Por qué los Países Bajos rechazan los 'coronabonos'

¿Es el comienzo de una desescalada? Wopke Hoekstra primero ha reconocido la “falta de empatía” en una entrevista el martes en la televisión holandesa. “Nosotros hemos hecho las cosas correctamente. Hemos dado a entender lo que no queríamos, pero no hemos dejado suficientemente claro lo que queríamos”, dijo el ministro de Finanzas.

Poco después, el jefe del gobierno neerlandés Mark Rutte, en su intervención del miércoles en el Congreso, precisó su posición: defiende el ingreso de 1.200 millones de euros, en forma de bonos, en un fondo europeo de entre 10.000 y 20.000 millones de euros para apoyar los sistemas sanitarios de los países más afectados, como ha publicado Le Soir.

Rutte, para limar asperezas, declaró que “si lo hacemos en forma de donativos, eso equivale a decir que se reconoce que [los países del sur de Europa] han sido castigados duramente y que juntos, con un número de países más ricos, estamos dispuestos a pagar los costes directos de la crisis del coronavirus”. Pero nada de ir más lejos, en particular emitir deuda común o revisar de arriba abajo las líneas presupuestarias de los próximos años, como quería la Comisión, para ayudar a los países más afectados por el Covid-19.

En pocos días, el ministro Hoekstra, cristiano-demócrata nacido en 1975 que viene de lo privado (la petrolera Shell o la consultora McKinsey), se ha convertido en uno de los protagonistas más expuestos –y criticados– de la obra de teatro que se está representando en Bruselas, donde se negocia nada menos que el futuro de la Unión. Es el símbolo de los egoísmos nacionales. Tras la crisis de las deudas soberanas (a partir de 2008) y más tarde la de la acogida de inmigrantes (a partir de 2015), la UE se enfrenta de nuevo a la cuestión de la solidaridad entre sus Estados miembros, incapaz en estos momentos de dar una respuesta a la altura de los problemas.

Con ocasión de la reunión de ministros del 24 de marzo en la capital belga, Hoekstra, coronado como jefe de los “halcones”, el bando de los duros, se preguntaba en voz alta sobre la necesidad de iniciar una investigación para saber por qué ciertos países -España, Italia y Portugal- no disponen de márgenes de maniobra presupuestarios suficientes para enfrentarse a las consecuencias económicas del Covid-19.

En la cumbre de dirigentes europeos del 26 de marzo, los Países Bajos se opusieron, junto con Alemania, Austria y Finlandia, a una emisión de deuda europea –llamada a veces coronabonos– para apoyar a los países más afectados por la pandemia. Nueve países, entre ellos Francia, Italia y España, defendían este tipo de mecanismo en nombre de la solidaridad.

Ante la falta de un principio de acuerdo, el comunicado de los 27 se conformó con reenviar la pelota al próximo Eurogrupo, “de aquí a dos semanas”. El término eurobonos ni siquiera se menciona.Inmediatamente, el primer ministro portugués António Costa, denunció furioso la actitud “repugnante” de los Países Bajos, y de Wopke Hoekstra en particular, criticando el socialista “la inconsciencia absoluta y la mezquindad recurrente [que] socava totalmente el espíritu de la Unión Europea”.

En Madrid, la ministra española de asuntos exteriores, ex jefa de gabinete de Pascal Lamy en la Organización Mundial del Comercio, también defendió esta posición contra Hoekstra: “Estamos todos en el mismo barco europeo. Hemos chocado contra un iceberg y todos corremos el mismo riesgo. No tenemos tiempo para discusiones sobre los pasajeros que se creen de primera o de segunda clase”.

Una eurodiputada italiana del Movimiento Cinco Estrellas (M5S), el partido del jefe de gobierno italiano, ironizaba el miércoles sobre el paso atrás de Hoekstra del día anterior: “La falta de solidaridad de es un problema de empatía”, decía Tiziana Beghin, insistiendo en que “Europa debe escribir una nueva página de su historia, no un ensayo de economía”.

Al principio, Berlín y La Haya parecían abiertos a la idea de un plan de ayuda procedente del Mecanismo Europeo de Solidaridad (MES), un instrumento creado en 2012 para apoyar a los Estados al borde de la quiebra. Ese plan estaría, según sus ideas, “condicionado” a una serie de criterios para cada país, como en 2012: programa de economía presupuestaria y reformas estructurales. Ese dinero prestado debería ser, sobre todo, devuelto con el tiempo por el país beneficiario.

Roma no quiere oír hablar de una solución que pase por el MES, demasiado asociado a los malos recuerdos de la crisis de deuda soberana de 2008. En París, la posición parece más suave al incorporar la idea de préstamos del MES pero sin condicionamiento alguno. Se trata de una solución que tendría el mérito de ser un compromiso –piensan en París en el entorno del jefe del Estado– cercano a una emisión de deuda común. El fondo de 10.000 a 20.000 millones de euros del que hablaba Rutte el miércoles, parece ridículo para lo que está en juego (compárese, por ejemplo, con los 700.000 millones de euros inyectados por el Banco Central Europeo).

El próximo Eurogrupo, fijado para el martes 7 de abril, es decisivo. Después de haber dado la impresión de apoyar el bando germano-holandés, Ursula von der Leyen, la presidenta alemana de la Comisión Europea, ha hecho saber, bajo presión de Roma, que para el ejecutivo bruselense están abiertas todas las opciones.

