Inquilinos se rebelan contra Nestar, el tercer mayor casero español: “No vamos a pagar cláusulas abusivas”
Viven de alquiler, abonan su mensualidad, pero se niegan a sumar a lo que ya pagan los gastos de unas cláusulas que consideran abusivas. Por eso, algunos inquilinos del fondo de inversión Nestar-Azora y el Sindicato de Inquilinas de Madrid han decidido llevar al gigante inmobiliario ante los tribunales. En las dos demandas colectivas presentadas en octubre participan más de un centenar de afectados que viven en los bloques de la zona madrileña del Ensanche de Vallecas. “Hicimos una reclamación extrajudicial, le dijimos a Nestar que cobrar ciertas cláusulas era ilegal y, de acuerdo con eso, muchos inquilinos dejaron de abonar esa parte”, apunta el abogado del sindicato madrileño, Víctor Manuel Palomo. "Quieren echarnos porque no vamos a pagar cláusulas abusivas", sentencia Sara, una inquilina que reside en Vallecas.
Ella es una de las afectadas que ha decidido pelear contra el tercer mayor casero de España. Junto con su familia entró a vivir en un piso propiedad del fondo de inversión en 2018. Cuenta que aceptó todas las condiciones que le pusieron porque necesitaba una casa. "Vivía en un bajo que antes era un local con mi marido y mi hijo, había muchísima humedad y teníamos que salir de ahí”, relata. De hecho, un dato que ayuda a ponderar la dificultad de encontrar una vivienda es que, según el Banco de España, se necesitarían 600.000 viviendas nuevas en los próximos años para responder a las necesidades de las familias y para contener unos precios que siguen al alza.
El abogado explica que lo que intentan es "conseguir la impugnación de hasta siete cláusulas abusivas que les imponen en los contratos”. Aunque matiza que el principal problema se encuentra en dos: los seguros de impago y las ofertas sobre el IBI y la comunidad, que a los tres años incrementan el monto de los alquileres hasta un 30%. "Estos son los puntos que más afectan económicamente a los vecinos", concluye Palomo.
“Ellos ofertan el precio de la vivienda con el IBI y la comunidad bonificados durante tres años, lo que les permite elevar el precio de la vivienda al cumplirse ese plazo o deshacerse del inquilino”. El abogado explica que esta subida es inasumible para muchas familias, que no tienen más remedio que irse cuando tienen que empezar a pagarla. Así, apunta, reducen la duración de la estancia de los inquilinos y pueden actualizar los precios en el contrato cada tres años en vez de cada siete, que es lo que estipula la ley, relata.
Sobre la cláusula del seguro de impago que debe asumir el inquilino, la justicia se pronunció por primera vez este año a favor de un alquilado en una sentencia del juzgado de primera instancia de Parla (Madrid). Palomo explica que hay tres puntos que hacen injusta esta condición: "Primero, la presentan como fianza cuando no lo es, porque en principio no se restituye al acabar el contrato; segundo, cuando se impone una aseguradora concreta, se vulnera el derecho del cliente a elegir la que más le conviene; y tercero, en algunos casos impone garantías desproporcionadas al riesgo asumido".
Desde el fondo de inversión inmobiliario, con el que ha podido hablar este periódico, explican que han recurrido el fallo e insisten en que el cobro del seguro en cuestión es acorde a la ley: "Nosotros entendemos que sigue estando justificada y que es una práctica habitual", concluyen. Además, afirman que por el momento ni la sentencia de Madrid –ni otra promulgada en Barcelona sobre este mismo asunto– han sentado jurisprudencia. Así, Nestar niega que exista una posición de abuso y señala que "todas las cláusulas son válidas y acorde a la ley, incorporadas en los contratos firmados y explicadas antes de su firma, y por tanto de pleno conocimiento de los firmantes".
En una nota de prensa hecha pública por el sindicato, destacan que el incremento medio al que se enfrentan los inquilinos es un desafío para los presupuestos familiares: “Los alquileres se firman inicialmente por unos 900 euros de media, pero aumentan hasta los 1.200 al cabo de tres años de contrato e incluso llegan a alcanzar la cifra de 1.300 euros al cabo de algunos meses” y puntualizan que por el momento, esta huelga en el pago de las cláusulas ha costado a Nestar 40.000 euros. “Nos hemos negado a pagar las subidas de los seguros por impago y vamos a participar en la demanda colectiva”, concluye la inquilina.
¿Huelga de alquileres?
La crisis de la vivienda en España: causas y soluciones
Ver más
Sara puntualiza que no se niega a pagar un alquiler, pero que las subidas extra están dejando atrás su presupuesto familiar. "Llegué a tener recibos al mes de 1.100 y 1.200 euros, cuando mi alquiler ronda los 800", y lamenta que con un ERE a sus espaldas y dos hijos, encontrar otra residencia no sería fácil.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid calcula que un total de 900 familias de diez bloques en Parla, Móstoles, Pinto, Villaverde, Carabanchel y Vallecas, viven situaciones similares y no descarta que más personas se sumen a la demanda. Para llamar la atención sobre esto, han convocado manifestaciones este sábado en Madrid, Barcelona, Burgos, Oviedo y Jerez.
Los grandes números tampoco dan tregua, el precio de la vivienda libre se encareció un 6% interanual en el tercer trimestre según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Por otra parte, desde los portales inmobiliarios estiman que los alquileres cerrarán el año un 8% por encima del ejercicio pasado. "Presentando estas demandas colectivas queremos hacer ver que esto es un problema de todos", concluye el abogado del sindicato.
