión, rara vez a un oído atento (Anna y Maria son seudónimos, ya que es necesario protegerlas).
Más de un año y medio después del inicio de la agresión rusa, mientras las fuerzas ucranianas siguen intentando liberar los territorios ocupados, lo que vivieron revela las grietas de la sociedad ucraniana. Por un lado, el calvario de Anna es producto del persistente estigma que rodea a la violencia sexual. Por otro, refleja las profundas divisiones de la sociedad ucraniana, exacerbadas por el conflicto.
Cada vez que se liberan ciudades y pueblos, los supervivientes revelan nuevas atrocidades rusas y los ucranianos exigen justicia, lo que exacerba un espíritu vengativo hacia quienes son percibidos como colaboradores. Pocos días después de la invasión, el presidente Zelensky promulgó una ley dirigida contra ellos.
En Bucha, los vecinos se apresuraron a condenar lo que hizo Anna al comienzo de la guerra y a excomulgarla por traidora. Pero su relación con los soldados rusos es también un quebradero de cabeza para la policía y los jueces, empeñados en que ningún crimen del conflicto quede impune.
Se han abierto cientos de investigaciones contra soldados rusos, en Ucrania y en el extranjero, por atrocidades de guerra, incluida la violencia sexual. Al mismo tiempo, miles de hombres y mujeres ucranianos están siendo investigados por las autoridades locales por su presunta colaboración.
Anna, por su parte, es a la vez víctima y presunta colaboradora: tiene que enfrentarse a sus vecinos, así como a un sistema judicial que busca justicia pero incapaz de integrar esa condición contradictoria.
"Al principio, nadie creía que los rusos fueran capaces de cometer tales actos. La gente pensaba que los que vivían bajo la ocupación no eran exactamente colaboracionistas, sino que eran más bien amables con los rusos", explica Kateria Ilikchiieva, abogada de Anna, refiriéndose a las violaciones descritas por su clienta. "La gente no entiende lo que significa colaboración y define como tal cualquier contacto con el enemigo.”
Una ley aprobada el año pasado no ha hecho más que reforzar esta idea. Es cierto que no prohíbe específicamente las relaciones con los rusos, pero sí cualquier intercambio de información con enemigos del Estado que pueda acarrear "consecuencias graves". Eso permite todo tipo de especulaciones sobre la base de cualquier contacto con los rusos. "La gente piensa que incluso las relaciones sexuales con soldados rusos son una forma de colaboración", afirma Alena Lunova, promotora de Zmina, una ONG ucraniana de derechos humanos.
En el caso de Anna, las sospechas de las autoridades ucranianas condujeron a interrogatorios implacables. Durante meses, también dudaron de los abusos que ella les había contado que había sufrido. Seguramente no es la única que se enfrenta a esas sospechas. Las organizaciones de derechos humanos han advertido de que las víctimas de violencia sexual por parte de las tropas rusas no se atreven a hablar por miedo a ser tachadas de colaboracionistas y procesadas.
La historia de Anna es un relato edificante.
"Pachá Jirafa ”
Mucho antes de que Bucha fuera ocupada por las tropas rusas en febrero de 2022, la situación familiar de Anna –tres mujeres viviendo solas en una casa– era objeto de rumores. El barrio estaba lleno de rumores sobre sus supuestos excesos relacionados con el sexo y el alcohol. El hecho de que María hubiera dejado de ir a la escuela tras la pandemia no hizo sino reforzar estos rumores. Las dos mujeres vivían con la madre de Anna, de 74 años, en una casa desordenada con un gran patio cubierto de maleza, al margen de la ciudad y de la sociedad, ajenas a las habladurías.
Anna, con su pelo azul y sus extravagantes joyas, parece mucho mayor de sus 41 años. Al mismo tiempo, podría hacerse pasar por la hermana mayor de María, que se tiñe el pelo de rojo y lleva un maquillaje artístico.
Mientras la mayoría de los habitantes de Bucha huían ante el avance del ejército ruso, Anna y su familia decidieron quedarse. Su madre, a menudo postrada en cama, se negó a marcharse. Además, no tenían mucho dinero ni adónde ir. Siguieron el avance del ejército ruso por televisión hasta que se cortó la electricidad. Entonces el cielo se llenó de humo.
