Meloni declara la guerra a la prensa independiente en un intento de imponer su narrativa ultra
“El aire que respiramos no es puro”. Así resume Cecilia Anesi, periodista independiente italiana y cofundadora de la web de investigación IrpiMedia, el ambiente que rodea al periodismo en la península de la bota desde la llegada al poder de Giorgia Meloni, primera ministra de extrema derecha. Ese sentimiento es compartido por la mayoría de los periodistas de oposición y de investigación de Roma: el clima es pesado desde hace dos años y hay una sensación general de inseguridad.
“Desde la llegada al poder de Giorgia Meloni se han multiplicado las agresiones a periodistas”, afirma Giovanni Tizian, periodista del diario Domani, especializado también en reportajes de investigación. “El hecho de no aceptar el relato oficial y no contentarse con enumerar los diferentes hechos te expone a una ofensiva judicial del gobierno”, afirma Giovanni Tizian. Cecilia Anesi, por su parte, habla de “caza de periodistas”.
En Roma, todo el mundo está de acuerdo –y lo reitera– en que los ataques a la prensa en Italia no empezaron con Giorgia Meloni. Como veremos, la coalición actual utiliza a menudo métodos puestos en marcha por las coaliciones anteriores –incluidas las de centro-izquierda– hace más de treinta años. Pero como señala Salvatore Cannavò, director adjunto del periódico de oposición Il Fatto Quotidiano, la situación ha “empeorado” claramente con este Gobierno.
La ONG Media Freedom Rapid Response (MFRR) confirmó esa sensación en un informe publicado en julio, señalando que entre octubre de 2022 y junio de 2024 había recibido 193 alertas sobre Italia, 118 más que en los 22 meses anteriores. En su informe, la organización pudo así concluir que “la libertad de los medios de comunicación en Italia está sometida a una presión cada vez mayor, con ataques y violaciones sin precedentes de la libertad de prensa y de los medios de comunicación, a menudo llevados a cabo por funcionarios públicos que intentan marginar y silenciar las voces críticas”. Queda por ver qué forma concreta está tomando en Italia este deterioro del ambiente que rodea a los medios de comunicación.
La ofensiva judicial contra la prensa
En la Italia de esta década no hay periodistas encarcelados por motivos explícitamente políticos, ni censura oficial de la prensa, como en los Estados abiertamente dictatoriales, pero la voluntad del gobierno de controlar los medios de comunicación toma caminos múltiples y poderosos.
El primero de ellos es el uso de la intimidación a través de procedimientos judiciales. Miembros de la coalición gubernamental, y a veces de la magistratura, intensifican los procedimientos contra los periódicos de la oposición y contra los propios periodistas. “Siempre han existido los procedimientos judiciales contra la prensa, pero el gobierno de Meloni lo hace de forma mucho más sistemática”, afirma Salvatore Cannavò, del Fatto Quotidiano.
Giovanni Tizian también reconoce una tendencia “preocupante” en la “intensificación de procesos” de prensa. El patrón suele ser el mismo: cuando los periodistas envían solicitudes para contrastar información, la respuesta sistemática, sobre todo cuando se trata de políticos mayoritarios, es amenazar con acciones judiciales o presentar una querella.
En su opinión, esta proliferación de procesos cumple sobre todo una función económica. Incluso cuando los periodistas ganan sus casos –lo que ocurre en la inmensa mayoría de los casos– los costes asociados a los procedimientos no son reembolsados. Calcula que estos costes oscilan entre 5.000 y 8.000 euros por periodista. Se trata de un nivel insostenible para los autónomos, que pueden verse tentados a abandonar la profesión, a pesar de que en Italia representan el grueso de los periodistas de investigación.
Pocos periódicos o programas críticos con el gobierno de Meloni se han librado de las denuncias
Cecilia Anesi es consciente de esta situación. Su web gratuita, que depende de donaciones de fondos internacionales y de sus lectores, se enfrenta actualmente a cuatro procedimientos penales y dos civiles, con un coste total de 15.000 euros. La mayoría de las denuncias presentadas –más de treinta en el caso de IrpiMedia– no prosperan y a menudo son desestimadas. Pero, como señala Cecilia Anesi, esto “cuesta tiempo y dinero” a una pequeña organización como la suya, lo que obliga a los periodistas a recortar gastos y aplazar ciertas investigaciones.
