El increíble dato de Almeida: 478 pisos turísticos ilegales frente a 28.000 que detecta el movimiento vecinal

Se ha vuelto una preocupación habitual en su trabajo, por eso Alejandra Jacinto, abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), armó una solicitud de acceso a la información pública sobre pisos turísticos, formulada al amparo de la Ley de Transparencia, y dirigida al Ayuntamiento de Madrid. Se interesó por cuestiones como cuántos inmuebles de ese tipo conocía el consistorio que operaban como tales, a pesar de no cumplir con la normativa, en 2023; cuántas inspecciones se realizaron por parte de las administraciones, el ayuntamiento y la comunidad madrileñas, el pasado año; o qué número de ellas desembocó en el cese de actividad y en sanción a los propietarios de esas viviendas. Demandó, asimismo, conocer cuantías de las multas y de los motivos que provocaron esas consecuencias.

La encargada de contestar ha sido en última instancia la Subdirección General de Inspección y Disciplina e infoLibre ha tenido acceso a las respuestas. Al interrogante de cuántos pisos turísticos operaban al margen de la normativa, desde el ayuntamiento reconocen que “de la totalidad de las inspecciones llevadas a cabo, se han detectado 478 viviendas” que se dedicaban “al uso turístico”. A ello suman que se dictaron por parte de la Gerencia de la Agencia de Actividades “un total de 415 resoluciones, ordenándose el cese de 241 viviendas de uso turístico y archivando por restablecimiento de la legalidad otras 96, al no dedicarse las mismas ya" a tal fin.

De acuerdo a los datos proporcionados por el consistorio madrileño, se iniciaron “223 expedientes encaminados a la ejecución forzosa de los actos mediante multas coercitivas, habiéndose impuesto 86”, lo que provocó, según el relato oficial, que “muchos de los obligados, ante la apertura del procedimiento”, optaran por “cumplir voluntariamente lo ordenado, reestableciéndose así la legalidad en otras 138 viviendas, que han dejado de dedicarse al uso turístico”.

Junto a lo expuesto, se impusieron “113 sanciones de multa por importe de 30.001 euros”, de las que 38 se redujeron un 40% o un 20% de su cuantía “por pronto pago” o por “reconocimiento de responsabilidad”. La administración municipal habría comprobado que “en 11 de ellas se ha dejado de ejercer la actividad y, por lo tanto, se ha restablecido la legalidad”. El importe global de las sanciones ascendió a 2.880.096 euros y se habría “logrado que 243 viviendas hayan vuelto a destinarse al uso residencial licenciado”.

La Subdirección General de Inspección y Disciplina remite a Jacinto a la Comunidad de Madrid para saber sobre lo relativo a su labor inspectora y, en cuanto a los motivos que habrían llevado al cese de actividad de los pisos turísticos, apunta a “la carencia de título habilitante para el ejercicio” de la misma. Respecto a la causa de las sanciones, indica que se ha aplicado “el régimen sancionador de la Ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM), es la implantación de un uso incompatible con la ordenación urbanística”.

Para Víctor Rey, coordinador de la primera Oficina de Información Vecinal de Afectados por las Viviendas de Uso Turístico creada en Madrid, “las cifras del trabajo realizado por el ayuntamiento ponen en evidencia la incapacidad que tiene de cumplir y hacer cumplir las normas”. “No les costaría absolutamente nada –arroja– comprobar en los registros de la Comunidad de Madrid el número de viviendas de uso turístico que hay situadas en la ciudad, que son entre 14.000 y 15.000”. Cree que la información compartida destila “la falta de voluntad política de solucionar un conflicto que crece cada día y que se está expandiendo por toda la ciudad, generando auténticos desastres de distinto tipo. Afecta a las personas, a la convivencia en las comunidades, al precio de la vivienda, a la cesta de la compra…”, enumera.

El problema se enquista y supone una brecha de seguridad

A juicio de Rey, la espiral de las viviendas de uso turístico “requiere de una intervención y una decisión potente de poner orden”, que “parece que no está entre las prioridades que tienen el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y Francisco de Borja Carabante, responsable del ramo”. Afea que anuncien “cada cierto tiempo” que impulsarán “nuevas regulaciones o normativas”, cuando “con las que ahora pueden ser utilizadas, no están haciendo prácticamente nada”, lamenta.

El coordinador de la oficina vecinal considera que la magnitud del fenómeno es ya cegador. “Los problemas se están enquistando y sus consecuencias se empiezan a ver en la desconfiguración de los barrios, y con ellos de la propia ciudad”, advierte. Aporta luego que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, alertaba hace unos días de una “brecha de seguridad” vinculada a estos inmuebles, dado que “no se controla quién entra y quién sale, quién está y quién no”; y cifraba “en aproximadamente unas 25.000, las viviendas de uso turístico que existen en la capital”. Un número con el que están “más de acuerdo” que con los aportados por el ayuntamiento los afectados por esta actividad, “a la vista de la información" que están "recabando" de forma continuada y les "facilitan muchos vecinos”.

"Hay que tener en cuenta -apostilla Rey- que hay mucha gente que no se da de alta, que no se registra ni hace la declaración responsable y opera en la clandestinidad, lo que hace que las cifras del ayuntamiento no se correspondan con la realidad”, recalca. De hecho, en la oficina ciudadana cuantifican que los pisos en los que acaba el trasiego constante de maletas están en la horquilla entre “los 26.000 e incluso hasta 28.000”.

“Hay personas que recurren a nosotros para denunciar la existencia de viviendas turísticas en sus bloques y, cuando vamos a los registros, encontramos que no aparece nada. Es una constante y calculamos que en torno a un 25% no están registradas”, concluye. Desde el movimiento vecinal exigen una mayor implicación de las administraciones en un asunto que no se va a “solucionar solo” y que atormenta a un conjunto creciente de ciudadanos. InfoLibre contactó con el ayuntamiento por si querían aportar o matizar datos, pero no lo han hecho.