Varapalo judicial a Sarkozy

Todo, para esto. La Sala de Instrucción 7-2 del Tribunal de Apelación de París, después de haber paralizado la fase de instrucción durante más de ocho meses por decisión de su presidenta Édith Boizette, y tras un proceso de deliberación que se ha prolongado durante dos meses, ha declarado este jueves legales los pinchazos telefónicos –y la práctica totalidad del proceso abierto– a Nicolas Sakozy, su abogado Thierry Herzog y al alto magistrado (jubilado) Gilbert Azibert, tal y como queda recogido en sendas sentencias remitidas a sus respectivos abogados.

Por tanto, el expresidente de la República y máximo dirigente de la UMP continúa imputado por los delitos de “corrupción activa”, “tráfico de influencias” y “encubrimiento de la violación del secreto profesional”, tal y como le notificaron las juezas de instrucción, especializadas en delitos financieros, Patricia Simon y Claire Thépaut, el 1 de julio de 2014, durante su detención preventiva.

Según fuentes conocedoras de la causa, solo se ha anulado un pinchazo telefónico de Thierry Herzog, efectuado después de que se abriera la investigación judicial, pero sin que esto altere en modo alguno el fondo de la causa. La sala hace mención expresa al levantamiento de la suspensión de la instrucción.

Tras conocerse la decisión, el abogado de Nicolas Sarkozy anunció su intención de presentar un recurso de casación, pero este, que no afecta a la suspensión de la instrucción, no tiene por qué resolverse de forma urgente. De modo que, a priori, nada impide que se remita la causa al Tribunal Correccional, una decisión que puede perjudicar las aspiraciones políticas de Sarkozy. En realidad, nada indica que el Tribunal de Casación no vaya a seguir la jurisprudencia existente relativa a las escuchas telefónicas: la mayor parte de causas relacionados con el terrorismo, la delincuencia organizada y otras redes a gran escala se articulan, en parte, en torno a transcripciones de grabaciones telefónicas. Hay que señalar también, a título anecdótico, que el Tribunal de Casación tiene la labor de impedir que aquellos testigos de la instrucción intervengan en el examen del recurso.

En el caso Bismuth, el decano de los abogados de París, Pierre Olivier Sur, así como varios penalistas parisinos tomaron partido por Nicolas Sarkozy y Thierry Herzog, al denunciar una grave “deriva de índole procesal” y un “atentado al secreto profesional y al secreto de la correspondencia”. Pero, en la lucha a muerte que han librado Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog y Gilbert Azibert con los magistrados especializados en delitos financieros, estos últimos contaron con el apoyo del fiscal general del Tribunal de Apelación de París, François Falletti. Durante la declaración a puerta cerrada celebrada el miércoles 4 de marzo ante la sala de instrucción 7-2, en el curso de la cual, los abogados de los tres imputados pidieron la anulación de toda la causa –conocida como caso Bismuth [por el alias que utilizó el propio Sarkozy, quien se hacía llamar Paul Bismuth]– la Fiscalía General rechazó, una a una, las demandas de nulidad.

La defensa de Sarkozy, Herzog y Azibert cuestionaba no solo la mencionada legalidad de las escuchas, sino que alegó problemas de competencia judicial de la fiscal nacional de delitos financieros, Éliane Houlette, que abrió diligencias por los delitos de “corrupción activa”, “tráfico de influencias” y “encubrimiento de violación del secreto profesional”. Ahora bien, la Fiscalía General apoya el procedimiento abierto y únicamente solicita unaanulación parcial mínima, la correspondiente a una escucha de Thierry Herzog, efectuada después de la apertura de la investigación judicial y para la que no se contaba con el visto bueno del decano de los abogados de París. Esta petición de anulación parcial no pone en riesgo la causa.

El 23 de septiembre de 2014, Édith Boizette no admitió a trámite las demandas de suspensión del proceso de instrucción, pero de forma sorprendente, por su cuenta y riesgo, decidió paralizar el proceso de instrucción, el tiempo necesario para analizar el asunto, en virtud de los poderes discrecionales que le confiere el Código de Procedimiento Penal (artículo 187). Su decisión no podía ser recurrida. Como consecuencia de esta decisión, esta causa de Estado ha permanecido paralizada durante más de ocho meses.

Uno de los argumentos esgrimidos por la defensa tenían como objetivo los jueces de instrucción. En esencia, los abogados sostenían que este caso no era competencia del fiscal nacional especializado en delitos financieros. De haberse atendido esta petición de la defensa, el procedimiento abierto se habría venido abajo.

Otro de los aspectos estratégicos utilizados por la defensa estaba relacionado con los pinchazos telefónicos efectuados por orden judicial, a raíz de los cuales se abrió la causa y cuya legalidad también se discutía. Las escuchas, ordenadas por el juez Serge Tournaire, en el marco del caso libio que amenaza a Nicolas Sarkozy, desvelaron la existencia de líneas telefónicas secretas abiertas a nombre de Paul Bismuth. Gracias a estas líneas, Nicolas Sarkozy y su abogado, Thierry Herzog, hablaban con total discreción de las causas abiertas. Según las transcripciones de las conversaciones, ambos amigos mostraban su preocupación por la aparición de las agendas del caso Bettencourt, que suponen una seria amenaza en el caso Tapie.

Estas conversaciones también revelaron ciertas actuaciones de carácter oficioso que tenían como destinatario el alto magistrado Gilbert Azibert, entonces en el Tribunal de Casación y cuyo fin era hacer que el juez proporcionase información sobre la evolución del proceso y que favoreciese a Nicolas Sarkozy, con la esperanza de verse recompensado con un puesto en Mónaco.

Los registros efectuados en el Tribunal de Casación, la detención de Nicolas Sarkozy, su posterior imputación y, a continuación, la de su abogado Thierry Herzog y la del alto magistrado Gilbert Azibert, tuvieron un importante repercusión política y supusieron un verdadero seísmo en el ámbito de la magistratura. El caso también irritó al fiscal general de la Corte de Casación, Jean-Claude Marin.

Hay otros casos que todavía hacen planear, sobre la cabeza del antiguo y del nuevo campeón de la derecha, ciertos riesgos judiciales reales. Se trata de la posible financiación libia de su campaña electoral de 2007 y de la investigación relativa a Bygmalion, las cuentas de la UMP y la financiación de su campaña en 2012. La carrera de obstáculos de Sarkozy continúa.

Un tribunal declara legales las escuchas telefónicas a Sarkozy

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Traducción: Mariola Moreno

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