No todos son iguales
Quién está al frente de un gobierno cuando se produce una crisis económica, sanitaria o por catástrofe natural importa y mucho, porque no todos son iguales. No dudo que si frente a la Dana valenciana hubiera estado el gobierno de Ximo Puig, los resultados hubieran sido diferentes, no tan catastróficos, al menos.
Los efectos de una crisis pueden ser catastróficos si la principal preocupación del presidente de un gobierno es la propaganda y no la gestión. La principal preocupación del presidente del gobierno valenciano el día de mayor crisis de la comunidad autónoma fue la contratación de una directora para su televisión pública, es decir le preocupó más la propaganda que la solución de los problemas que la Dana estaba ocasionando. Mientras se afanaba en convencer a una candidata para el puesto de directora de su televisión, muchas personas estaban muriendo en su comunidad.
Si en la pandemia hubiera gobernado el PP
Conocemos los resultados de la gestión de la pandemia por parte del gobierno de coalición. No sabemos lo que habría ocurrido si al frente del gobierno hubiera estado el PP. Algo podemos barruntar conociendo la respuesta que dio a la crisis financiera de 2008-2014 cuando asumió el gobierno en 2011, respuesta que más adelante se comentará.
Para conocer lo que hizo el gobierno de coalición durante la pandemia, sobre todo en materia laboral, es muy útil el libro Empleo y Contratación laboral: políticas públicas en España frente a la Covid 19, cuyo autor es Adrián González Martin, inspector de trabajo, destinado en aquellos años en el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
En el aspecto económico, las consecuencias de las medidas de cese de actividad y declaración del estado de alarma, fueron en 2020 desastrosas: el Producto Interior Bruto (PIB) descendió un 11,2%, lo que podría significar la pérdida irreparable de millones de puestos de trabajo.
A los tres días de la declaración del estado de alarma, se aprobó el real decreto ley 8/2020 de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social del Covid 19. “El Gobierno no quería que se reprodujera lo ocurrido en la crisis financiera de 2008-2013, cuando se destruyeron 3,6 millones de puestos de trabajo, comenta Adrián González; el número de parados ,según la Encuesta de Población Activa, se incrementó en 4.5 millones y la tasa de paro pasó del 7,9% en el segundo semestre de 2007 al 26,9% de la población activa en el primer semestre de 2013. Para evitar esa situación en 2020, se buscó priorizar el mantenimiento del empleo sobre la extinción de los contratos de trabajo, recogiendo medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal para evitar despidos”.
Con este fin, se estableció que las pérdidas de actividad consecuencia directa del Covid 19 tendrían la consideración de fuerza mayor a los efectos de la suspensión de los contratos o reducción de jornada. Se agilizó la tramitación de los procedimientos de regulación de empleo por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se reforzó la cobertura de los trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) posibilitando su acceso a la prestación contributiva por desempleo, aunque carecieran del periodo de cotización necesario, sin que el período de percepción computara a efectos de consumir los periodos máximos de percepción legalmente establecidos y se exoneró a las empresas en los casos de fuerza mayor del pago de su aportación empresarial, siempre que se comprometieran a mantener el empleo.
Todo mediante negociación y consenso
Las medidas aprobadas por el real decreto 8/2020 no fueron las únicas. Hasta septiembre de 2021 se aprobaron otros cinco reales decretos que ampliaron o modificaron las medidas según la evolución de la pandemia; pero lo más importante es que todos ellos fueron el producto de acuerdos de los agentes sociales, empresarios y sindicatos, que se denominaron Acuerdos Sociales de Defensa del Empleo (ASDE), seis en total, más otro producido en la Comisión de Seguimiento de los ASDE, cuyo resultado fue la adopción de medidas para la protección de los trabajadores autónomos.
El reforzamiento de la negociación colectiva como mecanismo para solucionar problemas sociales y laborales supuso un contraste total con lo realizado por el Partido Popular en su reforma laboral de 2012, que se destacó por su obstrucción a la negociación colectiva en convenios y en despidos colectivos y por el aumento de las facilidades para el despido colectivo, derogando la necesidad de pérdidas para los motivados en causas económicas. A ello hay que añadir la reducción de la indemnización por despido improcedente y la ampliación del catálogo de despidos procedentes, entre otras materias.
