Negación de la violencia machista y ofensiva contra el aborto: "Nos va la vida en ello, no es un debate más"

Durante la noche del miércoles, las autoridades detuvieron a un hombre en el madrileño distrito de Usera. Su novia acababa de ser herida de gravedad tras ser apuñalada. A las puertas del inicio de la campaña electoral del 23J, el presunto caso de violencia de género se suma a otros crímenes machistas que han engrosado las estadísticas en tan solo una semana: dos confirmados y otros dos en estudio. En lo que va de año, 25 hombres han asesinado a mujeres que eran sus parejas o exparejas. Son 1.209 desde que existen datos oficiales, hace dos décadas. Los pactos entre PP y Vox tras los comicios del 28M no sólo han ignorado la necesidad de combatir la violencia contra las mujeres, sino que han apuntalado el negacionismo que la extrema derecha lleva por bandera. A dos semanas de las elecciones generales, los derechos de la mitad de la población están en juego.

A finales del mes de mayo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas, constituido por personas expertas independientes, valoró con "satisfacción los avances logrados" por el Ministerio de Igualdad en los últimos años. Se ha conseguido construir "una arquitectura nacional para los derechos de las mujeres", elogiaba. ¿Cuáles son esos avances?

Leyes clave y presupuestos históricos

La consolidación de derechos más evidente es la plasmada en leyes. En los últimos cuatro años, han sido varias las normas que han salido adelante. Si bien la ley del sólo es sí ha quedado sepultada bajo la polémica de las rebajas de penas a agresores, lo cierto es que la ley contempla medidas de calado como el reconocimiento del estatus de víctima sin necesidad de haber presentado denuncia, la consagración del consentimiento como elemento central de los delitos contra la libertad sexual o la apertura de centros de crisis 24 horas para víctimas. Estos últimos deberían ser una realidad en cada provincia a finales de año, pero comunidades como Galicia, Andalucía y Castilla y León, con los fondos ya transferidos para esta tarea, no han dado pasos adelante y ni siquiera han comunicado "cuáles son los proyectos que quieren poner en marcha" para el cumplimiento de esta disposición, critica el Ministerio de Igualdad.

La reforma de la Ley de aborto no sólo recupera el derecho a la libre interrupción del embarazo para las menores de dieciséis y diecisiete años, sino que elimina también los tres días de reflexión obligatorios para las mujeres que decidan ejercer este derecho, garantiza el aborto en la red pública e introduce permisos pioneros como la baja por menstruaciones dolorosas. La conocida ley trans, quebradero de cabeza para los socios de coalición, trajo consigo la libre determinación del género, pero también la posibilidad de que mujeres lesbianas, bisexuales o solteras puedan acceder a técnicas de reproducción asistida y consolidó la prohibición de las terapias de conversión contra las personas LGTBI. Esta semana, además, echó a andar el teléfono Arcoíris 038, una línea pensada para atender a las víctimas de delitos de odio. Aunque son los que más titulares han acaparado, estos no son los únicos avances legislativos. El Gobierno, en materia de igualdad, también ha sacado adelante la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia; la Ley para la igualdad de trato y la Ley de representación paritaria.

No ha sido posible aprobar una ley contra la trata esta legislatura, pero sí se han dado pasos al frente para combatir la explotación sexual. Entre otras: la adopción del Plan Camino, que concede alternativas económicas, laborales y sociales a las víctimas de trata a través de una treintena de medidas y cinco líneas de acción.

Pero el motor que hace posible cualquier tipo de progreso no es otro que el presupuestario. En el año 2015, la inversión en políticas de igualdad y contra la violencia de género era de 528,5 millones de euros, mientras que en 2023 fue de 573 millones. El incremento respecto a 2019 es del 217%, alcanzando este año una cifra histórica.

En diciembre de 2021, España se convertía en el primer país europeo en crear una estadística para contabilizar la violencia contra las mujeres más allá del ámbito de la pareja o expareja. Los crímenes machistas integrados en la estadística son, desde entonces, clasificados en cuatro categorías: sexuales, familiares, sociales y vicarios. La iniciativa pionera es en realidad la respuesta a un mandato clásico del movimiento feminista: ampliar la mirada ante la violencia machista y sacar de los márgenes a víctimas que hasta el momento eran consideradas de segunda. En la misma línea, el ministerio de Irene Montero acordó en 2023 ampliar el Servicio Telefónico de Atención y Protección para las Víctimas de Violencia de Género (ATEMPRO) a todas las formas de violencia machista, incluida la explotación sexual y la trata.

También las mujeres han visto cómo se han consolidado avances en materia de la violencia en el plano estricto de las relaciones de pareja. Por ejemplo, a través de la convocatoria de comités de crisis –reuniones entre el propio ministerio y las comunidades– cuando se confirmen cinco o más crímenes machistas en un mes, así como la implantación de un título habilitante para que las víctimas puedan acceder a derechos, recursos y servicios sin necesidad de haber presentado denuncia previa.

Y en cuanto a políticas de conciliación, los socios de coalición presumen también de haber cosechado algunos logros: el Plan Corresponsables, con una financiación de 200 millones de euros anuales y medidas como la contratación pública de bolsas de cuidados para menores de dieciséis años; o la Mesa asesora para los cuidados, un órgano que cuenta con la participación de cinto ministerios, sindicatos, patronal y más de medio centenar de organizaciones y expertas.

