El acuerdo abre una legislatura de diálogo pese a la declarada "desconfianza mutua" entre las partes
9 de noviembre de 2023. Firmado por Santos Cerdán y Jordi Turull. El PSOE y Junts cerraron el documento por el que los posconvergentes darán sus votos a favor de Pedro Sánchez en la investidura y que conlleva concretamente la aprobación de una ley de amnistía y el nombramiento de un mediador internacional entre los dos partidos.
El texto, que consta de cuatro páginas y puede leerse pinchando aquí, indica en su arranque que supone “abrir una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya, incluso partiendo de posiciones divergentes, y desarrollar una dinámica para su resolución en términos diferentes a los de la última legislatura y procurar la gobernabilidad durante la XV legislatura”.
En el documento dejan claras sus discrepancias, pero llegan a algunos compromisos: “Por un lado, Junts considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. Por el otro, el PSOE niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral. Al mismo tiempo, constatan que se pueden alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones”.
1. Mediador internacional entre el PSOE y Junts
Para conseguir acuerdos y, “dadas las profundas discrepancias” y las “desconfianzas mutuas”, se dotan “de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue”. Carles Puigdemont, en su rueda de prensa, añadió que la primera reunión será en noviembre y debe ser fuera de España porque él participará.
En ese marco se buscará una metodología de negociación y los contenidos a abordar. En ese punto indican en cuanto al ámbito del reconocimiento nacional: “Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución. Por su parte, el PSOE defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya”.
Por lo tanto, el documento no incluye ningún tipo de referéndum acordado, sino la petición de Junts, que, además, hace una referencia a la propia Constitución. Esto supone volver a las reglas del juego de la Carta Magna. Y el PSOE no apoya ningún tipo de consulta soberanista y apuesta por el actual modelo autonómico a través de la profundización del Estatut, que fue recortado por una sentencia del Tribunal Constitucional en 2010.
También, sin llegar a ningún tipo de acuerdo concreto, plantean sus posturas respecto a temas de financiación en el texto: “Junts propondrá de entrada una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya”.
“Y, por su parte, el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya. En este ámbito, también se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años”, recoge el documento.
No hay ningún acuerdo concreto en materia de financiación, sino que se marcan los puntos de partida. De hecho, algunas de las referencias ya habían sido avanzadas por el propio PSOE, como su intención de reformar la ley de financiación autonómica y el nuevo mecanismo para condonar deuda a las comunidades (en el caso de Cataluña será de 15.000 millones de euros, en virtud del previo acuerdo con Esquerra). La referencia a promover que vuelvan las sedes sociales de empresas es algo que ya había dejado ver el PSC. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, lo destacó durante su campaña electoral para el 28M.
2. Ley de Amnistía para implicados en el 'procés' y sólo referencia al 'lawfare'
El PSOE y Junts acuerdan la aprobación de la ley de amnistía, cuyos límites hasta ahora habían sido el principal escollo para el acuerdo. El texto reconoce que se hace para “procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato”.
“Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos”, indica el documento. Según ha explicado el propio Santos Cerdán en Bruselas, el texto no lleva nombres concretos y afecta a los implicados en el procés desde 2012 y hasta 2023 (teniendo que resolver cada caso los juzgados que tienen que aplicar la futura norma). Asimismo, se da por descontado que el texto a aplicar será primero revisado por el Tribunal Constitucional, ya que el PP ha anunciado recurso.
Sobre el límite de esa ley, se indica en el documento firmado. “En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”. Por lo tanto, se deja en condicional la inclusión de estos casos que implican a personas cercanas a Carles Puigdemont como su abogado Gonzalo Boye.
3. Participación en la UE pero sin concreción
El texto incluye además “la ampliación de la participación directa de Catalunya en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales, particularmente en los asuntos que tienen especial incidencia en su territorio”. El documento no incluye concretamente en qué asuntos ni cómo ni cuándo. Actualmente el Gobierno está intentando, por ejemplo, que el catalán sea reconocido en las instituciones europeas como lengua oficial.
