Pablo Bustinduy: “La mejor manera de regenerar la democracia es hacer despegar la agenda social”

“Ya no hay excusas”. El mensaje del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, resuena con fuerza en una sala de su departamento frente al Museo del Prado. La agenda social del Gobierno debe desplegarse después del ciclo electoral. El mandato, sostiene, de los electores que hicieron resistir al Ejecutivo progresista el pasado 23 de julio fue el de profundizar en sus medidas. Es lo que espera el “pueblo de la coalición”, como llama a esos votantes.

Bustinduy (Madrid, 1983) se ha fijado un rumbo muy ambicioso: convencer al PSOE para aprobar una renta universal de 200 euros al mes por hijo hasta los 18 años. "Un nuevo derecho de ciudadanía", le gusta recalcar. La negociación será dura, pero confía en que se llegue a un entendimiento de cara a los próximos presupuestos generales. A pesar del desgaste que supuso para la izquierda el 9J, el ministro confía en retomar ese rumbo a través del “programa, programa, programa”. Es el momento de “asumir” los errores y reformular la propuesta pero siempre con el “qué” por delante.

Su gran batalla política ahora es la prestación universal por hijo, ¿está en disposición de asegurar que esta medida va a estar en los próximos presupuestos generales del Estado?

Tengo la certeza de que va a estar en la negociación de los presupuestos, es el compromiso que hemos anunciado públicamente. Es una propuesta de una prestación universal por hijo a cargo de 200 euros al mes hasta los 18 años. Vamos a llevarla a la mesa con toda la convicción partiendo de una premisa.

¿Cuál?

Hay cálculos que establecen que una prestación de este tipo reduciría la pobreza infantil en España en un 50% de manera inmediata. Y en el otro 50% se disminuiría la intensidad de esa pobreza en un 40%. Esto ya justifica la necesidad de esta medida. Además, hay que actuar ya porque es inaceptable que en España un tercio de la infancia viva en situación de exclusión social o de pobreza. Está demostrado que una medida así es la manera más eficaz de paliar la situación. Diecisiete países de nuestro entorno cuentan ya con iniciativas de este tipo y sus índices de pobreza infantil son muy inferiores al nuestro. Hay argumentos políticos, académicos y sociales.

¿Tiene algún cálculo concreto sobre cuántos niños saldrían de la pobreza?

Un 50% porque al ser una prestación universal su principal virtud es que llega inmediatamente. En cambio, los sistemas que implican algún tipo de fiscalización siempre conllevan una serie de mecanismos de verificación y de trámites administrativos que consumen una enorme cantidad de recursos, desincentivan a muchas familias a solicitar la prestación y generan unos retrasos muy importantes. Es algo que hemos visto en las dificultades del despegue del ingreso mínimo vital.

Para esta renta habría que movilizar un uno por ciento del PIB

¿Hacerlo de manera universal no supone que lo reciba gente que no lo necesita?

Es una pregunta legítima pero interesante. Se responde con dos argumentos. El primero: no se trata de aprobar una ayuda social que dependa de que alguien demuestre que es pobre, que le ha ido mal en la vida o que no puede llegar a fin de mes. Es decir, no se asocia a un estigma o a una mentalidad asistencialista. Se trata de defender un derecho de ciudadanía, que la sociedad reconozca que garantizar unas condiciones mínimas de bienestar a todos los niños y niñas es un compromiso democrático como la sanidad o las pensiones. 

¿Y el segundo argumento?

Es que las familias que no lo necesitan lo que tienen que hacer es tributar de forma justa por su renta y su patrimonio. También las grandes empresas y los grandes capitales, de manera que financien no sólo el derecho de ciudadanía de sus hijos, sino el de las familias que lo necesitan. Se trata de un modelo con derechos universales y con una sistema de justicia fiscal que redistribuya la riqueza.

No se trata de aprobar una ayuda social, sino un derecho de ciudadanía

La otra cara es el debate sobre la reforma fiscal pendiente desde hace tiempo, ¿no?

