Feijóo compensa la imagen moderada del acuerdo sobre el CGPJ con la orden de hacer caer al fiscal general

Alberto Núñez Feijóo no quiere que el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se interprete como una cesión al Gobierno de Pedro Sánchez ni como el inicio de una nueva estrategia de entendimiento con el PSOE, salvo en lo que respecta a la renovación de otros organismos como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Desde Génova aseguran que no se van a mover de la estrategia de guerra total desde todos los frentes —parlamentario, judicial y mediático — contra Sánchez y subrayan que no van a ejercer como su "salvavidas" en el Congreso. Aunque se ha producido un cierre de filas absoluto con Feijóo tras el acuerdo, incluso por parte del sector más duro del PP, el líder conservador es consciente de que hay quien mira con desconfianza cualquier pacto con Sánchez, por lo que ya quiere empezarse a cobrar su primera victima: el fiscal general del Estado.

Los populares lleva meses presionando para que Álvaro García Ortiz dimita bajo el argumento de que es el "ministro número veintitrés" del Gobierno, hasta el punto de que el PP llegó a reprobarlo, gracias a su mayoría absoluta en el Senado, como si de un político más se tratarse. Solo unas horas después de firmar el acuerdo del CGPJ, en la sesión de control del miércoles, Feijóo le acusó de ser el "abogado de la familia" de Sánchez y pidió su cese "por sus escándalos y presuntos delitos". La derecha, esta vez con Vox a la cabeza, trató de repetir la reprobación en el Congreso este jueves, pero fue rechazada con los votos en contra de PSOE, Sumar y sus aliados parlamentarios.

Desde que llegó al cargo García Ortiz ha sido víctima de informaciones falsas por parte de la derecha política, mediática y no ha contado en ningún momento con el apoyo de la judicial. PP y Vox llegaron a sugerir que él ordenó al fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, retrasar la querella contra los implicados en el caso Koldo hasta después de las elecciones generales del pasado año. La formación de Feijóo también le acusó de "chapotear en la sangre" por ordenar supuestamente archivar una investigación por el secuestro y asesinato del directivo de Michelin Luis María Hergueta o de cometer un delito de revelación de secretos, un caso por el que podría acabar imputado y que comenzó con una mentira del propio PP de Madrid.

El PP espera que García Ortiz sea imputado por revelación de secretos y fuerce así su dimisión

En la dirección popular creen que García Ortiz podría acabar imputado después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitiera la querella por un supuesto delito de revelación de secretos relacionado con el escándalo que afecta a la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Una la tesis que también maneja el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que en un mensaje en la red social X del 23 de abril señaló: "Tengo la sensación de que el fiscal general del Estado terminará en la cárcel. Es opinión mía, desde mi teléfono personal".

También en la Fiscalía hay impacto por el recorrido que tenga la querella de la pareja de Ayuso en relación a la nota de prensa que emitió la Fiscalía General del Estado el pasado 14 de marzo para desmentir las informaciones tergiversadas que el equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Miguel Ángel Rodríguez a la cabeza, estaba lanzando contra el ministerio público. En el entorno de García Ortiz se reafirman en su decisión de emitir ese comunicado para "atajar el bulo" y así lo han confirmado este jueves los fiscales que están siendo investigados por el caso, Pilar Rodríguez y Julián Salto.

"Se estrecha el círculo. Un fiscal acorralado por la Justicia no puede seguir al frente de la Fiscalía General del Estado. A García Ortiz solo le queda la dimisión", escribió la número dos del PP, Cuca Gamarra, en X tras las declaraciones de Rodríguez y Salto. Previamente, Feijóo había vuelto a pedir su dimisión ante los micrófonos de Esradio y La Sexta. El PP también llegó a presentar su propia querella contra él, pero el Tribunal Supremo la acabó archivando el pasado 15 de abril al entender que no concurría en delito de prevaricación administrativa ni de nombramiento ilegal por la elección de Dolores Delgado como fiscal de la Sala Togada. Cinco meses antes la sala de lo Contencioso Administrativo sí consideró que esa designación había supuesto un ejercicio de "desviación de poder"

El fiscal general del Estado no se plantea dejar su cargo a pesar de estos frentes. Fuentes próximas a él señalaban recientemente a infoLibre que estos movimientos buscaban amedrentarlo y ponían el foco en qué mensaje se mandaría ante la sociedad si la fiscalía ante presiones como la reprobación del PP y de Vox. No sólo por el flanco político, sino que sería, explicaban, una mala señal ante posibles presiones de mafias, narcotraficantes o poderes económicos por investigaciones abiertas. "El hecho de que el Senado vea al fiscal general como un actor político le da la vuelta a toda la consideración que ellos mismos argumentan, de que el fiscal general del Estado no es un actor político y que no puede ser cesado por el Gobierno", dijo tras su reprobación el pasado 9 de mayo.

Sus batallas con los fiscales del 'procés'

Una Junta de Fiscales rota por la mitad avala la tesis de García Ortiz de aplicar la amnistía a la malversación

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García llegó a la cúspide del Ministerio Público en verano de 2022. "Nadie me verá tomando postura en cuestiones estrictamente políticas, pues la confianza de la ciudadanía en los servidores públicos tiene como cimientos no solo nuestra imparcialidad, sino también la apariencia de imparcialidad", aseguró en su discurso de toma de posesión. Lo hizo tras el turbulento mandato de la que hasta ese momento había sido su jefa, la exministra Dolores Delgado. Los dos años y medio de Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado habían sido de todo menos sencillos y no exentos de críticas por parte de la derecha.

La amnistía ha sido el gran asunto que ha marcado su paso por la Fiscalía, un olvido jurídico sobre el que el fiscal general ha rechazado pronunciarse hasta que no ha tenido más remedio. Recientemente le ganó la batalla a los fiscales del procés en su pulso por la aplicación de la amnistía. La Junta de Fiscales de Sala, máximo órgano consultivo de la carrera, respaldó completamente dividida en dos el criterio del jefe del Ministerio Público, que defendía que la malversación por la que están procesados el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, y por la que han sido ya condenados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, entraba dentro del ámbito de aplicación de la norma de olvido jurídico y, por lo tanto, debían levantarse las medidas cautelares que aún pesan sobre alguno de los dirigentes independentistas. La tesis de García Ortiz obtuvo 19 votos —el de 18 compañeros más el suyo—, mientras que la de los fiscales del procés cosechó 17.

Los fiscales del procés también le exigieron amparo sobre la inclusión del término lawfare en el acuerdo de investidura entre PSOE y Junts. Dieciocho fiscales del Supremo le llegaron a acusar de "ignorar deliberadamente" la petición. Al final, el Consejo Fiscal amparó por unanimidad a los fiscales ante los ataques independentistas, si bien García Ortiz rechazó que se pronunciara sobre la amnistía para no "interferir" en el legislativo.