Seis de las 16 medidas del nuevo plan de vivienda del PP son anti okupas y otras cinco ya están en marcha

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de preocuparse de la vivienda “cuando de un proceso electoral puede depender la suya”, antes de exponer el Plan + Vivienda que los populares han diseñado para abordar el que “es uno de los tres principales problemas a los que se enfrenta" este Ejecutivo. Contiene 16 medidas “urgentes” agrupadas en tres grandes apartados: las dificultades para los jóvenes en esta materia, el desequilibrio entre oferta y demanda y la okupación, que acapara más de un tercio del esquema.

Dentro del bloque ligado a la juventud, los populares proponen cuatro iniciativas: “Generar vivienda en alquiler a precio asequible”, para ese colectivo social y quienes tienen menos ingresos, “con fórmulas de colaboración público-privada como las que están desarrollando las comunidades” gobernadas por ellos; avalar la fianza del alquiler a jóvenes con rentas medias y bajas; facilitar el acceso a la hipoteca, mediante avales u otras fórmulas; y abonar “seguros de impago para quienes ponen su vivienda en alquiler para atenuar incertidumbres” sobre el cobro de la renta. En relación a este primer grupo, fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, señalan que, excepto esto último, el resto “ya está en marcha”. 

De hecho, el Consejo de Ministros dio luz verde al convenio que servirá para activar una línea de 2.500 millones de euros en avales para hipotecas de jóvenes y familias con menores a cargo y la operación está solo a falta de la firma del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Junto a ello, la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, informó recientemente de que la construcción de viviendas en alquiler social en edificio eficiente desde el punto de vista energético había alcanzado las 24.964, financiadas con incentivos de los fondos europeos por un importe de casi 1.000 millones, lo que es un 24,8% más de lo comprometido con Bruselas, gracias a 211 acuerdos firmados con autonomías y entidades locales.

Rodríguez también ha defendido que el Ejecutivo coincide con el objetivo del sector de “aumentar la oferta para garantizar el derecho a una vivienda asequible”, por lo que se ha comprometido a “fortalecer la colaboración público-privada”.

Al margen de esto, desde el ministerio instan al PP a “implementar bien” iniciativas que se han impulsado vinculadas a la juventud como el Bono Joven de Vivienda, que ha acumulado retrasos significativos en regiones como Andalucía y Madrid, provocando protestas de los posibles beneficiarios.

Por lo que respecta a la oferta y la demanda de inmuebles, los populares quieren “más suelo”, dado que es “la materia prima para poder ofrecer nuevas viviendas”, por lo que hay que “poner en valor todo” el disponible; acabar con “el infierno burocrático, tanto para el planeamiento, como en la gestión urbanística y la concesión de licencias”; y “dar seguridad jurídica en la ordenación de planeamiento urbanístico y en el alquiler”, para, entre otras cuestiones, “evitar la anulación de desarrollos urbanísticos por defectos de forma”. Junto a ello, el PP aboga por “crear una industria de la rehabilitación, que permita modernizar y hacer más habitables y eficientes las viviendas, dado que “el 50%” tiene “más de 40 años” y “el 75%” carece de “eficiencia energética”; y aplicar una deducción en el IRPF a los propietarios que formalicen nuevos contratos de arrendamiento de inmuebles que hayan estado en desuso al menos dos años para jóvenes menores de 35 años, con el fin de “incentivar el afloramiento de viviendas vacías al mercado”. 

Sin abandonar el ámbito fiscal, apuestan por bonificar al “100% en el Impuesto de sucesiones y donaciones” las “cantidades donadas para la adquisición de vivienda”, importes que “dentro de la familia española” unos miembros “quieran entregar” a otros. En relación a esta sección del plan, las fuentes de Vivienda consultadas recuerdan que el texto para modificar la Ley de Suelo para "dar seguridad jurídica" y "evitar que los errores formales" paralicen los planes urbanísticos, en palabras de la ministra, “está ya en el Congreso”.

Y hay más. El Gobierno está actualizando la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras con el propósito de “agilizar” la gestión urbanística e “introducir elementos muy importantes, como las nuevas técnicas constructivas, especialmente en lo que se refiere a la industrialización de la construcción, o los factores de sostenibilidad” en esa actividad.

Alerta okupación, ¿justificada?

