El presupuesto de Dominica no cuadra con lo que publica su BOE: faltan más de 10.000 compradores de visas oro

La isla caribeña de Dominica puede haber vendido miles de pasaportes a extranjeros más de lo que ha dado a conocer públicamente su gobierno, según revela el análisis de los presupuestos del Estado que ha llevado a cabo el consorcio OCCRP y sus socios, entre los que se encuentra infoLibre, como parte del proyecto Dominica: Pasaportes del Caribe.

La investigación ha revelado cómo decenas de personajes de currículo cuestionable, desde oligarcas hasta funcionarios de regímenes represores e individuos que después fueron acusados de delitos y huyeron de la justicia, han conseguido el pasaporte de Dominica en los últimos años. Por un precio mínimo de 100.000 dólares, los compradores obtienen acceso sin visado a 130 países, incluidos los de la Unión Europea.

El de Dominica es uno de los mayores programas que otorgan la ciudadanía a cambio de inversiones: permitió a la isla ingresar 1.200 millones de dólares sólo entre 2017 y 2020, según los datos del propio Gobierno de la isla. Una bendición para el pequeño país desde que se creara a principios de la década de los 90, porque constituye una parte significativa de los ingresos del Estado.

Pero cuando OCCRP comparó los nombres de los nuevos dominiqueses publicados en la gaceta oficial del país con los nombres destapados por diferentes filtraciones de documentos, así como con las cifras presupuestarias publicadas, encontraron serias discrepancias que no han sido explicadas por el Gobierno.

Esas diferencias demuestran que, en el mejor de los casos, el sistema de información de la isla puede estar ofreciendo una imagen incompleta de quién ha adquirido la nacionalidad dominiquesa. En el peor de los casos, los hallazgos ponen en entredicho la transparencia financiera del programa y sugieren que los isleños podrían no estar beneficiándose de sus ingresos en la medida en que deberían.

Los boletines oficiales de Dominica, que abarcan los años 2007 a 2022, incluyen los nombres de unos 7.700 nuevos ciudadanos. Pero la partida destinada a los procesos de naturalización tal y como figura en los presupuestos nacionales de Dominica entre mediados de 2016 y mediados de 2022 indica que el Gobierno recaudó tasas de naturalización equivalentes a más de 19.000 nuevos ciudadanos sólo en esos años.

Faltan nombres

Para los ejercicios fiscales que terminaron en 2017 y 2018, por ejemplo, la tasa de naturalización de Dominica, que era de 750 dólares antes de ser rebajada a 250 dólares en octubre de 2017, recaudó casi tres millones de dólares para la isla. Según cálculos conservadores, la cifra se traduciría en 4.000 naturalizaciones en esos dos años –aunque es probable que también incluya a algunas personas que se naturalizaron por métodos tradicionales como el matrimonio o la inmigración–.

Sin embargo, en las gacetas correspondientes a estos dos ejercicios presupuestarios sólo se incluyeron los nombres de 1.664 personas, a pesar de que el boletín debe servir como registro oficial de los compradores de pasaportes del país.

La oposición política de Dominica lleva tiempo denunciando que el Gobierno no facilita datos completos sobre el número de pasaportes expedidos ni sobre los ingresos exactos recaudados. Thomson Fontaine, líder del opositor Partido de los Trabajadores Unidos de Dominica y antiguo economista del FMI, explica a Heidi.news, socio de OCCRP, que el programa “se ha disparado en los últimos 10 años”, pero criticó su “absoluta falta de transparencia”.

Sarah Kunz, profesora de sociología de la Universidad de Essex que investiga los programas de ciudadanía en vigor en todo el mundo y que revisó las conclusiones de OCCRP, asegura que la venta de pasaportes se basa en el secretismo. “Los programas que otorgan la ciudadanía a cambio de realizar inversiones en el país suelen quedar fuera de las estructuras democráticas de gobierno, como los mecanismos presupuestarios”, advierte. “Como ocurre con cualquier recurso valioso, la ausencia de supervisión democrática y de transparencia sobre cuántas ciudadanías se venden y a quién permite el abuso por parte de gobiernos, intermediarios del sector privado y clientes”, critica Kunz.

El Gobierno de Dominica no ha respondido a las preguntas que OCCRP le ha enviado sobre el número de las ciudadanías que ha concedido, y no aclara si publicará los nombres de las personas que no aparecen en los boletines.

En cambio, durante una rueda de prensa en la que se refirió a este reportaje antes de su publicación, el primer ministro, Roosevelt Skerrit, arremetió, sin pruebas, contra lo que calificó de ataque financiado por la oposición y lanzado por periodistas internacionales empeñados en destruir el programa. El sistema de visas oro “sufraga una parte significativa del desarrollo económico y social [de Dominica] y el coste total del programa nacional de empleo, cerca de cinco millones de dólares cada mes”, dijo Skerrit en su defensa. “Se ha utilizado”, continuó, “para construir miles de viviendas, mejorar la atención sanitaria, ayudar a la seguridad nacional”.

Lagunas en la gaceta oficial

Gran parte de la documentación disponible en relación con los compradores de pasaportes se encuentra en los Archivos Nacionales de Dominica, en la capital, Roseau, una ciudad de unos 15.000 habitantes formada por una docena de manzanas con edificios de la época colonial de colores aguamarina, lima y rosa.

