Cerrar una empresa o trasladarla fuera de España ya no será tan fácil: claves de la nueva ley de industria
El Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica. Este texto modifica el marco normativo anterior que databa de 1992 e incluye medidas para abordar las nuevas necesidades del un sector que, en estas más de tres décadas, ha cambiado completamente.
Entre las medidas que hay sobre la mesa está potenciar la inversión ampliando la figura de los PERTE, establecer medidas de transición ecológica, reducir la burocracia o evitar los cierres con mesas de negociación que ayuden a las compañías a encontrar alternativas. Además, las empresas que quieran trasladarse o cerrar tendrán que avisar con nueve meses de antelación. En el caso de que hayan recibido subvenciones públicas superiores a los tres millones de euros, tendrán que mantener la actividad durante un plazo establecido.
"Conceptos como descarbonización, digitalización, autonomía estratégica, innovación, talento, brecha de género o transición verde no estaban presentes en el paradigma industrial del 92 y ahora emergen con fuerza en el nuevo texto", señaló el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en la rueda de prensa posterior al Consejo.
Por su parte, los representantes de la industria valoran positivamente la nueva norma, aunque tienen dudas sobre cómo y cuándo se aplicarán las medidas. "Falta concreción en cuanto a los plazos y a la financiación. No es posible una reindustrialización si no tenemos financiación", explica Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española.
Entre las medidas concretas que se han conocido, está la creación de un Plan Estatal de Industria y Autonomía Estratégica que incluirá programas a cumplir en tres años y de estrategias a medio plazo, que contarán con plazos de seis años para su ejecución.
Además, el ministro ha anunciado la creación de un Consejo Estatal de Política Industrial. Será un órgano consultivo que funcionará de manera transversal, cruzando información entre los diferentes ministerios en materias que afecten a la industria española. De hecho, otro de los puntos clave es la simplificación de los trámites burocráticos para proyectos que se consideren estratégicos (es decir, que se alineen con los objetivos de desarrollo de la Unión Europea o que tengan un alto volumen de inversión) para resultar más atractivos a las compañías que quieran establecerse o crecer en España.
Atraer Inversión
En un mercado global cada vez más competitivo, atraer inversión y conseguir un tejido empresarial competitivo es uno de los puntos que trata de reforzar la ley. "Hay un nuevo paradigma. Hemos pasado de una industria a la que no le gustaba la regulación, a que exista un consenso total acerca de la necesidad de una política industrial activa", detalla Reinoso.
Otra herramienta que pretende desarrollar el ministerio son los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica. Los famosos PERTE, creados para vehicular la financiación europea hacia proyectos estratégicos para España, tendrán un nuevo recorrido en el ámbito de la industria. Hereu ha anunciado que irán "más allá de la implantación de los fondos europeos Next Generation", pero no ha concretado aún detalles sobre la financiación. Lo que sí se sabe, es que quienes los soliciten tendrán que hacerlo desde ecosistemas industriales o alineándose con objetivos estratégicos.
La industria del futuro no es la que tenemos ahora, porque tiene que ser una industria descarbonizada, digitalizada y con modelos de economía circular.
De hecho, es aquí donde está uno de los puntos que reclaman los representantes de la industria. "Nos falta concreción a la hora de definir cómo se van a articular los recursos financieros", señala Reinoso. Quién además explica que no se ha atendido la sugerencia del sector de crear un fondo estatal como instrumento de financiación para impulsar la competitividad industrial. “La industria del futuro no es la que tenemos ahora, porque tiene que ser una industria descarbonizada, digitalizada, con modelos de economía circular. Todo esto pasa por enormes inversión y creemos que es imprescindible que venga acompañada por lo público”, concluye el presidente de la Alianza.
Proteger empresas y regular cierres
Para proteger la actividad que ya existe se pondrá en marcha un mecanismo encaminado a evitar los cierres. Cuando una empresa anuncie el cese de actividad, deberá anunciarlo con nueve meses de antelación y se establecerá una mesa para la reindustrialización donde participará la compañía, el Ministerio, las comunidades autónomas y los sindicatos. La idea es tratar de revertir la decisión o asegurar todas las opciones posibles para evitar cierres y despidos.
Desde Sumar apuntan que han sido ellos quienes propusieron algunos de estos supuestos. Fuentes del partido señalan que han negociado para incluir en la norma la obligación de que las empresas devuelvan al estado las ayudas públicas prestadas, como los ERTE o los mecanismos RED, cuando se trasladen de localización. Además, el grupo de Yolanda Díaz ha pedido que en estos casos se prohíba a las empresas acceder a medidas de flexibilidad laboral.
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Finalmente, también se plantean medidas que reconocerán un estatuto de protección especial a las industrias intensivas en energía que traten de acelerar el abandono de los combustibles fósiles. Según informa el ministerio, para acogerse a esta medida, las industrias deberán contar con un plan de eficiencia energética y de transición ecológica a largo plazo en el que se detallen las medidas a tomar.
Más industria
La reindustrialización irrumpió en el debate público a raíz de un informe que el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, publicó en septiembre. El el documento se alertaba de la necesidad de aumentar la competitividad de las industrias europeas y de reorientar la economía hacia la autonomía estratégica y la transición ecológica. También proponía crear una estrategia a nivel europeo para poder competir con el peso de las industrias china y estadounidense. En este espejo se mira la nueva regulación española, que se pone al día con esta ley que se remitirá al Congreso para su tramitación parlamentaria.
"Nos enfrentamos a retos de competitividad muy grandes en mercados globales", señala Reinoso. Quien además detalla que Estados Unidos, con las restricciones al comercio internacional que ha anunciado la nueva administración de Donald Trump, o China, con una política que apoya fuertemente a sus industrias, serán los grandes rivales a batir. "Es más necesaria que nunca una política activa", concluye.