De momento, IrpiMedia se mantiene firme, pero la periodista reconoce que el riesgo es “existencial”. Señala que, para algunos medios locales, la amenaza puede ser suficiente y que, para garantizar su supervivencia económica, muchos aceptan suprimir artículos. En su opinión, esta “autocensura” es ya una realidad en muchos medios, aunque afirma que en IrpiMedia, que vive del periodismo de investigación, no la están aplicando. Pero, añade, a costa de “un riesgo económico siempre presente”.
El informe del MFRR pone de relieve esa estrategia de intimidación judicial. Cerca del 30% de los incidentes señalados implican procedimientos judiciales. Pocos periódicos y emisiones críticos con el gobierno se han librado de las denuncias. Por ejemplo, en agosto de 2023, Il Fatto Quotidiano fue objeto de una denuncia de la hermana de Giorgia Meloni, Arianna Meloni, casada con el ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, y jefe del partido Fratelli d’Italia, por una viñeta satírica.
Pero ningún otro periódico ha sufrido una misma embestida judicial como Domani. En febrero de 2023 se presentaron dos carabinieri en la redacción romana del periódico para intentar acceder a las fuentes de un artículo sobre el secretario de Estado de Trabajo, Claudio Durigon. La redacción les denegó el acceso y se archivó la denuncia.
Pero la ofensiva no se detuvo ahí. Además de una denuncia de la propia Giorgia Meloni, que finalmente fue retirada, el diario se enfrentó a una amenaza más grave. Giovanni Tizian, junto con dos de sus colegas de Domani, es objeto de una denuncia presentada por el ministro de Defensa, Guido Crosetto. La querella se refiere a la publicación de una investigación sobre los vínculos entre Crosetto y empresarios de la industria militar.
Los tres periodistas están acusados de “acceso abusivo a un sistema informático” y de “revelación de secretos”. Esta última acusación hace sonreír a Giovanni Tizian, a pesar de su inculpación, pues considera que el oficio de periodista consiste precisamente en “revelar secretos”. En resumen, los periodistas están acusados de haber entrado en un sistema informático público, con el apoyo de un guardia de finanzas (cuerpo de policía especializado en delitos financieros), para acceder a documentos comprometedores para el ministro. También están siendo investigados el guardia de finanzas y un magistrado. El fiscal de Perugia calificó el trabajo de los periodistas de “intención delictiva”.
El objetivo del gobierno es debilitar económicamente a los periódicos que le molestan, es decir, los que no aceptan el “relato oficial” construido por la mayoría de extrema derecha
Para Giovanni Tizian, este procedimiento no se refiere únicamente a Domani. Más bien representan un “cambio significativo y preocupante respecto al pasado”. “Lo que buscan ahora los ministros con estas denuncias es identificar nuestras fuentes”, afirma. El objetivo del pulso con Domani es, pues, poner en peligro las fuentes de los periodistas para neutralizarlas y disuadir a las demás de hablar. En un país donde no existe un estatuto del denunciante, eso podría cortar de raíz cualquier posibilidad de investigación. Por ello, Giovanni Tizian ha hecho de la protección de sus fuentes un principio “inamovible”, para “no poner en peligro sus vidas ni su trabajo”. Pero reconoce que el objetivo del gobierno es “crear un desierto de fuentes para los periodistas”.
La actual ofensiva judicial a gran escala tiene un triple efecto: intimida a los periodistas, les pone en peligro económicamente y les priva de fuentes de calidad para obtener información. Como señala Cecilia Anesi, el mensaje que envía el gobierno es de “impunidad” para las organizaciones criminales y los políticos.
La ofensiva legislativa contra la libertad de información
Esta ofensiva judicial se basa en gran medida en la legislación anterior, en particular la famosa ley Cartabia de 2021, introducida por el gobierno de Mario Draghi, que endureció las condiciones en las que los periodistas podían acceder a la información judicial. Según Cecilia Anesi, esta ley “aterrorizó al mundo judicial” al prohibir a los fiscales y a la policía hablar con la prensa sobre los casos en curso. “Ahora todo depende de los fiscales. Algunos siguen hablando, otros no. Pero, en general, cada vez es más difícil obtener información”.
