Los 500 millones del negocio de Repsol en Venezuela, en manos de Trump

Fotografía de archivo de un pozo petrolífero de PDVSA, en Venezuela.

La producción de crudo en Venezuela alcanzó en 2024 su máximo nivel desde 2018. El Gobierno de Joe Biden decidió suavizar su política de mano dura con el régimen de Nicolás Maduro en otoño de 2023 y desde entonces las petroleras internacionales, como la estadounidense Chevron o la española Repsol, han incrementado sus inversiones en el país y su extracción de combustibles. Sin embargo, la llegada de Donald Trump podría dar un giro a la situación a través de su futuro secretario de Estado, Marcos Rubio, que promete una posición mucho más dura con el chavismo.

Venezuela produjo de media el año pasado 856.000 barriles de petróleo, según los datos publicados por la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), el cartel de países del Golfo donde también participa Venezuela. La extracción de crudo ha crecido más de un 50% en solo dos años, fruto de la relajación de las sanciones estadounidenses y una serie de permisos especiales que entregó la Oficina del Tesoro de Estados Unidos a una selección de empresas occidentales. Chevron fue la compañía más beneficiada por estos cambios, y pasó de estar vetada en el país a producir más del 20% del crudo que se extrae en Venezuela.

La española Repsol, la única petrolera de la península ibérica con permiso para operar en Venezuela, también ha ganado peso en el último año en este país. Según el Ministerio de Transición Ecológica, entre enero y noviembre de 2024 llegaron a España 2,8 millones de toneladas de crudo venezolano, la mayor cantidad desde 2015 y una de las mayores cifras del histórico, que se remonta hasta 1968. En abril del año pasado la empresa Petroquiriquire, participada por Repsol al 40%, recibió del Gobierno venezolano los pozos de Tomoporo y La Ceiba como pago por la deuda histórica que mantiene abierta Venezuela con la petrolera española. Repsol también opera en los campos de crudo pesado del proyecto Carabobo 1 y en los pozos de las regiones de Monagas, Zulia y Trujillo, así como en dos proyectos gasistas. Por otra parte, Repsol está en negociaciones con PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela, para extender el plazo de la licencia de los campos operados a través de Petroquiriquire hasta 2046.

En concreto, según las cuentas de la petrolera española del primer semestre de 2024, Repsol tiene una exposición en Venezuela de 467 millones de euros, una cifra "que incluye fundamentalmente la financiación otorgada a sus empresas filiales venezolanas, la inversión en Cardón IV (una instalación gasista) y las cuentas por cobrar con PDVSA". Durante esos seis meses, la compañía extrajo al día 65.000 barriles de petróleo al día, incluyendo su negocio de gas, por lo que el peso de Repsol en el negocio petrolero de Venezuela no llegaría al 8% del total.

En este momento, Chevron y Repsol, así como otras petroleras occidentales como la francesa Maurel & Prom y la italiana Eni, dependen del permiso entregado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para desarrollar inversiones y proyectos de petróleo y gas en Venezuela, por lo que a partir de ahora será Donald Trump quien tendrá la llave para que estas compañías sigan trabajando allí.

Anna Ayuso, investigadora para América Latina del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) opina que por ahora Trump será cauto a la hora de legislar sobre el sector petrolífero venezolano, debido a que la Chevron y otras empresas del sector se juegan mucho dinero en ese país. "Es verdad que el equipo que se encargará de la política exterior tendrá una línea muy dura, con personas que apoyaron las sanciones en el pasado, pero también es verdad que las petroleras tienen allí intereses muy grandes, de manera que Trump podría optar por una vía más pragmática. Quizás unas sanciones suaves que no cierren del todo el grifo".

Los medios estadounidenses tampoco prevén en sus quinielas cambios a corto plazo respecto a Venezuela. Las especulaciones acerca de las 100 primeras medidas que tomará el nuevo presidente giran en torno a la energía y la inmigración, pero en clave interna, con medidas que incentivarán la extracción de crudo y gas natural dentro de su país.

Ayuso apunta también que Trump tendrá muchos frentes abiertos en política petrolífera, y fijar una línea dura con todos ellos podría reducir la oferta de carburantes en occidente y encarecer la gasolina. "En la ecuación también está Rusia e Irán, y si Trump bloquea a los tres en el mercado internacional tendrá problemas para reducir la inflación", añade la analista. La experta de CIDOB también afirma que tiene más sentido utilizar una estrategia "del palo y la zanahoria", levantando la mano para que Venezuela exporte crudo, a cambio de que el régimen haga concesiones en materia de inmigración.

Este avance sería importante porque Venezuela paralizó hace un año los vuelos de regreso de inmigrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos, una medida que implantó Maduro como represalia a una serie de sanciones económicas de Biden. Cada año llegan unos 250.000 venezolanos a la frontera americana, y estos vuelos son una de las políticas disuasorias más efectivas para reducir la inmigración. Según la prensa estadounidense, varios empresarios cercanos al partido Republicano han tratado en las últimas semanas de convencer a Trump de adoptar una política suave en materia petrolera con Venezuela para reducir las llegadas a la frontera Sur. Además, Estados Unidos también disfrutaría de asfalto y crudo baratos.

Pompeo y Carone, el ala dura de Trump en Latinoamérica

Precisamente fue durante la anterior legislatura de Trump, en 2019, cuando Estados Unidos impuso unas fortísimas sanciones a PDVSA tras el fracaso de la operación que trató de llevar a Juan Guaidó a la presidencia de Venezuela. El presidente republicano prohibió a las empresas de su país hacer negocios con PDVSA, sus filiales y el Banco Central de Venezuela, bloqueando de facto cualquier exportación de petróleo a Estados Unidos.

Las sanciones se llevaron a cabo con Mike Pompeo como secretario de Estado de la Administración, que no repetirá en el cargo, sino que en esta ocasión la política exterior estará a cargo de Marco Rubio, de padres cubanos y abiertamente enemigo de Nicolás Maduro. Mauricio Claver-Carone será el enviado especial del Gobierno estadounidense para América Latina, conocido por su mano dura con el comunismo cubano. “Durante los últimos cuatro años, el caos y la anarquía han envuelto nuestras fronteras. Es hora de restablecer el orden en nuestro propio hemisferio”, publicó Trump en diciembre a través de la red social Truth Social.

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