Cuando el primer grupo de soldados llamó a la puerta, María se dio cuenta de que la mayoría parecían apenas mayores que ella. Intentó ser amable, pensando que así estaría más segura.
El terror comenzó a mediados de marzo, cuando el líder del segundo grupo, apodado "Pachá Jirafa" por sus compañeros debido a su tamaño, le dijo que, tarde o temprano, un hombre haría lo que quisiera con María, así que ¿para qué esperar? Otro soldado le explicó que habían tardado tres meses en llegar a Ucrania, que andaban escasos de mujeres y que "necesitaban relajarse". “María es una niña", les suplicó su madre, que les dijo que sabía que eran buenas personas. Se ofreció a acostarse con ellos si no la tocaban. "Lo asumí todo", me dijo.
Después fueron llegando otros grupos de soldados a lo largo del día. Anunciaban su llegada disparando al aire y se reunían alrededor de una hoguera en el patio. Alardeaban de cuánta gente habían matado. A veces contaban chistes o pedían a Anna y María que cantaran con ellos. Otras veces, podían ser más amenazadores, como cuando Pachá Jirafa recargaba su arma mientras hablaba para recordarles quién era el jefe.
Algunos estaban convencidos de que Anna y su hija espiaban para el ejército ucraniano: en una ocasión, quemaron las muñecas LOL de Maria, porque estaban convencidos de que la luz láser de esos juguetes, populares en todo el mundo, indicaba la presencia de una grabadora. Los soldados eran imprevisibles y "retorcidos", explican madre e hija. Estaban borrachos todo el tiempo y la mayoría de ellos venían en busca de sexo.
Como temía que su madre descubriera lo que pasaba, Anna los llevaba, uno tras otro, al garaje del fondo del patio, haciendo cola "como si estuvieran esperando para ir al baño", dice. Recuerda que podía haber hasta diez hombres al día, quizá entre treinta y cincuenta en dos semanas.
Mientras tanto, los demás militares se quedaban en el patio con María. “Le rodeaban la cintura con los brazos, a veces le tocaban las piernas, pero nada más", dice. La joven afirma que nunca la agredieron, gracias a su madre pero también a su propia actitud: "Aprendí a tratar con ellos", dice. “Jugábamos tranquilamente, sin ser agresivos. Yo les seguía la corriente, diciendo que Zelensky era un gilipollas, que Putin era genial y que ellos eran libertadores".
Para Anna, la mayoría de esos soldados probablemente habrán muerto en el campo de batalla, pero dice que mataría a Pachá Jirafa con sus propias manos si pudiera. Llegó a conocerlos a todos por sus apodos: "Sargento", "Shamil", "Cachorro" y "Monarca". Al final de la ocupación, ese último se derrumbó y pidió disculpas a Anna. No sabía por qué habían venido a Bucha, le dijo, ni por qué se habían comportado así.
Meses más tarde, su familiaridad con los soldados resultó útil cuando Anna fue convocada para identificar a los autores de crímenes de guerra.
Regreso a Bucha
A lo largo del mes que duró la ocupación, los soldados rusos mataron al menos a 501 personas, según un monumento conmemorativo recién erigido, incompleto según las autoridades. Cuando la ciudad fue liberada a principios de abril de 2022, los habitantes regresaron. Descubrieron decenas de cadáveres en fosas comunes. En el barrio de Anna, había una pila de cuerpos semicalcinados y semienterrados. También había cadáveres en las calles, algunos con las manos atadas a la espalda y con signos de tortura.
No lejos de la casa de Anna, en las frondosas afueras de la ciudad, aparecieron asesinados tres hermanos, al menos uno de los cuales había sido policía. También había una mujer que enseñaba ucraniano. Sus vecinos creen que fue atacada, junto con su marido y su hijo, por negarse a hablar ruso a los ocupantes. Algunos de los que huyeron encontraron sus casas saqueadas y quemadas; otras quedaron intactas.
Los que no vivieron la ocupación no pueden entender lo que pasó y lo que se siente.
Ira, una de las vecinas de Anna, que me pidió que utilizara sólo su nombre de pila, es una de las personas que huyeron de su ciudad. Cuando regresó el 4 de abril, el primer día que se permitió a los residentes exiliados entrar en la ciudad, caminaba por su patio, con su gato en brazos, mientras los cadáveres ejecutados de su marido y otros dos familiares varones yacían esparcidos por el suelo. Recuerda haber visto a Anna y Maria ese día.
