Bruselas empieza a diseñar un Plan de Vivienda sin ambición para limitar los precios del alquiler en la UE

A la vuelta del verano, la presidenta de la Comisión Europea presentó el equipo de su segundo mandato con la incorporación de pesos políticos, como Teresa Ribera como vicepresidenta primera y responsable de la Transición Ecológica y del departamento de Competencia, y la creación de nuevas carteras para afrontar desafíos acuciantes de la Unión. Entre ellas, Úrsula von der Leyen prometió prestar más atención y recursos al creciente problema de la vivienda, especialmente el acceso de los jóvenes.

En noviembre del año pasado, Von der Leyen reconoció en Estrasburgo que “la vivienda era una de las grandes cuestiones planteadas por los europeos en las pasadas elecciones, que surge una y otra vez como la mayor preocupación de las familias”, al tiempo que anunciaba que por primera vez la Comisión tendría un responsable directo en esa materia porque se necesitaba “afrontar la crisis de vivienda que tenemos por delante”.

El 1 de febrero, la Comisión Europea creó un grupo de trabajo dedicado a la vivienda con el encargo de atender la crisis sufrida por millones de personas, “especialmente familias y jóvenes cuyas necesidades deben afrontarse de manera urgente”, señalaba Bruselas en el lanzamiento de su Task Force. Según ha podido saber infoLibre, habrá un Plan de Vivienda Asequible, una Estrategia para la Construcción de Casas y estas dos patas se apoyarán en una Plataforma Paneuropea de Inversión. Bruselas propondrá doblar los fondos de cohesión dedicados a este tipos de inmuebles.

Un mes después, este grupo de trabajo ya recaba información sobre la situación en el continente. Y uno de sus primeros encuentros acaba de ser en Bruselas con Rita Maestre, la líder de Más Madrid, y la portavoz de esta formación en la Asamblea de esa Comunidad, Manuela Bergerot, junto al eurodiputado de Compromís, Vincent Marzà, miembro además del Comité Especial sobre la Crisis de Vivienda, de reciente creación en el Parlamento Europeo.

Las dos políticas madrileñas se sientan con infoLibre en Bruselas para explicar que su reunión fue “con el director de la Task Force de Vivienda que tiene el encargo de realizar el plan de vivienda que presentará a principios del próximo año” el comisario Dan Jorgensen, socialdemócrata danés. Maestre relata que el objetivo “era trasladarle las prioridades políticas, de análisis y propuestas que vemos como fundamentales y urgentes en la escala local y municipal, nacional y estatal, pero también europea. La principal y más importante, la de luchar contra la especulación inmobiliaria, un cáncer que carcome el derecho a la vivienda en nuestro país y en todo el continente”.

Entre esas prioridades presentadas a Bruselas está la campaña del alquiler indefinido, para conseguir que la Comisión recoja esa modalidad dentro del Plan de Vivienda Asequible y que así los Estados Miembros la incorporen como opción para los inquilinos. Para España, dice Maestre, sería “la ruptura de este contrato que se va actualizando cada tres, cinco o siete años y que es, según el Banco de España, el principal motivo de subida de los precios del alquiler en España”.

Hay países europeos donde este contrato de alquiler indefinido ya existe. En Alemania, por norma, los alquileres son bajo esta modalidad y sólo se puede limitar si aparece expresamente indicado en el contrato, por ejemplo necesidades del arrendador. El precio puede aumentar cada año, pero con un tope del 20% en un trienio y siempre según las comparativas locales. En Dinamarca, los contratos de alquiler pueden ser de 6, 12 o 24 meses o no tener una fecha de finalización y en ese caso el inquilino debería informar al propietario con tres meses de su salida mientras que el arrendador no podría concluirlo salvo causa mayor, como su deseo justificado de habitar el inmueble, su completa renovación o la demolición. Fórmulas similares a las empleadas en Países Bajos, donde existe el contrato de alquiler indefinido, el de plazo fijo por un máximo de dos años o por un periodo concreto si el propietario se mudará a vivir en el inmueble a corto o medio plazo.