En los archivos, que fueron visitados por los periodistas de OCCRP, se pueden ver ejemplares de los boletines semanales del gobierno atados con cuerdas, revistas de pocas páginas en las que se nombra a miles de compradores de pasaportes.

El año pasado, el Government Accountability Project (Proyecto para la Rendición de Cuentas del Gobierno), un grupo estadounidense sin ánimo de lucro que denuncia irregularidades y defiende los derechos humanos, consiguió docenas de estos boletines de diversas fuentes, tanto de dentro como de fuera de Dominica. Además de bibliotecas y colecciones privadas, muchos se obtuvieron de la Universidad de las Indias Occidentales Mona en Kingston (Jamaica). Esos ejemplares fueron facilitados a OCCRP y a sus socios.

Los registros de los boletines oficiales pretenden ofrecer una visión global de los nuevos dominiqueses. “La CBIU [Unidad de Ciudadanía por Inversión] de Dominica [...] publica los nombres de sus ciudadanos económicos [los que obtienen la ciudadanía a cambio de dinero] en el boletín oficial trimestral y ofrece un presupuesto detallado de dónde se invierten los fondos de la CBI”, señala un informe de CS Global Partners, la empresa encargada de la promoción comercial del Gobierno dominicano.

Pero, además de las discrepancias entre las gacetas y las cifras publicadas sobre tasas de naturalización de Dominica, una revisión de diferentes filtraciones sobre los pasaportes de Dominica confirma que faltan algunos nombres. Estas filtraciones contienen más de 100 personas que obtuvieron la ciudadanía de Dominica, pero que no figuraban en las gacetas.

Por razones desconocidas, los boletines de Dominica dejaron de publicar los nombres de los nuevos ciudadanos en marzo de 2019. Desde entonces hasta diciembre de 2022 –la última gaceta que pudo ver OCCRP– los boletines no incluyeron el nombre de un solo nuevo titular de pasaporte. No está claro si se han publicado nuevas listas desde entonces.

Presupuestos confusos 

Las discrepancias descubiertas en las relativamente modestas tasas de naturalización recaudadas por el Gobierno sugieren que más personas pueden haber adquirido la ciudadanía de Dominica de lo que se reconoce de forma oficial.

Pero una partida presupuestaria diferente, mucho mayor, que suma la inversión mínima de 100.000 dólares pagada por cada nuevo ciudadano, va en dirección contraria: esas cifras de ingresos son considerablemente inferiores a lo previsto.

Por ejemplo, hay boletines que muestran que 382 personas adquirieron la ciudadanía en 2010 y 2011. A un precio de referencia de 100.000 dólares por inversor, el resultado sería unos 38 millones de dólares en ingresos. En realidad, la cifra real sería algo inferior, porque los familiares de los solicitantes principales disfrutan de un descuento al obtener la nacionalidad.

Pero los ingresos por ciudadanía que figuran en los presupuestos del país para ese periodo son muy inferiores a esa cifra. Para el periodo comprendido entre julio de 2009 y julio de 2012 –es decir, incluyendo seis meses adicionales a esos dos años–, ascienden a sólo 15,6 millones de dólares.

Hay otras razones para cuestionar estas cifras. En 2011 y 2012, el presupuesto nacional reportó exactamente la misma cantidad de ingresos del programa de pasaportes, poco más de seis millones de dólares.

Jessica Tillipman, decana de Estudios Jurídicos sobre Contratación Pública de la Universidad George Washington (EEUU), califica este hecho de coincidencia improbable. “Cada vez que te encuentras con una anomalía en una cuenta como esta, tienes que parar e investigar más a fondo”, apunta Tillipman, que considera como una “bandera roja” las cifras repetidas.

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Más recientemente, el Gobierno de Dominica también se ha contradicho públicamente sobre los ingresos de su programa de ciudadanía. En el Parlamento, el primer ministro Skerrit dijo que entre junio de 2018 y julio de 2019, Dominica vendió poco menos de 2.000 pasaportes y había recibido alrededor de 170 millones de dólares. Pero el presupuesto nacional registra sólo 80 millones de dólares de ingresos por pasaportes para el mismo periodo de tiempo. Los boletines, mientras tanto, muestran que casi 4.000 personas obtuvieron la ciudadanía entre agosto y diciembre de 2018, aproximadamente el doble de lo que Skerrit admitió en el Parlamento.

Kristin Surak, autora del nuevo libro The Golden Passport (El pasaporte dorado), afirma que varios gobiernos tienen problemas con la forma en que declaran los ingresos de sus programas de visas oro. Además de países más pequeños, como Dominica, los críticos deberían cuestionar otros países más grandes que también venden pasaportes o visados, como Estados Unidos o Turquía.

“En muchos países, los datos no se comunican con la claridad que deberían”, advierte: “Puede ser complicado obtener cifras básicas y a veces no siempre cuadran”. “Varía de un país a otro, y también varía con el tiempo”, precisa, citando las mejoras aprobadas en Malta, Granada y Santa Lucía. “En comparación con otros países, Vanuatu y Dominica se inclinan hacia el lado problemático del espectro”.