Al igual que otros residentes, oyó que habían saqueado casas abandonadas. Por redes sociales habían circulado fotos y vídeos borrosos, algunos tomados o filmados a través de las vallas de las casas vecinas. En una se ve a Anna empujando una carretilla con un piano. En otra, está de pie junto a un residente que también fue acusado de saqueo por los vecinos y que tras la invasión se suicidó, según Ira, abrumado por la vergüenza. Otra foto muestra a Anna sonriendo.
Es esta sonrisa lo que a Ira le resulta más insoportable. El día que regresó a Bucha, fotografió a Maria y Anna: la hija muestra una amplia sonrisa, mientras que la de su madre es más discreta. Ira explica que la saludaron por la calle con el signo de la victoria. "Estábamos muy contentas de ver gente viva", se defiende María.
Pero para Ira y los demás, el hecho de que hayan sobrevivido, que parezcan tan felices y que su casa esté prácticamente intacta, abona la teoría de la traición. “Sonreían mientras se veían cadáveres en mi patio", dice. “¿Actúan así las víctimas?”
Los rumores se hicieron más fuertes a medida que los residentes iban regresando. En las redes sociales llamaban "puta" a Anna; otros preguntaban por su dirección y amenazaban con matarla. Los vecinos la acusaron de dirigir los saqueos, una transgresión que equipararon a las acciones de los soldados rusos. La denunciaron a la policía ucraniana.
Pero las acusaciones van más allá del saqueo. Algunos trabajadores municipales, que permanecieron durante la ocupación y fueron apaleados por los soldados, acusan a Anna de acompañar a los rusos en un vehículo blindado y conducirlos hasta ellos. No lejos de la casa de Anna fueron encontrados los cadáveres de dos ancianos residentes, y los vecinos rumorean que los rusos fueron a por ellos después de que le gritaran a ella cuando estaba saqueando. Algunos vecinos se preguntan cómo pudieron los soldados identificar a los policías, ex soldados y líderes comunitarios que ejecutaron. “Alguien se lo dijo", dice Ira.” Quizá fue Anna.”
Mientras hablaba con Ira, una anciana se detuvo. Para ella, el brazalete blanco que los soldados rusos le habían dado a Anna era la prueba de que "estaba de su lado". Otra vecina, que sólo dio su nombre de pila, Svetlana, comentó con desprecio que Anna había empezado a llevar pendientes con la bandera ucraniana tras la liberación de la ciudad. "Una vez acabada la ocupación, intentó dar una imagen distinta de sí misma", dice Svetlana. Cuando los vecinos la insultaban, Anna respondía que los rusos volverían. Svetlana señala que su padre era ruso: "Está en su ADN.”
También hubo relaciones sexuales con soldados rusos. Los vecinos la acusaban de disfrutar con ellos, difundiendo rumores de que bebía y bailaba con ellos e incluso disparaba sus armas.
Anna no niega que cogió un piano, que encontró en la calle y se llevó a casa con la ayuda de los vecinos después de que los rusos se marcharan. Explica que hizo lo mismo que todos los que se quedaron, pensando que los que habían huido no volverían. Pero asegura que nunca dio a los soldados ninguna información sobre sus vecinos, y que nunca disparó sus armas. Se ríe cuando le contamos que la habían visto en un vehículo militar. Y señala que ya había dicho a sus vecinos que la habían obligado a acostarse con los soldados para proteger a su hija.
Pero Ira no la cree. Afirma que otras mujeres violadas en Bucha fueron ejecutadas por los rusos, mientras que otra que salió de un sótano tras la invasión estaba medio muerta y era incapaz de hablar de la violencia que había sufrido. "Eso muestra cómo se vive la violencia: no con una sonrisa", continúa Ira. Para ella, Anna "o es muy buena actriz o tiene un problema mental, pero eso no es violencia sexual".
