Las flagelaciones públicas resurgen en Afganistán con más de 400 castigados por los talibanes en un año

La sharía, la ley sagrada del islam, volvió a dictar en Afganistán los deberes políticos y religiosos, públicos y privados, al poco de entrar los talibanes en Kabul el 15 de agosto de 2021. Habían pasado 20 años desde que las fuerzas de la OTAN invadieron el país tras los atentados del 11-S e intentaron construir, en vano, un Afganistán democrático y económicamente saneado. Con la llegada de los fundamentalistas pastunes, la represión y el recorte de derechos y libertades fueron inmediatos y se han ido agravando con el tiempo. En noviembre de 2021, el líder supremo talibán ordenó a los jueces imponer la ley islámica. Y, un año después, el Tribunal Supremo anunciaba oficialmente los primeros castigos públicos en su cuenta de X –antes Twitter– y en su página web. Las redes sociales del siglo XXI servían para proclamar la vuelta a la Edad Media de 40 millones de afganos.

Aunque durante los años de insurgencia contra el Gobierno de Kabul apoyado por la OTAN y Estados Unidos los talibanes nunca habían dejado de ejecutar escarmientos públicos, esa fecha supuso el regreso oficial de una de las marcas más terribles del régimen que ya había dominado el país asiático entre 1996 y 2001, tras la invasión soviética. Amputaciones de manos, flagelaciones y lapidaciones públicas, penas de muerte en estadios regresaban a la administración de justicia en Afganistán.

Así, entre el 26 de octubre de 2022 y el 26 de octubre de 2023, el Tribunal Supremo ha anunciado un total de 71 castigos públicos, que se han aplicado a 417 personas, según recoge el informe del proyecto Afghan Witness, dirigido por el Centro Para la Resiliencia de la Información, una organización británica sin ánimo de lucro experta en análisis e investigaciones de fuentes abiertas.

La mayor parte de esas penas, el 63%, castigan delitos “morales y religiosos”. Se consideran como tales el adulterio, la sodomía, los matrimonios sin autorización, beber y fabricar alcohol o la prostitución. “Ya con el anterior gobierno, el adulterio era considerado un delito, que se sentenciaba con 10 años de cárcel”, explica Mònica Bernabé, periodista del diario Ara que fue durante ocho años corresponsal en Afganistán y conoce bien el país. Casi el 25% de los castigos se debe a delitos contra la propiedad: robos y allanamientos de morada. Los delitos violentos –asesinatos y atracos a mano armada– son responsables de sólo el 8% de las condenas. El 2% restante lo componen el tráfico de drogas y delitos como la falsificación de documentos y el fraude.

Afganistán, que era el primer productor de opio del mundo, ha reducido la superficie cultivada de amapolas en un 95% el último año. Según cifras publicadas este mismo mes por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), ha pasado de 233.000 hectáreas en 2022 a tan sólo 10.800, con lo que la producción se ha hundido desde las 6.200 toneladas de opio del año pasado a apenas 333 toneladas en 2023. El desplome es el resultado de la prohibición anunciada por el líder supremo talibán en abril de 2022, que implicaba la aplicación de la sharía a los que desobedecieran.

Casi todos los penados son hombres: 220 frente a sólo 57 mujeres. Al menos en los casos en los que ha sido posible conocer el sexo del castigado, en 49 de los 71 anuncios del Supremo. También llama la atención el hecho de que más de la mitad de esas sentencias fueran anunciadas en diciembre de 2022, poco más de un mes después de reanudarse oficialmente los castigos públicos. Noviembre fue el segundo mes con más condenas. Afghan Witness atribuye esa acumulación a un atasco de casos a la espera de ser aprobados en el Tribunal Supremo.

Nueve sentencias de muerte

Los baremos de la justicia talibán tienen poco que ver con los occidentales. No sólo se castigan en mayor número los delitos morales y religiosos, sino que incluso se consideran más graves que el resto, al menos a tenor de la penalidad impuesta. En uno de los casos recogidos por el proyecto Afghan Witness, fueron castigados con 39 latigazos tanto dos personas acusadas de mantener relaciones ilícitas como un hombre condenado por robo. En otro, un hombre recibió por sodomía los mismos latigazos –39– que otro que había asaltado una casa.

En efecto, la mayor parte de los castigos públicos ejecutados en el último año han sido flagelaciones: las sufrieron 408 de las 417 personas sentenciadas. Los otros nueve condenados recibieron penas de muerte, conocidas como Qisas o “castigos divinos”, por asesinato. Pero sólo dos fueron ejecutados; a otros siete las familias de las víctimas les concedieron el perdón y salvaron la vida. Uno de los dos ajusticiados, el pasado mes de junio, era un talibán. El método empleado para las ejecuciones es el fusilamiento.

No obstante, al menos desde 2022 hasta ahora, la justicia talibán no ha castigado a nadie con amputaciones –para los robos– o lapidaciones –adulterio, entre otros–, las penas establecidas para las los “delitos contra Dios”, conocidos como Hudud. En esa categoría se incluyen también la crucifixión, que es la condena impuesta para las rebeliones contra el Gobierno islámico, y la pena de muerte en caso de apostasía. Pero para este tipo de delitos es necesario una carga de la prueba muy sólida; por ejemplo, que haya una confesión del delincuente o suficientes declaraciones de testigos. Si no se consigue, el castigo se rebaja a la flagelación.

Lo que no quiere decir, advierte el informe, que no vaya a haber castigos Hudud en un futuro próximo. De hecho, algunos ya han sido anunciados por el Tribunal Supremo de los talibanes en su canal de Youtube. El pasado mes de mayo se hizo público un vídeo con 37 veredictos de lapidación y cuatro condenas a morir aplastados bajo un muro –que se derriba con un tanque, por ejemplo–, un castigo habitual para los homosexuales. Pero se desconoce si se han ejecutado.

Mònica Bernabé asegura que los talibanes intentan proyectar una “imagen de moderación” que no es en absoluto real. En este segundo acceso al poder quieren ser “más prudentes”, en su afán por conseguir el reconocimiento internacional como gobierno legítimo. Por ejemplo, apunta, el representante de Afganistán en la ONU es un miembro del anterior gobierno, no un talibán. Nada más tomar el poder, en agosto, los talibanes permitían a los periodistas hacerles fotos y grabarles, “algo impensable en su primera época”, subraya la periodista. Pero, al mismo tiempo, han continuado con la represión de las mujeres y han reanudado los castigos públicos. “En realidad”, advierte, “están más fuertes que nunca, porque se han apoderado de las armas que las potencias occidentales proporcionaron a la policía y el ejército afganos”. Alejandro Pozo, experto en Afganistán del Centro Delàs de Estudios por la Paz, desvela, además, que todos los datos biométricos de la población obtenidos durante los años previos para facilitar los procesos electorales y la asistencia humanitaria se encuentran ahora en manos de los talibanes, que no sólo tienen identificados a todos los ciudadanos sino que también saben qué hicieron mientras las tropas internacionales estaban en el país: qué trabajos o qué ayudas habían solicitado. “Tienes medios para la represión que no poseían antes”, resume.

Cinco ministros en una ejecución

La aparente moratoria tampoco significa que no se practiquen lapidaciones extrajudiciales. Según medios locales recogidos por Afghan Witness, entre diciembre de 2021 y el pasado octubre, se ejecutaron 42 castigos públicos que no habían sido anunciados por el Tribunal Supremo. Entre ellos, tres fueron lapidaciones, a las que se añaden humillaciones públicas –pintar la cara de negro a los ladrones y hacerlos desfilar es una de ellas– y flagelaciones dictaminadas por los talibanes en tribunales de campaña, así como amputaciones de manos. Los crímenes: adulterio, robo, relaciones ilícitas… En un caso fechado en noviembre de 2022 en la provincia de Takhar, 16 jóvenes, incluidas siete mujeres, fueron azotados por incumplir las reglas del hijab y por vagabundeo.

Una vez consumado el castigo, el condenado puede volver a su casa o ingresar en prisión, si ésa ha sido la sentencia. Los talibanes no parecen considerar necesario prestar asistencia médica a los escarmentados si no se encuentran en una situación crítica. Durante los años 90, en la primera época de dominio talibán, era habitual que los médicos estuvieran presentes en las amputaciones para cortar la mano y detener luego la hemorragia.

Además, Afghan Witness ha conseguido vídeos y fotos de castigos físicos a supuestos jugadores y ladrones, algunos de ellos menores de edad; también a músicos, que fueron obligados a punta de pistola a desfilar con sus instrumentos colgando del cuello.

Los castigos son públicos porque suelen ejecutarse en estadios, pero también en otros lugares de mucho menor aforo, como el edificio del Tribunal Supremo, patios públicos e incluso mezquitas. Es decir, según explica el informe, la audiencia es, en realidad, bastante limitada. A veces, sólo hay una persona castigada, aunque el máximo de condenados en un mismo evento ha llegado a ser de 23. La media de los casos recopilados se sitúa en siete personas por evento. Cuanto mayor es el número de condenados, más talibanes y de mayor rango asisten a los escarmientos públicos. En el primer evento de Qisas o castigos divinos tras el anuncio del Tribunal Supremo, que se organizó en diciembre de 2022 en la provincia de Farah, presidieron el acto los ministros del Interior, Asuntos Exteriores, Educación, Justicia, Vicio y Virtud, el viceprimer ministro, el presidente del Tribunal Supremo y hasta el director general del aeropuerto de Kandahar, hasta un total de 15 autoridades.

