La dana de 2019 y los fuegos de 2022, dos lecciones sobre cómo actuar en una crisis que Mazón no aprendió

La dana de septiembre de 2019, el estado de alarma por la covid, los incendios del verano de 2022 que arrasaron 31.000 hectáreas... La legislatura 2019-2023 en la Comunitat Valenciana fue una sucesión de crisis de emergencias. La incomparecencia del presidente valenciano Carlos Mazón, que no se puso al frente del siniestro hasta 10 horas después que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anunciara la alerta roja por lluvias, y la tardanza en poner en marcha las primeras medidas de urgencia ante la riada sin precedentes que asoló gran parte de la provincia de València los pasados 28 y 29 de octubre contrasta con la anticipación con la que actuó el Gobierno del socialista Ximo Puig en las catástrofes naturales con las que le tocó lidiar. El Ejecutivo del Botànic y los técnicos a su mando cometieron errores, sí. Pero aprendieron de ellos. Fuentes del anterior Ejecutivo aseguran que detectaron las carencias de un sistema de respuesta obsoleto ante fenómenos especialmente virulentos e impredecibles derivados del cambio climático que pusieron a prueba la eficacia y capacidad de sus equipos. También trataron de corregirlas con una reforma integral del servicio de Emergencias que el PP denigró al considerarla innecesaria, acusando al Consell de crear "chiringuitos" y "cortinas de humo".

Dana de 2019: en prealerta a cuatro días de la primera tormenta

Entre el 11 y el 14 de septiembre de 2019 lluvias de hasta 496 litros por metro cuadrado cayeron sobre el Valle de Albaida, al sur de la provincia de Valencia, y en la comarca alicantina de la Vega Baja desbordando el río Segura y causando estragos catastróficos jamás conocidos en la Comunitat hasta entonces. Cuatro días antes, el 8 de septiembre, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergecias (AVSRE), dependiente de la Conselleria de Justicia e Interior, tras recibir un aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), activó el nivel amarillo de preemergencia. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat puso en alerta a todas las instituciones y a las agencias con responsabilidad en materia de emergencias, a Protección Civil y a todos los municipios que podían verse afectados. A través de los medios de comunicación y de las cuentas en redes del 112 se difundió información a la población cuando la tragedia todavía no había empezado.

Cuando el 9 de septiembre las primeras tormentas comenzaron a caer sobre las provincias de Castellón y Valencia, la Consellería de Justicia elevó el nivel de preemergencia para toda la Comunitat Valenciana a naranja, nivel que se mantuvo durante todo el día siguiente, actualizándose todos los avisos de emergencia emitidos la víspera. Desde el Centro de Coordinación se instó a extremar la precaución a los municipios con riesgo alto o medio de inundaciones, especialmente a aquellos más cercanos a ríos y barrancos. Antes de que se iniciaran las lluvias torrenciales, el servicio 112 del Ejecutivo valenciano incrementó su personal en un 12% en sus salas de atención a llamadas en previsión de comunicaciones con la población que pudiera resultar afectada.

El mismo 11 de septiembre, con la alerta ya declarada, el entonces presidente Ximo Puig convocó una reunión a la que asistieron la consellera de Justicia e Interior y responsable de las emergencias, Gabriela Bravo, así como los titulares de Educación, Sanidad y Política Territorial, junto a representantes de las consellerias de Igualdad y Medio Ambiente. En el encuentro se decidió la suspensión de las clases a 20.000 alumnos de las provincias de Castellón y Valencia. También se activó el protocolo para atender a los mayores y dependientes usuarios de teleasistencia, así como a las personas sin hogar. Inmediatamente después, la consellera Bravo se dirigió a los ciudadanos a través de los medios para recordar todas las medidas básicas de protección que debían adoptar.

A las 11.33 de ese mismo día 11, tras recibir un nuevo informe de la Aemet avisando de las enormes precipitaciones, la AVSRE decidió elevar el nivel de preemergencia a rojo en el litoral sur de la provincia de Valencia y en toda la provincia de Alicante. Ante la gravedad que anticipaba, la Generalitat convocó el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) pese a que todavía no se había declarado la situación dos (inundaciones generalizadas de gran extensión territorial), cuando los protocolos obligan a conformar ese órgano. En esa primera reunión del Cecopi estuvieron representadas las consellerías de Agricultura, Sanidad, Educación, Políticas Inclusivas y Política Territorial, junto a responsables de la Delegación del Gobierno, las diputaciones de Alicante y Valencia, la UME, Policía, Guardia Civil, confederaciones hidrográficas y Aemet. También acudieron representantes de Protección Civil, Cruz Roja, red eléctrica, Adif, Iberdrola, Renfe y Ferrocarrils de la Generalitat.

