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Nueve expertos de la ONU aplauden la 'ley trans' y la del aborto aprobadas en España

La presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTBI+), Uge Sangil; la presidenta de la Federación de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé y la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Nueve expertos pertenecientes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU han redactado un comunicado en el que muestran su satisfacción por la aprobación en España de una "legislación integral feminista contra la discriminación" que, según apuntan, "facilita el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en el país (con la ley del aborto) y "elimina obstáculos arbitrarios, humillantes y dañinos para la persona humana" (en la ley trans).

En el escrito, recogido por Europa Press, los expertos destacan que la ley del aborto aprobada la semana pasada garantiza esta práctica en centros estatales de salud, elimina los denominados procesos de reflexión impuestos arbitrariamente a las mujeres, garantiza el acceso de todas las mujeres (incluidas las lesbianas, bisexuales y solteras) a las técnicas de reproducción asistida y constituye a España en "el primer país europeo en introducir legislativamente el permiso menstrual".

"Gracias a esta legislación la educación sexual integral formará parte de todos los años de escolaridad obligatoria, y se protegerá aún más la autonomía corporal de las mujeres, y de las mujeres jóvenes en particular", recoge el comunicado.

Estos expertos advierten de que, "la historia del feminismo es una historia de persistencia frente a la injusticia social" y creen que esta nueva legislación española "ha sido adoptada como parte de una ambiciosa agenda para el progreso" de su sociedad.

Sobre la 'ley trans'

En el escrito también se refieren a la ley trans, de la que destacan que aborde la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual, la identidad de género y las características sexuales; o que consolide el carácter igualitario de los derechos de las madres lesbianas, la prohibición de la mutilación genital para los niños intersexuales, y la adopción de medidas para poner fin a las prácticas llamadas terapias de conversión perpetradas contra las personas LGTBI.

Del mismo modo, destacan que la ley "armoniza el sistema español de reconocimiento legal de la identidad de género a través de la autoidentificación", un proceso que ha sido reconocido por la ONU como "mejor práctica".

Los expertos han explicado, en este sentido, que, "contrariamente a algunas narrativas erróneas", el nuevo sistema aprobado en España "garantiza la seguridad jurídica a través de la posibilidad de revisión judicial, colocando adecuadamente la carga de la prueba en la parte recurrente y en el Estado, y no en las personas trans u otras personas de género diverso".

"Estas leyes fueron adoptadas a través de un proceso parlamentario reflexivo y participativo que tomó seis años, y que contó con el asesoramiento de expertos de la ONU", han asegurado los expertos, que han instado a otros Estados a seguir el ejemplo del Ejecutivo español.

Con evidencias y sin prejuicios

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"Medidas legislativas como estas abordan las causas profundas de las violaciones generalizadas de los derechos humanos contra las mujeres y las niñas y las personas LGTBI", han apuntado, alentando a actores estatales y no estatales a que sus "discusiones sean basadas en evidencias científicas y no en prejuicio".

Los expertos han añadido en el escrito en que "estas discusiones deben ser protegidas del atractivo populista que las fuerzas regresivas pueden ver en la explotación de discursos antiaborto, anti-educación y anti-trans".

Los firmantes de este comunicado son Dorothy Estrada-Tanck (presidenta del Consejo de Derechos Humanos de la ONU), Ivana Radacic (vicepresidenta), Elizabeth Broderick, Meskerem Geset Techane y Melissa Upreti (del grupo de trabajo sobre Discriminación contra las Mujeres y las Niñas); Tlaleng Mofokeng (relatora especial sobre el Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental); Farida Shaheed (relatora especial sobre el Derecho a la Educación); Alexandra Xanthaki (relatora especial de los Derechos Culturales); y Victor Madrigal-Borloz (experto independiente sobre la Protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género).

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