El PP resucita su ley de pensiones sin consenso y el Gobierno advierte de que reduciría el poder adquisitivo en un 30%

Fue en abril de 2018 cuando Mariano Rajoy suspendió la aplicación de las dos medidas estrella de la reforma de las pensiones que el PP había aprobado en solitario cinco años atrás. A cambio del apoyo del PNV a su proyecto de Presupuestos Generales, el Gobierno popular subió las pensiones según el IPC ese año y en 2019 –un 1,6%– y retrasó cuatro años la entrada en vigor del factor sostenibilidad, un mecanismo destinado a recortar la cuantía de la pensión inicial según la esperanza de vida de cada generación.

Antes se le habían llenado las calles de jubilados que pedían pensiones justas. Aquel golpe de timón supuso el fin de la reforma de 2013. El Pacto de Toledo le dio la puntilla en noviembre de 2020 cuando aprobó, también con los votos del PP, las últimas 22 recomendaciones sobre el sistema público de pensiones, que incluían el regreso a la revalorización con el IPC. Sólo ERC y Bildu se abstuvieron, mientras que Vox votó en contra.

Este otoño, el Gobierno debe negociar con sindicatos y patronal un nuevo mecanismo, que ha bautizado como “de equidad intergeneracional” para sustituir al factor de sostenibilidad, cuya derogación ya quedó pactada con los agentes sociales el pasado mes de junio. Al mismo tiempo, el Congreso tramita la primera parte de los cambios incluidos en ese acuerdo con la CEOE y los sindicatos. Y es ahí donde los populares han resucitado la reforma de las pensiones que ellos mismos dinamitaron tres años atrás. Han presentado una enmienda a la totalidad contra el proyecto de ley “de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones”, presentado por el Ejecutivo.

En ella, el PP no sólo pide la devolución del proyecto de ley, sino que además hace una encendida defensa de la reforma de 2013, la única que se ha aprobado hasta ahora sin el consenso la única que se ha aprobado hasta ahora sin el consensode todos los partidos. “Una ley que buscaba la tranquilidad de los españoles y su confianza en el sistema, que es la base de su legitimidad, así como la garantía de un sistema de pensiones justo, suficiente y sostenible para las generaciones actuales y también para las venideras”, elogia el texto. El redactado supone la puesta en práctica del discurso que ha recuperado el líder del PP, Pablo Casado, en los últimos tiempos. Defiende que se alargue la vida laboral e incluso alaba los sistemas de capitalización mixta –pensiones privadas– o uno de reparto –el español lo es– en que las prestaciones se adecuen a los ingresos; es decir, con mecanismos de recorte como los recién derogados.

Pero la reivindicación más clara de la reforma de 2013 llegó este mismo lunes en la apertura de la convención del PP en Santiago de Compostela, donde Mariano Rajoy tachó de “error” el proyecto del actual Gobierno e invitó a Pablo Casado a hacer su propia reforma. “Igual lo tendrás que hacer tú. Te harán otra huelga general, pero no te va a quedar otro remedio”, le instó.

Reivindicación del factor de sostenibilidad

La enmienda del PP se centra en defender a capa y espada el factor de sostenibilidad diseñado por el Gobierno de Mariano Rajoy y que no llegó a ver a la luz. Se trata, según explican los populares, de un “mecanismo riguroso y firme” que ya estaba esbozado en la reforma de 2011 – del Ejecutivo socialista–, fue avalado por la Comisión Europea y elaborado por un comité de expertos. Por el contrario, continúan, el mecanismo de equidad intergeneracional que negocia el actual Ejecutivo es un “mecanismo secreto” que, además “va a implicar recortes”.

En cambio, el PP pasa de puntillas por la medida de su propia reforma que sí estuvo en vigor, cuatro años, el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP). Incluso afirma que la revalorización de las pensiones es uno de los aspectos “positivos” del proyecto de ley. “En el Partido Popular siempre hemos estado de acuerdo en revalorizar las pensiones, siempre lo hemos hecho y nos gustaría que fuese lo máximo posible”, concede. Recuerda que es una medida prevista en la recomendación segunda del Pacto de Toledo y reitera su apoyo.

Pero al tiempo recupera el discurso que mantuvo durante las largas e infructuosas deliberaciones del Pacto de Toledo –fue imposible llegar a un acuerdo– durante todo 2018: que es necesario modular la subida según el IPC con otras variables, como el PIB o los salarios. Abandonar el IPC y dañar de nuevo el poder adquisitivo de las pensiones como hizo el Índice de Revalorización, que subió las prestaciones un 0,25% anual, tiene un elevado coste político, una lección que ya aprendió el PP en 2018. La subida se ligaba entonces al déficit o superávit que tuviera la Seguridad Social cada año. En esos cuatro años la inflación subió muy poco pero, aun así, mientras el nivel de vida aumentó un 2,7%, entre 2015 y 2017, las pensiones sólo lo hicieron un 0,75%. Dos puntos menos.

La batalla entre la suficiencia y la sostenibilidad

El Banco de España, en un informe de 2017, calculaba que, debido al IRP, la revalorización de las pensiones “se vería lastrada por la necesidad de corregir los déficit del sistema de pensiones” –que no permitirían más que subirlas ese 0,25%–. El propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cifra en un 30% la pérdida de poder adquisitivo que podrían sufrir los pensionistas en las próximas décadas, “si se aplicara estrictamente el IRP”. Un estudio de la Universidad de Valencia y la Universidad de Extremadura proyectaba en 2015 una pérdida de poder adquisitivo acumulado del 28,6% para quien se jubilara en 2014 y viviera después 21 años, contando con una inflación estándar del 2%. Si el crecimiento económico fuera mayor, la pérdida bajaría al 17,8%, pero crecería hasta el 30,5% si el PIB no estuviera muy boyante.

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Ese descalabro se produciría sólo teniendo en cuenta el IRP. Si a éste se le sumara el efecto del factor de sostenibilidad que ahora quiere resucitar el PP, la rebaja de las nuevas pensiones sería del 18%, de acuerdo con las estimaciones realizadas en este caso por la AIReF en 2019.

En su enmienda, el PP también menciona informes del Banco de España y de la AIReF, pero para destacar el aumento en el gasto en pensiones que supondrá la reforma ahora en trámite en el Congreso. Según la Autoridad Independiente, haber eliminado la reforma de 2013 supondrá un alza de cuatro puntos del PIB en la factura de las pensiones. Para sufragarlo, el Banco de España cree que sería necesario subir las cotizaciones sociales un 35%. Otro estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), cifra en 2.400 millones el coste de subir las pensiones al mismo ritmo que el IPC. “Suficiencia sí, pero sostenibilidad también”, concluye el PP.

Por el contrario, Escrivá considera que esas proyecciones de aumento del gasto son “exageradas”. De hecho, aseguró, durante la presentación del acuerdo con sindicatos y patronal el pasado julio, que las que ha hecho su departamento son “más realistas”, puesto que “la Comisión Europea ha rebajado en un tercio su estimación de incremento del gasto en pensiones de España a medio plazo”. Su objetivo es que la Seguridad Social abandone los números rojos al terminar el ejercicio de 2023.