Europa del Este pide 'muros de la vergüenza' contra la migración mientras Bruselas mira a otro lado
![Grupos de inmigrantes intentan saltar sin éxito a la valla de Melilla.](https://static.infolibre.es/clip/e7f59167-3e20-4f93-a7dc-3ddd065c7cd6_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
El 14 de junio murieron ahogados cientos de exiliados al naufragar un barco. Unos días antes, el 8 de junio, los Estados miembros de la Unión Europea se jactaban de haber llegado a un acuerdo sobre dos reglamentos esenciales del "Pacto Europeo para el Asilo y la Migración", que aumentarán el número de procedimientos de asilo exprés en los centros de detención de las fronteras europeas, lo que hace temer a las ONG una mayor erosión del derecho de asilo.
En este contexto nocivo, un grupo de unos doce Estados miembros, principalmente de Europa del Este, exige que la Unión Europea reconozca su papel de "protectores" de las fronteras de la Unión autorizando la financiación europea de muros, vallas y alambradas para contener el "flujo migratorio". El Primer Ministro griego, Kyriákos Mitsotákis, llegó a decir que su país estaba en primera línea de la "invasión de migrantes".
Oficialmente, la Comisión Europea sigue negándose a financiar los numerosos proyectos de vallas antimigratorias que se están levantando a lo largo de las fronteras exteriores de la UE. "Tenemos un principio bien establecido: no financiamos muros ni alambradas. Y no creo que eso deba cambiar", declaró el 31 de enero Ylva Johansson, Comisaria Europea de Asuntos de Interior. Sin embargo, la línea roja parece desdibujarse inexorablemente.
El 7 de octubre de 2021, los ministros de esos doce Estados miembros, entre ellos Grecia, Polonia, Hungría, Bulgaria y los países bálticos, pidieron por escrito a la Comisión que la financiación de "barreras físicas" en las fronteras de la UE se convirtiera en una "prioridad", ya que esa "medida de protección" sería una herramienta "eficaz y legítima" en interés de la Unión en su conjunto. Una exigencia que han reiterado en cada ocasión desde entonces.
Los Estados miembros no esperaron ninguna "luz verde" de la Comisión para levantar vallas. Las primeras las construyó España en los años noventa, en los enclaves de Ceuta y Melilla. Pero fue en 2015, tras el exilio de cientos de miles de sirios que huían de la guerra civil, cuando aumentó el número de vallas. Si en 2014 la Unión Europea contaba con 315 kilómetros de alambradas en sus fronteras, el año pasado tenía ya 2.048 kilómetros.
Desde 2021, ese grupo de Estados vuelve cada poco a la carga. A su llegada a la cumbre de líderes europeos del 9 de febrero, el húngaro Viktor Orbán marcó la pauta: "Las vallas protegen Europa". Las ambiguas conclusiones de la cumbre parecían abrir una brecha en la política europea de financiación de los controles fronterizos. Los Estados miembros pedían "a la Comisión que movilice inmediatamente fondos para ayudar a los Estados miembros a reforzar (...) las infraestructuras de protección de las fronteras".
En sus respuestas escritas a las preguntas de Mediapart, la Comisión ya no menciona ninguna línea roja: "Los Estados miembros tienen la obligación de proteger las fronteras exteriores. Son ellos quienes mejor pueden definir cómo hacerlo en la práctica de manera que (...) se respeten los derechos fundamentales".
De creer al ministro griego del Interior, Panagiótis Mitarákis, están cayendo los últimos vestigios de resistencia de la Comisión. El 24 de febrero, refiriéndose al proyecto griego de ampliar y reforzar su valla con Turquía a lo largo del río Evros, declaró que la Comisión había "aceptado que determinados gastos de construcción de la valla sean financiados por la Unión Europea".
Para Catherine Woollard, de la ONG Ecre (Consejo Europeo para Refugiados y Exiliados), "es importante que la Comisión se resista a esas peticiones de financiación de muros y vallas, porque hay que respetar el derecho a solicitar asilo, que implica el acceso al territorio. Pero esa posición puede convertirse en simbólica si las barreras se construyen igualmente y además se desarrollan otros tipos de barreras, digitales y tecnológicas, sobre todo en los Estados que utilizan la fuerza y medidas ilegales para rechazar a los solicitantes de asilo".
De una línea roja a una difusa
Chris Jones, de la ONG Statewatch, cree que "¡esa 'línea roja' de la Comisión Europea es un completo disparate! La Unión Europea lleva años financiando dispositivos alrededor o sobre esas vallas, drones, cámaras, vehículos y agentes. Decir que la UE no financia vallas es pura semántica, cuando se gastan miles de millones de euros en fortificar las fronteras". El mismo diagnóstico hizo Mark Akkerman, investigador holandés del Transnational Institute, para quien "la línea roja de la Comisión es más bien una línea borrosa". En su trabajo, ya ha demostrado que en 2010 la UE financió la compra de cámaras de videovigilancia en Ceuta y la construcción de una torre de vigilancia en Melilla.
Cuando están disponibles, los detalles del gasto en control de fronteras muestran que la política de no financiar "muros" es una línea muy fina, porque aunque la Comisión no financia hormigón ni alambre de espino, sí financia los dispositivos que los acompañan.
En 2021, por ejemplo, Lituania recibió 14,9 millones de euros en fondos de ayuda de emergencia para "reforzar" su frontera con Bielorrusia, según un informe de la Comisión. Una frontera que, según el Ministerio del Interior lituano, contactado por Mediapart, cuenta ahora con "530 km de vallas y 360 km de alambre de espino". Mientras que la valla ha costado al Estado 148 millones de euros, el Ministerio del Interior afirma que la renovación de la carretera que la bordea y permite a los guardias fronterizos patrullarla ha sido financiada con "10 millones de euros de fondos europeos".