"Nuestros orcos”
Mientras el vecindario cotilleaba sobre Anna, las autoridades ucranianas iniciaron una investigación sobre ella. Durante semanas acudió a su casa un flujo incesante de investigadores policiales y militares. En sus visitas, ella aprovechaba cualquier oportunidad para contarles las agresiones sexuales de los soldados rusos. En repetidas ocasiones les pidió que la sometieran al detector de mentiras para demostrar su buena fe. Nadie la creyó, explica, porque no la consideran una mujer guapa y lleva ropa sucia.
"Si sobreviviste a la ocupación, entonces eres una colaboradora", dice, y añade: "Los que no vivieron la ocupación no pueden entender lo que pasó y cómo fue".
Los militares fueron los primeros en entrar, en busca de armas rusas. Después, la mayoría de los que vinieron no nos explicaron por qué estaban allí. Y Anna no sabía realmente para quién trabajaban. Las fotos tomadas con el teléfono por María muestran que algunos de ellos pertenecían al Departamento de Investigación Estratégica, una unidad especial de la policía nacional ucraniana.
También había alguien de la fiscalía local, Roman Pshyk. Anna no sabe cómo se enteró de su calvario, pero parecía ser el único interesado en las violaciones que había sufrido. La llevó a una revisión ginecológica, donde le chocó ver a tantas mujeres mayores. En la sala de espera, se dijo a sí misma que había tenido suerte de poder proteger no sólo a María, sino también a su madre.
Roman Pshyk, que más tarde dejaría la fiscalía, declaró a The Intercept que el caso de Anna era uno más de los cerca de cien casos de crímenes rusos abiertos tras la liberación de Bucha. “Cualquier denuncia de violencia sexual conlleva la apertura de una investigación penal", explicó. “Pero no podemos basarnos únicamente en la declaración de la víctima; necesitamos pruebas".
Pshyk añade que su oficina aún no tenía conocimiento de los rumores sobre Anna y que se está concentrando únicamente en su testimonio. Según él, el caso de Anna también se transmitió a la policía y al servicio de inteligencia ucraniano, el SBU, aunque tardaron unos meses en ponerse en contacto con ella.
Cuando la policía local acudió a su casa, encontró botes de pintura en el garaje, que según ellos utilizaban los rusos para distinguir las casas de los aliados. También registraron su casa y la policía exigió facturas de sus pertenencias para demostrar que no procedían de saqueos. Svetlana, la vecina, me contó que la policía había difundido por el barrio fotos de objetos sustraídos de la casa de Anna para comprobar si habían sido robados. La policía no quiso responder a las preguntas de The Intercept.
Algunos policías fueron brutales. En junio de 2022, exigieron todos los teléfonos sin dar ninguna explicación. María les gritó, intentó grabarles. Le arrebataron el teléfono, la empujaron y la esposaron. Vitaliy Pelegatiy, el investigador jefe del Departamento de Investigaciones Estratégicas a cargo ese día, declaró a The Intercept que los agentes buscaban objetos robados y habían confiscado los teléfonos como parte de la investigación. "Se comportaron como orcos", espetó Anna. “Nuestras orcos".
Como hablar de violencia sexual da vergüenza, nuestra sociedad acusa a estas personas como si fueran responsables y no víctimas".
La violencia sexual está muy infravalorada en casi todas partes, pero en las zonas de conflicto las víctimas pueden sufrir una estigmatización especialmente acentuada. El año pasado, cuando el ejército ucraniano liberó las tierras ocupadas, surgieron informes sobre un patrón generalizado de violencia sexual por parte de las tropas rusas.
Es posible que nunca se conozca el número real de víctimas, sobre todo en las grandes zonas del país que siguen ocupadas. Incluso en las zonas liberadas, los defensores advierten que es casi imposible medir la verdadera magnitud de toda esa violencia, debido al miedo y los tabúes que persisten. La mayoría de las veces, dicen, los prejuicios y fallos de los organismos de investigación no hacen sino agravar el problema.
"Como hablar de violencia sexual da vergüenza, nuestra sociedad acusa a estas personas como si fueran responsables y no víctimas", afirma Gyunduz Mamedov, adjunto al ex Fiscal General de Ucrania y uno de los pocos que critican abiertamente la ley de colaboración. El trato sospechoso al que se somete regularmente a las víctimas de violencia sexual equivale a una "doble victimización", afirma.