Claro, en la reforma fiscal se ha avanzado en una serie de cosas. Hemos aprobado en el Consejo de Ministros, por ejemplo, el tipo mínimo del 15% para las empresas multinacionales. Según los cálculos de los técnicos de Hacienda, puede suponer una recaudación adicional de entre 3.500 y 5.000 millones de euros al año. Pero hay cosas pendientes. España tiene todavía un diferencial de cuatro puntos en ingresos públicos respecto al PIB en cuanto a la media europea. Eso es más de 50.000 millones de euros. Existe un colchón fiscal muy importante para poder financiar derechos sociales que lleven a nuestro Estado del Bienestar a unas condiciones del siglo XXI. Nuestro país tiene un déficit de inversión en protección a la infancia y a las familias de más de un punto porcentual del producto interior. Hay margen de sobra. 

¿Qué inversión sería necesaria para poner en marcha esta medida?

Es un cálculo complejo porque otra de las cuestiones de las que no se habla en este debate es que España ya tiene un sistema de transferencias casi universales de rentas por crianza: los beneficios fiscales en el IRPF. Son casi 5.000 millones de euros al año de los que se benefician por igual ricos y pobres, pero no las familias que no presentan declaración de la renta (los que ganan menos de 15.000 euros o los que no tienen trabajo). Los que más lo necesitan son los que no están percibiendo esa ayuda. Para esta renta habría que movilizar un uno por ciento del PIB.

Ese uno por ciento del PIB le va a parecer una barbaridad a la ministra de Hacienda.

Lógicamente la ministra de Hacienda tiene que defender los intereses de una política fiscal responsable, eficaz y eficiente. Pero nuestro objetivo en la negociación va a ser plantear precisamente que la ampliación de los derechos y la construcción del Estado del Bienestar pueden y deben ir de la mano de una política fiscal también redistributiva. En eso seguro que estaremos de acuerdo.

Los presupuestos deben tener una visión ambiciosa

Ahora mismo no hay negociación sobre los presupuestos, la política está pendiente de la situación en Cataluña. El Gobierno se ha comprometido a presentarlos después del verano, ¿pero habrá cuentas públicas? ¿Es estable la legislatura? ¿Aguantará la coalición?

Estas tres preguntas están relacionadas. Y estoy convencido de que así será. Por una razón muy concreta: la agenda social de este gobierno debe despegar ya, no hay más excusas para postergarla. Se debe traducir en una visión ambiciosa en esos presupuestos y en un gran esfuerzo para conjugar esa mayoría parlamentaria necesaria para sacarlos adelante. Lo digo también porque si el 23 de julio hubo una movilización extraordinaria que contra todos los pronósticos revalidó el Gobierno de coalición, fue para darle el mandato de profundizar en la agenda social. En la legislatura pasada se demostró que se podía salir de la madre de todas las crisis sin recortar derechos y sin aplicar medidas de austeridad, además de proteger las condiciones de vida de la gente trabajadora. En esta se deben abordar de una vez las desigualdades estructurales que dividen a la sociedad española. Hay que hacerlo ya, no hay excusas. Esto se debe traducir en el impulso político a los presupuestos.

En la política española ahora se habla del término “financiación singular” para Cataluña. ¿Está de acuerdo? ¿En qué puede consistir?

La política española vive, particularmente en lo que tiene que ver con la dimensión de Cataluña, instalada en una hipérbole y en una inflación discursiva constante. En estos días solo se habla de eso. 

¿Debe contar con una financiación singular?

Sí, sí, es lo que figura en su Estatuto de Autonomía y en el acuerdo de Gobierno. Tiene lógica y sentido. Nuestra posición es que evidentemente esa financiación para Cataluña debe ser compatible con el principio de solidaridad territorial y con una financiación suficiente de los servicios públicos. Se habla excesivamente de la cuestión catalana por la coyuntura pero es una realidad que el sistema de financiación autonómica en su conjunto está caducado y debe ser reformado. Esa conversación, más allá de la polémica del día, debería estar centrada en cómo financiamos las necesidades que tenemos hoy en día, que son diferentes a las de hace quince años. Y hay que hacer la pregunta de que si lo que necesita España es que las autonomías del PP supriman los impuestos a los grandes patrimonios. 