Según dijo la consellera Bravo semanas después en las Cortes Valencianas, en esa reunión "se coordinaron los recursos de cada una de las administraciones y entidades y agencias implicadas, y se informó de las medidas preventivas que cada uno de los distintos departamentos estaba adoptando ante el inminente riesgo de lo que se avecinaba".

Al día siguiente, a las 10.15 se decretó la emergencia por lluvias generalizadas en el Valle de Albaida y tres horas y 45 minutos después, la Generalitat solicitó al Gobierno central el despliegue de la UME en previsión de que la situación en la Vega Baja se iba a complicar, como finalmente sucedió. A las cuatro de la tarde la situación de emergencia se extendió a toda la provincia de Alicante, con especial atención a esa comarca y a su capital, Orihuela, donde llegaron a caer 496 litros por metro cuadrado produciendo inundaciones inmediatas. El día 13, en pleno temporal, los 7.430 efectivos desplegados desde cuatro días antes efectuaron más de 600 actuaciones de salvamento de personas que se encontraban en situación de riesgo. La dana dejó a su paso tres muertos en la provincia de Alicante y enormes daños en edificios, infraestructuras y cultivos. En total, unas 4.000 personas tuvieron que ser rescatadas.

La reflexión sobre el cambio climático: la creación de la UVE

La magnitud de la catástrofe supuso un antes y un después en la gestión de las emergencias en la Comunitat Valenciana. "Hemos de considerar que el cambio climático ha dejado de ser una posibilidad académica para convertirse en una verdadera amenaza real", dijo la consellera Bravo en su comparecencia en las Cortes semanas después, en la que vaticinó: "Es de temer que en el futuro tengamos otra dana como la que nos golpeó". Después anunció un replanteamiento de la gestión de estas crisis aunque todavía sin dar detalles: "Estamos preparando por ello una estrategia valenciana de protección civil que incluirá los desafíos que debemos afrontar a causa de la crisis climática".

La reflexión sobre la virulencia del fenómeno y su relación con el calentamiento global se materializó en los ejercicios siguientes. Un año después, el presidente Puig anunció la creación de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), un nuevo equipo operativo y de coordinación para "acelerar la respuesta ante un crisis de gran magnitud". El organismo, que aunaba a bomberos y forestales de las tres provincias, tenía como finalidad "la intervención y colaboración" en todo el territorio valenciano o en apoyo a otras comunidades "junto con las instituciones del Estado y las administraciones públicas en los supuestos de grave riesgo, catástrofe u otras necesidades públicas", tal y como establecía el decreto del Consell que la creó en febrero de 2023.

Con el cambio de Gobierno y la llegada del PP, su sucesor en el cargo, Carlos Mazón, la suprimió en noviembre de 2023 como "primer paso de la reestructuración del sector público empresarial" de su nuevo Ejecutivo. Su eliminación se produjo cuando se encontraba en un estado muy inicial, en su primera fase de implantación.

Incendios de 2022: Puig reúne a su Gobierno ante la primera alerta de la Aemet

La segunda gran crisis de emergencia meteorológica que tuvo que afrontar el Gobierno del Botànic fue la generada por los incendios que, entre el 13 y el 21 de agosto de 2022 arrasaron más de 31.000 hectáreas de terreno en los municipios de Vall d'Ebo (Alicante), y los de Useres y Bejís, en la provincia de Castellón. Este último, que en solo tres horas multiplicó por seis su extensión, puso en serio peligro a los 48 pasajeros de un tren que circulaba entre Valencia y Zaragoza. Ante la presencia de las llamas junto a la vía, el convoy tuvo que dar la vuelta y retroceder y algunos viajeros decidieron abandonarlo y 15 necesitaron asistencia sanitaria. Los fuegos, declarados en puntos muy distantes, pusieron a prueba los servicios de extinción y emergencias de la Generalitat.