En Grecia, son esclarecedores los detalles del gasto del Gobierno con cargo al Fondo Europeo de Seguridad Interior de 2014 a 2020. Siempre a lo largo del río Evros, donde se erige la barrera física, la policía griega recibió 15 millones de euros en 2016, de los cuales 11,2 millones procedían del Fondo Europeo de Seguridad Interior, para construir 10 postes y colocar en ellos cámaras térmicas, cámaras de vigilancia, radares y otros sistemas de comunicación.
Esa financiación se completó el mismo año con 1,5 millones de euros para la compra de equipos de detección de latidos en vehículos, maleteros o contenedores.
En Grecia, sin embargo, el principal problema es el mar, donde los barcos guardacostas están implicados en casos documentados de devoluciones en caliente. En su programa de acción nacional del Fondo Europeo para la Gestión de Fronteras y Visados, redactado en 2021, el Gobierno griego prevé renovar su flota, que incluye diez patrulleras costeras equipadas con la última tecnología de vigilancia, con un coste de unos 60 millones de euros. Y a pesar de las devoluciones, la Comisión Europea concede los fondos.
Tecnología y vallas se complementan
Los Estados miembros de la UE que forman parte del espacio Schengen son responsables de "proteger las fronteras exteriores". La legislación europea también les obliga a respetar el derecho de asilo. "Los requisitos del Código Schengen contradicen a menudo el acervo europeo en materia de asilo. Cuando llega un gran número de personas a las fronteras de la Unión Europea y hay presiones para reducir esas cifras, es casi imposible hacerlo sin violar ciertas normas relativas al derecho de asilo", admite Atanas Rusev, director del programa de seguridad del Centro para el Estudio de la Democracia, con sede en Bulgaria.
Bulgaria se encuentra en el centro de este tira y afloja europeo. En 2022, la policía registró 164.000 entradas fronterizas "irregulares", frente a las 55.000 del año anterior. La mayoría de solicitantes de asilo van de paso a otros países europeos.
Los Países Bajos y Austria han presionado a Bulgaria para que reduzca esa cifra, amenazando con aplazar su integración en el espacio Schengen. Al mismo tiempo, ONG locales como el Helsinki Committee Center y el Refugee Help Group denuncian la brutalidad infligida a los exiliados y las deportaciones masivas a las que son sometidos. El país ha construido una valla de 234 kilómetros a lo largo de su frontera con Turquía.
En su plan de acción, el gobierno búlgaro incluye su intención de gastar dinero europeo del fondo de gestión de fronteras, durante el periodo 2021-2027, para reforzar su "sistema integrado de vigilancia": recogida de datos en tiempo real mediante cámaras térmicas, sensores de movimiento, sistemas móviles de vigilancia y helicópteros.
El desarrollo de la tecnología y la inteligencia artificial en las fronteras europeas es potencialmente más poderoso que los muros.
Philip Gounev es consultor en el ámbito de la gestión de fronteras. En concreto, fue secretario de Estado de Interior en Bulgaria, responsable de los fondos europeos, pero también de levantar la valla en la frontera turca. Explica muy claramente cómo, en su opinión, los distintos sistemas se complementan: "Nuestra valla sólo ralentiza a los inmigrantes cinco minutos. Pero esos cinco minutos son importantes. Gracias a las cámaras y sensores que detectan movimientos o una brecha en la valla, los guardias fronterizos pueden intervenir rápidamente".
El hambre de tecnología y lo digital crece sin cesar, hasta el punto de que ONG como EDRi (European Digital Rights) denuncian la construcción por la UE de un "muro digital". En este ámbito, el programa europeo de investigación Horizon Europe y, antes, Horizon 2020, están trazando el futuro digitalizado de los controles financiando proyectos liderados por la industria y los centros de investigación, algunos de ellos de carácter distópico.
De 2017 a 2021, "Roborder" recibió una financiación pública de 8 millones de euros. La idea es desplegar una flota de vehículos no tripulados, por mar o tierra, así como varios drones, todos ellos equipados con cámaras y sensores, cuya información se cruzaría y analizaría para ofrecer una imagen precisa de los movimientos humanos en las zonas fronterizas. En su programa de acción nacional de utilización del Fondo Europeo para la Gestión de las Fronteras, Hungría manifiesta un gran interés en "adaptar parcialmente los resultados" de Roborder mediante una serie de proyectos piloto en sus fronteras.
Existen numerosos proyectos de investigación en el ámbito de las fronteras. Un ejemplo es "Foldout", en el que se están empleando 8 millones de euros para desarrollar tecnologías de detección de personas a través de la espesura del follaje "en las zonas más remotas de la Unión Europea". “El desarrollo de la tecnología y la inteligencia artificial en las fronteras europeas es potencialmente más poderoso que los muros", explica Sarah Chandler, de EDRi. “Nos preocupa que estas tecnologías puedan utilizarse para devolver a la gente en la frontera".
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Otros proyectos, desarrollados a instancias de Frontex, utilizan el cruce de datos y la inteligencia artificial para analizar e incluso predecir los movimientos migratorios. "El despliegue de nuevas tecnologías de vigilancia, con la construcción de vallas para bloquear las rutas migratorias, está estrechamente relacionado con el aumento de los peligros y provoca más muertes de personas en movimiento", se lee en un informe de Statewatch. En un contexto de derechización en muchos Estados miembros de la UE, Philip Gounev cree que "será inevitable la financiación de barreras físicas por parte de la UE ".
Traducción de Miguel López