La nueva 'guerra' entre Serbia y Kosovo: 20 años después cambian las bombas por aranceles

Desde finales del año pasado la tirantez latente entre Serbia y la provincia de Kosovo se ha reanimado por la decisión de esta última de aumentar el gravamen de productos serbios, que pasará del 10 al 100%. Una medida puramente ideológica destinada a castigar a Belgrado por no reconocer a la provincia como un país soberano —Kosovo autoproclamó su independencia en 2008—, y para demostrarle que controla plenamente y sin injerencias todo su territorio. Inmediatamente después, la Unión Europea instó a la región a que revocase la decisión que, entre otras cosas, infringe el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (CEFTA, por sus siglas en inglés), pero el Gobierno kosovar se mantuvo en su posición justificándolo como un gesto de presión.

En Kosovo, la inmensa mayoría de la población es de ascendencia albanesa y musulmana —casi dos millones—, frente a una pequeña minoría, al norte, de serbokosovares que profesan el cristianismo ortodoxo —unos 100.000—. Serbia, que se opuso con vehemencia a los aranceles, argumentó que la subida de impuestos afectaría negativamente a dicha minoría, consumidora en gran medida de las manufacturas que produce Belgrado. El dictamen del aumento arancelario fue anunciado justo un día después de que la Asamblea General de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) rechazara la candidatura para su ingreso, una resolución festejada por Serbia, que no consiente que su provincia irredenta forme parte de ningún organismo internacional. Rusia, que también posee conflictos soberanistas en su territorio con Chechenia y Dagestán, se apresuró a cargar contra Pristina hablando de un plan donde, según dice, subyace la "limpieza étnica" de los serbokosovares.

Vuelve el fantasma de las guerras balcánicas

A la decisión económica se le agregó, apenas un mes después, el interés de Kosovo por vertebrar un ejército propio, algo que resucitó los temores pretéritos de un nuevo enfrentamiento violento. El plan de la provincia, aprobado por el Parlamento con la ausencia de los 13 diputados de la minoría serbia, consiste en invertir en torno a 300 millones de euros a lo largo de varios años para convertir a las Fuerzas de Seguridad de Kosovo (FSK) en un ejército nacional inspirado en el Ejército de Liberación de Kosovo (UÇK, por sus siglas en albanés), que operó en la región en la década de los 90 y cuyo líder, Hashim Thaçi, es hoy el jefe del Ejecutivo kosovar.

 

Varios soldados del grupo terrorista Ejército de Liberación kosovar (UÇK) durante la guerra de Kosovo. E. P.

El presupuesto se está destinando, principalmente, a reclutar futuros soldados —se quiere pasar de 2.000 activos a 5.000 y 3.000 reservistas, según medios serbios—, adiestrarlos, constituir un Ministerio de Defensa y rearmar a las FSK, que ahora disponen de armas ligeras, con elementos de artillería e, incluso, un sistema de misiles antiaéreos. De nuevo, a la Unión Europea no le gustó nada la idea y llamó a la distensión. Por su parte la OTAN, que desde 1999 mantiene en Kosovo una fuerza militar internacional (KFOR, por sus siglas en inglés), la tildó de “inoportuna”. En el Kremlin tampoco se aplaudió la noticia y Belgrado confesó directamente que la intervención armada es una de las posibilidades que el Gobierno serbio considera —Serbia cuenta con un ejército que ronda los 30.000 efectivos—.

Sin embargo, en la escena internacional Kosovo cuenta con un poderoso defensor de su táctica: Estados Unidos. En Washington no tardaron en felicitar a Thaçi por lo que consideraron una “contribución a la paz y la seguridad en la región”, una reacción poco sorprendente teniendo en cuenta que Estados Unidos entrenó a las FSK cuando fueron creadas. Aun así, la propia Constitución kosovar no contempla la creación de un ejército, por lo que habría que modificarla; un trámite para el que son imprescindibles los votos de los 13 legisladores de la minoría serbia.

