Jóvenes andaluces, madrileños o murcianos esperan su bono de alquiler dos años después

Que la preocupación por el acceso a la vivienda se ha disparado ya lo confirma hasta el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha adelantado que a lo largo del segundo semestre de 2024 habrá una nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, cuya partida presupuestaria se aumentará para ampliar el colectivo de beneficiarios, aunque todavía no se sabe ni en qué cuantía ni cuándo con exactitud. Se trata de una ayuda de 250 euros mensuales destinada a que los menores de 35 años puedan hacer frente a la renta, que se concede por dos anualidades hasta un total de 6.000 euros, y se tendrá que aprobar en Conferencia Sectorial el próximo reparto del dinero por territorios.

De lo que no hay duda es de que el Gobierno destinó a dicha línea en 2022 y 2023 un global de 200 millones de euros que distribuyó entre las distintas comunidades más las ciudades autónomas y de que en regiones como Andalucía o Madrid, la gestión de esos incentivos ha provocado incluso la creación de plataformas de afectados que ahora temen que “todo vuelva a ser un caos” y los jóvenes solicitantes “tengan que pasar otra vez por un infierno burocrático”.

En el caso de Andalucía, "cerca de la mitad" de quienes demandaron la ayuda en 2022, que "fueron unos 17.000 jóvenes", aún no la han cobrado, según fuentes del PSOE-A. De hecho, decenas de afectados han recurrido a la Justicia para reclamar su derecho, explican desde la plataforma que en esa región aúna a más de 900 integrantes. Isabel Ambrosio, diputada socialista autonómica y portavoz de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, resume un proceso que ha seguido de cerca: “El ministerio aprobó el programa en enero de 2022 y en Andalucía, donde se destinaron 68,4 millones, 34,2 para 2022 y otros tantos para 2023; se publicó en marzo y no se abrió la convocatoria hasta noviembre de 2022. Durante los tres días que estuvo abierto el plazo, el sistema se bloqueó durante más de 12 horas. Pero se consiguieron inscribir cerca de 17.000 solicitudes. Tenían seis meses para dar respuesta y empezar a realizar los abonos y un día antes de que se cumpliera ese tiempo, en mayo de 2023, comenzaron a enviar sms, que no se pueden considerar una comunicación oficial en ningún caso”, advierte.

A partir de ahí, “se comenzaron a admitir y a abonar solicitudes que no correspondían con las primeras inscritas”. Ambrosio afea que “no se haya hecho un reparto de los 68,4 millones por provincias” y que “a día de hoy las ayudas abonadas directamente no lleguen al 50%, con mucha diferencia entre unos territorios y otros y mucho retraso acumulado en Málaga y en Sevilla”. Añade que la Junta “da por revisadas en torno al 95% de las solicitudes, pero esto quiere decir que han comunicado que han sido admitidas, no que se haya recibido ya alguna mensualidad”, recalca.

De hecho, fuentes de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda han asegurado a infoLibre que se han resuelto "cerca de 11.000 expedientes de jóvenes andaluces", que, según el Gobierno autonómico, es "el 96% de una convocatoria que, desde su inicio, contó con una previsión de 11.400 beneficiarios". La oposición lo niega.

Ambrosio critica que el Ejecutivo de Juanma Moreno “nunca haya dado la cara”. “Sólo se han reunido una vez con la plataforma de afectados“, que denuncian que no son recibidos para tratar la cuestión. Para la diputada andaluza “el daño está hecho porque hay gente que ha tenido que volver a su casa al no poder pagar el alquiler, o que se ha endeudado porque no tenía otra opción”, pese a que “comprometió su palabra hasta el propio presidente, quien dijo que el asunto estaría resuelto en octubre del 2023 y vamos por agosto de 2024”. “Ha sido un incumplimiento detrás de otro y tememos que va a llegar el nuevo dinero y no se haya aprendido nada de los errores”, augura.

A su juicio, “se ve con toda claridad que hay un sesgo político y una intención de bloquear este programa porque es mucha casualidad que sean comunidades autónomas gobernadas por el PP las que han tenido más retrasos. Y el problema es -concluye- que por obstaculizar un programa que viene del Gobierno de España, se perjudique a jóvenes, en una comunidad donde no ha habido ni una sola iniciativa por parte de la consejería para mejorar su acceso a la vivienda y su emancipación”. 

Sin embargo, la Junta defiende que "sigue trabajando para que todos los beneficiarios reciban el dinero lo antes posible" y que "se ha informado con transparencia y claridad de la evolución del Bono Alquiler Joven, desde el problema de la enrevesada tramitación impuesta desde Madrid, hasta la mejora en la resolución de los expedientes resueltos y abonados, fruto del esfuerzo de los funcionarios y del plan de choque puesto en marcha para desenquistar la situación". Las fuentes de la consejería subrayan que "las medidas de refuerzo" adoptadas para "agilizar el proceso de concesión" de las ayudas "están dando sus frutos" y se "está consiguiendo revertir las dificultades de la compleja tramitación". "Si el Gobierno de España hubiera unificado el procedimiento y establecido una aplicación a nivel estatal, como reclamó la Junta en el inicio del proceso, hubiera sido más fácil la tramitación", remachan.

¿"Boicot" además en Madrid?

En cuanto a Madrid, donde se ha dado luz verde a una inversión de 31,8 millones para estas ayudas, Jorge Moruno, portavoz de Vivienda de Más Madrid en la asamblea autonómica, lamenta que esta región también esté a la cola “en sacar a concurso el bono del alquiler, en publicitarlo" y en desembolsar los fondos. “La Comunidad más rica de toda España es la última en pagar el bono del alquiler a sus jóvenes y hay gente que todavía hoy no ha cobrado desde 2023 y en algún caso desde 2022”, lamenta. “Los están sometiendo a una tortura burocrática”, según él. Aporta que en la comunidad que dirige Isabel Díaz Ayuso “han establecido que 11.000 personas cumplían los requisitos para 2022 y este año han comunicado que unas 200 se quedaban fuera para poder cobrar las de 2023. Todavía hay quienes no han cobrado ni unas ni otras”, se queja.

Desde la Consejería madrileña de Vivienda, Transportes e Infraestructuras trasladan que han abonado "prácticamente la totalidad de las cantidades del Bono Alquiler Joven correspondientes a 2022 y 2023 a sus 11.477 beneficiarios". Admiten que queda algo por pagar, pero lo cifran en el entorno del "1%" del conjunto, que "está pendiente de ser fiscalizado para abonarse en los próximos días". Un porcentaje que cuestionan fuentes de la plataforma de afectados, que no "se lo creen", al igual que los socialistas.

Moruno sostiene, como Ambrosio en Andalucía, que lo sucedido en torno al bono del alquiler en Madrid esconde “un trasfondo político”. Lo argumenta: “Han tomado la decisión de boicotear todo lo que tenga que ver con él en una cruzada ideológica, sectaria, contra el Gobierno central. Tienen un objetivo: poner zancadillas, todas las trabas posibles, para que el bono no llegue al bolsillo de la ciudadanía y esto responde a un criterio político”, incide. 

Moruno mantiene que “a la consejería no le interesa este tema”. “Ellos están a su propaganda como la de que el Plan vive es el más ambicioso de Europa, cuando han inaugurado 274 viviendas en cinco años, que se han caído a pedazos en una granizada; y a torpedear todo lo que venga de otro lado, como el bono del alquiler del Gobierno central”, explica.

Para Cristina González, portavoz de Vivienda del PSOE en la Asamblea, Madrid "es la comunidad que está en contra" del descenso "del precio de la vivienda porque ni aplican la ley, que bajaría el alquiler, ni agilizan las ayudas del Gobierno de España del Bono Joven, que desde noviembre de 2023, cada vez que le hemos preguntado, siempre dicen que sólo queda un 1% por pagar y obviamente es mentira; ni aumentan tampoco las ayudas en 100 euros más por joven, como hemos pedido desde el Grupo Parlamentario Socialista, con presupuesto regional; ni, por supuesto, persiguen los pisos turísticos ilegales".

A su entender, "en Madrid únicamente priorizan el cambio de la Ley del Suelo para seguir quitando todas las trabas burocráticas para hacer pisos”, mientras “las aumentan para que pueda recibir una ayuda quien más lo necesita”. “Esta es, sin duda, la comunidad del ladrillo, la que destruye lo público y la que está en contra del derecho a la vivienda”, abrocha González.

Exigen explicaciones en Murcia

Al margen de esos dos territorios, fuentes socialistas suman que las Juventudes Socialistas de la Región de Murcia han denunciado igualmente que, aunque “lo sucedido allí no ha tenido tanto eco a nivel nacional”, la tramitación de las ayudas del Bono “con el dinero que el Gobierno de España pagó hace tres años, ha dejado mucho que desear”. Es más, han exigido al presidente López Miras que dé explicaciones, ya que, de acuerdo a los datos de la propia Consejería de Fomento, el Gobierno autonómico habría transferido a los receptores “menos de un diez por ciento de los fondos”, esto es, "ni dos millones de euros de los 17,6 que envió" el Ejecutivo central. El equipo de López Miras se ha agarrado, asimismo, a las "condiciones imposibles de cumplir” del programa de Vivienda y a que la concesión no garantiza el pago automático.