Por último, seis de los 16 enunciados del Plan + Vivienda, están centrados en la okupación y pasan por: el desalojo en 24 horas, garantizar la imposibilidad de empadronarse en la vivienda que se habita, incrementar “las penas para quienes okupan y quienes promuevan la okupación con recomendaciones o instrucciones”, el refuerzo a las comunidades de propietarios donde haya ese fenómeno, una “atención prioritaria a las víctimas”, poniendo “medios a su alcance”; y la “erradicación de okupaciones en las viviendas públicas, que están destinadas a los más vulnerables”. Acerca de esta sección, Gamarra ha afirmado que la okupación “ha subido un 41%” desde que Sánchez “llegó a la Moncloa en 2018” y ha instado al PSOE a "desbloquear" en el Congreso la proposición de ley anti okupación de su partido que fue aprobada en el Senado, donde tiene mayoría.

Si bien, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, expuso en la Cámara baja hace unas semanas que las denuncias de okupaciones de viviendas bajaron un 9% en 2023 en comparación con el año anterior y recurrió a datos oficiales de la Fiscalía para indicar que los casos graves de allanamiento, en los que las Fuerzas de Seguridad actúan sin necesidad de intervención judicial, representaron algo menos del 2% del total de los episodios registrados.

Expertos detectan agujeros en el plan de choque

Ivan Auciello-Estévez, investigador en Economía en la CY Cergy Paris Université, afiliado en Future Policy Lab y experto en vivienda, considera que la propuesta más interesante del plan del PP es la que mira a la rehabilitación, ya sea a través de ayudas directas o de préstamos a interés 0, dado que podrían “ampliarse las viviendas en alquiler, mejorar la eficiencia energética, contribuir a mantener edificios, etcétera”. Además de favorecer la recuperación de edificaciones que “no son habitables en ciudades”, donde “no hay suelo disponible”; y en zonas rurales en las que “los centros históricos estén en ruinas o casi”. 

Más allá de eso, Auciello-Estévez cree que buena parte del plan “está vacío de contenido” en el sentido de que “obviamente alquiler asequible queremos todos”, pero “no dicen nada” de cómo lograrlo. Avisa luego de que en la actualidad identificar las viviendas vacías es “administrativamente imposible” y tilda de “previsible” el área de la okupación o la bonificación del impuesto de sucesiones, “uno de los mayores canales de distribución de la riqueza con el que contamos”, lanza. “Si de 16 medidas, seis son anti okupación es que no han entendido nada de las prioridades que necesita la vivienda”, indica, para rematar: “Hay que tenerla en cuenta administrativamente, pero no es ningún problema principal en estos momentos”. En definitiva, el grueso de la propuesta es “generalista y no son los puntos pertinentes a los que hay que apuntar”, cierra.

En la misma línea, el director de investigación sobre vivienda en el Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA), Jaime Palomera, entiende que los populares no aportan novedades de relieve sobre la oferta y la demanda. "Es un mito de la ideología anarcocapitalista que liberando mucho suelo y eliminando trabas burocráticas se construye más y se bajan precios". Asocia el boom de oferta de nueva construcción que ha habido en algunos países a "la concesión masiva de hipotecas" y en lo relativo a la generación de vivienda en alquiler asequible, advierte de que "el plan de Madrid ha sido un desastre y los precios siguen nada asequibles, como era de esperar", desliza. "Son concesiones público privadas parasitarias, pensando más en sostener determinados márgenes de beneficio que en garantizar asequibilidad", remata.

De su lado, Víctor Palomo, abogado y portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, manifiesta que “son medidas muy alejadas de la calle”. ¿Por qué? “No ponen remedio a la situación de emergencia habitacional que tenemos, hablan de alquileres asequibles, pero para un futuro y de manera indeterminada, cuando el problema de exclusión de muchísima gente lo tenemos hoy”. Echa en falta, asimismo, una “mención a los pisos turísticos y a los fondos buitres”, sobre “lo que hay que legislar” más pronto que tarde. Con todo, en la rueda de prensa de presentación de la propuesta, el PP ha apremiado al Ejecutivo de Sánchez a “hablar con los ayuntamientos” en concreto por las viviendas turísticas y no se ha cerrado a que se tomen decisiones “quirúrgicas” y “adaptadas” casi por barrios.

En opinión de Palomo, el plan del PP destila el “mismo discurso que tienen la patronal, los fondos y las inmobiliarias”, y respecto a la okupación, niega que haya aumentado. “Ha disminuido y, como cada vez hay más empresas dedicadas a desalojar a okupas que meten mucho miedo, se ha dificultado”, concluye. El PP pretende llevar su plan al Congreso y al Senado.