"Sabemos cuánto ha costado llegar hasta aquí"

¿Y cuál es el escenario que se avecina si el próximo 23J Vox entra finalmente en el gobierno central? Las elecciones municipales y autonómicas dan algunas pistas: la creación de concejalías y consejerías de familia, la deslegitimación de las políticas públicas de igualdad, la negación de la violencia machista y su progresiva dilución en la violencia intrafamiliar. Los planes que han hecho públicos los conservadores tampoco son especialmente halagüeños para las mujeres: la derogación o modificación de leyes clave e incluso la fulminación del propio Ministerio de Igualdad. 

El partido de Santiago Abascal insiste en que el género es "un concepto ideológico" y por tanto la violencia es, a su juicio, genérica y afecta a todas las personas por igual. Por tanto, ni rastro de medidas concretas para prevenir, atender y terminar con esta forma de violencia específica. Todo lo contrario: la formación se opone fervientemente a la sensibilización en el ámbito educativo y su única propuesta pasa por el endurecimiento del castigo penal.

"La violencia de género es una de las grandes lacras de nuestra sociedad", plantea el Partido Popular en su programa electoral. La formación de Alberto Núñez Feijóo se compromete a cumplir el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, una tarea a la que ya en 2017 se comprometieron todas las formaciones políticas. Los conservadores prometen además recuperar "el consentimiento de los titulares de la patria potestad previo a la realización del aborto en las jóvenes menores de edad" y se comprometen a una "profunda revisión del Código Penal para mejorar la regulación de los tipos, la proporcionalidad de las penas y adecuarlo a la realidad social, tras las defectuosas reformas parciales acometidas en la última legislatura", citando explícitamente la ley del sólo sí es sí.

En el apartado relativo a la violencia machista, el partido incluye su oposición a "la asunción de las posiciones más extremas ante la transexualidad" y se compromete a legislar "con la máxima prudencia para conciliar la expresión de la identidad personal con el cuidado a las mujeres, a la infancia y a las familias".

"El riesgo más importante tiene que ver con los planteamientos y los acuerdos con la ultraderecha", opina Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres. Ya no se trata solamente de los pasos hacia atrás que puedan venir de parte de los conservadores, sino de una ofensiva sin precedentes fruto del negacionismo de la extrema derecha. Lo más preocupante a juicio de Soleto tiene que ver con "discutir la propia institucionalización de las políticas de igualdad y con la negación de la protección a las víctimas de violencia de género".

Los movimientos que llegan de la derecha parten de "una premisa que no es cierta y que está construida íntegramente sobre un estereotipo machista: que las mujeres no merecen más protección", analiza la también jurista, quien advierte que "detrás de la negación de la institucionalidad va todo lo demás". Coincide la activista feminista y técnica de Igualdad en el Ayuntamiento de Estella-Lizarra (Navarra), Teresa Sáez. "La negación de la violencia de género significa quitar recursos a las víctimas. No es un debate político sin más, a las mujeres nos va la vida en ello", insiste. 

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Lo que está en juego, por tanto, es el acompañamiento, la protección, el despliegue de recursos, enumera la experta. También la formación y contratación de personal especializado, la construcción de centros de crisis y la conservación de estructuras específicas. "Si no crees que sea un problema estructural, defenderás que no hace falta personal preparado ni políticas públicas de igualdad", razona. A Sáez le preocupan además los pasos hacia atrás en materias clave como la conciliación, "la idea de los cuidados como esenciales, la corresponsabilidad como algo fundamental en el avance social". La extrema derecha, lamenta, batallará por "volver a la vieja idea" de los cuidados como un asunto estrictamente privado y esencialmente femenino.

También habla de avance social y progreso la socióloga Begoña Marugán. Los riesgos se proyectan "tanto en términos materiales como en un proyecto de futuro para las próximas generaciones", reflexiona. "Sabemos cuánto ha costado llegar hasta aquí y que el modelo que propone la ultraderecha es machista, supremacista y jerárquico de clase donde la mayoría de la población, especialmente las mujeres, va a vivir mucho peor". En términos materiales, incide, pero también vitales. Y eso tiene que ver con "cuestionar el derecho al aborto, el matrimonio igualitario o la misma violencia de género". 

Recuperar la idea de familia tradicional, menciona la socióloga, es "muy significativo porque responde a un modelo franquista, socialmente agotado". Insistir en la idea de violencia intrafamiliar también tiene impacto. Marugán, también sindicalista, pone un ejemplo claro: la negociación de planes de igualdad en el seno de las empresas ha venido contemplando, prácticamente sin oposición, especificidades relacionadas con la violencia de género, aunque no es materia obligatoria en los planes. "Siempre se han incluido determinadas mejoras para avanzar y no suele haber problema en las mesas de negociación", sostiene. Hasta ahora. "Ya se empieza a cuestionar y empieza a permear" el discurso de la extrema derecha en los centros de trabajo, asiente la socióloga. Su mayor preocupación: que esa visión se instale en las generaciones más jóvenes. Está en juego una nueva generación de chicos jóvenes, lamenta, convencidos de que "el ideal es volver a los valores tradicionales españoles completamente antidemocráticos, machistas y misóginos".