En septiembre de 2022, siete meses después del estallido de la guerra, el Fiscal General de Ucrania abrió una oficina dentro de la División de Crímenes de Guerra para investigar y perseguir la violencia sexual relacionada con el conflicto. Fue un reconocimiento formal de esos abusos sistemáticos, así como de la realidad de que, hasta ahora, toda una panoplia de organismos ucranianos no había proporcionado el apoyo adecuado a las supervivientes.
Fue en esa época cuando empezaron a mejorar las relaciones de Anna con las autoridades. "A partir de entonces, empezaron a tratar los casos de violencia sexual con más sensibilidad, e incluso simplemente a tratarlos", dice Ilikchiieva, su abogada, una voluntaria que entró en contacto con Anna este año a través de una asociación de apoyo legal.
A finales del verano de 2022, se presentaron en casa de Anna dos agentes del SBU y le entregaron un documento que certificaba su condición de víctima. En los meses siguientes, le hicieron más preguntas sobre sus interacciones con los soldados y en noviembre finalmente le permitieron someterse al detector de mentiras, como llevaba meses solicitando.
Me habla de un interrogatorio de dos horas con los agentes del SBU, durante el cual le hicieron una amplia gama de preguntas: ¿la habían violado? ¿cuántas personas? ¿y los saqueos? ¿había trabajado con los servicios de seguridad rusos, había matado a alguien? Era tanto una investigación sobre los crímenes de guerra rusos como sobre la propia Anna. Los agentes le advirtieron de que iría a la cárcel si mentía, y ella respondió a todas sus preguntas. Cuando terminó la entrevista, se la llevaron a casa. Unos días más tarde, un oficial la llamó para decirle que había superado la prueba.
Aparte de todas las preguntas sugerentes que le hicieron los agentes ucranianos durante la entrevista, nunca admitieron directamente que sospecharan de su colaboracionismo. El SBU no respondió a las preguntas de The Intercept. La abogada de Anna nunca ha sido notificada de la existencia de una investigación oficial, dice, a pesar de que las interacciones de Anna con las autoridades ucranianas hacen pensar que sí. A pesar de la ausencia de procedimientos oficiales contra Anna hasta la fecha, sus vecinos de Bucha no tienen dudas sobre su culpabilidad.
Violencia sexual mal entendida
Irya Didenko, la fiscal encargada de la violencia sexual relacionada con el conflicto en la Fiscalía General de Ucrania, admitió en una entrevista que se cometieron "grandes errores" en los primeros meses tras la invasión y que las autoridades no estaban preparadas para tratar a las víctimas. Señala que los investigadores a menudo no mantenían la confidencialidad de la información, y a veces la compartían ampliamente en la comunidad. Cuando llegó, se hizo cargo de varios casos de violencia sexual, transfiriéndolos a otros organismos, y revisó por completo cómo se hacían los interrogatorios de investigación.
Hoy es obligatoria la presencia de una mujer en cada equipo, y se ha instruido a los investigadores para que hablen con los testigos y las víctimas con más empatía. Didenko puso en marcha los programas piloto en Jersón y Járkov, territorios liberados por el ejército ucraniano el año pasado, donde han recibido formación equipos de varios organismos impartida por expertos internacionales sobre buenas prácticas para hacer frente a la violencia sexual relacionada con el conflicto.
“Cambiar la cultura de las autoridades llevará tiempo", afirma Didenko, y añade que falta educación pública sobre la violencia sexual. Cita una encuesta de USAid publicada en mayo, en la que la mayoría de los participantes señalaron que las víctimas de violencia sexual "se enfrentan constantemente a actitudes sesgadas de la sociedad ucraniana", lo que las disuaden de buscar ayuda. “La gente a veces dice que una víctima de violación puede haber consentido", afirma. “Pero estamos viendo cambios; hay más apoyo a las víctimas".
Didenko no ha comentado directamente el caso de Anna, alegando confidencialidad, pero Anna cuenta que la visitó este año y se quedó impactada al saber cómo la habían tratado los investigadores. Una semana después, Anna recibió los teléfonos que llevaba casi nueve meses intentando que la policía le devolviera.