Una financiación singular de Cataluña debe ser compatible con el principio de solidaridad, el sistema está caducado

Este debate de la financiación se mezcla con las competencias autonómicas en materia de políticas sociales o incluso con el propio diseño del sistema electoral y de cómo se condiciona una investidura al apoyo de partidos nacionalistas. Hay una cierta contradicción para asegurar la suficiencia de los servicios públicos teniendo en cuenta que la política es territorialmente muy asimétrica.

Eso tiene también razones históricas profundas.

Eso puede condicionar la igualdad de los españoles en torno a los servicios.

Trabajamos sobre la realidad histórica y sociopolítica de España. Muchas veces decimos que las mayorías parlamentarias son muy complejas, pero estas Cortes reflejan el país que somos, es lo que se ha votado. El mandato democrático que tenemos es el de entendernos, acordar y operar en función del bienestar y del interés general. En el ámbito de las políticas sociales es un factor determinante porque muchas veces son competencias exclusivas de las comunidades. Esto implica la necesidad de llegar a acuerdos. Pero, por ejemplo, en el Consejo Interterritorial hemos acordado la distribución para el sistema de la dependencia con un récord histórico. Desde posiciones políticas y competencias muy diferentes, estamos trabajando de la mano. Necesitamos cambiar el modelo de cuidados que en la pandemia se demostró que no funciona: consiste en que la gente pueda envejecer en su casa, que es lo que quiere el 90% de las personas. Hay que desdramatizar la negociación y ese marco de chantaje o cesión. En realidad estamos haciendo lo que un sistema democrático tiene como objetivo en un país tan plural y diverso territorialmente, ideológicamente, políticamente y socialmente. 

¿Hay alguna medida sobre residencias que su departamento vaya a impulsar?

En la legislatura anterior se aprobó un acuerdo sobre un nuevo modelo de acreditación de residencias que buscaba transformar ese sistema de macroresidencias que en la pandemia se había visto que no funcionaba para ir a una escala más humana y de módulos más pequeños. Y ese sistema se está implementando. Parte de la financiación a las autonomías por parte del Gobierno central va vinculada al cumplimiento de esos requisitos. Pero no es suficiente y hemos aprobado una estrategia de modelo de cuidados que busca cambiar la estructura misma de los apoyos a la dependencia y a la vida autónoma de las personas. Se trata de fomentar todas aquellas herramientas como la teleasistencia, la ayuda a domicilio y los centros de días que forman un ecosistema de prácticas que permite que la gente permanezca en su domicilio más tiempo. Cuando la gente se queda en su casa, en su barrio o en su entorno vive en unas condiciones de mayor calidad de vida. 

Yolanda Díaz asumió en primera persona la responsabilidad política del resultado del 9J e hizo algo que siempre exigimos en abstracto a los políticos

Estamos en el análisis poselectoral del 9J, ¿qué pasó en el espacio de Sumar? ¿Cómo se encuentra en estos momentos? 

Lo que pasó es evidente, objetivo y palmario: tuvimos un muy mal resultado electoral. Lo que sucedió a continuación también fue público y explícito: Yolanda Díaz asumió en primera persona la responsabilidad política de ese resultado. Hizo algo que siempre exigimos en abstracto a los políticos. Su intención es centrarse en la acción del Gobierno. Es una decisión acertada. 

¿Por qué tuvieron ese mal resultado? ¿Qué van a hacer para mejorarlo?

Una parte muy importante de nuestro electorado que se movilizó el 23 de julio para que se desplegara esa agenda social ambiciosa es exigente, no ha visto suficiente ni traducido en hechos esa acción del Gobierno. Hay factores como que se cayeron los presupuestos, que las mayorías parlamentarias son complicadas y que ha habido un ciclo electoral constante. Pero después de las elecciones europeas no hay excusas para esa agenda social. Espero que esa voluntad política que hemos tenido desde el primer día pueda convertirse en una voluntad política del conjunto del Gobierno. Estoy convencido de que con eso el pueblo de la coalición nos va a defender mucho más y de manera más vigorosa porque quiere ver esas medidas. La gente se acuerda de la legislatura anterior que se hizo la reforma laboral, que se subió el SMI y que se aprobaron los ERTE. En esta legislatura a una parte del electorado de izquierdas le faltan cosas para contar. Es el momento para hacerlo ya.

