Del IVA al Matadero: un año de política cultural

La bajada del IVA cultural ha sido la protagonista indudable de la política cultural del 2017. Aunque no afectara al cine, que continúa tributando al 21%, aunque tardara seis meses en llegar –tras cuatro años de promesas– y aunque el tipo se sitúe ahora al 10%, dos puntos más de lo que tributaba hasta 2011. A su sombra, cuestiones como el canon digital, la crisis en la SGAE o las negociaciones que atañen a parte de la colección del Thyssen casi parecen invisibles. Estos son algunas de las polémicas que han regido un año de cultura.

El baile del IVA

El Partido Popular lleva prometiendo la bajada del IVA cultural prácticamente desde que lo aumentó del 8% al 21% en 2012 (con la única excepción de los libros, que mantenían el tipo superreducido al 4%). Con las elecciones generales de 2015 la cosa parecía inminente, aunque dependiendo de quién hablara: José María Lassalle, antiguo ministro del ramo, decía que la bajada llegaría “con toda seguridad” mientras Luis de Guindos, titular de Economía, decía que aquello no entraba en sus planes. Cinco años de espera después, el 2017 ha visto caer de nuevo el impuesto a la cultura.

Pero la decisión no ha sido ni clara ni equitativa. Ciudadanos incluía en verano, como condición para la investidura de Mariano Rajoy, la bajada del IVA cultural, pero el acuerdo firmado entre los dos partidos dejaba fuera al cine y fijaba el nuevo tipo en el 10%, dos puntos por encima del existente hasta 2012. Pero la confirmación no llegó hasta marzo, cuando el descenso apareció al fin en el borrador de los Presupuestos. Hasta entonces, el sector cultural veía la promesa con incertidumbre. Y con motivo: solo un mes antes, el Congreso de los Diputados instaba al Gobierno a que redujera la tasa a la cultura... y el PP votaba en contra. Finalmente, la medida entró en vigor en junio y los espectáculos en directo tributan ya al 10%. Y solo los espectáculos en directo: ante el hecho de que una corrida de toros tenga un IVA reducido y una película no, la polémica estaba servida.

La exclusión del cine de la bajada se encontró primero con un sector perplejo –“Algún día alguien nos contará el porqué de este misterio de excluir al cine y esperamos que sea pronto”, decía Ramón Colom, representante de los productores– y, luego, prudente. Porque de inmediato el Gobierno comenzó a asegurar que el audiovisual alcanzaría a sus compañeros en 2018. No sin jaleo. Fernando Benzo, secretario de Cultura, presumió en septiembre de que el cine tendría el IVA al 10% "antes de que termine el 2018”, pero el Ministerio salió de inmediato a matizar sus palabras asegurando que se trataba más de “un deseo” que de una realidad firme. Días después, el ministro Méndez de Vigo decía en una entrevista que el impuesto se reduciría “pronto” y que tendría que ser Cristóbal Montoro, responsable de Hacienda, quien anunciara la medida. O no, porque fue el mismo Méndez de Vigo quien, tras un Consejo de Ministros, hizo público el compromiso oficial de que se aprobaría la bajada del cine con los Presupuestos de 2018. Y, con este plan en proceso de negociación, hasta ahí podemos leer.

Presupuestos estancados

Como compensando la bajada del IVA, las artes escénicas fueron las más perjudicadas de los últimos Presupuestos de Cultura. No es que sus compañeras tuvieran un trato espléndido: en suma, la cuantía global dedicada a las artes cayó un 0,7% pese al discurso de recuperación económica del Gobierno. La ingeniería presupuestaria del Ejecutivo permitía hacer figurar ciertas subidas, sustentadas por otras flagrantes reducciones. Por ejemplo, el libro disfrutaba de un nuevo Plan de Fomento de la Lectura, dotado en este año con 372.000 euros, pero las ayudas a la edición y a las librerías caían un 25%. En teatro, los principales certámenes mantenían o aumentaban su dotación, mientras se reducían en 1,4 millones de euros las inversiones dedicadas a nuevos equipamientos, que afectan sobre todo a los centros de producción y exhibición del Ministerio, como la Compañía Nacional de Danza o el Centro Dramático Nacional.

La caída de la SGAE

Es difícil saber si 2017 ha sido el peor año para la SGAE, porque la sociedad de gestión de derechos autos lleva varios ejercicios enfangada en el escándalo, al menos desde 2011 con la detención de su expresidente, Teddy Bautista, por un presunto desvío de fondos que está cifrado en 21 millones de euros. El proceso que se conoce como caso SGAE –los responsables de comunicación de la entidad tienen trabajo para rato– sigue abierto. Pero, si aquello podía achacarse a unas cuantas manzanas podridas, el destape del supuesto fraude conocido como la rueda de las televisiones cuestiona el funcionamiento mismo de la entidad.

