Adónde va el aumento del gasto social más allá de las pensiones: los cuidados se llevan la palma
Este jueves, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado con más detalle los Presupuestos Generales de 2023, cuyo borrador aprobó el Gobierno de coalición el martes. Bajo el eslogan de “atender lo urgente y seguir avanzando en lo importante”, la ministra ha detallado los ingresos y gastos de las cuentas públicas para el próximo año. El gasto social ha alcanzado un nuevo récord en 2023, hasta alcanzar los 274.445 millones. El incremento ha sido de 26.054 millones respecto a los presupuestos de 2022. El 75% de este incremento (19.547 millones) va a parar a las pensiones, tanto a la revalorización con el IPC como a las prestaciones de los nuevos pensionistas. El 25% restante, unos 6.507 millones de euros, se ha repartido entre el resto del gasto, dedicado a Dependencia, Sanidad, Educación y Cultura, entre otros.
Otras prestaciones: 1.326 millones para aumentar el Ingreso Mínimo Vital
Una de las partidas que acapara más recursos es la denominada “otras prestaciones”. El motivo de este incremento es porque en este epígrafe se incluye la revalorización del Ingreso Mínimo Vital, ya que su importe está vinculado a las pensiones no contributivas. Esta partida está destinada a prevenir el riesgo de pobreza y de exclusión social, que ya se había visto beneficiado por un aumento de un 15% temporal como medida para proteger a las personas más vulnerables del impacto de la inflación. El Gobierno estima que el aumento permanente de esta prestación será de en torno al 8,5%, aunque el cálculo definitivo se hará a mediados de noviembre, una vez se conozcan los últimos datos del IPC. Esta partida también incluye los subsidios por incapacidad temporal o las prestaciones por el cese por nacimiento y cuidado de menores.
Servicios sociales: 938 millones más, en especial para Dependencia
De todo el incremento del gasto social, el 3,6% ha ido destinado a los servicios sociales y la promoción social, al recibir 938 millones. En total, la partida crece un 15,2% hasta los 7.117 millones. Esta incluye los gastos para la autonomía personal y la atención a la Dependencia, que se ha incrementado en 620 millones. El fin de este monto son 300 millones para el "nivel mínimo" de dependencia, otros 300 para el "nivel contenido" y unos 18 millones para la dotación de las cuotas sociales de los cuidadores no profesionales. El gasto en Dependencia, que está incluido en esta partida, es de 3.522 millones. El Gobierno destaca que estos fondos han crecido un 152% en lo que va de legislatura, desde los 1.400 iniciales.
En esta partida destaca también un aumento de 96 millones (hasta alcanzar 822) para la partida de apoyos y cuidados de larga duración. El programa se ha calificado de “desinstitucionalización” de los cuidados (un concepto que ha costado pronunciar a la ministra Montero en la explicación), e implica una evaluación del sistema de la dependencia, y el impulso de nuevas medidas para mejorar los cuidados, tanto en las residencias como en el hogar, mediante medidas como el uso de la teleasistencia.
Sanidad: 443 millones más, centrados en la mejora de la atención primaria
“No se trata solo de aplaudir a los empleados sanitarios. Hay que demostrar esa voluntad política con hechos”, ha defendido la ministra de Hacienda en la presentación de los presupuestos. El gasto en Sanidad ha aumentado un 6,7%, hasta los 7.049 millones. Esto supone llevarse un 1,70% de los nuevos fondos. Entre las medidas planteadas con la totalidad, está la transferencia de 500 millones a las comunidades autónomas para infraestructuras en atención primaria y salud mental. La ministra ha anunciado la creación de 1.000 plazas nuevas para el primer curso de Medicina en los estudios universitarios, a lo que destina 50 millones. Se han consolidado 44 millones para ampliar los servicios de salud bucodental y 24 millones para protonterapia, una innovadora terapia oncológica para evitar el desarrollo de tumores secundarios. El Gobierno ha recordado que más de 1.100 millones se destinarán para la cuarta dosis de las vacunas covid-19.
Empleo: 381 millones más para mejorar la empleabilidad
El gasto en políticas de empleo ha crecido un 5% hasta llegar a 8.029 millones. Esto supone 381 millones más, o lo que es lo mismo, destinar un 1,46% del incremento del gasto social. Estas medidas tratan de incrementar los recursos para la formación y orientación profesional, con el fin de mejorar la empleabilidad de los trabajadores. La mitad del presupuesto, alrededor de 4.000 millones, van hacia la inserción e incentivación a la contratación. Cabe destacar que la partida que permitirá la bonificación en las cuotas a la Seguridad Social por la contratación de empleadas del hogar, que está cifrada en 130 millones. La Formación Profesional también ha aumentado en 124 millones más. En este sentido, María Jesús Montero ha señalado que estos programas tienen “una mejor capacidad de integración en el mercado laboral”, en comparación con otros programas formativos tradicionales.
Educación: 331 millones más para ayudar a modernizar el sistema
El presupuesto del gasto social en Educación ha aumentado a 5.354 millones, desde los 5.023 de 2022. Este aumento de 331 millones supone crecer un 6,6%, gracias al aporte del 1,27% de los nuevos ingresos destinados al gasto social. Las prioridades del Gobierno en este ámbito es, en primer lugar, mejorar las becas. Se han destinado 400 millones más, hasta alcanzar los 2.548 millones. El Gobierno ha aprobado una partida de nuevas ayudas al estudio, valorada en 200 millones. La partida incluye más recursos para la extensión del primer ciclo de infantil (136 millones de euros), del programa contra el abandono escolar (121 millones) o para combatir el acoso escolar (con un refuerzo de 20 millones).
Cultura y deporte: la medida estrella, la renovación del bono cultural
La partida de Cultura, que es de menor tamaño, es una de las que se ven más favorecidas. El aumento es de 215 millones, que supone apenas un 0,83% de los nuevos ingresos. No obstante, esto hace que la partida aumenta un 13,5%. La principal medida de este paquete es la renovación del bono cultural, la ayuda de 400 euros para los jóvenes que cumplen 18 años. El Gobierno estima que hasta medio millón de jóvenes pueden verse beneficiados de la medida. Este presupuesto se divide en tres: 200 euros para arte en vivo, patrimonio cultural o artes audiovisuales; 100, para productos culturales como revistas, libros, videojuegos, discos, etc.; y 100 restantes para consumo digital, por ejemplo suscripciones musicales, de lectura o audiovisuales. Además del bono cultural, el Gobierno pone énfasis en los 39 millones que va a destinar para la mejora de infraestructuras culturales, el aumento del presupuesto hasta 69 millones para instalaciones deportivas y 71 millones dirigidos a la industria del cine.
Vivienda: 177 millones para mejorar el parque público
La partida para mejorar el acceso a la vivienda y el fomento de la edificación ha recibido solo un 0,68% de los nuevos ingresos destinados a gasto social, lo que supone 177 millones más. Pasa, así, de 3.295 euros a 3.472, la gran mayoría procedentes de fondos de la Unión Europea (la inversión nacional en esta partida es de 992 millones de euros). El objetivo de esta partida es favorecer una vivienda digna para los colectivos más vulnerables, así como la promoción del parque de vivienda público. De los fondos totales, está previsto que se destinen 1.600 millones de euros a mejorar la promoción de vivienda en alquiler social. De estos fondos, 1.100 serán para rehabilitar edificios y otros 500 millones para la construcción de viviendas energéticamente eficientes. También destaca la continuidad del bono alquiler joven, para ayudar a pagar la renta a menores de 35 años, dotado con 200 millones.