El éxito y el esfuerzo de los ERTE
El número de trabajadores afectados por Ertes fue disminuyendo paulatinamente a lo largo de los años como consecuencia de la recuperación de la actividad. De 3,5 millones de trabajadores afectados en abril de 2020, se pasó a 119.921 en diciembre de 2021 y a 17.186 en marzo de 2023. El PIB pasó de un -11,2% en 2020, a un incremento del 6,4% en 2021 y un 5,8% en 2022, continuando el crecimiento, aunque menor, hasta 2024.
El anterior director del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, destacó en una conferencia pronunciada en el “Foro Canarias, eje de inversión” en noviembre de 2023, el papel destacado que cumplieron los Erte en la mejora del mercado laboral y la recuperación de la actividad, según se recoge en el libro de Adrián González.
“Durante la pandemia, dada la fuerte caída que experimentó la actividad económica en 2020, las tasas de empleo registraron disminuciones muy inferiores a las que serían esperables sobre la base de regularidades históricas,” señaló Hernández de Cos.
“Cabe destacar el papel desempeñado en muchos países por los Erte, como opción alternativa a los ajustes de empleo, añadió el anterior gobernador del Banco de España; su uso mitigó de manera muy intensa las necesidades de dichos ajustes y favoreció la reincorporación laboral posterior. Más allá de la reacción inicial a la crisis del Covid 19, a lo largo de la recuperación posterior el empleo ha seguido mostrando un comportamiento positivo. Este comportamiento está siendo especialmente destacable cuando la actividad económica en España y en otros países se está viendo lastrada por la guerra de Ucrania y por el aumento de la inflación. En este contexto, el empleo ha seguido creciendo en tasas notables. Como ilustración, el empleo en España aumentó en torno al 3% interanual ( en 2023), cuando el PIB se ha desacelerado hasta mostrar un crecimiento interanual del 1,8 %, en el tercer trimestre de 2023”.
El mismo directivo destacó en su conferencia en Canarias la reducción significativa de la tasa de temporalidad, especialmente significativa en el sector privado, asociada a la reforma laboral aprobada en 2021.
España hizo un esfuerzo considerable para financiar los Erte, dentro del marco abierto por la Unión Europea, quien cambió de política en la pandemia con respecto a lo sucedido en la crisis financiera, cambio que se debió en parte a las propuestas españolas, con apoyo de otros países. La UE estableció el instrumento SURE dotado con 100.000 millones de euros, en forma de préstamos en condiciones favorables para los países miembros. España obtuvo una ayuda de más de 21.000 millones de euros pagaderos en 15 años, que fueron destinados a la financiación de los Erte, exención de cotizaciones a la seguridad social de los empresarios, prestaciones por cese de actividad a autónomo, y ayudas a los trabajadores fijos discontinuos.
El mecanismo red de flexibilidad y estabilización del empleo
El éxito de los Erte llevó a diseñar un mecanismo permanente para afrontar futuras crisis mediante el real decreto ley 32/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes de reforma laboral.
La Exposición de Motivos del real decreto analizaba la necesidad de una reforma laboral en profundidad en España de la forma siguiente: “Hablar de reforma laboral en España es evocar un larguísimo proceso de cambios normativos que no han logrado, sin embargo, acabar con los graves problemas de nuestro mercado de trabajo: el desempleo y la temporalidad. La combinación de ambos ha dado lugar a que el trabajo en nuestro país esté especialmente afectado por la precariedad, una inquietante realidad que da lugar a malas condiciones de empleo, priva a nuestro sistema productivo de desplegar toda su capacidad y dificulta una ciudadanía plena en el trabajo”.
El Mecanismo Red permitirá a las empresas la reducción de jornada y suspensión de contratos de trabajo en dos modalidades, cíclica y sectorial; esta última se producirá cuando en un determinado sector o sectores se aprecien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y de procesos de transición profesional, con una duración máxima inicial de un año y dos prórrogas de seis meses cada una.
Para financiar el mecanismo RED se ha creado un Fondo Red de Flexibilidad y Estabilidad del Empleo, por el Real Decreto 608/2023 que establece los beneficios para personas trabajadoras y empresas de dicho mecanismo.
Los primeros efectos de este mecanismo se han producido ante la Dana valenciana. Más de 30.000 trabajadores y 2800 empresas se han acogido a Ertes.
