Extremadura y Comunidad Valenciana son las más perjudicadas por el corte de financiación que provoca el bloqueo político

La cuenta atrás que corre hasta el 23 de septiembre se ha convertido en angustiosa para las comunidades autónomas, que se juegan un 0,4% de su PIB y el cumplimiento del objetivo de déficit por culpa del corte de suministro financiero con que les amenazan la falta de Presupuestos para este ejercicio y el funcionamiento al ralentí de un Gobierno en funciones.

El proyecto de Presupuestos del Estado para 2019 destinaba 107.979 millones de euros para las comunidades autónomas en concepto de entregas a cuenta de los impuestos compartidos y la liquidación de 2017 –se realiza con dos años de decalaje–, un 4% más que la partida de 2018. Sin embargo, como las Cuentas fueron rechazadas en las Cortes, las comunidades no van a recibir ese aumento, sino las cantidades prorrogadas de 2018: 4.739 millones de euros menos de lo previsto. Tampoco cobrarán otros 2.500 millones de euros del mes 13 del IVAmes 13 , como se conoce al cambio introducido por el ministro Cristóbal Montoro en la recaudación de este impuesto indirecto  en diciembre, que se traslada en términos de caja a enero del año siguiente. En total, casi 7.300 millones de euros.

Según los cálculos de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada, a cuyo patronato pertenecen las principales compañías y bancos del país), esa merma de ingresos pone en peligro que las comunidades autónomas cumplan este año su objetivo de déficit, fijado en el 0,1%. Los presidentes autonómicos, por su parte, advierten de que, si no se desbloquean los pagos, sufrirán “tensiones de tesorería” al acabar el año y ponen en el disparadero las nóminas de los funcionarios –Alberto Núñez Feijóo– o los servicios sociales –Miguel Ángel Revilla: “Es dinero para la gente que más lo necesita”–. Cataluña y la Comunidad Valencia ya han planteado recortes en el gasto. Extremadura ha adelantado que no cumplirá el objetivo de déficit.

El informe de Fedea precisa que no todas las comunidades autónomas se verán afectadas en el mismo grado por la falta de actualización de las entregas a cuenta. Las más perjudicadas serán Extremadura, que dejará de ingresar una cantidad equivalente al 2,2% de su PIB, y la Comunidad Valenciana, que perderá un 1,8%. Cantabria y Asturias se quedarán sin un 0,9% de su PIB, mientras que para Murcia y Galicia la merma será del 0,8%. Baleares –0,6%–, Canarias –0,5%– y Madrid –0,3%– completan la lista de perjudicados. Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y La Rioja no sufrirán por la congelación de las entregas a cuenta de los impuestos compartidos –IRPF, IVA e impuestos especiales– y los fondos de garantía, suficiencia global y convergencia. Estas partidas representan, destaca Fedea, la mayor parte de los ingresos de las comunidades autónomas.“Chantaje”

“Chantaje”

De ahí la alarma que suscita en ellas: el bloqueo político se ha sumado a las deficiencias de un sistema de financiación autonómico en entredicho permanenteen entredicho permanente pero cuya reforma no ha hecho más que retrasarse pese a su urgencia. El Gobierno asegura que la Abogacía del Estado le ha dado luz verde para liberar las entregas a cuenta de los impuestos compartidos aunque no haya nuevos Presupuestos. Pero no puede hacerlo –necesitaría un decreto-ley– mientras se encuentre en funciones. Por eso apremia a los partidos de la oposición para que permitan la investidura de Pedro Sánchez y alejen los peligros de la repetición electoral, que podría traducirse en un cierre de ejercicio problemático para las comunidades autónomas. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha respondido acusando al Gobierno de “chantaje”, mientras la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, niega que esté utilizando la asfixia autonómica como medio de presión para conseguir la investidura de Pedro Sánchez.

Lo cierto es que Galicia reclama al Estado un total de 700 millones de euros, de los que 330 millones corresponden a las entregas a cuenta de los impuestos, 200 millones al mes 13 del IVA y 170 millones de euros más al incentivo que reciben las comunidades autónomas que cumplen con las reglas de estabilidad financiera. Asturias pide 200 millones, unos 120 de los anticipos de impuestos y 75 millones más del IVA. Cantabria calcula en 135 millones de euros la cantidad que se le adeuda. Extremadura rozará los 200 millones, de los que 80 procederán del IVA. Canarias supera los 400 millones de euros.

Entre las comunidades que están pendientes del mes 13 del IVA, Cataluña está pendiente de 480 millones de euros; Baleares, de 117 millones y Andalucía de otros 400 millones más.

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Permitir mayor déficit autonómico

En su informe, Fedea propone solucionar la congelación de las entregas a cuenta que se revise al alza el objetivo de déficit de las comunidades autónomas para este año y se baje el de la Administración central. Dentro de dos años, cuando se produzca la liquidación de este ejercicio, debería procederse a la inversa, reduciendo el objetivo de las comunidades y elevando el de la Administración central. En el mismo sentido se pronuncia el catedrático de la Universidad de Vigo Santiago Lago, quien lo recomienda como fórmula más sencilla, frente a la aprobación urgente de una modificación legislativa que permita aumentar las entregas a cuenta y adaptar las reglas de cesión del IVA. “Pero lo que hace falta fundamentalmente es voluntad política”, remacha a infoLibre. Para cobrar el mes 13 del IVA, en cambio, haría falta también un cambio legislativo.

De momento, la voluntad política sólo se conoce a través de las declaraciones. En tanto el consejero de Hacienda de Andalucía, Juan Bravo, apremia a María Jesús Montero para que libere las entregas a cuenta y pueda entonces empezar a diseñar sus presupuestos, la ministra pide a PP y Ciudadanos que “desatasquen” el bloqueo, no sin antes reprocharles que tumbaran los Presupuestos de 2019 abocando a la asfixia financiera actual.