Las dos políticas españolas explican a infoLibre que desde la Task Force sobre Vivienda de la Comisión les trasladaron que “estudiarían su propuesta” para incluirla en las recomendaciones al propio comisario Jorgensen. Maestre busca el apoyo europeo para conseguir en España “lo que ya se aplica en Alemania, Dinamarca, Suecia, Holanda, en otros países de la Unión Europea” porque “hay relación directa entre los contratos cortos que existen casi excepcionalmente en España en comparación con el resto de Europa y la subida inflacionaria del precio de la vivienda en nuestro país”.

Visiones diferentes sobre el alquiler

Austria es posiblemente el ejemplo inmobiliario que analizan formaciones progresistas como Más Madrid por su extenso parque de vivienda pública y social en la capital, Viena, y por las modalidades contractuales. Allí el alquiler no recoge en principio un periodo determinado, por defecto es indefinido, aunque se pueda limitar a cinco o diez años. En cualquier caso, el propietario está fuertemente constreñido si quiere terminarlo con antelación.

Sin embargo, las visiones en la UE sobre el problema de la vivienda y el acceso a ella, la especulación turística con estos bienes y las realidades inmobiliarias son muy diferentes entre países, pero también a escala interna estatal. Amsterdam se asemejaría a la situación de Barcelona, pero Países Bajos en su conjunto no vive una realidad como la de la costa mediterránea española.

La turistificación afecta a capitales y grandes ciudades del continente donde plataformas como AirBnB ofrecen miles de inmuebles de particulares pero cada vez más de la cartera de grandes fondos de inversión. Las visiones con la Comisión chocan en este sentido, donde hablan de los problemas para acceder a viviendas asequibles o de familias que ofrecen una habitación de sus casas para obtener ingresos extra. Disrupciones del mercado, es uno de los términos utilizados en Bruselas, mientras que en España el problema es cada vez más de grandes tenedores.

Desde el equipo de la Task Force pidieron a las representantes de Más País datos concretos sobre esta concentración inmobiliaria y evidencias científicas del impacto de aplicar o no regulaciones de precios al alquiler. “No tenemos un comentario sobre medidas nacionales concretas”, explica una fuente comunitaria en relación las limitaciones de precios en ciudades como Barcelona o Ámsterdam, pero “la Comisión actualmente está recogiendo información de los mercados inmobiliarios en todos los Estados Miembros”. El objetivo, explica esta fuente de la UE es “entender mejor el impacto económico de las medidas a nivel nacional, regional y local”.

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Manuela Bergerot afirma que con el grupo de trabajo de la Comisión se debatió “la importancia de las inversiones europeas para mantener el parque público de alquiler asequible en áreas metropolitanas como la madrileña”. Una de las peticiones fue que Bruselas incluya en su plan fondos europeos para desarrollar estas viviendas sociales, con condiciones para su adquisición. Así lo confirma también el eurodiputado Vicent Marzà. “Las políticas de vivienda de la UE deben ser condicionadas, no pueden transferirse fondos europeos a los Estados sin que vayan a vivienda asequible y pública”. El miembro del Comité Especial sobre la Crisis de Vivienda de la Eurocámara pide impedir que pasados unos años estos inmuebles se vendan “a fondos buitres que luego las meten en el mercado para especular”.

En la Comisión por ahora no son tan ambiciosos. Pero una portavoz sí confirma que en la futura Estrategia Europea de Construcción de Casas “los fondos y la financiación serán la clave... vamos a estudiar fuentes de apoyo desde los fondos de la UE y lanzaremos una propuesta para permitir que los Estados Miembros inyecten liquidez en el mercado inmobiliario”. Según ha podido saber infoLibre, una posibilidad que estudia Bruselas es duplicar las inversiones planificadas en la política de cohesión para viviendas asequibles.

La idea de Bruselas pasa por ofrecer recomendaciones a los Estados miembros pero sin introducir nuevas regulaciones con medidas obligatorias. Los planes de la Comisión, por ahora, no recogen propuestas para limitar los precios de los alquileres, como se pide en España para aliviar el problema de vivienda de los jóvenes y familias.