Arabia Saudí ejecuta a 37 personas condenadas por terrorismo y crucifica a una de ellas entre protestas de la UE

Las autoridades de Arabia Saudi informaron este martes de la ejecución a 37 personas de nacionalidad saudí, la mayoría de ellos chiítas, por presuntos delitos de "terrorismo"  y "por adoptar ideas extremistas" y formar células criminales para "corromper y desestabilizar la seguridad", según informó la agencia de noticias saudí SPA. Las decapitaciones tuvieron lugar en cinco regiones: la capital, Riad; las ciudades santas de La Meca y Medina; la región sunita de Al Qasim y la Provincia Oriental, donde se concentra la minoría chiíta del país.

El Ministerio del Interior de Arabia Saudí anunció en un comunicado que el cuerpo de uno de los hombres ejecutados, Khaled bin Abdel Karim al-Tuwaijri, un presunto militante sunita, fue crucificado públicamente en un poste. Según reza el comunicado, los ejecutados "adoptaron la ideología terrorista extremista y formaron células terroristas" para difundir "corrupción, inseguridad, caos, sedición y sectarismo", amenazando con ello "la paz pública y el bienestar social". Además, señala que atacaron oficinas centrales de seguridad con bombas explosivas, donde asesinaron "a varios hombres de seguridad" y "violaron la confianza en cooperación con partidos hostiles", recoge la agencia de noticias oficial SPA.

Los ajusticiamientos, ratificados por el rey Salmán bin Abdelaziz, se produjeron dos días después de que las autoridades saudíes informaran de un intento de atentado cuyo objetivo era un centro de inteligencia en Zulfi –a unos 200 kilómetros de Riad–, en el que presuntamente fallecieron cuatro atacantes identificados como miembros del Daesh. Ésta última ejecución sucede tres años después de la ejecución en 2016 de otras 47 personas, también condenadas por terrorismo, que supuso la ruptura de las relaciones diplomáticas de Arabia Saudí con Irán.

 

Según ha informado Amnistía Internacional, 11 hombres fueron declarados culpables de espiar para Irán. Y al menos 14 de los 37 habían sido condenados en relación a las protestas antigubernamentales que acontecieron entre 2011 y 2012, cuando la primavera árabe atravesaba la Provincia Oriental. Además, Amnistía ha denunciado que las autoridades se basaron en confesiones "obtenidas bajo tortura" y que los ejecutados fueron declarados culpables en "simulacros de juicio", violando así las normas internacionales de imparcialidad procesal. 

El disidente saudí Ali al-Ahmed y actual dirigente del Instituto del Golfo en Washington identificó a 34 de los 37 ejecutados como chiítas, basándose en los nombres publicados por el Ministerio del Interior. Al-Ahmed la ha considerado como "la mayor ejecución masiva de chiítas en la historia del reino" y ha indicado que se trata de un "mensaje políticamente motivado para Irán", según informa ABC News.

La UE cuestiona que Arabia Saudí respete el derecho a un juicio justo 

La Unión Europea ha censurado la ejecución de 37 personas por terrorismo en Arabia Saudí este domingo, algo que arroja dudas "serias" de que respete el derecho a un juicio "justo" y ha avisado de que puedan "alentar" todavía más las tensiones sectarias en la región. "Esto supone el mayor número de ejecuciones en un único día en Arabia Saudí desde 2016 y confirma una tendencia negativa en este país", ha denunciado el servicio diplomático europeo que dirige la alta representante Federica Mogherini.

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El Servicio Europeo de Acción Exterior ha avisado de que "estas ejecuciones en masa arrojan dudas serias sobre el respeto por el derecho a un juicio justo", un estándar "mínimo fundamental internacional de la justicia", y ha denunciado que la ejecución de personas que eran menores cuando se cometieron los presuntos delitos "constituye una violación grave adicional". También ha alertado de que las últimas ejecuciones, teniendo en cuenta "la identidad de la mayoría" de los ejecutados y "las dudas sobre la gravedad de los delitos contra algunos de ellos", tienen "el potencial de alentar las tensiones sectarias, que ya dominan en la región".

La Unión ha vuelto a expresar su rechazo "inequívoco" a la pena de muerte "en todos los casos y sin excepción", un castigo que considera "cruel e inhumano", que no sirve para disuadir el crimen y supone un rechazo "inaceptable" de la dignidad e integridad humana, y ha dejado claro que seguirá defendiendo su abolición en todos los países donde todavía se aplica la ejecución.