España solo rehabilitará a este ritmo una cuarta parte de las viviendas que planeaba para 2030
El fracaso de las políticas de rehabilitación de vivienda es cada vez más profundo. Las ayudas para mejorar la envolvente de los edificios se han agotado en prácticamente todas las comunidades autónomas y el objetivo para 2030 está cada vez más lejos. Según los administradores de fincas, solo se rehabilita cada año en España el 0,15% del parque que tiene que ser renovado, unas 30.000 viviendas, de las más de 21 millones que necesitan reformarse para ser eficiente desde el punto de vista energético. El Gobierno se ha marcado por ahora la meta de rehabilitar 1,2 millones para 2030, pero a este ritmo solo se alcanzarán unas 285.000, menos de la cuarta parte.
Los portavoces del Colegio Profesional de Administradores de Fincas dibujaron este martes un futuro negro para la rehabilitación de viviendas en España. Las obras son caras, las ayudas se han acabado y las disputas en las juntas de vecinos hacen extremadamente difícil lograr acuerdos, un cóctel que promete empeorar todavía más estas actuaciones. Entre 2022 y 2024, los fondos Next Generation de la Unión Europea subvencionaron alrededor de dos terceras partes del coste de cada obra, pero los fondos se han acabado y no hay nuevas ayudas a la vista.
"Tenemos por delante una intervención que es de tamaño imposible", dijo este martes Pedro Abascal, presidente del Consejo General de Administradores de Fincas, durante la presentación de las propuestas que tiene su organización para revivir la rehabilitación energética de viviendas. El Colegio afirma que de los 25 millones de viviendas que hay en España, el 42% fueron construidas antes de 1980, "sin requisitos de aislamiento", y otro 45% entre 1980 y 2007, cuando se modernizó el Código Técnico de la Edificación. "Más del 85% de los hogares de España están mal aislados y son ineficientes energéticamente", añadió Antoni Jaume, el delegado en Baleares de la organización.
Las previsiones que han publicado este martes los administradores de fincas son más pesimistas que las que tiene el Ministerio de Transición Ecológica. Según la última actualización del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), publicada en septiembre de 2024, en los últimos tres años se han reformado alrededor de 62.000 fachadas al año, y el ministerio espera acelerar esta cifra hasta las 96.000 en 2025 y las 150.000 en 2027. Con la meta de llegar a las 300.000 rehabilitadas solo en 2030, algo realmente difícil teniendo en cuenta la situación actual. El PNIEC recoge incluso que el objetivo inicial del Gobierno de rehabilitar 1,2 millones de viviendas antes de 2031 se ha quedado corto, y ahora aspira a 1.377.000 hogares renovados para esa fecha.
Aunque España avanza en dirección contraria, la situación podría corregirse con el Plan Nacional de Renovación de Edificios que prepara el Ministerio de Vivienda y que precisamente acaba de salir a consulta pública previa. Según la Directiva europea de eficiencia en edificios, el plan debe estar listo antes del 31 de diciembre de este año, y según adelanta el Gobierno, incluirá "una trayectoria nacional para la renovación del parque de edificios residenciales".
Los administradores de fincas también esperan que el plan incluya nuevas subvenciones para impulsar la rehabilitación, porque si la inversión en mejoras energéticas ya ha sido baja con las ayudas europeas, a partir de ahora se van a desplomar. "Aparte de los Next Generation que todavía están pendientes de darse, ahora mismo no hay ayudas en España a la rehabilitación energética. Es verdad que el Ministerio de Vivienda tiene intención de sacar nuevas subvenciones y la propia directiva europea de rehabilitación energética obliga a que debe haber apoyo público, así que esperamos que pronto se activen", explicó Jaume.
Los certificados de ahorro energético crecerán en 2025 pero los hogares son solo el 2% de los proyectos
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El único apoyo que pueden encontrar ahora mismo los vecindarios que quieran mejorar su fachada, cambiar la cubierta o instalar bombas de calor son los certificados de ahorro energético (CAE), unos bonos que recogen el ahorro energético que ha logrado la vivienda con una determinada intervención y que se venden a empresas energéticas que tienen la obligación de ahorrar energía. El problema es que hace falta la ayuda de intermediarios, generalmente consultores energéticos, y que la ayuda que se recibe es pequeña. Si aislar una fachada cuesta unos 20.000 euros por vecino, los certificados devuelven unos 1.000 euros por vivienda.
Los administradores de fincas también plantean al Gobierno varias medidas drásticas para que el nuevo plan de rehabilitación energética tenga éxito. Por ejemplo, obligar a que los edificios de baja eficiencia tengan que realizar estas obras, que ahora son voluntarias. Según afirman, no tiene sentido poner el objetivo de reformar más de un millón de hogares y luego dejar a los vecinos decidir. "Somos la primera línea en las rehabilitaciones energéticas y vemos que este no es el camino", aclaró Peio Mendia, presidente de administradores de fincas en Navarra. "Los vecinos toman decisiones en función de si se van a mudar o de si su hijo va a entrar en la universidad, no para mantener al día su comunidad".
Otra de sus propuestas clave es hacer obligatorio el Libro del Edificio, un estudio sobre la situación energética del inmueble y sobre qué obras concretas hacen falta para mejorar su eficiencia. Según los administradores, ahora mismo hay riñas en todas las juntas de vecinos para decidir qué hacer: poner aislante en la fachada, cambiar directamente toda la fachada, instalar paneles solares, invertir en calderas eléctricas… y el debate impide que se tomen las decisiones de forma técnica. "No podemos estar jugando a que un primo me ha dicho esto, o mi amigo aquello. Si mi vivienda tiene una letra G en eficiencia, tiene que haber un documento de un arquitecto o un consultor que me diga exactamente qué tengo que hacer", insistió Pedro Abascal, presidente del Consejo.