Prevenir delitos, justicia divina

Los talibanes utilizan estos castigos como estrategia para prevenir delitos, así como “la inmoralidad, la corrupción y la obscenidad”, explica Afghan Witness. Por eso son públicos. Pero, al mismo tiempo, prohíben hacer fotos o grabarlos. No se pueden introducir móviles en los recintos donde se ejecutan las penas. Por eso, subraya el informe, las imágenes en internet son muy escasas. “Los talibanes”, destaca, “controlan con puño de hierro lo que se publica en Afganistán sobre estos eventos. Más aún, aunque los castigos de la sharía han sido sinónimo históricamente de espectáculos públicos, estos castigos no se han aplicado con carácter sistemático de una forma que pueda considerarse como pública”. Aun así, en algunas de las imágenes existentes, se puede ver a cientos de personas asistiendo como público.

“Muchos pueden ir obligados a las ejecuciones”, aclara Alejandro Pozo, algo que corrobora Mònica Bernabé. No asistir puede convertirse en una peligrosa señal de desafección al régimen. La periodista cuenta que en septiembre de 2021, en Herat, al noroeste del país, se encontró con cuatro supuestos criminales colgados de grúas en cuatro plazas de la ciudad. Cientos de hombres asistían al espectáculo y lo grababan son sus móviles. Cuando les preguntó, le explicaron que “por fin alguien hacía justicia y tomaba medidas”. “La impunidad era generalizada con el anterior gobierno”, precisa Bernabé, “también la corrupción en los tribunales: ganaba quien pagaba”. Además, en la zona se habían convertido en una plaga los secuestros exprés de empresarios, por lo que los ciudadanos dieron la bienvenida a la mano dura.

Los talibanes también presentan los castigos públicos como ceremonias religiosas, ya que se consideran “formas de justicia divina”, asegura Afghan Witness. Sin embargo, Alejandro Pozo también cree que puede haber “más motivos políticos que religiosos” en este tipo de medidas. El gobierno talibán no es uniforme y en su interior también se producen luchas de poder, asegura. Recuerda que algunos de sus más altos cargos no han dudado en mandar a sus hijas a estudiar al extranjero. Lo confirmó el informe de una red de analistas, Afghanistan Analysts Network, en 2022: muchas de ellas se licencian en Qatar y Pakistán. Mientras, las niñas mayores de 12 años tienen prohibido ir a la escuela en Afganistán.

Aunque coincide con Pozo en que el gobierno talibán no es un “bloque monolítico”, Mònica Bernabé duda mucho que llegue a fragmentarse. Y menos aún que sea posible una mínima disidencia en el país. Los ciudadanos con mayor formación han huido, los que se han quedado son “muy religiosos y, por tanto, fácilmente manipulables”, de todas las embajadas extranjeras que se cerraron tras la llegada de los talibanes sólo ha reabierto la de Japón, la censura en los medios es total, las colas para tramitar un pasaporte y un visado que permita salir del país son de miles de personas… Un paisaje que no invita al optimismo.

Aun así, continúa la periodista, hay “signos claros” de oposición. “El 21 de marzo es el Año Nuevo del calendario persa, el que se usaba en Afganistán, y siempre ha sido festivo. Los talibanes lo eliminaron porque lo consideran antiislámico, así que lo han convertido en día laborable y en el primer día del curso escolar”, cuenta Bernabé, que estaba en el país en esa fecha. “En Kabul todas las tiendas cerraron, sólo permanecían abiertas las oficinas gubernamentales y los colegios. Es una protesta silenciosa, pero expresiva”, destaca.

“La voluntad del pueblo”

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Además, “aunque no les importe demasiado lo que piensen de ellos las potencias occidentales”, apunta Pozo, “a los talibanes les importan más China y Rusia, que les ponen ciertos límites y les obligan a frenarse internamente”. En cualquier caso, Afghan Witness cree que los anuncios de castigos públicos en X o en la página web del Tribunal Supremo “no están destinados a un público internacional”. Así, la mayor parte del contenido en inglés de la web del tribunal fue borrado en 2022.

“Son superactivos en las redes sociales”, indica no obstante Mònica Bernabé, a diferencia de su primera época en el poder, cuando prohibieron todos los medios de comunicación excepto Radio Sharía, que estaba bajo su control. “Ahora, en cambio, se han dado cuenta de que los medios pueden ser un arma a su favor”.

Al mismo tiempo, los talibanes resisten a la presión internacional, bloqueo económico incluido, manteniendo en la clandestinidad a las mujeres y ejerciendo un control social absoluto gracias a la sharía. Se esfuerzan en presentar el suyo como un sistema judicial justo, virtuoso y legítimo, que aplica garantías procesales, y proclaman que los sospechosos confiesan sus crímenes sin fuerza ni coerción alguna. Es más, el Tribunal Supremo asegura en sus comunicaciones no sólo que la sociedad afgana apoya los castigos de la sharía, sino que incluso los atribuyen a “la voluntad del pueblo”.