Pero eso no ha sido suficiente para la actual coalición. Ha desenterrado un antiguo proyecto de ley que, en nombre de la presunción de inocencia, pretende prohibir la publicación íntegra de las órdenes de detención hasta que concluya la investigación. Los periodistas tendrán que redactarlas con sus propias palabras, a riesgo de ser demandados por difamación. Giovanni Tizian no puede imaginar que un periodista con acceso a información importante relativa a una orden de este tipo no la publique. Pero está claro que esta nueva norma será otra espada de Damocles sobre la prensa independiente italiana.
Además, otro proyecto de ley actualmente en trámite en el Senado italiano, va a añadir más presión. El senador de Fratelli d'Italia, Alberto Balboni, ha presentado un proyecto de ley para aumentar las sanciones penales por difamación en la prensa. Las multas, hasta ahora de unos pocos miles de euros como máximo, tendrían dos niveles: de 5.000 a 10.000 euros y de 10.000 a 50.000 euros. A esto se añadirían correciones “automáticas” en los periódicos y la posible suspensión durante seis meses del derecho a ejercer el periodismo.
Como señala el informe del MFRR, esta ley contravendría no sólo las exigencias de las Naciones Unidas de abolir las sanciones penales por difamación, sino también el principio establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de vincular la condena por difamación a la situación económica de los periódicos. Pero esto no tiene nada de sorprendente: en realidad, el objetivo del gobierno es seguir debilitando económicamente a los periódicos que le molestan, es decir, como dice Giovanni Tizian, los que no aceptan el “relato oficial” construido por la mayoría de extrema derecha.
Conflictos de intereses y embrollos políticos
Entre ellos está la agencia de prensa AGI. Conocida por su independencia, es propiedad del grupo ENI, especializado tanto en hidrocarburos como en producción de electricidad cuyo principal accionista es el Estado italiano. En 2023, ENI generó una facturación cercana a los 93.000 millones de euros. En otras palabras, la facturación de AGI, la segunda agencia de prensa italiana después de la estatal ANSA, con una facturación de 22 millones de euros, es irrelevante en las cuentas de ese gigante de la energía.
Pero a finales de 2023, los periodistas de la agencia se enteraron de que ENI había sido abordado por Antonio Angelucci, un diputado del partido de la Liga de Matteo Salvini, afiliado a la coalición gobernante, sobre un plan para comprar AGI. Angelucci no es un desconocido en el mundo de los medios de comunicación. Propietario de un grupo de clínicas privadas en Roma y Lombardía, ha comprado tres diarios de derechas: Libero, Il Tempo e Il Giornale.
Estas tres cabeceras son conocidas desde hace tiempo por su tono agresivo y populista. En Libero abundan los titulares sensacionalistas, así como los textos islamófobos, xenófobos y escépticos con el cambio climático. Il Tempo no se queda atrás con sus provocadoras portadas. Con motivo del primer aniversario de la masacre del 7 de octubre, la cabecera, dirigida ahora por un antiguo senador de centro-izquierda, Tommaso Cerno, publicó una foto de cuatro dirigentes de izquierda con el titular en hebreo e italiano: “Cómplices del 7 de octubre”.
En el grupo Angelucci, la ética periodística es opcional y la independencia no existe. Los tres periódicos han sido siempre partidarios de la derecha italiana, y sus periodistas entran y salen alegremente en el mundo político.
Vittorio Feltri, por ejemplo, fundador de Libero y su director hasta 2023 antes de incorporarse a Il Giornale, otra cabecera del grupo, tuvo que dimitir del colegio de periodistas en 2020 por algunos titulares del diario. En 2021 fue elegido concejal de Milán por Fratelli d'Italia, y en 2023 consejero regional de Lombardía. Fue sustituido al frente de Libero por Mario Sechi, ex jefe de prensa de Giorgia Meloni.
El 23 de octubre, en Roma, la jefa del Gobierno italiano celebrará sus dos años de gobierno en una fiesta organizada por Il Tempo, en la que estará acompañada por Antonio Angelucci y otros muchos miembros de la derecha italiana.