Pese a que los efectos de las medidas tomadas desde la pandemia han mejorado la vida de muchas personas, quedan todavía muchas tareas pendientes. La principal es romper la brecha generacional causada por los bajos ingresos de las personas más jóvenes
Los resultados de las normas sobre las personas
Las normas aprobadas durante la pandemia y las derivadas de la reforma laboral de 2021 han mejorado la vida de muchas personas, aunque persistan muchos problemas por resolver en materia de igualdad.
El índice Gini mide la desigualdad de ingresos en un país en un periodo determinado ( de 0 a 100, donde 0 significa que todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos y 100 que una sola persona tiene toda la riqueza). En 2014, el índice en España era de 34,7 y en 2023 fue de 31,5, lo que refleja que la desigualdad ha disminuido en términos globales.
La tasa Arope, que mide el peligro de exclusión social a través de varios subíndices, también ha bajado desde 30,20 en 2014 a 26,50 en 2023. Que baje o suba un punto significa que cientos de miles de personas han mejorado o empeorado sus condiciones de vida, no son frías estadísticas.
Otro dato interesante, según un estudio de noviembre de 2024 de Caixa Bank Research (Servicio de estudios de la Caixa) es que la clase media ha aumentado en número de personas, pasando del 59,2% en 2007 al 61,1% en 2022. Dicho dato puede parecer sorprendente cuando tanto se habla de la desaparición de la clase media.
El método utilizado para la medición, realizado por los economistas Oriol Aspesch y Josep Mestres Domenech, es el utilizado por la OCDE, que sitúa la clase media en la proporción de la población que dispone de ingresos que se sitúan entre el 75% y el 200% de los ingresos medianos del conjunto de la población en cada año. La proporción del 61,1% alcanzado en 2022, ha ido acompañada de una reducción de las personas de clase baja que es del 30% y también de la clase alta situada en el 8,8 % de la población.
A pesar del leve crecimiento de la clase media, la percepción es a menudo la contraria. ¿Qué puede explicarla?, se preguntan los autores del estudio de Caixa Bank Research. Una posible explicación es la pérdida de poder adquisitivo que se produjo durante la crisis financiera. En 2013, los ingresos eran un 15% inferiores a los de 2007, siendo la caída similar en las distintas clase. En 2022, todos los grupos recuperaron los niveles previos a la crisis financiera. La caída de la clase media fue notable entre los años 2008 y 2013, en los que se pasó del 59,2% al 53%.
No obstante, la clase media no aumenta de la misma forma cuando se analiza la evolución por edades. Entre 2007 y 2022 se ha reducido la proporción de jóvenes que pertenecen a la clase media y ha aumentado el número de jóvenes que pertenecen a la clase baja.
Otra forma de analizar la evolución de los ingresos de las distintas generaciones consiste en comparar sus ingresos en términos reales a lo largo de la vida. Si dividimos las personas nacidas entre 1948 y 1991 en cuatro grupos generacionales y comparamos la evolución de los ingresos, se observan cambios relevantes: por ejemplo, las personas nacidas entre 1981 y 1991 tienen un nivel de ingresos inferior al de las personas nacidas entre 1970 y 1980 cuando tenían entre 34 y 38 años, patrón que se repite en todas las generaciones.
La generación que percibe mayores ingresos es la situada entre 48 y 58 años. En la generación de mayores de 65 hay mayor variedad. Una parte se sitúa en lo que se define como ingresos de clase baja, debido sin duda a la baja cuantía de no pocas pensiones.
Tareas pendientes
Pese a que los efectos de las medidas tomadas desde la pandemia han mejorado la vida de muchas personas, quedan todavía muchas tareas pendientes. La principal es romper la brecha generacional causada por los bajos ingresos de las personas más jóvenes. El aumento del salario mínimo y el crecimiento de la contratación indefinida no bastan. Se necesitan mejores salarios y mejores empleos para reducir esa brecha, además de mejorar el acceso a viviendas dignas para que los jóvenes no se dejen seducir por los cantos de sirena de la extrema derecha.
Otra tarea es mejorar los mecanismos administrativos de gestión de las ayudas. Desde que los gobiernos aprueban las ayudas o medidas hasta que éstas son recibidas por los ciudadanos pasa demasiado tiempo. El mecanismo administrativo interpuesto, es decir la información, la regulación, los medios de que dispone la administración, el grado de compromiso de los funcionarios con su labor (no siempre el mejor) se interponen entre medidas legislativas pertinentes aprobadas y los ciudadanos.
Ambas tareas siguen pendientes y son imprescindibles. Queda mucho por hacer hasta 2027.
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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.
