Los Franco pretenden abrir al público su palacio de Cornide con ayuda de la Xunta como hicieron en Meirás

En 2023 y con el regreso al patrimonio público del Pazo de Meirás como telón de fondo, la Xunta declaró la Casa Cornide de A Coruña como Bien de Interés Cultural (BIC). El edificio histórico fue propiedad del historiador, político e ilustrado José Cornide (1734-1803). Su familia donó el edificio al Ayuntamiento que, a su vez, lo cedió al Estado para convertirlo en un colegio hasta que volviera a ser propiedad municipal y, en 1962, una subasta controlada por destacados franquistas locales permitió que acabara en manos del dictador Francisco Franco y su esposa, Carmen Polo.

La condición de BIC obliga a los herederos del general golpista, entre otros aspectos, a abrir la Casa Cornide a "visitas públicas gratuitas un mínimo de cuatro días al mes durante al menos cuatro horas al día". Pero, como habían hecho en su momento en el Pazo de Meirás, optaron por la insumisión que, tras la advertencia de la Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña (CRMH) a la Valedora do Pobo [equivalente al Defensor del Pueblo], se saldó con una propuesta de sanción de 3.000 euros por parte de la Xunta.

Como en toda sanción administrativa, la multa a los Franco incluía un plazo para presentar alegaciones. Y este viernes, en declaraciones a los medios durante su visita a la Real Academia Galega, el conselleiro de Cultura confirmó que han hecho uso de ese derecho. Han recurrido, explica José López Campos, para pedir al Gobierno gallego que "aclare los aspectos de la apertura". Pero también para exponer la "posibilidad de encontrar una fórmula de colaboración" a través de un "acuerdo que permita las aperturas".

Más allá de que el propio conselleiro evidencia que, como propietarios de un BIC, tienen la "responsabilidad legal" de cumplir el régimen de apertura sin ningún acuerdo adicional y añade que el personal técnico de su departamento abordará el recurso desde esa perspectiva, el movimiento de la familia Franco no es nuevo. Se encaminan a conseguir un acuerdo como el que lograron entre 2011 y 2012 para abrir Meirás engrasado con algo más de 50.000 euros públicos aportados por la Xunta.

Convenciones y excepciones en Meirás

La apertura de Meirás al público a través de la declaración BIC no fue, ni mucho menos, un camino fácil. El proceso fue iniciado en 2006 por el Gobierno de coalición en la Xunta de  PSdeG y BNG , impulsado por el Ayuntamiento de de Sada en 2007 y cristalizado en un decreto en diciembre de 2008. En medio, recursos administrativos y judiciales que no cesaron hasta 2010, cuando el último intento de los Franco naufragó en el Tribunal Supremo.

Los Franco reproducen en la Casa Cornide la insumisión del Pazo de Meirás (y sólo les cuesta 3.000 euros)

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En aquel momento, la Xunta ya no estaba gobernada por socialistas y nacionalistas, sino por el PP de Alberto Núñez Feijóo, cuyo Gobierno había apelado a la "prudencia" y la "negociación " para lograr la apertura. Precisamente, la negociación que ahora piden los Franco en Casa Cornide ya se desarrolló en Meirás y contó con dinero público, además de incluir algunas excepciones como limitar las visitas "durante los días en que la familia" estuviera "alojada en palacio, debido a la imposibilidad de garantizar la seguridad de los mismos".

Los acuerdos se plasmaron, según informó Praza.gal, en dos convenios y un anexo con un reparto desigual de obligaciones entre ambas partes. La familia Franco "garantizó la apertura" de Meirás a la que estaba obligada por ley. Y la Xunta asumió "los costes derivados” de las visitas en ámbitos como la seguridad y también se comprometió a "hacerse cargo de la cobertura de los daños materiales que pudieran producirse (...) mediante la contratación de una póliza de seguro".

Traducido a euros, el gasto público destinado a incentivar económicamente al clan de los Franco a cumplir la ley ascendió a 53.713 euros procedentes de las arcas de la Xunta. A partir de 2013, el Gobierno gallego dejó de poner dinero para las aperturas de Meirás. A partir de entonces, la familia optó por otras estrategias como confiar la gestión de las visitas a la Fundación Francisco Franco, lo que las convirtió en actos de exaltación fascista. Así fue hasta que, finalmente, el Gobierno de España accedió a litigar por la propiedad pública del palacio.