Ninguna agencia de prensa ha sido nunca propiedad de un político y no teníamos ninguna garantía de nuestra independencia
Naturalmente, los periodistas de AGI estaban muy preocupados ante la idea de unirse a un grupo editorial de este tipo. “Ninguna agencia de prensa ha sido nunca propiedad de un político y no teníamos ninguna garantía de nuestra independencia”, afirma un periodista de AGI que pide su anonimato. El contexto de la venta era sospechoso: la agencia había mejorado sus resultados y no representaba ninguna carga económica para ENI.
Para el periodista entrevistado, se trataba evidentemente de “influir en la manera de producir la información y, por tanto, en el debate público”, en la medida en que AGI participa en la creación de la información “primaria” de Italia.
La historia de AGI es también una historia de conflictos de intereses entre los medios de comunicación italianos y el mundo de la política. Giancarlo Giorgetti, ministro de Economía y ministro responsable de ENI y de su accionista Caja de Depósitos, no apoyó realmente a los empleados de AGI. En el Parlamento, declaró que no veía por qué una empresa energética debía poseer una agencia de prensa. Giancarlo Giorgetti es miembro de la Liga, al igual que Antonio Angelucci. Y la actual directora de AGI, Rita Lofano, es una estrecha colaboradora de Mario Sechi, que a su vez dirigía AGI antes de trasladarse al Palazzo Chigi, sede del gobierno.
En respuesta a este ataque a su independencia, los periodistas de AGI pasaron a la acción. Se manifestaron y se declararon en huelga durante dos días a finales de marzo. En mayo, aprobaron con un 70% una moción de censura contra Rita Lofano. Desde entonces, la venta está en suspenso. Pero, como señala el periodista entrevistado, las cosas no están claras. “No estamos tranquilos, la situación es muy tensa, porque hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar”, explica. Una cosa es segura: si se vende AGI, la influencia del gobierno en los medios de comunicación será aún mayor.
El control de la RAI
El objetivo de la coalición liderada por Giorgia Meloni es, por tanto, desarrollar un relato dominante que sustituya al que presidió la fundación de la República italiana en 1947 y que ya se ha visto debilitado por el berlusconismo y la deriva social-liberal del centro-izquierda de la Segunda República a partir de 1993.
Este relato tiene dos pilares. El primero es estructural: hay que acabar con las bases de la Constitución italiana, la de una “República fundada en el trabajo” y la de una “República fundada en el antifascismo”. El segundo es coyuntural: es necesario defender la idea de una recuperación nacional exitosa por parte del gobierno Meloni, allí donde otros gobiernos han fracasado. El periodista de AGI citado subraya lo difícil que es hoy ir en contra del triunfalismo del Gobierno, sobre todo en materia económica.
Para el gobierno de Meloni, el principal lugar en el que este relato debe ser impuesto y repetido de forma machacona es la RAI, la radiotelevisión pública italiana, un enorme grupo profundamente arraigado en la vida cotidiana de los hogares italianos. Una vez más, el control político sobre la RAI no es nada nuevo. En Roma, todo el mundo recuerda que el último en reforzarlo fue Matteo Renzi en 2015, cuando era el presidente del gobierno de centro-izquierda. El que ahora se autodenomina “centrista liberal” cambió la composición del Consejo de Administración, nombrando a seis de los siete miembros por las autoridades políticas (dos por el Gobierno, dos por la Cámara y dos por el Senado) y dando más poder al director gerente nombrado por ese Consejo.
El Gobierno actual ha tomado cartas en el asunto. En mayo de 2023, Carlo Fuortes, su director general con el gobierno Draghi, fue “invitado” a dimitir, aunque su mandato duraba hasta julio de 2024. Fue sustituido rápidamente por Roberto Sergio, director de radio de la empresa.
Inmediatamente, se marcó la pauta: se cambió a ocho directores y Roberto Sergio anunció la introducción de un nuevo “relato” para la RAI. Esta tarea ha sido confiada al nuevo director general, Giampaolo Rossi, un típico intelectual de extrema derecha del siglo XXI cercano a Giorgia Meloni: anti-vacunas, anti-woke, conspiranoico, obsesionado con la influencia de Soros y admirador de Donald Trump.
Los programas de la RAI se han puesto progresivamente al servicio del relato gubernamental
Está claro que el dúo va a marcar el paso de la RAI. No sólo en sus programas, por supuesto. Daniele Macheda, secretario del sindicato mayoritario de periodistas, Usigrai, denuncia una “ausencia de proyecto industrial” en beneficio de un “proyecto político”. “Los nombramientos no se hacen por méritos, sino por perfiles políticos”, resume.