En junio, 18 personas fueron detenidas por lo que la Audiencia Nacional consideraba un “delito continuado de estafa”. El funcionamiento de la rueda era el siguiente, según la investigación: las televisiones son los grandes pagadores a la SGAE por la emisión de música en sus espacios. Para recuperar ese dinero, las cadenas fundaron editoriales, empresas que representan a los artistas y que, como tal, cobran derechos de autor. Las cadenas implicadas, siempre según las pesquisas de la policía, emitían en formatos de madrugada sin apenas audiencia la música propiedad de sus editoriales, compuesta por artistas implicados en la trama y registrada, además, de manera dudosa. De esta forma, las televisiones acababan, de alguna manera, pagándose a sí mismas. Esto alteraba, además, todo el sistema de reparto de la sociedad gestora, hasta el punto de que autores como Alejandro Sanz o Pablo Alborán han firmado un manifiesto en el que se declaran “víctimas de fraude”.

Las consecuencias legales ya se están dejando ver. Una resolución judicial ha obligado a la SGAE a expulsar de su junta directiva a tres representantes de las grandes editoriales como EMI o Warner, por haber sobrepasado el mandato límite. Pero el auto entiende también que las empresas que de alguna forma son usuarias de la música –y por lo tanto son pagadoras de la SGAE–, como las editoriales que pertenecen a discográficas, no pueden tener voz en la organización de los autores. Además, la sentencia exigía dos modificaciones que han sido apeladas por la entidad. La primera exigía que el sistema de reparto, que establece cómo se divide el dinero recaudado, sea aprobado por la Asamblea de socios, y no solo por la Junta Directiva. La segunda establece que el cálculo del reparto –qué músicos han sido más escuchados y, por lo tanto, a quiénes les corresponde un mayor pago– no puede hacerse mediante sondeos, como hasta ahora, sino de uso real. Esto último supondría un cambio mayúsculo en la estructura de la entidad.

El Ministerio de Cultura ha exigido también que la SGAE le dé a conocer sus cuentas y sueldos, pero también los criterios de reparto y su efecto en el voto de los socios. 2018 puede ser el año en que la sociedad de autores se vea obligada a decir adiós a su opacidad.

El regreso del canon digital

Este año ha supuesto también la vuelta del canon digital, la tasa que se carga a ciertos productos electrónicos para compensar a los autores por la posible piratería que se realice con ellos. Desde julio, los fabricantes deben pagar una cuota al Gobierno por este concepto, como se estableció en 2008 mediante la llamada ley Sinde. Desde 2011, sin embargo, la compensación por copia privada salía, no de los bolsillos de los compradores, sino de los Presupuestos Generales del Estado, una decisión criticada por las sociedades de gestión de derechos, pues la recaudación calló de 115 a 5 millones de euros.

El paso atrás dado por el Ministerio vino dado porque el Tribunal Supremo declaró nulo en noviembre de 2016 el nuevo sistema, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumbara ese mismo reglamento, al entender que "no garantiza que el coste de la compensación equitativa sólo sea sufragado, en último término, por los usuarios de copias privadas". En este nuevo canon digital, eso sí, estarán exentas del pago las personas físicas y las empresas "que justifiquen el destino profesional de los equipos y soportes, además de las entidades del sector público".

Incertidumbre en el Thyssen

Un año completo no ha bastado. El futuro de parte de la colección que exhibe el Museo Thyssen-Bornemisza sigue en suspenso. Las negociaciones entre el Ministerio de Cultura y Carmen Cervera, viuda y heredera del barón, han ocupado durante el 2017 los periódicos, pero acaban de prorrogarse de nuevo hasta junio.

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El grueso de la colección permanente del museo está constituido por las 775 obras que el Gobierno, por entonces socialista, compró al barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza en 1993. Pero, desde 2004, el museo exhibe también parte de las 429 obras que constituyen la colección Carmen Thyssen-Bornemisza. Se trata de un préstamo gratuito al Estado, que se encarga de conservarlo durante ese tiempo. El acuerdo entre el Ministerio y la baronesa se renueva anualmente desde 2012, pero ahora las partes renegocian sus condiciones, que Cervera quiere modificar: en 2016 aseguró que obtener un "fee anual", es decir, que el Ministerio de Cultura le pague un alquiler por sus obras, además de mantenerlas y asegurarlas. En las negociaciones también está la ampliación del límite de préstamos a organismos internacionales, por los que la baronesa cobraría una cantidad, e incluso ciertos beneficios fiscales en medio de sus problemas con Hacienda.

Lucha por el Matadero

El debate en torno a una sala de teatro dependiente del Ayuntamiento de Madrid ha sido, sorprendentemente, uno de los más sonados del año. El cambio de programación de las Naves de Matadero tras un concurso público para elegir a su director fue la puntilla de Celia Mayer, concejala del área, destituida en marzo una semana después de que se hiciera público el nuevo programa. El motivo de la polémica: Mateo Feijóo, el nuevo gestor elegido por concurso público en septiembre de 2016, llegaba con un proyecto dedicado a las artes escénicas de vanguardia —performance, danza, música y el teatro más contemporáneo— y rompía con la línea llevada por los anteriores directores, interesados en un teatro de texto más tradicional. Creadores como Blanca Portillo o Sergio Peris Mencheta lanzaron duras críticas contra la decisión, mientras 250 artistas lanzaban un manifiesto en apoyo de la medida... y otros 700 les respondían con un texto en contra. Las pobres cifras de espectadores logradas por el centro en sus primeros tres meses ponen en cuestión la decisión: si entre marzo y junio de 2016 acudieron a la sala más de 40.000 personas, en el mismo periodo de 2017 lo hicieron 1.605.