Lesmes, Núñez y Sánchez, el trío de un teatro demasiado caro
Sánchez y Núñez, o PSOE y PP si lo prefieren, vienen observando las crisis de sus respectivos adversarios íntimos: UP por una parte y Ciudadanos más Vox por la otra. Y están obsesionados con lo de regresar al cómodo y corrupto bipartidismo que disfrutaron hasta 2015.
Con ese fin se dedican a mantener vivos conflictos que podrían resolver dentro de la ley incluso sin votar lo mismo, para que no parezca lo que es, y organizan debates entre ambos para que el electorado se olvide del resto de candidatos.
Por tanto, si compartimos que teatro es, también, la manera que tienen los políticos de engañar cuando pueden resolver un problema, pero no quieren hacerlo, me pongo a navegar por la mar de pantallas y encuentro la siguiente propuesta: "Cuando haya finalizado el mandato de 5 años establecido en el artículo 122.3 de la Constitución todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial cesarán inmediatamente en todas sus funciones” y que “cesados que sean de sus funciones dejarán de ser de aplicación las prerrogativas contenidas en el artículo 584 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.
Reforma a la que, para resolver los asuntos urgentes mientras se nombran los nuevos (cosa que, para evitar la crisis de Estado, se habría resuelto por anticipado) añade: “Mientras no sean elegidos los nuevos miembros del Consejo, las funciones estrictamente administrativas y sancionadoras atribuidas al mismo será desempeñadas por 3 de los miembros salientes que serán los de mayor y menor edad, así como aquel que se haya incorporado en último lugar al Consejo”.
Este texto tiene pinta de haber sido redactado por un abogado, pero como no me fío, acudo al artículo 81 de la Constitución y leo textualmente lo siguiente: “81.2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.”
Por tanto, Sánchez dispone de mayoría más que suficiente para aprobar la reforma que resolvería en un instante la crisis del CGPJ porque excluiría a Lesmes y a sus jueces caducados.
Pero el propio Lesmes ha pronunciado, por cuarta vez consecutiva con su presidencia caducada, el discurso de apertura del año judicial. Su parlamento ha incluido cosas como estas, para seguir entrecomillando: “Hay dos ejemplos paradigmáticos que sirven para poner en valor el extraordinario servicio prestado a la sociedad española durante los últimos años por unos jueces absolutamente independientes en la defensa de nuestro Estado de Derecho que nunca han estado dispuestos a rendir sus togas a otros intereses que no sean los de la Justicia (…). Me referiré en primer lugar al combate librado contra el fenómeno de la corrupción…”.
Se dedican a mantener vivos conflictos que podrían resolver dentro de la ley incluso sin votar lo mismo
Contra tanta desvergüenza por parte del jefe de los jueces solo pronunciaré una palabra: NASEIRO, y si usted, como me pasaba a mí, no recuerda bien de qué iba, solo tiene que comprobar que aquel asunto, con un Tribunal Supremo ordenando la destrucción de pruebas decisivas de corrupción en el PP al más alto nivel, se convirtió en un aviso de barra libre para meter la mano en la caja. Y claro, abusaron tanto los ladrones disfrazados de políticos que, al final, terminaron estallando Bárcenas, Gürtel y muchos más casos.
Pero Lesmes, durante su discurso, dedicó mucho más tiempo, una cuarta parte nada menos, al otro “ejemplo paradigmático” del valor de los jueces, y lo hizo rechazando frontalmente “el discurso político que aboga, sin mayores precisiones, por la “desjudicialización”, en referencia a los hechos acontecidos en Cataluña en el año 2017 (…). Se habla así, sin rubor alguno, de la necesidad de huir de los jueces que garantizan la aplicación de la ley como fórmula de solución pacífica y ordenada de las controversias, como si fueran éstos los que hubieran provocado los conflictos con sus actuaciones en defensa de la legalidad.”
No cabe ninguna duda. Lesmes ha aprovechado la ocasión para recordar a Sánchez y a Núñez Feijóo que son impagables los servicios prestados por los jueces que él preside, ante la incapacidad demostrada por los políticos para resolver el problema creado desde una sociedad catalana que sigue reclamando el derecho a decidir y vivir en una república, que osadía.
¿Y qué hace un abogado de líderes independentistas catalanes dedicando tiempo a defender propuestas constructivas para la gobernanza judicial en el reino de España, mientras el “gobernante” de los jueces se dedica a justificar con demagogia barata los casi cuatro años que lleva cobrando unas retribuciones a las que, si tuviera un mínimo de decencia, habría renunciado?
Sí, el autor de la propuesta para bajar de una vez el telón de uno de los escenarios más cargados de mentiras y demagogias de los que siguen funcionando se llama Gonzalo Boye y, por tanto, usted no debe alegrarse ni preocuparse: a ese abogado ninguno de los que deberían le hará el menor caso.
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Domingo Sanz es socio de infoLibre