4. Votos de investidura
El acuerdo explicita que los diputados de Junts se comprometen a votar la investidura de Pedro Sánchez. Además, se indica como acuerdo “la estabilidad de la legislatura, sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones en los dos ámbitos permanentes señalados en el punto segundo”.
Según comentó Santos Cerdán en Bruselas, el PSOE entiende que se trata de un acuerdo de legislatura para los cuatro años. Pero el texto deja en condicional esa parte según vayan avanzando las conversaciones entre los dos partidos. El PSOE quería sacar en primera votación, con mayoría absoluta la investidura, y ahora ya sólo le falta cerrar el acuerdo con el PNV.
5- El relato de los antecedentes
No supone ningún acuerdo concreto, pero sí un avance político importante que los dos partidos hayan firmado un texto conjunto en el que se incluye al principio un apartado llamado “antecedentes”. Y ahí se indica: “Una parte importante de la sociedad catalana ha protagonizado en los últimos años una gran movilización en favor de la independencia. Este período no puede comprenderse sin la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, a raíz fundamentalmente de un recurso del PP contra el Estatut aprobado por el Parlament, por las Cortes Generales y en referéndum”.
“Con la aprobación de un nuevo Estatut, la sociedad catalana, que lo refrendó, buscaba tanto el reconocimiento de Catalunya como nación como la solución a las limitaciones del autogobierno y a los déficits acumulados. Reivindicaciones y demandas con un profundo recorrido histórico y que han adoptado diferentes formas desde que los Decretos de Nueva Planta abolieron las constituciones e instituciones seculares de Catalunya. Unas reivindicaciones donde las cuestiones lingüísticas, culturales e institucionales han tenido un papel destacado, especialmente en periodos en los que estas fueron objeto de una limitación legal severa e incluso de una prohibición o persecución activa”, se recoge.
Para añadir: “La complejidad histórica y política de estas cuestiones ha conllevado que una parte relevante de la sociedad catalana no se haya sentido identificada con el sistema político vigente en España. La sentencia del TC del año 2010 conllevó que hoy Catalunya sea la única comunidad autónoma con un estatuto que no ha sido votado íntegramente por su ciudadanía. Como reacción, se produjo una gran manifestación de protesta y, desde 2015, se han ido repitiendo mayorías absolutas parlamentarias independentistas en el Parlament en las sucesivas elecciones autonómicas, así como movilizaciones masivas de signo independentista”.
Acuerdo definitivo entre PSOE y Junts
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En ese sentido, hila: “En ese periodo se aprobaron diferentes propuestas por parte del Parlament y del Govern de Catalunya en materia fiscal, así como la solicitud de delegación de la competencia para la autorización de referendos o la organización de una consulta al amparo de una ley autonómica. Lamentablemente, los gobiernos de entonces no favorecieron la negociación política y ninguna de estas propuestas, hechas desde la lealtad y el marco legal vigente, fue considerada”.
“Tras estos hechos, las instituciones catalanas promovieron, primero, una consulta popular el 9 de noviembre de 2014 y, después, un referéndum de independencia el 1 de octubre de 2017 — ambos suspendidos y posteriormente anulados por el TC— con una participación masiva en favor de la independencia de Catalunya. El intento del Gobierno de impedir el referéndum dio lugar a unas imágenes que nos impactaron a todos dentro y fuera de nuestras fronteras”, ahonda el texto.
El PSOE y Juns continúan: “Todo ello llevó a la aprobación del artículo 155 de la CE, mediante la cual se decretó la disolución del Parlament, la destitución del Gobierno catalán y la convocatoria anticipada de elecciones, que volvieron a dar mayoría absoluta a los partidos independentistas. Y a raíz de lo acontecido se iniciaron múltiples causas judiciales, muchas de ellas aún sin resolver, que afectan a un gran número de personas. Dichas causas judiciales han tenido una incidencia política relevante, al igual que diversas resoluciones de organismos internacionales, como el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa”.
