Trabajo accederá al registro donde fichan los empleados: así es la jornada reducida acordada con los sindicatos

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos han firmado este viernes un acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral desde las 40 horas semanales hasta las 37,5 sin merma de salario. Esta propuesta, que las patronales españolas CEOE y Cepyme rechazan desde el principio, lleva negociándose desde hace meses en un proceso que ha generado discrepancias también con el lado socialista del Gobierno. En la propuesta hay además otras medidas nuevas que ponen el foco en el derecho a la desconexión digital, sanciones a las empresas que no cumplan y un registro horario que deberán implantar las compañías y al que Inspección de Trabajo tendrá acceso directo.

Son varios los frentes abiertos en esta negociación. Por un lado, está la oposición de las patronales. CEOE y Cepyme apuntan que la productividad es baja, que los costes laborales se dispararán en 11,8 millones de euros y que las medidas aumentan la "conflictividad y la incertidumbre". En la rueda de prensa, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, respondió señalando que "los países que trabajan más horas no son los más productivos" y emplazó a la patronal a seguir negociando para no perderse "la fiesta que representa esta noticia para los trabajadores". Por su parte, Yolanda Díaz, en un tono más conciliador, agradeció a los representantes de los empresarios su participación. "Pese a no compartir desde el origen la reducción de jornada, han estado once meses trabajando en la mesa", concluyó.

El otro frente abierto de la titular de Trabajo está dentro del propio Gobierno. Este jueves, Díaz cargaba contra el ministro Carlos Cuerpo y afeaba al Ejecutivo socialista que estuviese tratando de retrasar la tramitación de la jornada reducida. El titular de Economía se mostraba partidario de afianzar el consenso de los socios de gobierno antes de votar. "No es tanto un tema de entrada en vigor", señalaba en una entrevista en la Sexta. Por su parte, Díaz señaló al PSOE por "no cumplir con lo acordado" y a Cuerpo, que pedía "un acompañamiento" a las empresas en este proceso, de defender los intereses de la patronal.

Es en este ir y venir de propuestas y acusaciones como se ha firmado esta mañana el acuerdo con los sindicatos. “Los trabajadores ganan tiempo para vivir, descansar, leer, pasear, compartir y ser felices”, celebró la titular de Trabajo. En concreto, dos horas y media semanales si el plan sale adelante. Esta es la medida más sonora del paquete, pero además, en el acuerdo con Comisiones Obreras (CC OO) y UGT, se recogen otros puntos destinados a delimitar la vida personal y profesional.

Teletrabajo y desconexión digital

Para un contexto en que el trabajo a distancia y los dispositivos electrónicos son cada vez más protagonistas, el texto articulado recoge que se debe garantizar el derecho a la intimidad de los trabajadores, aun cuando la empresa les proporciones los ordenadores o móviles de trabajo.

Además, apunta que no atender las llamadas que tengan que ver con el trabajo fuera del horario, en ningún caso podrá ser motivo de sanción. De hecho, las empresas solo podrán contactar a sus empleados fuera de su horario en caso de que exista un peligro para el trabajador o un "potencial perjuicio empresarial" que requiera de medidas urgentes. Los detalles sobre estos supuestos aun no están especificados, pero en todo caso, el texto deja claro que prima el derecho a "no estar localizable" fuera de la jornada profesional.

Fichar de forma digital

En este ámbito, la norma emplaza a las empresas a registrar "por medios digitales" el horario diario que realizan sus empleados. Advierte que este registro deberá permitir "identificar inequívocamente" a la persona que ficha y que tanto Inspección de Trabajo como como los representantes legales de los trabajadores (si lo hubiera), deben tener acceso a estos datos. "El acuerdo no solo busca mejorar las condiciones, sino también abordar la complejidad social y económica que rodea la jornada laboral", apuntaba Unai Sordo (CC OO) en rueda de prensa.

En caso de las personas contratadas a tiempo parcial, se computarán las horas mensuales y la compañía deberá entregar un balance con esta información al trabajador "de forma que la empresa no pueda condicionar su contenido".

Si por algún motivo la empresa no establece los medios para que esto se lleve a cabo, el documento apunta que en caso de conflicto laboral "se presumirá realizada la jornada ordinaria de trabajo así como las horas extraordinarias y complementarias manifestadas por la persona trabajadora". Así, queda en el lado de la empresa la obligación de aportar pruebas para desmentir al demandante.

Multas hasta 10.000 euros

Otro de los puntos del acuerdo es un endurecimiento de las sanciones. La ministra hizo referencia, en la comparecencia posterior a la firma del acuerdo, a la dificultad de probar que un trabajador hace horas de más. En ese sentido, anunció que las empresas recibirán penalizaciones por cada asalariado que, de manera individual, haya demostrado haber trabajado horas de más. "Ya no pagarán como empresa, que esto salía muy barato, sino por persona afectada", marizó Díaz.

Para ello, se propone una modificación de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y se propone un rango de multas que va desde los 1.000 euros para faltas leves, hasta los 10.000 en su grado más alto.

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Por el momento, las patronales no se han sumado al acuerdo y el Ministerio de Economía, dirigido por Carlos Cuerpo, ha expresado algunos puntos de discrepancia. En concreto, en lo que concierne a la subida de sueldo de los contratos parciales y a la fecha de tramitación, que Díaz quiere cerrar en 2025 y el ejecutivo de Sánchez pretendía llevar hasta 2026, según fuentes de Trabajo.

En el caso de las jornadas parciales, el texto del acuerdo recoge que deberán adaptarse las condiciones a este nuevo tope de horas laborables. Es decir, se tendrán que renegociar las horas de trabajo o, en su lugar, establecer un incremento "proporcional del salario a partir de la aplicación de la nueva jornada máxima ordinaria", concluye el documento.

Finalmente, muchos convenios ya contemplan jornadas de 37,5 horas, pero para aquellos que no, el texto propone un plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para ponerse al día. Por el momento, a esta propuesta aún le queda recorrido por delante antes de su entrada en vigor y primero tendrá convertirse en un proyecto de ley y pasar por el parlamento.