Daniele Macheda relata un momento significativo de esta deriva. La noche del 7 de julio, mientras los resultados de las elecciones legislativas francesas dominaban las emisiones de las televisiones de toda Europa y de las grandes cadenas privadas italianas, las tres cadenas de la RAI emitían programas de entretenimiento y la cadena de información 24 horas, RaiNews 24, pasó a las 21.00 horas a emitir la “fiesta de las ciudades identitarias”, un festival de connotaciones políticas al que asistía el director de la cadena.
Para Daniele Macheda, se trata de una señal de que “el periodismo no funciona” en la televisión pública italiana. Para él, el ambiente es tan pesado que lleva a la autocensura o a decisiones “preventivas” para complacer al poder político. Esto es lo que llevó a la cancelación del monólogo antifascista de Antonio Scurati el pasado mes de abril. La presentadora que había invitado al escritor quien fue sancionada.
El periodismo de investigación, enemigo político
Pero todavía quedan focos de resistencia en la RAI. El principal es el magazine de investigación “Report”, de Sigfrido Ranucci, en la Rai 3, un programa mítico que ha desenmascarado a varios políticos, sobre todo del partido en el poder. Pero su resistencia, ligada a su popularidad, tiene un precio. Entre mayo de 2023 y junio de 2024, ministros y dirigentes de la coalición presentaron no menos de seis denuncias contra el programa. El 11 de octubre, el presidente del Senado Ignazio La Russa, que presentó una de esas denuncias, declaró en Milán que “como la izquierda ha perdido la capacidad de crear consenso entre los italianos, tendrá que contentarse con Report y La7 [un canal privado -ndr] para hacer política”.
Las declaraciones de Ignazio La Russa son muy irónicas, dadas las maniobras del gobierno para politizar el ente público. Se ha reducido el canon para que todo el presupuesto dependa del Gobierno, se ha creado un sindicato pro-gubernamental, Unirai, para apoyar la toma de control de la Rai por la derecha y, por último, un decreto ha modificado la cantidad de tiempo de emisión concedido a los partidos políticos para limitar el de la oposición. Para muchos, la RAI se ha convertido en “Meloni TV”.
Frente a semejante ofensiva, “Report” es un contrapunto claro, pero muy aislado. Y muy frágil. A pesar de la prudencia de Sigfrido Ranucci – contactado por Mediapart, no quiso responder a las preguntas– y de su popularidad, su programa parece estar constantemente en la cuerda floja. En noviembre de 2023, el periodista fue convocado por la comisión de control parlamentario de la RAI. Y durante el verano circularon rumores de que su programa sería emitido en otros horarios.
Ante esta ofensiva, los periodistas se movilizaron y se declararon en huelga el 6 de mayo, a pesar de las presiones de la dirección, que de hecho fue condenada por obstaculizar el derecho de huelga. Pero la transformación de la RAI en “portavoz del gobierno”, ya iniciada por los gobiernos anteriores, parece inevitable.
La situación del periodismo italiano es pues alarmante, y la llegada al poder de Giorgia Meloni ha empeorado claramente una situación en la que los gobiernos anteriores ya habían atacado a la prensa. Cualquier periodista o publicación que se niegue a atenerse al relato que la extrema derecha intenta imponer en Italia se convierte en un objetivo.
¿La situación es más preocupante que en Francia? En algunos aspectos sí, dado el marco jurídico tan restrictivo en el que operan los periodistas italianos. Pero también es cierto que, en los últimos años, la toma de control de una parte de la prensa francesa por capitalistas vinculados a la extrema derecha y la gestión autoritaria del país por parte de Emmanuel Macron han provocado un rápido deterioro de la situación.
La información corre peligro y los medios miran para otro lado
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Tanto en Italia como en Francia, los gobiernos “centristas” y autoproclamados “liberales” preparan a menudo el terreno y a veces incluso inician la represión, continuada y agravada por la extrema derecha. En este sentido, Italia es realmente un laboratorio de una deriva en la que la libertad de información es la víctima expiatoria.
Traducción de Miguel López