¿Qué le parece que Alvise Pérez haya obtenido el mismo número de escaños que ustedes? ¿Qué reflexión hace del surgimiento de esa agrupación de electores?

Es un hecho notable, España no es una excepción en la expresión electoral y política de un malestar que encuentra formas de expresión ultras, xenófobas, radicales y antipolíticas. Desgraciadamente está pasando en muchos lugares. La manera de contrarrestar esto no puede pasar por un instinto de defensa del statu quo existente. Lo que hay que hacer es plantear un horizonte de futuro que transmita certidumbre. Lo que hacen estas fuerzas es muy claro: alimentar ese malestar y convertirlo en odio, siempre contra los más vulnerables para pisotearlos. 

¿Le gusta la fórmula del Frente Popular que se está creando en Francia?

Es una reacción a la altura de la amenaza que vive Francia, es una fórmula necesaria. Es verdad que se ha dado con condiciones reactivas frente a ese peligro. A mí me gustaría que eso que llamaba el pueblo de la coalición y esa tarea de gobierno se planteara de manera proactiva señalando ese horizonte alternativo. Es evidente que vivimos en un momento de crisis a nivel mundial, pero hay que proponer una oferta electoral y un programa político que digan que se va a construir lo mismo que supuso el Estado del Bienestar en el siglo XX. Hay que hacerlo en el siglo XXI con derechos universales de ciudadanía, redistribución de la riqueza y justicia ambiental. Y lo vamos a defender en serio. Es la medida de contrarrestar estos movimientos ultras, xenófobos y antidemocráticos. En Francia se está viendo también. La defensa del establishment tiene pocas respuestas que dar ante este malestar generalizado.

España no es una excepción en la expresión electoral y política de un malestar que encuentra formas de expresión ultras, xenófobas, radicales y antipolíticas

Pero ese mensaje muchas veces se pierde por el ruido entre partidos y dentro del espacio. ¿La izquierda en España tiene algo que aprender del Frente Popular francés o al revés?

No puedo evitar pensar que en realidad la izquierda española viene de un ciclo ya muy largo y en el que ha servido como inspiración y como ejemplo muchas veces al mundo entero, desde el 15M hasta la formación de Podemos y del Gobierno de coalición. Es prácticamente el único Ejecutivo progresista que resiste en Europa. La izquierda española ha sido una fuerza motriz del movimiento. Además, para la historia de España es bastante inédito un ciclo tan largo. Y es lógico que haya momentos de desgaste, contradicciones y errores. Lo que hay que hacer es asumirlos, abordarlos y corregirlos. También pasa algo parecido a lo que hablaba con la hipérbole sobre Cataluña en la izquierda con las organizaciones, los liderazgos y los conflictos. Hay que hablar del qué, del objetivo, de la alternativa. La refundación y la reorganización pasa por ese mantra de programa, programa, programa. El ciclo tan largo progresista y exitoso en España tiene que reformularse y coger un nuevo impulso. Hay que hablarle a la gente más joven.

Habla del “programa, programa, programa”. Eso lleva a citar a Izquierda Unida, que está teniendo importancia en el debate después de las elecciones europeas y que señala que el modelo de Sumar está superado. Hablan de una fórmula de partidos sin el paraguas de esta formación. ¿Puede haber algún tipo de entendimiento con Podemos? ¿Es posible priorizar el qué y evitar catástrofes electorales como las de Galicia y Euskadi?

Priorizar el qué es lo más importante. Eso significa hacer todo el trabajo ideológico, político y programático para definir un horizonte alternativo de sociedad sobre la base de lo conseguido y para prolongar el esfuerzo. Además, que haya también una renovación generacional de cuadros políticos y de organizaciones. Eso se tiene que determinar todo sobre las formas. Da igual si es un frente, la herramienta viene después para defender ese objetivo. La tarea urgente que tenemos delante después de este ciclo electoral que no ha sido bueno es canalizar hacia un horizonte y un programa de qué vamos a ofrecer. Teniendo eso, el cómo es mucho más fácil.