Difícil ingreso en la UE

El declive económico, en una zona históricamente deprimida, se agudizó tras las guerras yugoslavas, por lo que tanto Serbia como Kosovo llevan años intentando ganarse el ingreso en la Unión Europea. No obstante, el club europeo tiene reticencias sobre aceptar a las dos naciones y subordina su entrada a la consecución de varias reformas en los ámbitos económico y de derechos civiles y calidad democrática; pero sobre todo, lo que Europa persigue es que ambos erradiquen su hostilidad mutua —un antagonismo que se remonta cientos de años y que se recrudeció a finales de los años 80, debido a la política recentralizadora de Slobodan Milošević—.

Hace algunos meses, la UE fijó 2025 como el año en que Serbia podría entrar en el grupo. Estrasburgo ya lleva más de un lustro intentando que los dos aspirantes a formar parte del grupo comunitario trabajen conjuntamente para llegar a consensos que logren la superación de una enemistad prácticamente inveterada. No obstante, Serbia abandonó sus promesas de normalización diplomática cuando el pasado julio su presidente, el conservador Aleksandar Vučić, rehusó viajar a Bruselas para mantener una reunión con Thaçi.

Ese mismo verano, sin embargo, se produjo un acercamiento que arrojó como resultado una propuesta vista por muchos como un disparate, ya que la solución que ofrecieron Belgrado y Pristina para poder convivir sin una animadversión tan manifiesta fue una redefinición de la frontera entre ambos. Con este remedio ambos gobiernos pretendían hacer ingeniería social para que la minoría de serbios que viven al norte de Kosovo quedasen integrados en Serbia y la minoría de kosovares que viven al sur de Serbia volviesen a pertenecer a territorio de Kosovo. Vučić, incluso, adelantó que si se llevaba a cabo el nuevo dibujo fronterizo reconocería a Kosovo como un país independiente, quedando definitivamente zanjadas todas las disputas, ya que una de las condiciones sine qua non que establece Bruselas para esa hipotética incorporación pasa precisamente por dicho reconocimiento.

Protestas masivas en Serbia

Otro de los elementos desestabilizadores de la región lleva teniendo lugar en el corazón de Serbia desde el pasado 8 de diciembre. Cada sábado, desde hace ya 14 semanas, miles de serbios marchan por las calles de Belgrado para protestar contra el Gobierno, al que acusan de ser autoritario y de socavar libertades fundamentales como la de prensa. Paradójicamente, el mayor impulso que recibieron las manifestaciones vino del propio presidente, que al principio aseguró que no cedería a las peticiones de los manifestantes “incluso si hubiera cinco millones de personas en la calle”. Entendidas esas palabras como una provocación, el sábado siguiente a la comparecencia de Vučić, cientos de miles de serbios volvieron a la calle con una pancarta en la que se podía leer "Uno entre cinco millones" y que se ha convertido en el lema del malestar.

 

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Una de las marchas que cada sábado, desde principios de diciembre, tiene lugar en Belgrado para protestar contra el Gobierno serbio. EFE

Aunque los carteles donde se llama "ladrón" o "dictador" al presidente son numerosos y habituales en las concentraciones, según medios de comunicación locales la popularidad de Vučić no se ha visto damnificada y su formación, el Partido Progresista Serbio —de ideología conservadora—, continúa conservando más del 50% de la intención de voto, tal y como reflejan múltiples encuestas.

Las tensiones étnicas y los nacionalismos que provocaron las guerras yugoslavas en los años 90 continúan vivas en Serbia 20 años después. Aunque organizaciones transnacionales como la Unión Europea, la ONU o la OTAN —que participó en el el conflicto del lado de Kosovo— no pierden de vista la región e intentan mediar para desinflamar los roces, decisiones políticas como la imposición de aranceles o el deseo de rearme generan incertidumbre en un esceneario internacional que recuerda la violenta descomposición de los Balcanes.