A finales del año pasado, la oficina de Didenko tenía más de 220 investigaciones abiertas sobre violencia sexual; la oficina acabó procesando a soldados rusos en 62 casos. Didenko admite que probablemente hay muchas más historias de las que la oficina no tiene conocimiento, debido al estigma y al miedo al regreso de las fuerzas rusas que existe en algunas zonas liberadas.
Este verano, el Fiscal General Andriy Kostin presentó un nuevo plan para reforzar la protección de las víctimas de violencia sexual durante la guerra. Las tropas rusas utilizan a menudo este tipo de violencia, escribe, "como una forma de tortura, una manera de humillar y acabar con la resistencia".
Una "mala ley”
Las primeras peticiones de una ley para castigar a los colaboradores surgieron en 2014, a raíz de la guerra del Donbass, durante la cual separatistas ucranianos, apoyados por soldados rusos, se apoderaron de gran parte del este del país. Tras la invasión de 2022, Rusia se anexionó unilateralmente estos territorios.
En 2017, Vitaliy Ovcharenko, un ex bloguero convertido en soldado en la región de Donetsk, en el Donbass, ayudó a redactar un proyecto de ley que habría impuesto sanciones a funcionarios y alcaldes que apoyaran a los separatistas, incluida la prohibición de ocupar cargos públicos.
En las ciudades que seguían bajo control ucraniano, me explicó, los residentes que habían ayudado a las fuerzas pro-rusas –lo que había provocado agresiones y asesinatos de vecinos– seguían viviendo tranquilamente. No era raro que quienes habían sido torturados se encontraran cara a cara con sus torturadores mientras hacían la compra.
"Había una crisis de justicia en las ciudades ucranianas y a nadie le importaba, nadie asumía responsabilidades y nadie sabía cómo llevar a esos colaboradores ante la justicia", dice Ovcharenko.
Su propuesta se quedó por el camino tras ser presentada al Parlamento en 2018. Ovcharenko y otros activistas creen que la clase política no tenía ninguna gana de abordar los hechos de colaboración. Algunos activistas de derechos humanos en Kiev, dice, incluso le acusaron de ser un veterano de guerra vengativo. Denigraron su proyecto de ley, calificándolo de violento y justificando la justicia por mano propia.
"Dijeron que no había necesidad de tal confrontación. Les dije que si salían de Kiev y se acercaban a la zona, se darían cuenta de que la confrontación ya existía. Cuando la sociedad siente que no hay regulación por parte del gobierno, es cuando se toma cada uno la justicia por su mano y se termina con neumáticos quemados, ventanas rotas, cócteles molotov y violencia".
Aunque varios partidos políticos, entre ellos el de Zelensky, presentaron finalmente proyectos de ley, ninguno fue sometido a votación, en parte porque los parlamentarios temían que exacerbaran las divisiones sociales existentes, y en parte porque no estaba claro si debía aplicarse una ley de colaboración que pudiera invadir leyes ya existentes, como la que trata la traición.
Una vez comenzada la invasión, el texto presentado por el Presidente se aprobó tan precipitadamente que los asesores jurídicos que lo evaluaron señalaron que la votación se había producido en un breve espacio de tiempo y "en circunstancias extraordinarias". El resultado, según muchos críticos, es una "mala ley". Abarca demasiados tipos de comportamientos, con el riesgo de tener que aplicarse a decenas de miles de personas en determinadas partes del país.
La ley prohíbe toda participación en actividades políticas, judiciales o de mantenimiento del orden durante el periodo de ocupación, y castiga también cualquier acción que provoque "la muerte de una persona u otra consecuencia grave". También prohíbe la propaganda rusa en los centros educativos y "la negación pública por parte de un ciudadano ucraniano de una agresión armada contra Ucrania". Están previstas sanciones que van desde la prohibición de ocupar cargos públicos hasta la confiscación de bienes y penas de prisión de hasta quince años.
Hasta la fecha, la justicia ha abierto más de 6.000 causas por presunta colaboración.
Sus partidarios la han defendido alegando que tiene un efecto disuasorio, pero el texto deja poco margen para las complejas situaciones de los tiempos de guerra, cuando la gente simplemente intenta sobrevivir. Se aplica a los ucranianos que faciliten información a las fuerzas rusas para atacar objetivos militares o civiles, como el caso del hombre procesado por su responsabilidad en un ataque con misiles rusos contra una cafetería abarrotada de gente en Kramatorsk este verano, en el que murieron 13 personas.