La coalición es prácticamente el único Ejecutivo progresista que resiste en Europa

También se ha dicho que el PSOE en las elecciones europeas ha intentado canibalizar a los votantes de Sumar para poder resistir ante el plebiscito planteado desde la derecha. ¿Comparten ambición en el discurso?

He leído ese análisis sobre las europeas, pero no me salen las cuentas. Si el cálculo era frenar la ambición del Gobierno con el objetivo de canibalizar un descontento de izquierdas para una concentración de voto, no ha pasado. El porcentaje de apoyo a la coalición ha bajado, no ha habido ese trasvase. 

El problema ha venido también por la abstención estructural en estas elecciones, ¿no?

No estamos descubriendo nada nuevo. El electorado de izquierdas, que es crítico, para movilizarse y votar tiene que ver reflejadas sus ambiciones en políticas concretas. Tenemos un acuerdo de Gobierno que refleja una agenda muy ambiciosa de transformación social y tenemos que aplicarla. Entiendo que ha habido factores limitantes, pero ya no hay excusa para desplegar esa agenda social.

¿Hay un riesgo del fin del voto de clase y progresista? ¿Desafía las convenciones el voto de los jóvenes a la extrema derecha?

En los últimos diez años, que han coincidido con el auge del fenómeno del populismo, ha habido muchos debates sobre si esa correlación entre clase sociales y opciones ideológicas había cambiado. La conclusión a la que se ha llegado es que depende de los casos y los países. Pero España no ha sido uno donde haya cambiado mucho. Se ha mantenido una cierta correlación de las preferencias ideológicas y la pertenencia a las clases sociales. El eje izquierda-derecha ha resistido más aquí que en otros países. Sería cauto con estos análisis. Las elecciones del 23 de julio se dieron en una clave muy ideológica. Algunas fórmulas políticas que intentaron superar ese debate, como fue Cs, al final no arraigaron mucho.

Ha sido una de las voces que más ha criticado la pasividad internacional con lo que está pasando ahora mismo en Palestina. ¿España se sigue quedando corta en su respuesta?

Ningún Gobierno está haciendo lo suficiente. Pero dentro del espacio occidental y europeo, España ha tenido la posición más coherente, ambiciosa y más a la altura de la expectativas ciudadanas.

Se ha celebrado el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI. ¿Será reina la princesa Leonor?

No tengo una bola de cristal ni me corresponde hacer predicciones. Es una efeméride que los monárquicos felicitan, y los republicanos confiamos en que un día este país tenga una Jefatura de Estado elegida democráticamente. Reafirmo mi convicción de que así volverá a ser.

Ningún Gobierno está haciendo lo suficiente respecto a Palestina, pero España está teniendo la posición más coherente y ambiciosa en Europa

¿Qué espera de esa agenda de regeneración democrática prometida por el presidente? ¿Cómo se puede mejorar la calidad del debate público?

Es importante hacer todo esto y elaborar propuestas interesantes sobre la mesa. Pero la mejor manera de regenerar la democracia en España es hacer despegar la agenda social, es tener un Estado del Bienestar. La democracia tiene aspectos formales y políticos, pero tiene que tener una base social y económica. La estabilidad de las democracias en Europa depende esencialmente de que consigamos garantizar condiciones de bienestar mínimas a las mayorías trabajadoras. Eso requiere redistribución de la riqueza y un sistema fiscal justo.

¿Todo eso se puede hacer sin un debate público sano?

No hay que confundir los síntomas con las causas. Que haya esas expresiones políticas, comunicativas y mediáticas es el efecto de una situación de malestar, incertidumbre, incomprensión y desagravio. Hay que abordar los efectos y tener un debate lo más sano posible, pero para enfrentar la causa hay que redistribuir la riqueza, ampliar derechos sociales y garantizar una cohesión que haga que nuestra sociedad sea viable a medio y largo plazo, que la gente vea que tiene un futuro.