La Audiencia Nacional anula 156 despidos en Panrico

La Audiencia Nacional ha anulado los 156 despidos que Panrico había establecido ejecutar en 2015 y 2016 como parte del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 745 trabajadores que presentó el año pasado.

Según la Sala de lo Social, la empresa no ha ofrecido “ninguna justificación razonable de carácter organizativo para que, de los 745 despidos previstos, 79 se pospongan a 2015 y 76 a 2016”, por lo que éstos carecen de causa o la causa invocada en el ERE, que se cerró en diciembre de 2013, habrá “perdido actualidad en 2015 y 2016” y no sirve de soporte para extinguir esos contratos de trabajo.

Posponiendo los despidos a 2015 y 2016 sin ofrecer “argumentos organizativos”, la empresa reconoce que aquéllos “no son precisos para conjugar la causa objetiva en la actualidad, por lo que hoy carecen de justificación”. A juicio del tribunal, dejar esos 156 despidos para dentro de dos y tres años equivale a utilizar “de bola de cristal unas previsiones imposibles de contrastar”.

La sentencia tampoco considerada ajustada a derecho la decisión de la empresa de “abonar en diferido las indemnizaciones”, porque no acreditó que se encontrara en una situación de falta de liquidez. Según el tribunal, Panrico destinó 30 de los 60 millones de euros obtenidos de la venta de Artiach a devolver préstamos a su accionista, el fondo de capital riesgo Oaktree, al tiempo que retrasaba “injustificadamente” el pago de las indemnizaciones a los trabajadores despedidos.

El recurso fue presentado por los sindicatos CCOO y CGT. El tribunal no ha aceptado el resto de los argumentos que éste presentó en la impugnación del acuerdo del ERE, refrendado por ocho de los 13 miembros de UGT y CCOO que integraron la comisión negociadora. Así, acepta las causas económicas y productivas alegadas por la empresa. Panrico perdió 106 millones de euros en 2012.

Pero rechaza que se formara incorrectamente la comisión negociadora, que la empresa no suministrara la información económica reclamada por los representantes de los trabajadores, y que los criterios para seleccionar a los despedidos fueron imprecisos o arbitrarios. Tampoco acepta que los despidos en las fábricas de Santa Perpetua y Murcia fueran una represalia de la empresa por la huelga que mantienen los trabajadores en la primera y por las reclamaciones de salarios de los de la segunda.

Huelga de siete meses, fondo de capital riesgo

La contestación al ERE, que fue rechazado por las asambleas de trabajadores, ha llevado a la plantilla de la fábrica de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), la más afectada por los despidos, a una huelga de siete meses que aún se mantiene. Además de las 745 extinciones de contrato, la empresa ha despedido a 300 autónomos de su red de distribución. También ha aplicado una rebaja salarial del 18% para la plantilla y de un 15% para los 1.500 autónomos que aún permanecen en la empresa.

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El acuerdo del ERE establecía una indemnización de 25 días por año trabajado y 14 mensualidades, pero dilataba su pago a lo largo de 18 meses, debido a unos problemas de tesorería alegados por Panrico que la sentencia desestima. Según el esquema de la empresa, 312 despidos debían ser ejecutados en 2013, 277 en 2014, 79 en 2015 y 77 en 2016. Para los sindicatos demandantes, esa extensión de las medidas en el tiempo suponía mantener a la empresa en un “estado de excepción permanente”.

Antes del ERE Panrico contaba con una plantilla de 1.785 trabajadores, repartidos en nueve plantas situadas en Madrid, Barcelona, Córdoba, Sevilla, Zaragoza, Valladolid y Murcia. De todas las factorías, la de Santa Perpetua es la más afectada, con un total de 154 despidos. Según la empresa, también es la que más empleados –307– y mayores costes salariales –un 20% superiores a los del resto de las plantas– tiene. También la de mayor “capacidad ociosa”, un 62% según los gestores de Panrico.

La empresa de bollería, fabricante de los Donuts o los Bollycao, fue adquirida al 100% en junio de 2013 por el fondo de capital riesgo Oaktree, que capitalizó su deuda. De ahí los 30 millones de euros que Panrico pagó a su único accionista, en lugar de a sus trabajadores despedidos, según destaca la sentencia.