Pero también se ha utilizado para castigar a funcionarios locales o enseñantes que han permanecido en sus puestos con las nuevas autoridades prorrusas, o incluso a ciudadanos que han vendido alimentos o mercancías a los rusos, o que han declarado, en persona o en las redes sociales, opiniones consideradas como expresiones de apoyo a la invasión.
Hasta la fecha, la justicia ha abierto más de 6.000 causas por presunta colaboración, según las autoridades ucranianas. Muchas personas ya han sido condenadas, aunque algunas lo han sido en ausencia.
Organizaciones y funcionarios han pedido al gobierno que modifique la ley y la aplique con moderación. Irina Veremchuk, ministra responsable de la reintegración de los territorios ocupados, ha advertido contra la estigmatización de quienes se quedaron y de la tentación de etiquetarlos de colaboracionistas. "Muchos temen por su futuro porque no saben si entrarán en esa categoría", declaró el año pasado. Tamila Tasheva, representante del gobierno para la Crimea ocupada, también ha defendido un enfoque diferente para quienes llevan años viviendo bajo la ocupación. Pero hasta ahora, los parlamentarios se han negado a ceder, por miedo a ser acusados de debilidad ante los "traidores".
"El gobierno es consciente de lo que está ocurriendo. No es ningún secreto para quienes trabajan en el tema, pero el problema es que hay que explicar a la sociedad por qué es necesario cambiar la ley", explica Alena Lunova, promotora de Zmina, una ONG ucraniana de derechos humanos. “La sociedad puede dividirse en la cuestión de la colaboración”.
Por supuesto, en una situación de ocupación, es difícil trazar una línea divisoria entre lo que se hace bajo coacción y lo que no.
El fenómeno no sólo se aplica a Ucrania. "Toda guerra tiene sus colaboradores, y una respuesta a menudo brutal contra ellos", señala el especialista Shane Darcy, Director Adjunto del Centro Irlandés de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Galway (Irlanda), que ha estudiado el tema a escala mundial. Sin embargo, existen pocos modelos para abordar el problema. Incluso es un "punto ciego" del Derecho Internacional Humanitario, que debe aplicarse en tiempos de conflicto armado, añade.
Esas leyes establecen que, bajo ocupación, la vida debe continuar a pesar de todo y obligan a que las autoridades de ocupación sigan prestando servicios administrativos, permitiéndoles contratar a ex funcionarios para ello, sin recurrir a la coacción. "Por supuesto, en una situación de ocupación es difícil trazar una línea divisoria entre lo que se hace bajo coacción y lo que no", afirma Darcy. Al mismo tiempo, el derecho internacional permite a los Estados castigar los actos de colaboración, pero con humanidad. “Ucrania, para su honra, parece hacerlo sometiendo a todos a un proceso judicial", añade. “No cuelgan a los colaboracionistas de las farolas".
El sistema judicial ucraniano tiene que ocuparse de unos 80.000 presuntos crímenes cometidos por las fuerzas rusas. Los críticos de la ley de colaboración sostienen que, en el mejor de los casos, es poco práctica, ya que sólo añade más presión a un sistema ya sobrecargado. “Entendemos la situación, pero hay que centrarse en aquellos que realmente han puesto en peligro la seguridad nacional, aquellos cuyos actos hayan tenido graves consecuencias", afirma Lunova, de Zmina. No deberíais procesar a quienes ponen un like en Facebook".
Nadia Volkova, abogada de derechos humanos y directora de una ONG jurídica ucraniana, Ukraine Legal Advisory Group (Ulag), ha participado en el desarrollo de un proyecto de justicia transicional tras el conflicto de 2014. Sostiene que la persecución masiva pequeños colaboradores puede causar más daño que beneficio a largo plazo. La agresión de 2022 ya ha reforzado las divisiones existentes.
“Están manipulando esas diferencias que siempre han existido en Ucrania, porque en cierto sentido nunca ha sido una nación unida", afirma. “Están enfrentando a la gente entre sí. Podría pensarse que quieren mostrar a todo el mundo lo que les ocurrirá a quienes no apoyen a Ucrania. Pero si quieren unir a la nación, ése no es el camino".
