Las bajas menstruales no tendrán un límite de días y serán asumidas al 100% por la Seguridad Social
El Gobierno ha cerrado este viernes la negociación en torno a la baja menstrual que llevará en la futura ley del aborto. Algunos aspectos claves de la medida estaban todavía pendientes de pulir por parte de los socios del Ejecutivo, quienes este viernes han llegado a un acuerdo, informan fuentes gubernamentales, después del hondo debate que suscitó el anuncio del permiso. Se tratará finalmente de una incapacidad temporal específicamente pensada para reglas dolorosas y será asumida por la Seguridad Social desde el primer día.
Con este matiz, el Ejecutivo pretende aplacar la idea de que la medida pueda discriminar a las mujeres, ya que la empresa no tendrá que asumir el coste económico de la baja. Además, tampoco se exigirá un mínimo cotizado, como con otras incapacidades temporales comunes. Actualmente, la incapacidad temporal por enfermedad común –existe también incapacidad temporal por enfermedad profesional– requiere que el trabajador cuente con un periodo de cotización de 180 días en los cinco años anteriores.
Además, tal como está estipulado a día de hoy, el trabajador percibe el 60% de la base reguladora desde el cuarto día de baja y el 75% del 21 en adelante, por lo que durante los tres primeros días deja de ingresar su salario. Entre el cuarto y el decimoquinto día de permiso, la baja corre a cargo del empresario y es a partir de ahí que la responsabilidad de pago recae en la Seguridad Social. Al asumir el Estado la totalidad de baja, nada de esto aplicará en el caso del nuevo permiso específico.
Tampoco quedará establecido un límite de días, sino que cada mujer, bajo prescripción médica, podrá ausentarse de su puesto de trabajo los días "que necesite" cada mes, precisan las mismas fuentes. Habrá mujeres que requieran un solo día de permiso, mientras que otras prolongarán su ausencia durante el tiempo que dure el periodo –entre tres y siete días de media–, siempre en base a un criterio médico.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, publicó el mismo viernes un mensaje en redes sociales celebrando el acuerdo: "Avanzamos para que ya no sea normal ir al trabajo con dolor y para acabar con el estigma, la vergüenza y el silencio en torno a la regla".
El pasado mes de marzo, Montero señalaba en entrevista con infoLibre que la idea de su departamento era la de trazar algo "parecido a otros permisos de incapacidad temporal que ya existen, pero vinculados al hecho concreto de tener una regla especialmente dolorosa que te incapacita".
Aunque la pretensión de confeccionar un permiso menstrual era conocido desde hace meses, la noticia ha saltado esta semana después de que la cadena Ser publicase un borrador sobre la futura norma. En medio del debate sobre la forma y fondo del permiso, este jueves el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se apresuró en pronunciarse: el permiso está todavía "en discusión" y en proceso de "trabajo interno".
A sus palabras se sumaron las de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño: el Gobierno "no va a tomar ninguna medida que estigmatice a las mujeres". Ahí el detonante: estigma. Enseguida tomó la palabra Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Lo que "estigmatiza" a la mujer no es aprobar una baja laboral por reglas dolorosas, declaró ante los medios de comunicación, sino "no tener la sensibilidad suficiente" para comprender que mujeres y hombres "son diferentes" y que el mundo laboral no es neutro.
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La salud menstrual será uno de los pilares fundamentales de la nueva ley del aborto que confecciona el Gobierno y que llegará, previsiblemente, al Consejo de Ministros el próximo martes 17 de mayo. Algunas cuestiones, además, serán pioneras entre los países de nuestro entorno. El mismo permiso es una anomalía en la Unión Europea, pues solo existen precedentes en algunos países asiáticos y latinoamericanos. En España, dos ayuntamientos han ensayado la puesta en práctica de permisos similares: Girona y Castellón.
Otra de los asuntos en el centro del debate es la reducción del IVA de los productos de higiene menstrual. Este mismo viernes, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, pidió al Ministerio de Hacienda que "recapacite" sobre la reducción del tipo impositivo, un movimiento "perfectamente asumible" en términos económicos. Este tipo de productos están gravados actualmente con un 10% de IVA. A nivel europeo, solo en Irlanda están exentos del impuesto.
Esta medida, junto al reparto de los productos en lugares como centros educativos y penitenciarios, tiene como propósito combatir la pobreza menstrual. La organización Period en España estima que dos de cada diez mujeres no pueden asumir el coste de tampones, compresas o copas menstruales. En caso de que la reducción del IVA se quede finalmente fuera de la ley, el Gobierno tendrá una segunda oportunidad a través de los Presupuestos Generales del Estado.
