El Mar Menor lleva dos años esperando un reglamento para defenderse ante la justicia de la contaminación
Hace cuatro años que un equipo de juristas de la Universidad de Murcia se propuso dotar de personalidad jurídica al Mar Menor para que la laguna pudiese defenderse de los vertidos agrícolas, mineros y urbanos que sufre desde hace décadas. En verano de 2022, el Congreso y el Senado aprobaron la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) tras la entrega más de 630.000 firmas, y se otorgaron personalidad jurídica a un ecosistema por primera vez en Europa. Sin embargo, los impulsores del proyecto siguen esperando a que el Consejo de Ministros apruebe el reglamento que acompaña a la ley y que es imprescindible para conformar un equipo de expertos que supervisen y defiendan al Mar Menor en los tribunales.
La Ley 19/2022 entró en vigor en octubre de 2022, y desde entonces la laguna salada más grande de Europa es jurídicamente equiparable a una persona o una empresa, pero la norma está incompleta. El artículo 3, que es la clave de la ley, contempla la creación de tres figuras encargadas representar jurídicamente y velar por el buen estado del Mar Menor: un Comité de Representantes, un Comité de Seguimiento y un Comité Científico. Estos tres órganos toman decisiones en nombre de la laguna y forman la llamada Tutoría del Mar Menor, pero para crear estos tres equipos se necesita un reglamento que lleva dos años pendiente.
"La ley fue un gran paso, pero el reglamento aportaría muchísimo porque es necesario para crear la Tutoría del Mar Menor, la organización que tomaría las decisiones y donde estarían representadas las administraciones, los vecinos, los ecologistas, e incluso los agricultores y ganaderos", explica Eduardo Salazar, abogado de Ecojusticia y miembro del equipo que impulsó la ILP. Esa tutoría serviría a su vez para solicitar un número de identificación fiscal (NIF) del Mar Menor, que culminaría este proceso jurídico y permitiría a la plataforma contratar personal y servicios para proteger la laguna.
El reglamento para poner en marcha la Tutoría del Mar Menor debe ser aprobado por el Consejo de Ministros a petición del Ministerio de Transición Ecológica, pero todos los implicados se preguntan por qué el Gobierno mantiene congelado el texto. Lo único que se sabe de él es que ministerio liderado por Teresa Ribera publicó un borrador del reglamento en marzo de 2023, y que en enero de 2024 finalizó el análisis del texto del Consejo de Estado. Según los juristas implicados, el órgano consultivo fue muy duro con el Real Decreto que preparaba el Gobierno, lo que ha podido paralizar su tramitación. Otras fuentes creen que el texto está paralizado hasta que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad que Vox interpuso contra la ILP por generar una situación de "inseguridad jurídica", y la ley al completo está a merced del Tribunal Constitucional. Transición Ecológica ha declinado sobre el estado del reglamento.
La abogada Teresa Vicente, profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia, fue la artífice del proyecto y redactó la ILP que terminó aprobando el Congreso. La jurista defiende su ley y su reglamento de aplicación, y recalca que el Consejo de Estado es "solo un órgano consultivo" por lo que espera que el Consejo de Ministros lo apruebe cuanto antes. "Me reuní con altos cargos del Ministerio a principios de año y me dijeron que era inminente, pero aquí seguimos esperando", explica desde Alemania, donde se encuentra esta semana para explicar en qué consiste la personalidad jurídica del Mar Menor después de que un tribunal alemán se haya inspirado en su ley para dar la razón a un denunciante del caso dieselgate contra Volkswagen. "Es un espaldarazo enorme para nuestro trabajo. En España tuvo el reconocimiento del Congreso, pero ahora un juez de prestigio y experto en derecho europeo también se basa en nuestra ley", añade. Vicente también recibió por este hito el Premio Goldman 2024, el conocido como Nobel de Medioambiente.
A la espera de que el embrollo se solucione, la ley que da personalidad jurídica al Mar Menor está en vigor y ya ha cosechado algunos logros. El magistrado Raúl Sánchez Conesa, del juzgado número 4 de Cartagena, ya ha pedido la personación del Mar Menor (a su Comité de Representantes) en dos causas por contaminación de la laguna: en una de las piezas del caso Topillo y en el juicio por los vertidos de la balsa minera Jenny. Como todavía no hay unos representantes legales designados para el ecosistema, el juez llamó a Transición Ecológica, a la Abogacía del Estado, a la Dirección General del Mar Menor y a los servicios jurídicos del Gobierno regional, y se sumaron diferentes organizaciones ecologistas.
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También se invocó la Ley 19/2022 en otra de las piezas del caso Topillo, pero la Audiencia Provincial de Murcia tumbó el caso al considerar que las ONG y los ayuntamientos que hablaban en nombre del Mar Menor no eran afectados directos de los vertidos de salmuera y, por lo tanto, no podían ejercer de acusación particular. La Fiscalía decidió no actuar contra la empresa (Expracar) porque su dueño había fallecido, y como los personados eran considerados acusación popular, no pudieron mantener vivo el juicio.
"La acusación particular sirve para continuar un caso si la Fiscalía se planta, pero el juez interpretó que las ONG y los ayuntamientos no lo eran", afirma Eduardo Salazar. "Nuestra interpretación es diferente y creemos que la Ley 19/2022 legitima a cualquier persona a actuar como acusación particular para defender el Mar Menor, hasta un finlandés", opina el abogado. Este caso demuestra que la ILP está a por ahora a merced de la interpretación de cada magistrado porque no se ha designado la Tutoría del Mar Menor.
Santiago Álvarez, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Murcia, se muestra muy crítico con la fórmula legal impulsada por Teresa Vicente, y afirma que el caso que ha tumbado la Audiencia Provincial demuestra que la ley promovida con 600.000 firmas "tiene profundas carencias". "Jurídicamente es una ley muy deficiente, y tanto yo como otros juristas no estamos de acuerdo con ella. Yo firmé la ILP y toda mi carrera he defendido la protección del Mar Menor, pero esta ley no es práctica a la hora de cumplir su objetivo, por mucho bombo que se le haya dado", critica Álvarez. En su opinión, la ley no aborda el régimen presupuestario que tendrá la tutoría, ni su régimen de contratación, de personal o de subvenciones, y todo eso se pretende regular con el reglamento, que sigue pendiente de aprobarse. "Entiendo que el Consejo de Estado sea muy crítico, y veremos si el Gobierno sigue adelante con ello", resume.