Vecindad y traición
A medida que las fuerzas ucranianas recuperan los territorios conquistados por los rusos, aparecen por doquier las acusaciones de colaboración. Resurgen viejas disputas. Las víctimas se revuelven contra otras víctimas.
“A veces se trata de casos reales, con expedientes y pruebas reales", explicó Leonid Merzlyi, juez decano del tribunal de Irpin, cuya jurisdicción abarca Bucha, cuando visité su sala de audiencias. “Pero también hay disputas entre vecinos.”
Aunque por lo general son las autoridades nacionales y los tribunales superiores los que se ocupan de los casos de colaboración, Merzlyi es muy consciente de los matices: "Si algunas personas no han huido de las zonas ocupadas, tenemos que entender por qué, y si los soldados rusos han estado en casa de alguien, también. Tenemos que analizar cada caso. Es importante para la sociedad ucraniana".
Mientras que algunos "eran claramente conocidos por su apoyo a los rusos antes de la agresión", otros pueden haber querido "proteger a sus hijos, y han actuado por ese sentimiento natural, es difícil juzgarlos".
Anatoli Fedoruk, alcalde de Bucha desde hace veinticuatro años, señala que hay menos acusaciones de colaboración que en otras zonas ocupadas, pero reconoce que las viejas enemistades se han exacerbado por la guerra. "A menudo, los que viven en la misma calle o son de la misma familia están dispuestos a matarse entre ellos. Somos una sociedad civilizada y no nos basamos en conjeturas: necesitamos pruebas –de colaboración o de violación–, no simples rumores".
Cuando nos vimos, Fedoruk explicó que no conocía el caso de Anna y que no podía hacer comentarios sobre las investigaciones en curso. Al día siguiente, un equipo de empleados municipales vino a inspeccionar el tejado de Anna, que había resultado dañado por un ataque. Llevaba meses pidiendo al ayuntamiento que viniera a repararlo (todavía no lo han hecho, según me contó hace poco).
El caso de los crímenes de guerra de Anna y Maria se encuentra actualmente en fase de instrucción, según la abogada Ilikchiieva. Como parte de las investigaciones de la fiscalía, han viajado a Kiev en los últimos meses para tratar de identificar a los soldados a partir de cientos de fotos que las autoridades han recopilado de las redes sociales.
Durante una de esas visitas, Pelegatiy, uno de los principales agentes de la policía de investigación –que visitó el domicilio de Anna en varias ocasiones y que era el agente al mando cuando la policía esposó a Maria– estaba de pie en la habitación, a un lado. Parecía escéptico.
Preguntado por The Intercept, Pelegatiy dijo que había oído las acusaciones de Anna de violencia sexual contra soldados rusos, pero que ella nunca había le había hablado a él directamente. "No la cree", dice Ilikchiieva.
Y no es el único. Según Ira, ella y otros vecinos han hablado con investigadores y creen que Anna es una mentirosa que se hace la víctima. "Todo el mundo lo sabe, pero no pueden hacer nada", dice. Para Anna, no importa si la juzgan por colaboración o saqueo, porque ahora la consideran una paria en Bucha.
El invierno pasado destrozaron su valla. En Nochevieja, cuando Anna y Maria no estaban en casa, dos jóvenes del barrio rompieron sus ventanas con bates de béisbol, robaron un televisor y golpearon a su madre.
Tras denunciar la agresión a la policía, uno de los dos jóvenes vino a reparar la valla y devolvió el televisor. Le dijo a Anna que no había tocado a su madre. En enero, esas dos mismas personas amenazaron a Anna con un cuchillo cuando volvía a casa. Volvió a avisar a la policía, pero, según explica, no hicieron nada.
Culpa a sus vecinos y a las autoridades ucranianas de haberla abandonado. Por no hablar del odio que siente hacia los soldados rusos que la violaron. “Lo peor", dice, "no fueron los orcos".
Caja negra
Esta investigación fue publicada originalmente por The Intercept el miércoles 27 de septiembre de 2023. Se ha traducido del inglés y se vuelve a publicar con el permiso de The Intercept, una organización de medios de investigación sin ánimo de lucro. Suscríbase al boletín de The Intercept.
Ucrania: agresiones sexuales como arma de guerra
Ver más
Traducción de Miguel López