Pese al comportamiento inesperado y excepcionalmente violento del fuego, según los propios técnicos que se afanaron en controlarlo, la Generalitat también se anticipó a la catástrofe desde el primer momento. Tras recibir la primera alerta de la Aemet por altas temperaturas el 11 de agosto, el president Ximo Puig convocó en Dénia al día siguiente a sus consellers de Justicia e Interior, Sanidad y Medio Ambiente y Transición ecológica para adoptar medidas de prevención por la ola de calor. En esa reunión el jefe del Ejecutivo valenciano decretó la preemergencia de nivel 3 movilizando a los medios aéreos y a los bomberos forestales para la vigilancia de los montes. También se cerraron los parques naturales y se suspendieron las obras y trabajos en terreno forestal prohibiendo hacer fuego y actividades deportivas.

Ya con la prealerta declarada, el primer rayo cayó en el municipio de Vall d'Ebo, dando origen al primer incendio sobre las 22.00 del 13 de agosto y, pasada la medianoche, el Puesto de Mando Avanzado decidió establecer el índice de gravedad 2 ante la posibilidad de amenaza a la población y núcleos urbanos. Dado que era de noche y no podían actuar los medios aéreos, se pidió al Gobierno central que activara la UME para maximizar los efectivos terrestres. Al día siguiente, ante las dificultades de la extinción, los técnicos acordaron la instalación de un albergue provisional y, ya por la tarde, se evacuó a los vecinos de varias poblaciones para alejarlos del peligro. A las 11 de la mañana del día 15 se constituyó el Cecopi debido a la declaración de otro incendio en Useres.

Mientras los bomberos forestales y los militares luchaban contra las llamas en Alicante, otro rayo inició un fuego en Bejís, 200 kilómetros al norte, sobre las cuatro de la tarde del día 15. Fue el más peligroso de todos. Al día siguiente, un incendio que los técnicos consideraban "convencional" pasó a convertirse en "una tormenta de fuego que desarrolló carreras rapidísimas por diversos flancos y frentes". Entre las tres y las seis de la tarde del día 16, ese fenómeno anómalo hizo que el fuego pasara de un perímetro de 600 hectáreas a 3.700. En su comparecencia posterior en las Cortes Valencianas, la consellera Gabriela Bravo, achacó a ese comportamiento imprevisto de las llamas el episodio del tren.

Anticiparse a lo imprevisible: la Unidad de Análisis y Seguimiento

El pánico que se desató en el convoy y las lesiones sufridas por algunos de sus pasajeros (en algunos casos de gravedad), unido al proceso por lesiones y daños que se inició contra la maquinista y varios técnicos de protección de incendios, causaron un gran impacto en el Gobierno valenciano. "Nos dimos cuenta del peligro que estos fenómenos pueden generar de manera repentina debido al cambio climático", explica la exconsellera Bravo. "Solo unas horas antes del incidente nos habíamos reunido con el puesto de mando avanzado y con el Cecopi, sin que ninguno de los técnicos hubiera detectado el peligro. Podría haber ocurrido una tragedia mucho mayor", recuerda.

Esa fue la razón por la que la propia Bravo anunció un mes después la creación de la Unidad de Análisis y Seguimiento de Emergencias. "Los episodios vividos nos muestran una realidad hasta ahora desconocida", dijo en una rueda de prensa la entonces consellera. "Los incendios de sexta generación que se han declarado o los fenómenos que están claramente vinculados al cambio climático, como las grandes inundaciones, nos hacen anticiparnos ante un nuevo escenario de vulnerabilidad", añadió. Este nuevo equipo de expertos, que tenía que contar con la última tecnología, debía de ser capaz de anticipar, planificar y diseñar la intervención de "los escenarios críticos que generan", estas nuevas emergencias. 24 horas al día y 365 días al año. Y en tiempo real.

Los presupuestos de 2023, los últimos aprobados por el Gobierno de Puig, dotaron esta nueva unidad con 500.000 euros para la contratación de los seis especialistas que debían formarla, pero solo dio tiempo a seleccionar a dos (un jefe de unidad y un jefe de servicio). También se inició el procedimiento para adquirir una herramienta de inteligencia artificial que fuera capaz de anticipar modelos de los riesgos meteorológicos y territorios y poblaciones con gran vulnerabilidad.

El Gobierno de Mazón formalizó la adquisición del software el pasado 21 de octubre, solo ocho días antes de la dana que asoló Valencia, por lo que no pudo utilizarse durante la emergencia. Las cuatro plazas restantes para técnicos del equipo diseñado el Ejecutivo del Botànic se sacaron a concurso el pasado 6 de noviembre cuando la lluvia había dejado de caer tras provocar 221 muertos.