El 23,3% de los 18.500 millones de subvenciones europeas concedidas ya ha llegado al tejido productivo

La velocidad de ejecución de los fondos europeos Next Generation es la clave del impacto de los 140.000 millones de euros que España recibirá para recuperarse del golpe que la pandemia propinó a la economía en 2020. De esa cantidad, 70.000 millones son entregas a fondo perdido y el resto, préstamos. Una cantidad ingente de dinero cuya gestión es todo un desafío para las administraciones públicas. El Observatorio de Fondos Next Generation EU, creado por la escuela de negocios Esade, ha analizado tanto las licitaciones públicas como las subvenciones convocadas y concedidas por las administraciones españolas desde mayo de 2020 y financiadas con los fondos europeos. Las licitaciones ofertadas sumaban 4.997 millones de euros hasta febrero de 2022, cuando Esade publicó un primer informe. Las subvenciones constituyen un paquete de mucho mayor volumen, 28.459 millones hasta el 15 de noviembre pasado.

Según este segundo análisis, de los 28.459 millones de euros en subvenciones convocadas, 18.570 millones, el 65,15%, tienen como destinatario directo el tejido productivo y social –empresas, asociaciones y personas físicas–, mientras que los 10.000 millones restantes son transferencias entre administraciones, que el informe considera, por tanto, “convocatorias interpuestas”. De esos 18.570 millones en subvenciones convocadas se han concedido ya 4.200 millones de euros, el 23,3%. El total de las ayudas adjudicadas –sumando las que son transferencias entre administraciones y las que van directamente a empresas y particulares– asciende a 9.300 millones, un tercio de las convocadas.

Manuel Hidalgo, autor de ambos estudios, codirector del observatorio y profesor de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, explica que el ritmo de convocatoria de las subvenciones se ha acelerado, sobre todo en los últimos seis meses. Si hasta enero de este año se habían publicado anuncios de ayudas por importe de 8.700 millones de euros, desde entonces se han más que duplicado las convocatorias, que suman casi 20.000 millones en lo que va de ejercicio.

Otro tanto ha ocurrido con las concesiones, aunque su velocidad es mucho menor, debido al problema que está representando para unas plantillas públicas insuficientes ejecutar procedimientos administrativos muy complejos. En cualquier caso, las concesiones se aceleraron a partir de julio de 2021, cuando alcanzaron los 2.787 millones de euros, pero sobre todo desde el pasado abril, cuando se elevaron hasta los 8.465 millones.

En resumen, hasta febrero se cuentan 1.267 licitaciones y hasta noviembre 1.486 convocatorias de subvenciones asociadas a los fondos europeos.

Pequeñas y medianas empresas, las más beneficiadas

Las ayudas ya otorgadas han beneficiado en mayor número a sociedades limitadas, que han conseguido 1.132 millones, el 12,2% de los 4.200 millones que ya han llegado al tejado productivo y social. Ese importe casi duplica el que han recibido las sociedades anónimas, 622,5 millones. Las universidades se han hecho con 810 millones. Otros 663,8 millones han ido a parar a asociaciones y 417,4 millones más a personas físicas. También figuran en la lista de perceptores finales de las subvenciones las instituciones religiosas, con 25,8 millones de euros, y las cámaras de comercio, con 3,37 millones. El estudio destaca así el carácter “más transversal” de las subvenciones en comparación con las licitaciones, que han sido adjudicadas en un 26,7% a uniones temporales de empresas –893,3 millones de euros–, un 20,2% a sociedades anónimas –676 millones– y el 8,9% a sociedades limitadas –299,7 millones–.

Las cifras de convocatorias también reflejan esa amplitud del reparto: 10.017 millones de euros de los 28.459 millones ofrecidos hasta noviembre están destinados a pymes y autónomos, mientras que a empresas con más de 250 trabajadores y más de 50 millones de cifra de negocio se dedican 3.370 millones, una tercera parte. Otros 3.359 millones tienen como objetivo fundaciones o asociaciones y 1.198 millones son ayudas a investigadores.

Cataluña, la que más convoca; Madrid, la que más recibe

La administración que más subvenciones ha convocado es la central, incluidos sus organismos autónomos y empresas públicas: 22.900 millones, el 80,2%. El ministerio más activo es el de Industria, con el 25% de las convocatorias, 7.130 millones, seguido de Transición Ecológica, con 4.200 millones y Economía, con otros 3.500 millones. El departamento autonómico que más subvenciones ofrece es el de Derechos Sociales de Cataluña, con 416,37 millones de euros, más que los ministerios de Política Territorial, Cultura, Seguridad Social o Derechos Sociales. También encabeza la clasificación entre los organismos autonómicos el Institut Català d’Energia (Icaen), que destina 208 millones a ayudas. La Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid se queda por detrás, con 143,36 millones. La Consejería de Fomento andaluza –161,77 millones– y la Secretaría de Planificación valenciana –155,22 millones– figuran también a la cabeza de las convocatorias autonómicas por importe.

En total, y tras la Administración central, es Cataluña la comunidad autónoma que más subvenciones oferta, 1.128 millones de euros, seguida de Andalucía, con 713,59 millones, y la Comunidad Valenciana, con 654,1 millones. Madrid se queda en 538,39 millones, la mitad que Cataluña. Cuando el foco se coloca en las subvenciones ya concedidas, el panorama cambia. Madrid es la que más dinero ha recibido hasta el 15 de noviembre: 1.979 millones. El estudio explica que son los fondos procedentes de convocatorias hechas por la Administración General del Estado los que explican ese liderazgo. La provincia de Barcelona ha percibido 1.085 millones. La de Valencia, 554,1 millones. Le sigue Sevilla, con 542,7 millones de euros.

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¿A qué se van a dedicar esos miles de millones? De momento, hay 1.047,5 millones de euros para incentivos al autoconsumo y el almacenamiento de energías renovables, el capítulo de mayor volumen, pero también otros 1.000 millones para crear zonas de bajas emisiones en las ciudades y hacer más sostenible el transporte urbano. Los programas MOVES II y III, para fomentar el uso del vehículo eléctrico, se llevan 942,5 millones de euros. Bajo el epígrafe “actividades profesionales, científicas y técnicas” se han concedido ya 713,4 millones para contabilidad, ingeniería, consultoría... Un total de 694,9 millones han ido a parar a educación, 470,7 millones de euros a sanidad, 468,1 millones a rehabilitar edificios y 535,2 millones a avales. De estos últimos se han hecho convocatorias por un importe total hasta el momento de 1.932 millones de euros, la mayoría a cargo de la entidad pública CERSA.

Pero el programa estrella, por ser el de mayor volumen de subvenciones de todos, es el PERTE del vehículo eléctrico, por el que la Administración central ofrece ayudas por valor de 2.975 millones. Las comunidades autónomas, en ejercicio de sus competencias, han orientado sus convocatorias hacia la sanidad, con un total de 675 millones, así como a la rehabilitación de edificios –552 millones– y el empleo –445 millones de euros–.