Menos del 1% de las víctimas de violencia machista reciben las ayudas sociales que marca la ley

El año pasado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contabilizó un total de 193.521 mujeres víctimas de violencia de género. Ese mismo año, las comunidades dispensaron 1.065 ayudas sociales a víctimas, una prestación contenida en la Ley integral contra la violencia de género que busca dar respaldo a las mujeres en una situación de especial vulnerabilidad. La ayuda sólo llega al 0,5% de las víctimas. El paso del tiempo confirma que se trata de una ayuda prácticamente residual incapaz de llegar al grueso de las víctimas: en 2015 la recibieron el 0,5%; en 2017 el 0,4%; en 2019 el 0,7%; en 2022 el 0,6%... El porcentaje no ha experimentado variaciones reseñables a lo largo de los años.

La ayuda social está perfilada en el artículo 27 de la Ley integral contra la violencia de género. No es la única prestación que reciben las víctimas, pero sí una de las más sensibles al tratarse de ayudas pensadas específicamente para situaciones vulnerables. Según la norma, la prestación está dirigida a aquellas víctimas que carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75% del salario mínimo interprofesional, sin tener en cuenta la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Recibirán la ayuda de pago único, siempre que se presuma que "debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional". La ayuda equivale a seis meses de subsidio por desempleo y corre a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, pero son las comunidades las encargadas de concederla.

Un análisis territorial revela el reparto desigual de la ayuda. Cruzando el total de víctimas en cada comunidad y el total de ayudas concedidas, dos comunidades destacan por encima de las demás: Extremadura y Galicia. La primera registró un total de 2.962 víctimas de violencia machista el año pasado y repartió 87 ayudas de este tipo, un 2,93%. La segunda, contabilizó 7.438 víctimas y concedió 244 ayudas, el 3,28%. Aunque se trata de porcentajes visiblemente bajos, las dos comunidades están a la cabeza en comparación con el resto.

En el extremo opuesto, el año pasado Cataluña sólo concedió ocho ayudas, frente a 24.672 víctimas de violencia de género. El porcentaje es del 0,032%. Y en Illes Balears, sólo se repartieron seis ayudas frente a las 7.581 mujeres acreditadas como víctimas tras haber denunciado a sus parejas o exparejas en los tribunales. El 0,079%. Los datos empleados para dimensionar el total de víctimas provienen del CGPJ y por tanto están ligados a la denuncia formal, pero el número total de víctimas se presupone mucho mayor si se tienen en cuenta también aquellas mujeres reconocidas como tal a través de informes que así lo acrediten, independientemente de la existencia de una denuncia. Así que conviene subrayar que el impacto real de las ayudas sería aún más testimonial.

A pesar de ello, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género refleja cómo el número de ayudas concedidas se ha ido incrementando a lo largo de los años. En 2007, la estadística quedaba inaugurada con apenas 61 ayudas dispensadas por las comunidades, una cifra que fue escalando hasta rebasar por vez primera en 2019 la frontera de las mil ayudas. En lo que va de año, hay registradas un total de 802, la mayoría en Galicia (301) y Canarias (182).

Repensar el modelo

Fuentes de la Federación de Mujeres Progresistas explican que los principales escollos a este tipo de ayudas son dos: el desconocimiento de las mujeres y las trabas burocráticas existentes. Por ejemplo, el hecho de tener "especiales dificultades para obtener un empleo" es algo que se debe acreditar a través de un informe del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), pero las expertas creen que sería más sencillo y efectivo "si se aceptara la emisión de un informe desde los recursos especializados". La principal línea de trabajo para resolverlo debería ser, a juicio de la entidad, reducir la burocracia y darle mayor publicidad a esta ayuda.

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Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, coincide a la hora de exponer algunas de las lagunas detectadas tras años de estudio alrededor de estas ayudas de pago único que se reparten "en función de la vulnerabilidad de la beneficiaria". Se trata de "ayudas de último recurso, destinadas a mujeres de imposible empleabilidad casi de manera definitiva". Este hecho, relata la experta, hace que "los criterios sean muy restrictivos". 

"Contrariamente a lo que la gente piensa, no hay tantas ayudas a víctimas", recalca Soleto. El principal mecanismo de integración y reparación de las víctimas ha sido tradicionalmente la Renta activa de inserción (RAI), cuyo impacto es mucho mayor que el de la ayuda social: sólo el año pasado fueron receptoras de esta prestación un total de 30.603 víctimas. "El problema de los procesos de recuperación, es que no siempre se permite trabajar la inserción en los momentos de crisis", puntualiza la experta. Es decir, se hace necesario "haber superado la agresión, el procedimiento judicial" y todo lo que conlleva la ruptura con la violencia para poder encarar un proceso de inserción sociolaboral. "Por eso, la Renta activa de inserción quizá no sea la más adecuada para mujeres que están en un momento crítico" y es ahí donde entrarían en juego otro tipo de ayudas, como la contenida en el artículo 27. Sin embargo, sucede que "muchas de esas mujeres, en ese momento, tampoco cumplen con los requisitos del artículo 27", lamenta Soleto, así que sólo unas pocas acceden. 

Tanto la Federación de Mujeres Progresistas como la Fundación Mujeres observan que el amplio margen de interpretación de los requisitos de acceso aumenta la discrecionalidad de cada comunidad, dando pie a la evidente disparidad territorial que existe. "Es absolutamente necesario conseguir una tramitación más ágil y combinarlas con otras ayudas de sostenimiento de rentas", estima Soleto. Para la experta, el vigésimo aniversario de la ley que las impulsó sería el pretexto idóneo para una evaluación detallada del sistema y, en su caso, para repensar los términos de cara a que las mujeres puedan "retomar y sostener su vida".