Como dio a entender el portugués Costa en su invectiva, la posición radical de Hoekstra recuerda la de Jeroen Dijsselbloem durante la crisis griega, quien en 2017 dijo a un diario alemán que “como socialdemócrata, doy una importancia excepcional a la solidaridad, pero tenemos también obligaciones. Yo no puedo gastar todo mi dinero en aguardiente y en mujeres y luego pedir ayuda”.

Bajo los efectos del Brexit, los Países Bajos sueñan desde 2018 con ponerse en cabeza de un grupo de Estados honestos, miembros de la “nueva Liga Hanseática”, según la expresión forjada por el Financial Times en 2018, en referencia a esa red de ciudades comerciantes de la Edad Media en la zona del Báltico y el Mar del Norte. Hoekstra se ve como el líder natural de ese clan que se conoce también como el “club de los países con un tiempo horrible”, con ganas de posicionarse frente al tandem franco-alemán.

Del lado de los Países Bajos encontramos también a Dinamarca, Irlanda, Suecia y los tres países bálticos, pero las relaciones de fuerza son muy cambiantes. El espectro de una “nueva Liga Hanseática”, por mucho que guste a los periodistas bruselenses, no se corresponde con la realidad de estos últimos días. Dublín, por ejempo, ha firmado la carta en favor de la emisión de deuda común. También las complicadas discusiones sobre el presupuesto europeo durante la cumbre de febrero causaron divisiones en el seno de ese bando, con unos países bálticos que reclaman más fondos de cohesión e Irlanda y Suecia con el ojo más puesto en las ayudas a la agricultura. Quedaban sobre todo los Países Bajos y Austria en el “club de los tacaños”.

Algunos diplomáticos europeos quieren creer que Mark Rutte está empezando a comprender que está cada vez más aislado en la capital belga, incluso respecto a su aliada tradicional, la alemana Angela Merkel. Con la lluvia de críticas de estos días, se ha visto obligado a dar pruebas de buena voluntad.

“Italia lleva tres semanas de adelanto en esta crisis y tiene una percepción más afinada que los Países Bajos. Hay un efecto de desfase horario”, dice el filósofo neerlandés Luuk van Middelaar en una entrevista concedida a Le Monde. Es una forma de quitar optimismo a la posibilidad de llegar a un compromiso en las próximas semanas. Los debates que se están viendo en los Países Bajos muestran en todo caso que las posiciones de Rutte y de su ministro Hoekstra no son necesariamente mayoritarias.

La eurodiputada liberal Sophie in't Veld ha criticado a principios de semana la posición “grosera y cruel” de su gobierno, del que forma parte su partido, D66 (liberal y europeísta). “No debemos dejar que nuestros amigos se asfixien”, apostilló el líder del D66, Rob Jetten Segers. Lo mismo han hecho, muy comprometidos, los dirigentes del Partido Laborista (PvdA) y del GroenLinks (Izquierda Verde) desde la oposición (leer aquí y aquí). Incluso el presidente del banco de los Países Bajos, Klaas Knot, se ha pronunciado a favor de la emisión de deuda común.

Pero los márgenes de maniobra de Rutte sobre el tema de los coronabonos parecen estrechos de todos modos. Por una parte, la democracia parlamentaria es muy fuerte en los Países Bajos y, por otra, desde las últimas elecciones de 2017, Rutte solo dispone de una mayoría exigua de cinco escaños (sobre 150 diputados en el Congreso). En caso de que se aplicara un nuevo plan de ayuda del MES, ese parlamento debería aprobar el desembolso.

El gobierno de coalición de Rutte es frágil, compuesto por fuerzas liberales (VVD, el partido de Rutte, y el D66), por un partido cristiano-demócrata, el CDA (del que es miembro Hoekstra, que sueña con sustituir a Rutte en el ejecutivo) y por los Christen Unie (protestantes ortodoxos). Si Rutte se muestra tan indolente en la ayuda a los países del Sur es por miedo a un nuevo empuje de la extrema derecha en las elecciones legislativas de marzo de 2021.

Siguiendo el ejemplo de Francia, los Países Bajos votaron en 2005 contra el Tratado Constitucional Europeo (TCE) y más recientemente se han opuesto a un acuerdo de asociación entre la UE y Ucrania, provocando una minicrisis en Bruselas. No es tanto Geert Wilders, el aliado de Marine Le Pen, quien preocupa a Rutte, sino Thierry Baudet y su Forum por la Democracia (FVD), favorable a una salida de los Países Bajos de la UE (el “Nexit”). Este partido ha aplaudido la línea del Ejecutivo: “Apoyamos al gobierno en su oposición a las euro-obligaciones. Los Países Bajos no deberían aceptarlo nunca”, ha declarado Derk Jan Eppink, un eurodiputado del FVD.

Más allá de este juego político, los Países Bajos puede que salgan debilitados de la crisis del Covid-19. Además de una economía más volcada hacia las exportaciones, los fondos de pensiones en ese país están en dificultades, mientras los mercados financieros se repliegan (leer aquí el análisis de Martine Orange). El gobierno de Rutte, que se enfrenta a la revuelta de los jubilados con cuidados a domicilio, no se siente autorizado a acudir en ayuda de los jubilados italianos o españoles.

Pero ¿debe sorprendernos este egoísmo neerlandés, cuando ese reino se ha instituido como uno de los paraísos fiscales más agresivos en el corazón de Europa, negándose a compartir con los demás europeos los centenares de miles de millones de euros en impuestos procedentes de las grandes sociedades registradas en su territorio?

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Traducción de Miguel López.

Texto original en francés: