Educación y los rectores torpedean el derecho a cotizar de los becarios

Los ministerios de Empleo y Educación se están peleando por culpa de las cotizaciones a la Seguridad Social de los becarios. El departamento que dirige Fátima Báñez está dispuesto a devolver el derecho de cotización a los universitarios en prácticas, tal y como es preceptivo tras la última sentencia del Tribunal Supremo (TS), pero Educación, haciéndose eco de las presiones ejercidas por las universidades, prefiere que esta figura siga sin ser considerada una relación laboral.

El TS anuló el pasado 21 de mayo el decreto de noviembre de 2011 que excluía de pagar cuotas a los becarios, por lo que éstos deben ahora volver a cotizar como cualquier otro trabajador por cuenta ajena. Sin embargo, la Tesorería General de la Seguridad Social carece aún, en plena temporada alta de prácticas, de “criterios” para empezar a cobrar las cotizaciones, por lo que aconseja a las empresas que pidan el código de cuenta para sus becarios… y esperen.

Los rectores reducen las prácticas a un “aspecto formativo” más; rechazan, por tanto, que supongan una relación laboral. Y muestran su disgusto por tener que “poner más dificultades” a las empresas “exigiéndoles una cotización”. “Así sólo estamos perjudicando a los estudiantes, porque las empresas ya no van a querer becarios”, se queja Nicolás Díaz de Lezcano, vicerrector de la Universidad de Las Palmas y coordinador del grupo de Empleo de la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles (RUNAE), una de las comisiones sectoriales de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españoles (CRUE).

Aunque la cotización de un becario es sólo de 34,7 euros al mes, deducibles además para el empresario –se queda entonces en 20 euros–, Díaz de Lezcano asegura que para una empresa como el Banco Santander, que empleará este año a unos 5.000 becarios, el coste final puede ser elevado. Hay otro aspecto que se debe considerar: los fondos que las universidades perciben de estas empresas. Sólo en 2012 recibieron 130 millones de euros de la entidad que preside Emilio Botín para financiar todo tipo de proyectos académicos, financieros y tecnológicos, según consta en su informe de sostenibilidad.

Trabajo contra Educación

Díaz de Lezcano reconoce que el decreto ahora suspendido, que contradecía otro del Ministerio de Trabajo publicado apenas un mes antes, fue emitido por el Ministerio de Presidencia –ambos del anterior Gobierno socialista– “auspiciado por el de Educación”. El primero había asimilado a trabajadores por cuenta ajena a los participantes en programas de formación, siempre y cuando éstos fueran financiados por entidades públicas o privadas, no tuvieran un carácter exclusivamente lectivo e incluyeran prácticas retribuidas con una contraprestación económica.

El segundo, que arrebató el derecho a cotizar a los becarios universitarios y Formación Profesional, fue recurrido por CCOO y el Supremo lo ha anulado por una cuestión formal: no fue sometido a la preceptiva consulta al Consejo de Estado. En cualquier caso, su nulidad tiene carácter retroactivo y permitirá reclamar las cotizaciones no efectuadas desde noviembre de 2011.

Además, destaca el representante de los rectores, la decisión del TS les ha dejado sin normas que regulen las prácticas, por lo que deben remitirse a un decreto de 1981, “un régimen obsoleto anterior al Plan Bolonia”, el marco europeo de educación superior vigente desde 2010. “Las universidades nos encontramos en una situación de vacío y de inseguridad jurídica complicadísima”, explica Nicolás Díaz, “por eso pedimos a los ministerios que se pongan de acuerdo cuanto antes y dicten instrucciones sobre qué debemos hacer”. Es ilegal, añade, tanto no cotizar como cotizar indebidamente.

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200.000 en toda España

En el momento de publicarse el decreto ahora anulado, había más de 41.000 becarios dados de alta y cotizando, según reconoció en su momento el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos. Entonces pagaban por contingencias comunes y accidentes de trabajo, también para la jubilación, aunque no para el desempleo. También se les quita un 2% en concepto de IRPF. Pero no existen estadísticas sobre becarios en España. Díaz de Lezcano los cifra en unos 200.000.

CCOO ha pedido al Ministerio de Empleo que publique los datos sobre sus cotizaciones desagregados de los de afiliación a la Seguridad Social que facilita cada mes. Sería una forma de luchar contra el fraude que rodea a esta figura laboral, recalca el sindicato. Mientras el Ministerio de Empleo confía en llegar a un acuerdo en poco tiempo que solucione el problema, el de Educación no ha contestado a los repetidos requerimientos de infoLibre para conocer su postura en las negociaciones.